Para dejarlo claro: el Estado puede solicitar, mediante el financiamiento preferente, ciertos desarrollos que le interesen, pero no puede hacerlo a costa del presupuesto de las demás investigaciones.

Quienes gobiernan deben aprender que, si bien pueden creer a pie juntillas en su propia voz y en su propia verdad, pretender imponérsela a la ciencia lleva a situaciones graves y a veces irremediables.

La elaboración y ejecución deficiente de una agenda nacional de investigación podría afectar gravemente las formas tradicionales de hacer ciencia y destruir décadas de esfuerzos por consolidar comunidades epistémicas.

Independientemente de las formas oficiales de contabilizar el gasto público en ciencia, tecnología e innovación, hay una tendencia clara de desinversión en el sector.