En 10 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la promesa de transformar la educación se ha traducido en una nueva reforma educativa, con cambios al Artículo Tercero constitucional y ahora, en una discusión de la legislación secundaria que busca aterrizar con mayor detalle los ejes de los cambios prometidos.

Mantener el adjetivo de «intercultural» para caracterizar a la educación en México en el nuevo artículo 3o. de la Constitución, no es suficiente. Es necesaria una política educativa basada en la evidencia que desde la investigación educativa se ha generado para su diagnóstico, diseño e implementación.

¿Dio pistas el mensaje presidencial de introducción al primer informe de gobierno sobre cómo reunir condiciones y aplicar medidas pertinentes para superar los obstáculos detectados y garantizar efectivamente una educación de calidad para todos? ¿Aportó datos puntuales sobre los programas faros del sexenio? ¿Informó principalmente sobre los de becas?

Dados los antecedentes en México de los casos en los que el gobierno optó por pactos políticos con el sindicato para diseñar y ejecutar la política educativa nacional, es preciso evitar todos aquellos preceptos —formales e informales— que permitan la reinstalación de los vicios político-sindicales.

Ya que los procesos de leyes secundarias y el diseño de la nueva evaluación de ingreso están siendo elaborados en este momento, las lecciones presentadas buscan ayudar a que la evaluación de ingreso logre seleccionar a los docentes mejor preparados y así aumentar la calidad de la educación.