Comida chatarra en las escuelas: déjà vu

Ahora que la SEP y su nuevo secretario —Mario Delgado— han puesto de moda el tema de la comida chatarra en las escuelas, es pertinente recordarles que este asunto ya fue tratado con amplitud en la vida nacional; que ya hay un camino recorrido y fallido, y que nomás no hay cómo transmitirles a los políticos que la historia es importante.

Un principio de esta historia fue en 2008, cuando la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, comentó, con motivo de un evento sobre el estado de las cooperativas escolares en el otrora Distrito Federal, que “el Gobierno Federal no cree en el camino de la prohibición sino de la información”.

El siguiente evento importante que desató la discusión pública y política de la comida chatarra en las escuelas ocurrió exactamente un año después —el 21 de agosto de 2009—, cuando la secretaria de Educación Pública de Hidalgo, Rocío Ruiz de la Barrera, hizo pública la decisión de sacar la comida chatarra de las escuelas siguiendo lo ordenado por el artículo 54 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo promulgada en abril del mismo año.

El asunto regresó a los pasillos federales un año después cuando los secretarios de Educación, Lujambio Irazabal, y Salud, Córdova Villalobos, firmaron un “Acuerdo con lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica”. Dicho Acuerdo, repleto de justificaciones y tecnicismos, no prohibió el expendio de comida chatarra, sino que tenía por objeto promover que en los establecimientos de consumo escolar se prepararan y expendieran alimentos y bebidas que contribuyeran a una alimentación correcta (DOF 23/8/2010: fracción I, del artículo primero).

Por supuesto que hubo dimes y diretes. Por ejemplo, los diputados de entonces citaron a Lujambio, antes de la expedición de dicho Acuerdo, para que explicara por qué un proyecto de los citados lineamientos autorizaba la venta de productos chatarra en las escuelas. En las semanas siguientes a la expedición del Acuerdo las secretarías de Educación Pública y Salud publicaron listas de alimentos que podrían venderse en las escuelas, como los altamente calóricos en presentaciones “mini”.

En noviembre del mismo año ingresaron a la palestra los senadores de la República, quienes avalaron la redacción del artículo 301 de la Ley de Salud (expedida en la época de Miguel de la Madrid), que decía: “Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasa, sales y azúcares solubles en los centros escolares”. Finalmente, dicha redacción llegó hasta nuestros días en el segundo párrafo del artículo 301 de la Ley de Salud vigente como: “Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares”.

Un año después, José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, reconoció públicamente que 33 000 escuelas no habían cumplido con los lineamientos. Aunque en realidad no se ofreció evidencia que estableciera que las otras 200 000 escuelas sí cumplían con lo mandatado.

Poco a poco el tema se diluyó y fue hasta el 2014 que volvió a salir a la luz pública, cuando las secretarías de Educación Pública y Salud expidieron un nuevo Acuerdo de lineamientos que sustituía al anterior. Aunque el lenguaje continuó ambiguo a favor de fomentar, informar y promover, en este nuevo Acuerdo se determina, en el artículo decimoctavo, que “queda prohibida la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales del Anexo Único del presente Acuerdo y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo” (DOF 16/5/2014).

Finalmente, diez años después y como último acto jurídico de las secretarías de Educación Pública y Salud del sexenio de AMLO, se expidieron unos nuevos lineamientos que mantienen el lenguaje suave de fomento, promoción e información; se elimina la redacción prohibitiva del párrafo anterior y, en su lugar, se incluye una prohibición indirecta ahora contenida en el artículo Décimo Primero que dice: “sólo se podrán preparar, distribuir y expender los alimentos y bebidas que se encuentren permitidos por los criterios nutrimentales, excluyendo de manera completa dentro de todas las escuelas aquellos definidos en el apartado 3.4 del Anexo Único del Acuerdo”. Dicho apartado se refiere a alimentos y bebidas con sellos precautorios, a granel de uso industrial o con grasas, harinas refinadas, sodio o azúcar, preparados de forma casera con grasas, harinas refinadas, sodio o azúcar en exceso, y cualquier otro que la autoridad sanitaria considere no recomendable (DOF 30/9/2024).

Lo que el secretario Mario Delgado ha anunciado con bombo y platillo en la mañanera y publicado en el portal de la SEP como “nuevos lineamientos y acciones de vida saludable” —con ocho medidas concretas— no es otra cosa que hacer notoria la publicación de los Lineamientos referidos en el párrafo anterior y que continúa la misma línea del Acuerdo de 2014 y el de 2010. Se prohíben muchas cosas, se proponen muchos cambios y se resalta la importancia de la vida saludable y la lucha contra la obesidad. No funcionó antes; tampoco funcionará ahora, con o sin el etiquetado de los sellos negros en los productos procesados. ¿Sería positivo que todo el mundo siguiera los lineamientos y recomendaciones de salud? Por supuesto que sí; pero la realidad no es esa. Las prohibiciones de esta naturaleza sólo abren formas menos transparentes de operar porque, ¿quiénes serán los encargados de supervisar o inspeccionar a las escuelas? ¿Los inspectores, los asesores pedagógicos? ¿Qué no tienen suficiente con su chamba educativa? ¿Y si a los nuevos inspectores les da por comer comida chatarra ellos mismos, se harán de la vista gorda?, ¿se fomentará un mercado de favores o corruptelas entre las escuelas y los inspectores? Ya sabemos que año tras año México califica mal y peor en indicadores de transparencia. O acaso, ¿ya no hay corrupción pichicata en México? En fin, son un sinnúmero de detalles que van desde lo práctico hasta lo cultural que provoca que este tipo de prohibiciones no funcionen.

En mis visitas a las escuelas del mundo observé máquinas expendedoras de comida y bebidas chatarra en escuelas de países con grandes resultados de aprendizaje como Finlandia y Bélgica. Cuando le compartí a la directora de una de esas escuelas en Finlandia mi sorpresa de tal acontecimiento, sobre todo en este país que tiene una política nacional de alimentación sana y que desde hace más de sesenta años ofrece comidas gratuitas y ultra saludables a todos sus estudiantes de educación básica, me contestó más o menos lo siguiente: los niños y jóvenes demandan ese tipo de comida; si no la consiguen aquí, se van a la calle; y de tenerlos en la calle comprando quién sabe qué, a tenerlos en las escuela preferimos que estén dentro de la escuela.

Si uno se atiene a los “Nuevos Lineamientos”, como fueron los de 2014, es algo extraordinariamente difícil de implementar. Uno no quisiera estar detrás de las tienditas o cooperativas escolares, porque todo o casi todo lo que comen y toman los niños, niñas, jóvenes y sus papás y maestros, podría clasificarse como no saludable.

En la edición de abril de 2010 de la entonces prestigiosa Revista Educación 2001, que dirigía Gilberto Guevara Niebla, publiqué un artículo que ofrecía argumentos en contra de las medidas prohibitivas de esta naturaleza. En dicho artículo escribí lo siguiente:

Supongamos que Lujambio [el secretario de Educación Pública de aquel entonces] se pone las alas contra la chatarra y decide prohibir ciertos productos. ¿Cuáles? ¿Quién definirá qué sí es y qué no es chatarra? Digamos, refrescos, papas fritas, cacahuates endulzados, enchilados y envueltos. Y qué sucede con las aguas endulzadas, los panquecitos y pan blanco repletos de grasas saturadas, trans y azúcar. Supongamos, también, que Alonso [Lujambio] se lanza la puntada de sugerir que sólo se ofrezca comida saludable en la tiendita de la escuela. ¿Qué es comida saludable? ¿Ensaladas, guisados, aguas frescas, fruta? ¿Quién preparará las ensaladas? ¿Quién les asegurará a los padres de familia que las verduras, frutas y aguas frescas introducidas a las escuelas están bien desinfectadas, manipuladas y almacenadas? ¿Quién vigilará la higiene de 239 000 cocineras (una por cada uno de los planteles de educación básica y media superior del país)? ¿No sería mejor asegurar que todas las escuelas del país cuenten con suministro suficiente y constante de agua potable, en realidad potable?

Y aun suponiendo que las tienditas de las escuelas ya no vendan comida chatarra, ¿quién impedirá que los padres de familia no manden a sus hijitos a las escuelas con jugos o refrescos enlatados, con papas fritas, adobadas o galletas de chocolate o una limonada preparada por mamá con cuatro y media cucharadas de azúcar? ¿Se implementará acaso algún programa similar al de escuela segura para revisar las mochilas y loncheras de los pupilos en busca de comida sospechosa? Y si se encuentra la comida sospechosa, ¿qué harán los directores de las escuelas? ¿La tirarán? ¿Regañarán a los niños? ¿Amonestarán a los padres?

Lo dije entonces y lo repito ahora: la SEP haría mal al tratar el problema de salud personal y pública de la baja o mala nutrición con regulaciones imprácticas o prohibiciones risibles. El objetivo de salud pública es bueno; la forma de lograrlo es inútil e inocente. No funcionó en más de quince años desde que inició esta danza de la comida chatarra en las escuelas y nada efectivo se ha logrado. Si se hubiese logrado no tendríamos a la presidenta de la República, ni al secretario de Educación declarando que ahora sí se sacará la comida chatarra de las escuelas. Si se logra, sólo proliferarán los puestos de vendedores ambulantes alrededor de las escuelas que serán los que realmente se verán beneficiados por el nuevo intento de prohibición. El tema es mucho más profundo que las tienditas escolares y tiene raíces culturales en las familias y en los hábitos de consumo y ejercicio de los adultos que lleva años, si no es que generaciones, cambiar. Pero bueno, es un tema mediático y a los políticos les encanta salir en los medios; quizá esa sea la verdadera razón de su “nueva” preocupación.

Eduardo Andere M.
Investigador visitante del Boston College