A finales de enero fueron dados a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. En tiempos donde pareciera que se pretende crear realidades distintas en diversos ámbitos, contar con información técnica y altamente especializada representa una oportunidad valiosa para sentar bases para la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Para los analistas de políticas, los modelos de decisión son el eje sobre el que centran gran parte de su quehacer. Lo anterior lleva a reflexionar sobre preguntas como ¿por qué los actores o agentes actúan de determinada manera?, ¿qué variables intervienen en la toma de decisiones?, ¿qué factores son controlables por el tomador de decisiones y cuáles no?, y ¿pueden existir políticas dirigidas a la atención de todos los problemas que tiene un sistema? Dar respuesta a estas preguntas contribuiría a comprender la manera en la que funcionan la sociedad y el gobierno para responder a los problemas sociales; en este sentido, la generación de indicadores, su estudio y análisis son premisas necesarias para fortalecer la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Los censos ofrecen información válida y general para diseñar, aplicar y juzgar los cursos de acción que los gobiernos y la sociedad llevan a cabo para tratar de enfrentar los problemas de interés público. Aunque los datos no son infalibles, deben ser utilizados como base para diversas discusiones y deliberaciones.
Ilustración: Estelí Meza
Recordemos que, en los últimos 10 años, el estado de Guerrero ha tenido dos periodos gubernamentales: el primero, entre 2011 y 2014, fue encabezado por Ángel Heladio Aguirre Rivero, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD); en este periodo, derivado del triste y aún recordado caso de Ayotzinapa, hubo un gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez. El segundo periodo —de 2015 a la fecha— ha sido encabezado por Héctor Antonio Astudillo Flores, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De alguna manera, cualquier proceso de implementación de políticas públicas debería caracterizarse por la continuidad, ya sea de sus actores y agentes o de sus acciones esenciales. Los problemas educativos de Guerrero no son tan distintos a los del resto del país; los más recurrentes han sido señalados en diagnósticos nacionales elaborados por instancias como la Secretaría de Educación Pública (SEP) o el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Destacan entre ellos:
1. Los bajos niveles de logro de aprendizajes (desde preescolar hasta educación media superior).
2. Los bajos niveles de matriculación (sobre todo en preescolar y educación media superior).
3. El alto porcentaje de la población que no sabe leer ni escribir.
4. Los altos índices de abandono escolar.
5. La diversidad que caracteriza a la entidad (principalmente por la presencia de grupos indígenas).
Los resultados del Censo 2020 revelan que en ambos periodos gubernamentales hubo tanto aciertos como desaciertos importantes en materia de implementación de políticas educativas en la entidad, los cuales se mencionan en el siguiente apartado.
Indicadores educativos de Guerrero
En primer lugar, sobresale que el promedio de escolaridad medido en grados cursados de esta entidad es menor al promedio nacional: 8.4 y 9.7 grados, respectivamente. Lo anterior representa una brecha de 1.3 grados de escolaridad. ¿Qué implicaciones tiene que las y los guerrerenses apenas tengan ocho grados de escolaridad? Una posible implicación se centra en lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha establecido respecto al derecho a la educación: a medida en que los individuos alcanzan este derecho pueden mejorar su condición social, salir de la pobreza e integrar a los grupos menos favorecidos en la sociedad. Por otra parte, a través de la educación se disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las mujeres. Guerrero es un buen ejemplo esta necesidad: las niñas y mujeres de la entidad tienen un menor promedio de escolaridad (8.2 grados escolares) en comparación con los hombres (8.5). Ante este contexto, contar con más grados de estudio es imprescindible en el marco de la educación como derecho humano.
Es importante hacer notar que, en 10 años, Guerrero apenas mejoró 1.1 grados la escolaridad de su población. Esta situación es más preocupante si se considera que en este lapso se pasó de 3 388 768 a 3 540 685 habitantes, lo que representó un crecimiento de 0.5 %, porcentaje menor en 0.7 % a la tasa reportada a nivel nacional (1.2 % en este lapso). En este mismo periodo, se dio en México un incremento de 1.1 grados de escolaridad de la población, por lo que vale la pena cuestionar: ¿fue este incremento mínimo en la entidad resultado de las políticas educativas estatales, o fue consecuencia de la inercia de las políticas federales?
De acuerdo con el INEE (2015), la educación es un derecho fundamental, así reconocido desde 1948 —año en que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos— y considerado también en el Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apenas reformado en 2019. Sin embargo, en el contexto de los resultados del Censo 2020 queda claro que desafortunadamente este derecho no es efectivo para todas y todos los guerrerenses sin importar su condición. Guerrero es una entidad históricamente caracterizada por su rezago educativo, por lo que la ausencia de políticas basadas en diagnósticos serios se refleja en la ausencia de acciones que generen oportunidades equitativas para toda la población, sobretodo aquella que, por edad, está en condiciones de cursar algún nivel educativo o la que se encuentra en las condiciones menos favorecidas.
Esta entidad registró tasas de matriculación más altas que el promedio nacional. Sin embargo, éstas se caracterizan por tener extremos contrastantes al tomar en cuenta los niveles que hasta 2019 conformaron la educación obligatoria. Por ejemplo, mientras que en el Censo 2020 la población de 3 a 5 años se matriculó en un 75.5 %, la población entre 15 y 24 años lo hizo en un 41.8 %; en tanto, la población con mayor tasa de matriculación fue la que se ubicó entre los 6 y 11 años de edad (96 %) y la de 12 y 14 años (89 %). Esto último supone que, mientras que las políticas para incrementar la cobertura y matriculación del nivel de primaria han sido exitosas, el caso de preescolar sigue siendo un gran pendiente. De acuerdo al Censo 2020, apenas el 75.5 % de la población de 3 a 5 años en la entidad asiste a la escuela, situación similar a lo que ocurre a nivel nacional, donde apenas el 63.3 % lo hace. Esta condición obliga a reflexionar respecto a las acciones de políticas emprendidas por los gobiernos federal y estatales para garantizar el cumplimiento de los preceptos del Artículo 3o. Constitucional respecto a la obligatoriedad del preescolar.
Por otra parte, tanto en secundaria como en educación media superior los resultados reflejan una tendencia nacional que ha sido foco de políticas recientes: la atención de la cobertura, la reprobación y el abandono escolar. Lo anterior, aunado a las variables de pobreza, inseguridad y violencia que caracterizan a la entidad, convierten a estos sectores de la población en un “caldo de cultivo” que debe preocupar a las autoridades estatales.
Así, al considerar el grado de escolaridad de la población en la entidad y las tasas de matriculación, los resultados del Censo 2020 permiten plantear algunas preguntas: ¿habrán realizado estos dos gobiernos estatales el diagnóstico correcto para el diseño e implementación de sus políticas educativas? ¿Tendrán los aspirantes al gobierno estatal y otros cargos estos datos como referente para sus propuestas en materia educativa? ¿En qué se reflejan estos resultados en la población (exigencia de derechos, discusiones sobre problemáticas comunes, entre otros)?, ¿la población de la entidad tendrá acceso a estos resultados e interés por conocerlos como forma de evaluar a sus gobernantes?, ¿existen otros actores y agentes locales que puedan discutir estos resultados para elevarlos al nivel de agenda pública?
Evidentemente, por el momento estas preguntas no tienen respuestas concretas. Sin embargo, representan un punto de partida para la discusión sobre la efectividad de las políticas educativas actuales en una entidad como Guerrero, caracterizada por ser foco de atención nacional e internacional por diversas situaciones (la inseguridad, el caso Ayotzinapa, la marginación social, entre otros tantos problemas).
Una prioridad de cualquier gobernante —o aspirante a serlo— tendría que ser el diseño de políticas basadas en indicadores clave; el Censo 2020 dota de información relevante que, tanto en Guerrero como en México, tendría que ser utilizada para dicho fin. Sin embargo, esto representa una cultura diferente sobre el uso de la información que, desafortunadamente, aún no ha podido desarrollarse en la sociedad de esta entidad y del país. Rumbo a las elecciones de 2021, las tendencias electorales indican de nueva cuenta un cambio de partido político en el gobierno de la entidad para el sexenio 2021-2027. Por lo tanto, será interesante ir conociendo las propuestas en materia educativa que tendrán tanto los candidatos como la plataforma de los partidos políticos que los postulan.
Irving Donovan Hernández Eugenio
Asesor técnico pedagógico de la Zona Escolar 029 Primaria ubicada en Acapulco, Gro.; responsable académico de un colegio particular y docente universitario.