El conflicto entre la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado

La Universidad Veracruzana está en riesgo de morir por inanición. El gobierno del estado le adeuda 2,250 millones de pesos, recursos vitales para cubrir sus gastos, hacer las inversiones básicas y atender la demanda de educación. Veracruz es uno de los estados con más baja cobertura de educación superior en el país (alrededor de un 20%) y esta cifra oculta dramáticas desigualdades de calidad educativa. Para entender esta lamentable situación hay que tomar en cuenta la crisis estructural que vive la entidad.¹

Veracruz vive una verdadera implosión social y política derivada de una crisis fiscal de magnitudes dantescas y de una crisis de seguridad que se agudiza. No hay sector o grupo social, empresa pública o privada, municipio o institución pública a la que el gobierno del estado no le deba algo. El gobierno de Javier Duarte, al igual que el de su antecesor, Fidel Herrera, ha usado los fondos públicos con absoluta discrecionalidad, sin planeación ni estrategia alguna, con criminal ineficiencia y en el contexto de una corrupción generalizada, sin que el gobierno federal exija cuentas y con la anuencia de un poder legislativo local totalmente controlado por el ejecutivo. El endeudamiento del estado, cuyos montos reales nadie conoce, pero que supera los 100,000 millones de pesos de acuerdo a los especialistas, tiene al gobierno en quiebra técnica. Paros, huelgas, protestas de todo tipo se producen a diario a lo largo de la entidad debido a la falta de pago de salarios, prestaciones, contratos y proyectos. En el otro frente, el de la inseguridad, los veracruzanos seguimos padeciendo secuestros y desapariciones forzadas en los que la policía estatal está involucrada.²

En ese contexto se sitúa la deuda del gobierno con la Universidad Veracruzana. Desde hace 10 años el gobierno estatal ha incurrido en la entrega incompleta del subsidio estatal y en la retención ilegal de una parte del subsidio federal. La magnitud del problema ha alcanzado dimensiones intolerables en los dos últimos años. A la fecha, el gobierno del estado debe 450 millones de pesos de subsidios federales retenidos y más de 1,800 millones de subsidios estatales. La universidad está a punto de quedar paralizada por la falta de fondos, e incluso existe el riesgo de que Hacienda embargue bienes de la institución para cobrarse los impuestos sobre productos del trabajo de sus empleados, que no se pagan desde mediados de 2014. Para colmo, el presupuesto 2016 del gobierno estatal contempla una reducción de un 7% en el subsidio.

La rectora de la universidad, Sara Ladrón de Guevara, buscó durante dos años resolver el tema de los pasivos por la vía del diálogo. El gobernador se comprometió en forma privada y pública, más de una vez, a pagar lo que debe, no sin antes sorprender a propios y extraños con el inconcebible argumento de que la ley no lo obligaba a darle a la universidad el recurso aprobado por el congreso, por tratarse de un “subsidio”, según él, discrecional y dependiente de los recursos con que contara. El gobernador se permitía ignorar que el presupuesto es una ley —la de egresos— que el gobierno debe aplicar, no una promesa ni una sugerencia.

A fines del año pasado, el gobierno incumplió su promesa de pagar la deuda a la universidad. Los secretarios de Gobierno y de Finanzas salieron a decir – irresponsablemente– que en realidad el gobierno no debía nada puesto que el déficit por concepto de pago de pensiones a los extrabajadores universitarios a lo largo del sexenio de Duarte equivalía al monto de lo adeudado a la UV (2,000 millones). El “argumento” era una verdadera infamia. En Veracruz, desde hace décadas, los trabajadores universitarios cotizamos al Instituto de Pensiones del Estado (especie de ISSTE local), y por tanto, la universidad no tiene responsabilidad en el pago de pensiones. Por cierto, el IPE vive una crisis terrible debido al descarado saqueo de sus reservas técnicas y al pésimo manejo de sus bienes.

Con valor civil, la rectora decidió a principios de febrero pasar al terreno judicial, demandando al gobierno del estado ante la fiscalía estatal y ante el poder judicial federal, sentando un precedente. Asimismo, se ha amparado contra el recorte presupuestal de 2016, alegando una violación del derecho a la educación. Si bien las instituciones locales de justicia carecen de autonomía real, por lo que nada se puede esperar de ellas, la estrategia plantea un novedoso reto a la impunidad en el plano federal.

El gobernador Duarte respondió, a través de un comunicado público, prometiendo una vez más pagar la deuda pendiente, pero sin calendarización de pagos, al mismo tiempo que enviaba al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Pensiones del Estado, mediante la cual obligaba a la Universidad Veracruzana y los organismos autónomos a hacerse cargo del pago de sus pensionados.

Ante tal burla, la base académica de la Universidad decidió movilizarse, sin que mediara decisión de las instancias colegiadas. El 26 de febrero se llevaron a cabo marchas masivas simultáneas en Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Poza Rica. Las protestas recibieron la solidaridad de la población, hastiada del mal gobierno y de la crisis de la entidad.

Dos días antes, el gobernador, de nuevo a través de un comunicado público, ofreció retirar su propuesta de modificación de la ley del IPE, pagar su deuda con la UV, y garantizarle constitucionalmente el 3% del presupuesto público estatal cada año.

Sin embargo, la falta de credibilidad del gobernador llevó, una semana después, a que el Consejo Universitario General acordara, entre otras cosas: demandar un 5% del presupuesto público anual, en previsión de que el gobierno quisiera cargarle a la UV el pago de sus pensionados; exigir el pago íntegro e inmediato de la deuda; y revertir la disminución del presupuesto estatal para la UV en 2016. Al mismo tiempo, se acordó llevar a cabo manifestaciones simultáneas en todas las regiones el 11 de marzo, día que pasará a la historia como el de las más grandes demostraciones jamás vistas en las principales ciudades de todo el estado, calculándose que más de 50,000 personas se movilizaron.

A la fecha, la situación no ha cambiado. El gobernador no ha retirado su iniciativa de modificación de la Ley del IPE, sólo ha pagado una ínfima porción de la deuda y se niega a conceder un 5% del presupuesto estatal a la UV. Mientras tanto, la universidad sigue deteriorándose material y económicamente. El nulo valor que el gobierno del estado otorga a la educación superior, y el intento de castigar la defensa a ultranza de la autonomía de la universidad, única institución que realmente ha permanecido fuera del control del gobierno en los dos últimos sexenios, determinan la disposición del gobernador de llevar hasta las últimas consecuencias la asfixia económica de la institución.

El impune colapso financiero del gobierno de Veracruz y la crisis de seguridad son la consecuencia del avasallamiento de los poderes legislativo y judicial y de la colonización total de los órganos autónomos. En suma, de un régimen autoritario unipersonal, llevado a sus extremos por Fidel Herrera y continuado, caricaturescamente, por el actual gobernador. En Veracruz, como en otras partes del país, el régimen autoritario sigue vivo, condenado a la entidad al atraso y al desastre social, moral y político.

Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

¹ Para una visión del origen de la crisis actual, ver Olvera, Alberto J., Alfredo Zavaleta y Víctor Andrade (eds.) (2015). Violencia, Inseguridad y Justicia en Veracruz. Jalapa: Universidad Veracruzana.

² Tal es el caso reciente de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por agentes de la policía estatal, por no mencionar muchísimos otros casos similares.