Quiero compartir mis primeras impresiones sobre el trabajo de campo que conduje en Chiapas sobre los efectos que tienen los grupos criminales en la libertad académica. Este trabajo forma parte de un proyecto en el marco del programa Mellon/SAR (Scholars at Risk [Académicos en Riesgo] Academic Freedom Fellowship. Es llamativo que no hay trabajos académicos sobre los efectos del crimen organizado en la libertad académica y que los informes preparados por el SAR no mencionen a los grupos criminales entre los actores relevantes que violan la libertad académica.
Desarrollé trabajo de campo en Chiapas, a partir de entrevistas a académicas y académicos a quienes la operación del crimen organizado ha afectado. Conduje entrevistas con personas pertenecientes a El Colegio de Frontera Sur (ECOSUR), al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), al Instituto de Estudios Indígenas (IEI) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la sede Chiapas de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh).
Según el SAR, la libertad académica es un derecho humano que permite adquirir, desarrollar, transmitir, aplicar e interactuar con una diversidad de conocimientos e ideas por medio de la investigación, la enseñanza, el aprendizaje y el discurso. Así, el SAR promueve una definición que difiere de los conceptos más elitistas en que no limita la libertad académica a los derechos de las personas investigadoras, sino que también incluye los derechos de las y los estudiantes y de las personas interesadas en hacer investigaciones o aprender de ellas, aunque no estén vinculadas de manera formal a instituciones académicas.
Las organizaciones internacionales se centran en los Estados y —en menor medida— en los grupos insurgentes armados como autores de violencias en el contexto de la educación. Cuando hablamos de violaciones a la libertad académica, la mayoría de la literatura se refiere a la opresión estatal, como yo también he hecho en el caso de Turquía. Los Estados son los actores que con más frecuencia violan la libertad académica, como se desprende de la reciente serie de ataques perpetrados contra universidades de todo el mundo, un fenómeno que no ha hecho más que agravarse desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Hasta donde conozco, hasta ahora no se había dedicado un lugar al crimen organizado en el debate sobre la libertad académica.
La situación de la violencia criminal en Chiapas empeoró debido a la guerra entre dos grandes cárteles y los grupos locales afiliados a uno de ellos. Desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera, alias “el Junior” en julio de 2021 quien, supuestamente, se convirtió en operador del “Cártel de Sinaloa» tras el arresto de su padre en 2016; la guerra entre grupos de crimen organizado se volvió muy visible en Chiapas. En este contexto, la violencia afecta no sólo a las y los actores académicos durante sus trabajos de campo en las zonas afectadas, como Frontera Comalapa o Tapachula, sino también dentro de las propias universidades. Tres de las instituciones en las que realicé mi investigación han sufrido enfrentamientos armados cerca de sus instalaciones. Cuando pregunté si había un protocolo de seguridad sobre qué hacer en caso de balaceras y cómo desalojar las instalaciones, las respuestas fueron negativas. Esta violencia supone una violación de la libertad académica, ya que impide a las personas de la comunidad universitaria desarrollar de manera adecuada sus actividades.
Los casos que se producen en el campo o relacionados con los temas de investigación son aún más graves. Algunas personas entrevistadas han sufrido intervenciones armadas, secuestros y amenazas graves debido a su trabajo académico. Cuando pregunté por los protocolos de seguridad y acompañamiento, constaté que en la mayoría de las instituciones no se presta mucha atención al tema. La situación de las y los estudiantes de posgrado era preocupante en particular, ya que se han enfrentado a casos muy graves en sus trabajos de campo sin acompañamiento institucional, sin medidas de seguridad adecuadas y sin la flexibilidad administrativa necesaria para poder desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas. Además, pocas y pocos estudiantes habían tenido la oportunidad de participar en talleres y seminarios que les prepararan para enfrentarse a situaciones de violencia e inseguridad.
Debido a la violencia criminal, se han interrumpido o abandonado muchas investigaciones que serían muy beneficiosas para la población. Aún con quienes continúan con sus investigaciones, hay un problema de autocensura debido a los posibles riesgos de seguridad y hay un asunto de una censura sutil. Esta ocurre por las preocupaciones que las administraciones y otros actores universitarios tienen sobre posibles repercusiones en las actividades académicas relacionadas con el problema de la violencia criminal o con las regiones en donde los grupos criminales operan. Y todo eso se agrava por la inexistencia de medidas de protección adecuadas.
Además, la violencia criminal afecta a las personas investigadoras, creando efectos perjudiciales en su estado psicológico, emocional y económico. Algunas instituciones no ofrecían apoyo psicológico, mientras que en otras no había personal especializado en temas de violencia. Algunas personas a las que entrevisté han experimentado traumas graves y esto también ha tenido un alto coste económico durante su tratamiento. También, las personas investigadoras han padecido graves efectos emocionales y psicológicos debido al asesinato de personas que colaboraban o acompañaban sus actividades. Además, en ciertos casos se les ha acusado de “exagerar” o “sobredimensionar” el tema de la violencia criminal, desacreditándolas así.
Una característica particular del crimen organizado como actor que afecta la libertad académica es su capacidad para utilizar y/o dañar a las comunidades con este fin. Además del uso directo de la violencia, los grupos criminales presionan y amenazan a las comunidades para que nieguen la entrada a personas investigadoras y les digan que ya no deben regresar. Así, se interrumpen varios trabajos de temas diversos, como la salud pública y la agricultura. La presencia del crimen organizado también genera un ambiente de miedo e inseguridad, lo que lleva a la autocensura desde el principio y a que las personas investigadoras trabajen temas urbanos en lugar de rurales, así como cuestiones que se consideran ajenas al crimen.
Otro tema importante es la desconfianza en las entidades públicas. Cuando pregunté si las instituciones estatales deberían proteger y acompañar a las personas investigadoras en riesgo, la respuesta fue mayoritariamente negativa debido a las preocupaciones de que algunos servidores públicos podrían estar vinculados a los grupos criminales. Con independencia de la exactitud de estas preocupaciones, la desconfianza es un tema inquietante, ya que fomenta un ambiente en el que las personas investigadoras en riesgo pueden sentirse solas y abandonadas.
Frente a este contexto, es impostergable desarrollar y adoptar distintas metodologías que permitan realizar trabajo de campo en contextos de violencia criminal. Por ello, es preciso dedicar tiempo y recursos a actividades que permitan desarrollar las habilidades necesarias y contribuir a la formación de las y los estudiantes de posgrado. Sin embargo, lo que observé es que en muchas instituciones este tipo de actividades no eran bienvenidas porque trataban el tema del crimen organizado y las administraciones, en muchos casos, preferían evitar la visibilización de este tema.
Por último, quiero destacar la importancia del trabajo de las personas investigadoras en el ámbito de la violencia criminal. Estas personas arriesgan su bienestar para contribuir a las poblaciones marginadas y violentadas. Su trabajo se realiza en condiciones adversas, en la mayoría de los casos con poco apoyo institucional, con el objetivo de generar datos y establecer lazos que puedan ayudar a solucionar algunos de los problemas más graves que afectan a las comunidades en México. Como muchas de las personas me comentaron, para que puedan continuar con sus labores necesitan acompañamiento y apoyo por parte de las instituciones nacionales e internacionales, además de protocolos y lineamientos adecuados, posibilidades de financiamiento y difusión para sus proyectos.
Quiero finalizar agradeciendo a todas las personas investigadoras que dedican su labor a mejorar las condiciones de vida de las personas oprimidas y violentadas, y espero que, al menos, podamos contribuir a visibilizar los problemas que están enfrentando.
Esta publicación se ha elaborado con el apoyo del programa Mellon/Scholars at Risk Academic Freedom Fellowship
Serhat Tutkal
Investigador posdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).