Los vacíos institucionales y de poder no existen —sobre todo donde las prácticas corporativas son acentuadas y se encuentran en constante reconfiguración—. La pandemia tomó por sorpresa a los gobiernos del mundo; las medidas de contención y prevención del virus fueron emergentes y, de alguna manera, se implementaron sobre la marcha. Los sistemas educativos resintieron los efectos de la pandemia dada la necesidad de evitar concentraciones de personas, sobre todo en lugares cerrados. Las necesidades materiales y de seguridad son un problema severo al momento de plantear el regreso a las aulas; ante la falta de una respuesta rápida y efectiva del Estado, el grupo corporativo más importante en la educación —el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)— encontró un nicho para actuar.
El SNTE ha sido el interlocutor hegemónico entre el Estado y los maestros desde su creación en 1943, a pesar de no tener el monopolio de su representación. Es el único sindicato magisterial con presencia nacional; mediante una organización compleja, mantiene la preeminencia de sus órganos nacionales, con crecientes grados de autonomía en sus secciones en cada estado de la República. La representación gremial de los trabajadores ha sido beneficiada por una legislación laboral generosa para el sindicalismo que permite otorgar discrecionalmente nombramientos y promociones, así como la capacidad de gestionar prestaciones laborales.
Ilustración: Víctor Solís
Las distintas reformas al sector educativo —particularmente a partir de 1990— pretendieron disminuir el poder del sindicato mediante cambios institucionales y legales orientados a incrementar la racionalidad administrativa del sistema educativo nacional (SEN). La modernización educativa del sexenio 1988-1994 incluyó la descentralización, consumada en 1992, con la pretensión no confesada de dividir el sindicato en 32 partes. En 2013 se reglamentaron, mediante evaluaciones, el ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente, pilares importantes del corporativismo mexicano. En ambos casos, las acciones del SNTE fueron encaminadas a llenar los vacíos institucionales del Estado y a atender las demandas de los maestros.
Esta capacidad de adaptación le permitió al sindicato mantener una posición de privilegio en el SEN y cogobernarlo mediante un importante control corporativo de los maestros, la capacidad de influir en la orientación de la política educativa y, últimamente, mediante el desarrollo de actividades propias de las autoridades educativas.
A principios de la década de 1990, la evaluación del SEN, así como la adopción de modelos de enseñanza por competencias en los currículos, requirieron capacitación y profesionalización docente y sistemas de información robustos. El SNTE, entonces liderado por Elba Esther Gordillo, presionó para lograr programas nacionales de formación continua —como el Programa Emergente de Actualización Magisterial (PEAM) y el Programa de Actualización Magisterial (PAM)— que consistieron en la oferta de cursos en cascada. Además, obtuvo buena cantidad de recursos para el desarrollo de programas propios de formación docente y fomento a la cultura magisterial. Asimismo, el Programa de Carrera Magisterial, también impulsado por el SNTE, buscó generar reconocimiento a la labor docente y estímulos económicos que lograran compensar la pérdida del poder adquisitivo del magisterio.
De esta manera, los vacíos institucionales generados por el Estado en la implementación de la política educativa paulatinamente han sido llenados por el SNTE, fortaleciendo la relación corporativa. Estas acciones son relevantes debido a que, en algunas ocasiones, el SNTE pasó del control de la trayectoria laboral de los maestros a un componente profesional y propositivo en materia de política educativa. Es el caso, entre otras instituciones y acciones, de la creación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que fue demanda del sindicato.
Pero, ante la descentralización, fueron los cuadros sindicales quienes ocuparon buena parte de la titularidad de las autoridades educativas locales; la conquista de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP en 2006, cuando el yerno de Elba Esther Gordillo ocupó el cargo, fue la joya de la corona. En 2008, además, se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) entre el gobierno federal y el SNTE: en los hechos se dejó de lado el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y el cogobierno del SEN adquirió su máxima expresión.
La reforma educativa de 2013 cimbró los pilares del corporativismo sindical: con las evaluaciones docentes, el SNTE perdía el control de la trayectoria laboral de los maestros. Sin embargo, ese mismo año, el sindicato lanzó la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros A.C. (Sinadep). En el marco de las evaluaciones del Servicio profesional docente, la Fundación ofreció cursos de formación continua y desarrollo profesional, así como posgrados de profesionalización.
También, mediante una efectiva operación política, el entonces dirigente nacional Juan Díaz impulsó, junto con los líderes seccionales, la creación de los Institutos de profesionalización del magisterio, dependientes de los gobiernos estatales. La oferta formativa de estos institutos es proporcionada por Sinadep y, en sus Juntas Directivas, se encuentran miembros del SNTE. Estos institutos fueron creados en Aguascalientes, Durango, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.
En meses recientes, dada la incertidumbre generada por el confinamiento obligado para prevenir y contener los contagios, el SNTE ha levantado dos encuestas entre docentes con la finalidad de recabar información y ofrecerla a la SEP para orientar sus acciones durante la emergencia. Los resultados de estos sondeos han sido difundidos de manera limitada mediante comunicados y algunas declaraciones de sus dirigentes nacionales y seccionales. La primera encuesta, dada a conocer en mayo, muestra prácticas educativas durante el programa Aprende en Casa, así como datos de conectividad y uso de tecnologías.
A mediados de junio, Alfonso Cepeda, actual dirigente nacional, anunció la realización de otra encuesta entre el magisterio con la finalidad de conocer el estado de salud, situación laboral y condiciones materiales de las escuelas en el marco de la pandemia. Esto con el objetivo de buscar soluciones, junto con las autoridades educativas, de cara a un posible regreso a las aulas, pero “cuidando la integridad del magisterio, estudiantes y comunidad educativa en general”.
Al respecto, el SNTE aprovecha el vacío institucional dejado por la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la falta de consolidación del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged). El INEE tenía entre sus funciones evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional. Para realizar esas tareas, entre otras, el INEE llevaba a cabo la Evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA). Esta evaluación se hacía en todos los niveles de educación básica y media superior para conocer los recursos de cada centro escolar y los procesos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje que llevaban a cabo. ECEA evaluaba siete categorías de las escuelas: a) infraestructura; b) mobiliario; c) material de apoyo; d) personal; e) gestión de aprendizaje; f) organización escolar, y g) convivencia escolar. Estas evaluaciones, que brindaban evidencia sólida sobre desigualdades, carencias y algunas fortalezas del SEN, eran necesarias para las autoridades al momento de formular la política educativa.
A pesar de que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) conserva atribuciones para realizar estudios e investigaciones relativas al estado del SEN, la pandemia sorprendió a una institución en plena construcción. Es verdad que tiene en su poder el acervo de información generado por el INEE, pero el organismo autónomo desapareció el 15 de mayo de 2019, por lo que las evaluaciones, investigaciones e informes se vieron interrumpidas por el periodo de transición. Sin embargo, en julio, Mejoredu emitió “Sugerencias para el regreso a clases en educación básica y media superior” y ofrece talleres emergentes de formación, orientados a mejorar la labor docente y directiva durante la contingencia.
Estos datos deberían estar disponibles en el Siged, cuyo objetivo es que toda la información necesaria para la operación del sistema educativo se encuentre en una sola plataforma. El Siged permitiría la comunicación directa entre docentes y directivos con autoridades educativas, con la finalidad de saltar la mediación del SNTE, tanto en lo relativo a su estructura sindical, como a buena cantidad de supervisores escolares y jefes de sector que responden a las dirigencias sindicales. Pero la consolidación del Siged ha sido lenta, en buena medida por el retraso en la emisión de su normativa. Debe recordarse que la creación del Siged fue mandatada en el Artículo Quinto transitorio, fracción I, de la reforma constitucional en materia educativa de 2013, pero sus lineamientos de operación fueron publicados hasta el 7 de marzo de 2018. Aunque fue parte de la reforma educativa de 2013, la actual administración lo retomó y parece que será parte importante del proyecto educativo.
Estos vacíos institucionales son ocupados de manera muy efectiva por Cepeda Salas y las dirigencias seccionales, quienes tienen tomado el pulso de las necesidades de sus bases magisteriales, así como la posibilidad de recabar información en poco tiempo. Con esta información en la mano, el SNTE será determinante al establecer la fecha de regreso a las aulas, así como las condiciones que deben cumplirse para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Igualmente, producen una respuesta efectiva a su base magisterial ante la incertidumbre generada por la propagación del virus y su letalidad.
Lo anterior muestra la solidez de una institución que mantiene unidad gremial y encumbra prácticas corporativas en las que se refugian sus miembros al no tener una respuesta institucional a sus necesidades. En este momento son todavía más sentidas al tratarse de un riesgo a su vida, la de sus familiares y la comunidad educativa. El SNTE muestra su músculo y capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, lo que ha mantenido la vigencia del pacto corporativo y su calidad como interlocutor hegemónico entre el Estado y los maestros.
Por último, el lunes 3 de agosto, el secretario de educación Esteban Moctezuma anunció que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto y, debido a que no hay condiciones para el regreso a las aulas, será a distancia. El regreso, según indicó el titular de la SEP, será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Aunque se han impartido cursos a maestros para el uso de plataformas educativas y software libre como apoyo para sus clases, aún desconocemos su impacto en la calidad educativa. Ante ello, mediante el Sinadep, el SNTE ofrece certificación en software, particularmente de la paquetería de Microsoft Office. De ninguna manera debe el sindicato atender la operación y regulación del sistema educativo, pero su agilidad para responder en periodos de emergencia está siendo determinante para garantizar su posición de privilegio en el cogobierno del sistema educativo. En este sentido, debe reconocerse su facultad de reinvención, que le permite intervenir en temas sustantivos de la política educativa lo cual, hasta hoy, ha garantizado indudablemente la gobernabilidad del sistema educativo nacional.
Oscar Rodríguez Mercado
Analista en temas educativos.