El 21 de agosto, El País publicó una nota sobre el interés de algunos fondos de inversión en la educación privada de nivel básico en México. Si bien el incremento de la oferta de educación básica privada no es un fenómeno nuevo, la pospandemia larga, la introducción del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y cierta oposición a ésta y a los libros de texto gratuitos (LTG) han creado las condiciones para que la expansión de la oferta privada se produzca con estándares de calidad bajos. Esto puede desembocar en el auge de la economía sombra de la educación, un fenómeno que reduciría aún más la capacidad del sistema educativo nacional (SEN) para atenuar las desigualdades de origen.
La educación privada
Desde hace una década la cobertura en términos de matrícula de la oferta privada de educación básica ha fluctuado alrededor de 9.5 % sin contar educación inicial. En el ciclo escolar 2021-2022, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes (NNA) que se hallaba inscrito en escuelas privadas fue de 57.4 %, 11.3 %, 9.1 % y 9.1 % para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, respectivamente. En las últimas décadas, la oferta de educación básica privada respondió a varias necesidades como el deseo de algunas madres y padres de incluir educación confesional en el currículo de sus hijos e hijas, o bien, acceder a servicios educativos adicionales como mayor contenido de idiomas, instalaciones deportivas adicionales y un largo etcétera. Este modelo de oferta educativa se podría describir como un bien público que tiene un mercado integrado que ofrece “versiones de lujo” de dicho bien, algo normal en un Estado moderno con una economía mixta.
Esta realidad, pese a estar sumamente normalizada, tiene profundas implicaciones. El hecho de que exista una educación básica en versión club significa que en esta sociedad —como en la mayoría del mundo capitalista— la reproducción de las clases sociales no es un fenómeno inercial, discreto o inconsciente, algo que pase sólo porque los pobres nunca convivan con los ricos. Por el contrario: se acepta y se tiene como algo normal que la institución más importante de la civilización —la educación de las NNA— esté estratificada, que haya educación de primera y educación de segunda. La lectora o el lector podría afirmar que la educación pública no es necesariamente de segunda calidad, ni la privada de primera calidad y estaría absolutamente en lo correcto; sin embargo, también es cierto que, puestos a elegir, muchos padres y madres pagarían educación privada no solamente a partir de la creencia de que la educación en sí misma sea “mejor”, sino porque ofrecen servicios como el after school —como le llaman a la jornada ampliada en las escuelas privadas de la CDMX—, el transporte escolar y el estado de la infraestructura. En todos lados se puede hacer ejercicio, pero por algo existen los clubes deportivos.
La tormenta perfecta
Planteado de esta forma, el tema de la educación básica privada es problemático a nivel estructural: el SEN reproduce desigualdades más antiguas, profundas y extensas que rebasan el ámbito escolar. No es que no importe, no es que sea irresoluble o que la solución podría ser prohibir la educación privada; se trata de algo que está fuera del alcance de las políticas públicas. No obstante, la proliferación de educación básica privada y servicios conexos que amenaza el SEN en 2023 es diferente por dos razones:
Primero, se trata de un fenómeno coyuntural, no estructural. La introducción del modelo de la NEM, el rechazo de algunos sectores a los LTG y la contracción de la matrícula de educación básica pública escolarizada ocasionada por la pandemia han creado una masa crítica de familias que —afortunadamente— se han recuperado económicamente de la crisis pospandémica, que tienen modestos remanentes que gastar y, al mismo tiempo, dudas sobre la calidad de la educación pública. Y no hablamos solamente del estrato social representado por la Unión Nacional de Padres de Familia, sino de los cientos de familias que se manifestaron contra los LTG en el Estado de México, Veracruz, Durango, Coahuila y Sinaloa, entre otros estados. A diferencia de las fluctuaciones sexenales o el crecimiento orgánico de la oferta de educación básica privada desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en 1992, esta confluencia de factores puede impulsar una expansión sostenida y de mayor escala de la educación básica privada.
Segundo, el contexto en el que se puede producir esta expansión fomentaría la aparición de servicios educativos informales, de menor calidad o abiertamente desafiantes a la NEM. Esto ya sucede, pues en los últimos días estalló la oferta de planeaciones analíticas ofrecidas por editoriales y, en muchos casos, por instancias menos calificadas para elaborar dichos materiales. En algunos casos, grupos de maestras y maestros las ofrecen gratuitamente, pero la mayor parte se halla en un mercado gris en el que se ofrecen planeaciones por grado desde 20 pesos, hasta membresías para acceder a todos los contenidos por 200 pesos mensuales. Si a esto añadimos el factor del incremento histórico del precio de la educación privada en las últimas semanas, estamos ante la ocasión perfecta para la proliferación de escuelas, cursos y materiales ofrecidos por privados con restricciones presupuestarias, sin el respaldo institucional que —mal o bien— tienen los planteles del régimen público y sin la organización o la experiencia necesarios para ofrecer servicios educativos.
Esto último tiene el potencial de perjudicar a las y los estudiantes mexicanos en el corto plazo. Hay procesos como la atención a NNA con discapacidad, el seguimiento a los cambios reglamentarios —como los que se avecinan en torno al uso de tecnología en las aulas— y la contextualización del nuevo modelo educativo que necesitan tiempo, dinero y experiencia para ser puestos en marcha, recursos que una escuela con márgenes de ganancia estrechos o un particular que ofrece servicios por Facebook o desde su cochera no poseen. Se trata de un riesgo latente si se considera la atomización de los mecanismos para autorizar las escuelas particulares y registrar la validez de los programas de estudio, procesos que en más de una ocasión han estado en tela de juicio por su nivel de profesionalización o confiabilidad.
La consecuencia en el mediano plazo puede ser un boom de “escuelas patito”, como sucedió con la educación superior durante el sexenio de Vicente Fox. Estas escuelas, cursos y materiales que escapan a la regulación del SEN son lo que se conoce como la economía sombra de la educación y México no sería el primer país de América Latina que experimentaría una mercantilización de baja calidad a nivel básico. Algo similar ha sucedido en Perú desde hace veinte años, país en el que hay una oferta de educación básica privada de bajo costo a la que recurre 40 % de las familias de las provincias más pobres de Lima, la que de acuerdo con un reporte de la red Education International, tiene serias deficiencias en términos de calidad, equipamiento y capacidad de inclusión.
Conclusión
Una de las creencias más arraigadas de las sociedades contemporáneas es que la educación formal es un instrumento de movilidad social. Sin embargo, la realidad es que el salto cualitativo de una clase social a una superior es una excepción antes que una regla y depende poco de la calidad de la educación en las aulas o de la escolaridad de los padres. La movilidad social a gran escala y entendida como un cambio cualitativo suele ser el resultado de grandes revoluciones o catástrofes. En tiempos de paz, ascender de clase social es un fenómeno tan raro que ha motivado la creación de conceptos para entender cómo sucede. La filósofa Chantal Jaquet, por ejemplo, usa el neologismo en francés “complexion” para referirse a una forma peculiar de temperamento que despliegan las pocas personas que logran ascender de clase social. Si bien es cierto que el ingreso promedio es más alto a medida que recorremos la escalera del nivel educativo —claramente ganan más, en promedio, las personas con doctorado que las personas con preparatoria—, hay muchos otros factores que afectan la probabilidad de completar los niveles de estudio además del factor escuela.
Visto con el cristal de la estadística, la educación como catalizadora de la movilidad social tiene poco sentido. Sin embargo, desde el punto de vista de las madres y padres de familias, estudiar para progresar es un concepto totalmente legítimo y una idea que llega hasta sus bolsillos. Por ello es necesario proteger la calidad de la educación pública y exigir que se le dediquen más recursos, que los procesos de cambio —legítimos como los de cualquier gobierno democráticamente electo— se lleven a cabo de forma secuencial, ordenada y participativa y que el diseño de la experiencia escolar en su conjunto se lleve a cabo no solamente con sentido pedagógico y didáctico, sino con una sensibilidad social mínima que permita mantener a las familias y a las niñas, niños y adolescentes interesados en las escuelas públicas. No hacerlo es exponer a familias vulnerables a una nueva forma de consumo de productos chatarra o productos milagro: los de la economía sombra de la educación básica.
Antonio Villalpando Acuña
Investigador en Mexicanos Primero