Es evidente que los gobiernos como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López tienen una relación equívoca con lo que son las leyes y con lo que estipulan. Mientras los marcos normativos son ordenamientos construidos por consenso —de índole general— y que buscan regular las conductas de los actores así como delimitar sus atribuciones, las autoridades unipersonales tienden a definir los problemas con base en sus propias creencias, ejercen un marcado voluntarismo y se presentan como solucionadores sin mayor freno que un supuesto carácter “moral”. Las consecuencias de este estilo de gobernar son contraproducentes y están a la vista.
Este texto discute algunos problemas que ha generado la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada el 26 de abril de 2023 en la Cámara de Diputados y el 29 del mismo mes en el Senado. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo y entró en vigor al día siguiente.
¿Y el código científico?
Dado que una ley de ciencia iba a tener implicaciones para la vida y trayectoria de miles de investigadoras e investigadores del país y que estos iban a involucrarse en su elaboración, se esperaba que uno de los códigos para su discusión fuera, precisamente, el científico. Este código consiste, entre otros, en no decir mentiras. La mentira, según Ruy Pérez Tamayo, “está proscrita en la ciencia” pero no en otras actividades humanas, como la política.
Dado que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt) es un órgano dirigido por una científica, también esperábamos que prevaleciera tal código, incluso cuando el proceso de aprobación de la ley fuera un asunto netamente político. Pero nos equivocamos. Al aprobar la ley, las legisladoras y los legisladores del partido del presidente violaron el acuerdo previo de las comisiones unidas de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación para la discusión de la iniciativa. En este sentido, se preveían siete sesiones de parlamento abierto y sólo se realizaron dos. No cumplir acuerdos es mentir.
De acuerdo con Víctor Alejandro Espinoza, presidente de El Colegio de la Frontera Norte, no tenía caso dado realizar las otras sesiones de parlamento abierto porque no se discutirían los temas propuestos, sino que las posiciones sólo eran “contra la ley”. Parecía, observa el doctor Espinoza, que se querían “reventar” las sesiones y cinco más serían de “tonterías”, no de análisis. No obstante, la única manera de saber si esto era verdad hubiera sido realizar todas las sesiones, no cancelándolas. Utilizar el recurso contrafactual en este caso no ayuda a verificar los supuestos.
Que el proceso para aprobar la ley fuera tan problemático derivó en que ahora tal ordenamiento está impugnado. La oposición promovió acciones de inconstitucionalidad por “violaciones al proceso legislativo” y es muy probable —reconoce el doctor Espinoza— que se le dé “carpetazo a la ley”. Esto tendrá fuertes repercusiones que, a mi ver, es importante discutir para anticiparse y evitar problemas para la vida y trayectoria académica de miles de profesores y estudiantes.
¿Controlar o articular?
Hasta aquí he comentado algunas partes del complicado proceso para procesar la ley. Ahora revisemos algunos elementos de su contenido que en su momento fueron problemáticos y que varios académicos y académicas cuestionamos en la segunda sesión de parlamento abierto, llevada a cabo el 11 de abril del 2023 en la Cámara de Diputados.
Al revisar el anteproyecto de ley, y luego el que aprobaron los legisladores del partido en el poder, se advierte que los términos de “Gobierno Federal”, “Estado”, “Federación” y “Poder Ejecutivo” se equiparan cuando claramente refieren a ámbitos de acción distintos. Planteamos dos hipótesis.
Primero, si esta confusión no es deliberada, no identificar al ente responsable de la ejecución puede causar problemas en la implementación de la política científica del país. De hecho, el Título Tercero habla de las bases de coordinación del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que a su vez incluye el ordenamiento de prever la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México “para la implementación de la política pública en la materia”.
La experiencia acumulada ha mostrado que si un órgano público invade la competencia de otro, el ejercicio de gobernar se complica y genera una práctica común en nuestra administración pública y en el comportamiento de nuestros servidores públicos: no aceptar responsabilidad alguna por los actos. Esto deja indefenso al ciudadano, genera malestar y hace que la desconfianza hacia el gobierno crezca.
Segunda hipótesis, planteada a partir de diversas voces crítica como la de la exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca: puede ser que la equiparación de los órganos ejecutores sea deliberada en función de que el espíritu de la ley sugiere una función primordial de control más que de articulación. Antonio Lazcano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha hecho notar que el modelo de promoción científica que el Conahcyt desarrolló es “centralista” e “ideologizado”. La ideología, asienta Octavio Paz, actúa como “velos que interceptan y desfiguran la percepción de la realidad” cuando en ciencia, pienso yo, lo que deseamos es entender para ver más claramente. La ideología, prosigue el Nobel, convierte a las ideas en máscaras porque “ocultan al sujeto” y, al mismo tiempo, “no lo dejan ver la realidad. Engañan a los otros y nos engañan a nosotros mismos”. En la ciencia no buscamos engañar para convencer, sino persuadir a través de la razón y el diálogo. ¿Puede servir una Ley de Ciencia que antepone la ideología y busca centralizar el poder y controlar a la comunidad científica del país? ¿Cómo se gobierna un sistema de ciencia y tecnología en los países democráticos? Veamos el ejemplo contrario.
Costos de una ilusión de poder
La elaboración de la Ley de Ciencia, su contenido y su proceso de aprobación levantan diversas hipótesis sobre qué tan efectiva será para mejorar las políticas públicas en la materia. Estas hipótesis se basan en al menos tres aspectos.
Primero, el control no es un código científico con el que opera la academia. Además, no hay evidencia clara que muestre que las personas nos obligamos a hacer algo por medio de un marco legal que no respaldamos. Las leyes pueden contribuir a que los actores actuemos distinto, pero obligar a las científicas y los científicos por una “razón de gobierno” abre el paso tanto a resistencias como a la ineficacia gubernamental.
La baja efectividad de las políticas públicas está relacionada con la segunda parte de mi hipótesis, que a su vez se basa en la observación de Roger Bartra sobre el “poder impotente” de este gobierno. Dado que hay desorden gubernamental y falta de imaginación (“salidas”), el poder autoritario se mueve en el “vacío”. Pareciera que este gobierno tuvo una ilusión mayor que otros de que al llegar a “la grande” todo cambiaría. Pero al no haber definido con inteligencia los problemas públicos, subestimar logros de administraciones anteriores, minar las capacidades institucionales de la burocracia, y descalificar al opositor, entre otros, el gobierno de AMLO concentró poder para sí mismo sin poder generar el cambio que se esperaba. Fue un “poder impotente” en materia de ciencia y tecnología como en otras áreas sustanciales como seguridad, educación y salud.
Tercero, al arrogarse la capacidad de definir oficialmente qué es “prioritario” para el país en materia científica, esta administración empezó a cometer errores como haber dejado sin becas a cientos de estudiantes de posgrado. Recordemos que el pasado agosto se aprobaron los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados que, al entrar en vigor de manera retroactiva, dejaron sin apoyo a cientos de estudiantes que ya habían sido evaluados con otros lineamientos. En la Universidad Autónoma de Querétaro alrededor de 143 jóvenes fueron afectados y generaron un movimiento de protesta.
La agitación política causada por el Conahcyt generó reacciones inmediatas de su directora, e incluso del presidente y sus voceros, quienes declararon en comunicados y en conferencias oficiales que en este gobierno “hay más presupuesto para becas que antes” y que esto se reflejaba en el aumentó de 40 % con respecto a 2017. Animal Político verificó tal información y encontró que ese supuesto incremento se refiere al monto “autorizado”, no al ejercido. Si se toma en cuenta este último, hay un decremento de casi 13 % en seis años. Esto es mentir. Y, como sabemos, en ciencia está proscrita la mentira.
Otro de los puntos más cuestionados de la mencionada ley fue, por un lado, haber eliminado la obligación del Estado mexicano de destinar al menos 1 % del PIB en ciencia y tecnología y, por otro, asentar en la austeridad como “principio” del desarrollo de las políticas públicas en esta materia. Hay un cúmulo de literatura y opiniones de lo regresivo que es para los países implantar programas de austeridad, confundiéndola con la lucha por la corrupción. Para algunos científicos sociales, la austeridad opera como un “correlato” para dejar de destinar recursos a actividades sustanciales. Lamentablemente, entre 2018 y 2023 el gobierno de AMLO redujo el gasto federal en Ciencia, Tecnología e Innovación de 0.23 % a 0.19 % del Producto Interno Bruto.
Para concluir, los procesos para elaborar y aprobar las leyes que rigen la vida pública del país sí cuentan, no sólo su aprobación a partir del mayoriteo. Promulgar una ley de ciencia implicaba ceñirse a un código científico, no solamente al político. Esto era valioso no sólo por ser congruente, sino porque el proceder centralista y arbitrario daña las trayectorias académicas, la inversión pública, la capacidad para discutir y razonar en libertad, y la eficacia de los gobiernos democráticamente electos. En las universidades y centros de investigación públicos enseñamos a pensar y actuar de manera independiente, dudamos de los argumentos de autoridad y más de las “razones de Estado”, no por simpatías políticas, sino por amor a la verdad que se construye de manera abierta y plural.
Pedro Flores Crespo
Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro
Es evidente que la ciencia moderna se hará por bloques de poder geopolitico.
Los países anemicos de ciencia, como el nuestro, no participaran de esa ciencia global. Aquí habrá saberes ancestrales y remedios con yerbas. Como siempre.
Y seguirá la dependencia tecnológica y científica. Como siempre.
Que la puntilla la haya dado una científica, es lo irónico del caso.
Gracias por su lectura, Sandra. Sigamos en la brega por el desarrollo científico del país.