Después de todos estos meses desde el inicio de la pandemia, la escuela pública se encuentra en una encrucijada. Da la impresión de que los docentes de educación básica no terminan de asimilar y adaptarse a la nueva realidad. Parecería que son arrastrados por los usos y costumbres de una institución anquilosada en el pasado, en la que la maestra enseña y las alumnas aprenden, todavía somnolientas, emulando conceptos como “aula invertida”, “enseñanza situada” o “modelo por competencias”; como si estos términos relacionados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje se hubieran trasladado a su hogar —a su intimidad— generándoles crisis y caos en su manejo y en el de las tecnologías de la información y comunicación. También hemos presenciado cómo WhatsApp ha resultado ser la aplicación (para teléfonos inteligentes) que resolvió en lo inmediato la problemática de comunicación entre docentes y autoridades, profesores y estudiantes, así como con las madres y padres de familia.
Ilustración: Víctor Solís
En el presente siglo —y en el anterior— las escuelas normales no han contado con una preparación específica para directivos. Pareciera que esta función se aprende por consecuencia de una formación por nivel educativo: preescolar, primaria, secundaria o asignatura; pero lo cierto es que las y los directivos se preparan y experimentan a través del ensayo y error en las escuelas públicas, convirtiéndose en expertos de la gestión escolar (administración), pero ajenos a la gestión de aula (técnicas), y lo extraordinario es que así han operado por décadas. La formación de las y los directivos es un tema pendiente que ninguna reforma educativa ha resuelto.
Para propósitos de este texto, la utopía es la descripción correcta, total y sin omisiones de los diferentes modelos educativos, plasmada en los planes y programas de estudio, donde todo hecho educativo transcurre en forma ordenada y sin obstáculos. Por otra parte, la distopía estaría representada aquí, desafortunadamente, por la realidad de las escuelas del Estado, en las que impera la desorganización e improvisación; la crisis sanitaria actual sólo lo confirmó. Hoy por hoy, se trata del alumnado y el profesorado en plena conversión de un modelo presencial a otro de comunicación a distancia y el involucramiento —muy poco consistente— de tutores, padres y madres de familia.
La utopía, es decir, lo que sería el proyecto idílico educativo, ha sido construida de forma paulatina y sigilosa, pero efectiva y discursiva para el diseño y elaboración de políticas educativas. En el presente siglo la encontraríamos en el plan de estudios de 2011, en los aprendizajes clave para la educación integral de 2017 y, recientemente, en la nueva escuela mexicana de 2019. Una parte de los problemas del sistema educativo mexicano es que parece que la escuela pública requiere de “pedicure” y “manicure” cada seis años; en cada una de las presentaciones del nuevo plan y programas de estudios se plantean los fracasos del proyecto anterior y las revoluciones del modelo nuevo. Por su parte, docentes, directoras y directores se involucran en procesos de capacitación y actualización del desconocido, experimental y salvador esquema de enseñar y aprender. La simulación es recurrente: lo importante es llenar formatos e informes que avalen la implementación y efectividad del actual bosquejo.
Como en la construcción de pisos en un nuevo edificio, esta idea de utopía en la escuela pública se va edificando con diferentes conceptos y métodos —“ambientes de aprendizaje”, “estándares curriculares”, “aprendizajes esperados”, “currículo inclusivo”, “habilidades socioemocionales”, “enfoque competencial”, “responsabilidad ciudadana”, “transformación de la sociedad”, “dignidad humana”—; de esta forma, se acumulan estrategias y significaciones de entre los cuales los docentes frente a un grupo no logran identificar los más efectivos y tangibles en el aula escolar. Lo mismo ocurre, más recientemente, con la confusión en la transición o metamorfosis de una “escuela de calidad” a una “escuela de excelencia” —como quedó establecido en el Artículo Tercero de nuestra Constitución—. Este cambio supone, por ejemplo, que ahora sí se contará con maestros de lengua extranjera (inglés) e infraestructura y equipamiento tecnológico, aunque esto ya se había establecido en el programa anterior. Debe recordarse que entonces se dijo: “Mediante internet, se pondrán a disposición de toda la comunidad educativa recursos educativos digitales (RED) seleccionados, revisados y catalogados cuidadosamente con el fin de ofrecer alternativas para profundizar en el aprendizaje de los diferentes contenidosy al mismo tiempo promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional”. Lo que actualmente ocurre dista mucho de esta idea.
La distopía parece ser la realidad de la escuela pública: vejada, humillada y agraviada, quizás por sus propios egresados, convertidos en ciudadanos no integrados a la sociedad, sin empleo y algunos de ellos inmersos en las adicciones. No hay evidencia de que ellos o ellas mismas sean los que han ultrajado y robado los bienes patrimoniales de los edificios escolares, posiblemente como una venganza por no concluir sus estudios básicos o medios y con la única posibilidad de continuar con los empleos precarios de sus madres y padres. Insisto, no hay pruebas de que sean ellos o ellas quienes han asaltado sus escuelas, pero sí es necesario preguntarse ¿quiénes son entonces y qué los motiva a asaltar los recintos educativos?
La escuela distópica no debería existir, pero la vemos en algunas comunidades rurales, cabeceras municipales o zonas conurbadas. Son aquellos planteles que no cuentan con la conectividad requerida para la modalidad virtual en sus hogares y mucho menos en los centros educativos a los que están integrados. Son escuelas en donde el alumnado acude a los ciber o papelerías que operan con sistemas informáticos, porque es allí donde se construye el método de trabajo en comunicación con el alumnado y madres de familia. Es en estos espacios donde se busca información en la web y blogs educativos y se generan los ejercicios de trabajo por semana, quincena y mes que son distribuidos por la representante de grupo quien, en muchas ocasiones, los reparte a las demás señoras del grado. Lo cierto es que los programas de la televisión abierta (Aprende en casa) y los libros de texto gratuitos son poco recurridos.
En nuestro país existen 197 560 escuelas públicas de educación básica; de éstas, 106 534 son multigrado, que a su vez se clasifican en unitarias, bidocentes tridocentes o más, y 91 026 de organización completa. Las primeras representan un 54 % y por lo general corresponden al área rural; las segundas constituyen un 46 % y se ubican en su mayoría en zonas urbanas. Con una matrícula de 23 334 603 en 2017, un 84.5 % se atendió en centros de organización completa y el restante 15.5 % se concentró en planteles multigrado. En términos institucionales, más de la mitad de las instituciones educativas se encuentran en condiciones precarias y con certeza sin acceso a computadoras ni redes de comunicación —ambas, aprendizajes clave—. En la gran mayoría de estos planteles oficiales, la autoridad educativa otorga una infraestructura básica, pero no existe programa o presupuesto que alcance para su mantenimiento, rehabilitación o por el crecimiento por demanda del servicio. Por decreto se establece que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, mientras los edificios escolares se mantienen al margen. Además, por ley y mandato, las “aportaciones voluntarias” de padres de familia o tutores están prohibidas, pero las y los directivos se encuentran en un doble juego: por un lado informan su inexistencia; por el otro, a través de las mesas directivas de madres de familia, promueven y en algunas ocasiones incluso condicionan la inscripción si la contribución requerida no es cubierta.
El equipamiento informático es necesario en todas las escuelas de educación básica, pero durante la pandemia lo es mucho más. El equipo existente es deficiente e insuficiente; el profesorado y el personal directivo de preescolar, primaria y secundaria son servidores públicos que se debaten entre la utopía y distopía, sin embargo, no evaden la esencia de su ser y acontecer: las niñas, los niños y adolescentes. Como bien establece el actual Programa para la educación integral: “La escuela debe crear las condiciones para que los alumnos desarrollen las habilidades de pensamiento cruciales para el manejo y el procesamiento de la información, así como para el uso consciente y responsable de las tecnologías”.
La escuela primaria Francisco Villa —ubicada en el norte de la ciudad capital de San Luis Potosí— es un claro ejemplo de la crisis que se vive en las instituciones estatales y federales educativas: a principios del presente año fueron robados todos sus equipos de cómputo, tubería y bombas de agua para los sanitarios, ventiladores y equipos de sonido. De inmediato se inició con la tramitología correspondiente para notificar a la policía municipal, a la policía estatal y a la policía ministerial, sin embargo, a la fecha no ha acudido autoridad alguna. Probablemente se deba a que el caso refiere a una escuela pública, como si no fuera importante o un caso relevante. ¿Y en escuelas como la Francisco Villa qué va a proceder? ¿De dónde saldrán los recursos para su reparación?
Este plantel —como ejemplo de muchos otros— deberá estar en condiciones sanitarias y de servicio para el nuevo ciclo escolar, acordes a la diferente normalidad. Por enésima vez, como siempre ha pasado, el trabajo y las contribuciones discrecionales de padres y madres de familia terminará siendo lo que le permitirá abrir sus puertas para recibir a su alumnado y ¿ser parte esencial de la nueva escuela mexicana? No está por demás señalar que solicitar contribuciones a las familias en tiempos de crisis económica es complicado, por decir lo menos.
Lo que aquí ha sido presentado como distopía y utopía es una propuesta conceptual para contrastar lo que está sucediendo en las escuelas públicas. Muestra las contradicciones que hay entre el discurso oficial y la realidad que nos presenta a una institución del Estado abandonada y poco atendida en su sostenimiento, que asume implicaciones de rezago formativo y abandono escolar. Las autoridades educativas deberían considerar estos fenómenos relevantes y prioritarios en tiempos de epidemia; deberían, además, evitar soslayar la importancia de la educación y futuro de adolescentes, niños y niñas. Es lo menos que se puede pedir en estos momentos.
Juan Manuel Grimaldo Carreón
Director de educación primaria y profesor de educación normal
Porqué si los conserjes, del nivel básico, no acuden a su centro de trabajo ( escuela ) les continúan pagando, su salario. Sería más conveniente, que funjieran como veladores de su mismo centro de trabajo, de esta manera, se cuidaría la escuela de robos y otras cosas desagradables. Pero no, la corrupción impera en la SEP.
A los niños mexicanos no les gusta ir a la escuela. A los maestros mexicanos no les gusta dar clases.
Algo tan evidente nadie lo ve?
En efecto: es señal que hay que revisar, leer, y actuar para cambiar. Esta pandemia sólo profundiza esas señales.