Hace poco Adrián Acosta reflexionaba sobre la universidad del futuro y proponía un ejercicio basado en tres premisas. La primera de ellas se refiere a que: “Las universidades experimentan en los últimos años una vaga sensación de ‘crisis de sentido’ de sus prácticas y funciones institucionales, que ni la retórica tecnocrática, ni la neoliberal, ni la populista alcanzan a disipar o resolver”. La crisis de sentido actualmente se manifiesta —entre otras maneras— en una creciente “confusión” sobre los referentes de desempeño de las universidades públicas autónomas (UPAs). Dicha confusión se presenta en todos los actores institucionales: alumnos, personal docente, autoridades, y puede ser el reflejo de un conjunto de contradicciones e intereses contrapuestos que se observan a nivel nacional. En efecto, hay una discordancia a nivel federal entre la Cámara de Diputados que aprueba reformas constitucionales; la Secretaría de Hacienda que es refractaria a otorgar los recursos establecidos; el presidente de la República que descalifica a las universidades; una Subsecretaría de Educación Superior que hace lo que puede para cumplir la nueva legislación; un proyecto de “Universidades para el Bienestar” dirigido directamente por la Presidencia sin injerencia de alguna de la Subsecretaría de Educación Superior, y una Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que ha optado por guardar prudente silencio ante el poder presidencial para no poner en entredicho su propia existencia.
La reflexión parte de un hecho innegable: las UPAs han sido, son —y seguramente seguirán siendo— los referentes nacionales con mayor cobertura, calidad y diversidad de la formación de ciudadanos y ciudadanas cultas, competentes en su profesión y responsables en su ejercicio; las universidades autónomas son las que tienen la encomienda de generar nuevos conocimientos y el sustento para una sociedad futura basada en el conocimiento y son, además, las que crean y difunden en mayor medida y variedad la extensión y difusión de la cultura. Estas funciones están plenamente reconocidas en la Ley General de Educación Superior (LGES) y se ejercen en un marco de autonomía. Y tal vez esa es la piedra en el zapato para el presidente López Obrador.
La crisis y confusión se presentan, entre otros factores, porque durante 30 años las UPAs fueron las que mejor se adaptaron y ajustaron a “los programas de modernización” diseñados, aplicados y recompensados económicamente por la Subsecretaría de Educación Superior. Por decisiones internas o imposiciones externas trabajaron con base en un mecanismo de financiamiento complementario, institucional y personal, basado en la evaluación y en la competencia. Respondieron puntualmente a un conjunto de indicadores que supuestamente reflejaban la calidad del desempeño institucional. Se sometieron a evaluaciones externas, con frecuencia desdeñando los mecanismos internos propios.
Las UPAs trabajaron con intensidad para obtener recursos de un amplio conjunto de programas agrupados en tres fondos: para asegurar la calidad; para apoyar la cobertura; para atender programas estructurales. En esos fondos, las universidades obtenían recursos para financiar, por ejemplo, el desarrollo del personal académico, (PRODEP), el Programa Integral de Desarrollo Institucional (PIDI), la carrera docente, la construcción de infraestructura y actualización de equipos y laboratorios, la modificación de los contratos colectivos, entre otras actividades adicionales. La participación en estos fondos era la medida y reconocimiento del desempeño institucional por parte de las autoridades, de la sociedad y de las propias comunidades universitarias. Para dar una idea de los apoyos otorgados, en 2010 el monto asignado a estos tres fondos representó 8433 millones de pesos.
De pronto, a partir de 2019, con el nuevo gobierno, el monto destinado a esos fondos se fue reduciendo hasta prácticamente desaparecer en 2022. El marco referencial de la actuación institucional construido a lo largo de 30 años se derrumbó sin ser sustituido por otro. Las universidades han continuado la ejecución de los programas con una inercia cuya fuerza va disminuyendo en la medida en que no es alimentada con recursos y porque tampoco fue incorporado formalmente en la legislación institucional. Fueron, en términos de Robert Birnbaum, modas pasajeras que parece que han llegado a su fin.
Pero la reducción de recursos no fue sólo en los programas surgidos en el período de modernización sino también, y es lo más preocupante, en el presupuesto “normal” de las instituciones. La propia SEP reconoce que las UPAs han aumentado su cobertura con una disminución en la inversión por alumno; no hay un incremento presupuestal a pesos constantes.
Aunado al problema financiero se advierte una narrativa presidencial que descalifica, sin matices, la labor formativa y de investigación que realizan las UPAs. Las instituciones emblemáticas de la educación superior pública no le merecen un mínimo reconocimiento a su histórica labor cultural. La señalización de algunos problemas en las universidades es pretexto para descalificar todo. Preocupa porque dada la popularidad del primer mandatario, sus prejuicios son asumidos acríticamente por buena parte de sus seguidores. Y ante ello, la propuesta que emerge, directamente del presidente sin pasar, ya no se diga por los congresos federal o estatales, sino ni siquiera por la Subsecretaría de Educación Superior, es la de crear un conjunto de “Universidades para el Bienestar” con propósitos plausibles pero cuya ejecución dista mucho de cumplir mínimamente con los principios de lo que es una universidad. Un botón de ejemplo: una característica común a todas las universidades es que las principales decisiones son tomadas por un órgano colegiado con representación de los diferentes sectores de la comunidad: estudiantes, planta académica y autoridades. En las Universidades para el Bienestar no hay un solo órgano colegiado con facultades expresas. Se rige por la voluntad y autoridad unipersonal de una coordinadora que no acuerda —ni mucho menos rinde cuentas— con la Subsecretaría de Educación Superior. Es una institución que deliberadamente oculta información básica de su quehacer académico, de sus progresos, de sus resultados, del uso de recursos públicos. No informa de las condiciones de trabajo de sus empleados ni les permite ejercer su derecho a formar un sindicato. Es una institución cuya creación, pertinencia y características no fueron mínimamente analizadas y consensuadas con otras instancias. Recordemos que recientemente se han presentado protestas estudiantiles por las condiciones de estas instituciones y previamente hubo reportes de despidos masivos de personal docente; la respuesta por parte de la encargada ha sido el desdén y descalificaciones de diverso tipo.
Ahora contamos con un nuevo referente en construcción: La Ley General de Educación Superior. Su elaboración fue el resultado de un arduo y diligente trabajo de diputados y diputadas de todos los partidos políticos, misma que posteriormente fue aprobada por la Cámara de Senadores por unanimidad. También recordemos que el presidente de la República tildó a esta unanimidad de “sospechosa”. Se trata de un proyecto ambicioso, resultado de muchas discusiones y de búsqueda de consensos. Su construcción muy probablemente no se termine en este sexenio a pesar de los avances que se están logrando.
La LGES es insistente y reiterativa de la garantía constitucional de la autonomía e introdujo aspectos importantes para su vigencia como que: “Los poderes legislativos sólo pueden reformar las leyes orgánicas de las Universidades si ya han realizado una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria y a los órganos de gobierno competentes de la universidad” (Art. 2.º). Esta disposición pone un freno claro a las intentonas de cambios de las leyes orgánicas por parte de diputados sin consulta alguna a la comunidad universitaria, como los casos en los estados de México, Baja California, Colima y —como ya ha sucedido— en otras entidades del país. La autonomía se respeta en materia de revalidación y equivalencia de estudios, en el Sistema de Evaluación y Acreditación, en la transición hacia la gratuidad.
La Ley general de Educación Superior ratifica los principios establecidos en el artículo 3.º constitucional referidos al derecho de los jóvenes a cursar educación superior de manera gratuita y la obligación del Estado de hacerla efectiva asignando recursos adicionales. Esto se establece tanto en la Constitución como en la LGES, las obligaciones para el gobierno de asignar recursos y de construir fondos multianuales. Sin embargo, la propuesta de asignación presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda es omisa, deliberadamente, de cumplir con las obligaciones constitucionales establecidas. Y hay una Cámara de Diputados con mayoría de Morena que aprueba sin discutir lo que propone Hacienda. Los interlocutores que se fueron configurando en décadas pasadas para intercambiar opiniones y pugnar por una modificación a lo que propone Hacienda han perdido su capacidad de negociación. Integrantes de la Cámara de Diputados, gobernadores, rectores, subsecretarios, alumnas y alumnos, personal académico, por mencionar algunos, que se manifestaban para exigir mayores recursos, ahora cada vez se les escucha menos y se les descalifica más. Los principios rectores de gratuidad y universalidad de la educación superior se quedan en buenas intenciones pues no se ha cumplido el requisito básico que su instrumentación requiere: recursos adicionales.
Casi todos coincidimos en que la autonomía no debe usarse para solapar irregularidades, para defender privilegios, para ocultar ineptitudes como tampoco para ser un adorno institucional plegado a intereses del Estado o del mercado o de otros grupos de interés. Su fortaleza es el núcleo duro de académicos que con su trabajo de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura ejercen la autonomía. Las universidades autónomas prevalecerán, saldrán adelante como ha sido en otros tiempos. Aún gozan de la confianza de una buena parte de la sociedad y están cumpliendo con su función. Obviamente lo pueden hacer mejor.
Romualdo López Zárate
Académico del área de Sociología de las Universidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Azcapotzalco