Claudia Sheinbaum ha declarado de manera reiterada su interés de que México se convierta en una potencia científica. El momento no podría ser más propicio, pero para lograrlo se requiere transformar esta intención en políticas progresistas y asignaciones presupuestarias consistentes.
El pasado 17 de septiembre se presentó el texto del Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en el que se expresan los compromisos del gobierno federal para el fomento y financiamiento de la investigación científica, la consolidación de infraestructura y la formación de recursos humanos especializados.
Con un formato más técnico —lo cual se agradece después de los panfletos con los que trabajó la administración anterior— entre los compromisos que hace el Programa se encuentra mejorar la inversión federal en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Si bien, celebramos el compromiso de incrementar el apoyo presupuestal a la ciencia, el objetivo es muy modesto: se planea pasar de 0.46 % actual (con respecto al PIB) a 0.53 % para 2030.
Este compromiso es diferente del expresado en la Ley de Ciencia y Tecnología derogada en 2023, en el que se establecía que el gasto nacional, no sólo del gobierno, debería ser al menos de 1 % del PIB. Consideramos que la nueva redacción reduce obligaciones al gobierno en cuanto a la necesidad de fomentar la inversión privada, pero también elimina la obligación de medirla, lo cual es todavía más grave.
Para poder examinar la factibilidad de alcanzar aún el modesto incremento expresado en el programa sectorial, es indispensable analizar la evolución del gasto federal en ciencia y tecnología.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026) presenta un endurecimiento en el gasto público, con un déficit de un billón de pesos. Las prioridades del gasto serán los programas de Bienestar, la Secretaría de Energía y PEMEX, la agencia de Transformación Digital y el Poder Judicial. Los rubros más afectados serán el INE, Seguridad Pública, Cultura y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En este mismo espacio se analizó el presupuesto de educación y de educación superior, con respecto a Ciencia y Tecnología, se propone destinar 160 mil millones de pesos para 2026, un incremento nominal de únicamente 0.98 % con respecto al 2025. Este incremento es inferior a la inflación estimada para el 2026, que será de 3.5 % y todavía menor al deflactor del PIB estimado en los Criterios Generales de Política Económica que será de 4.8 %, lo que representa una reducción real de al menos 2.46 % con respecto a 2025.
Diecisiete entidades del gobierno federal participarán en la ejecución de este gasto (Gráfica 1). La principal es la Secretaría de Educación (66.2%), seguida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (antes CONACYT) con 20.4% del presupuesto. En el mismo documento se retira el presupuesto asignado en años anteriores en el Programa Sectorial a la Comisión Federal de Electricidad, la Fiscalía General de la República, el ISSSTE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tampoco se consideran salarios para la operación del Programa Sectorial.
Gráfica 1. Distribución del gasto federal para Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Elaboración propia con datos del PPEF 2026.
La concentración actual del presupuesto para Ciencia y Tecnología en la Secretaría de Educación es reciente, ya que hasta 2015 se encontraba en segundo lugar ante el CONACYT; pero en 2018 recibieron igual proporción del gasto y a partir de 2019 fue incrementando su predominancia hasta el 2026, que recibe el triple del presupuesto de la Secretaría de Ciencia (Gráfica 2). Esta es una tendencia difícil de entender ante la función central que esta última dependencia tiene por Ley en el diseño y ejecución de la política nacional en ciencia y tecnología.
Gráfica 2. Evolución temporal del gasto federal asignado para la función Ciencia y Tecnología en los tres principales ejecutores. Elaboración propia con datos del PPEF 2026 y los PEFs de los años correspondientes.
El presupuesto general 2026 para la Secretaría de Ciencia presenta un incremento nominal de 1.5 % con respecto al 2025, menor a la inflación esperada. A pesar de la contracción, este año la Secretaría de Ciencia asumió la obligación de atender las necesidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, un nuevo esfuerzo educativo, para lo cual les asignó mil millones de su presupuesto, lo cual puede afectar sus actividades sustantivas como es el sostenimiento del Sistema de Centros Públicos.
Este sistema se compone de 24 centros públicos de investigación distribuidos por toda la república, constituyendo una de las principales fuerzas de investigación en el país. El presupuesto propuesto en 2026 para 19 de estos centros es prácticamente el mismo del año pasado, mientras que para los demás el incremento real es marginal (Gráfica 3). La situación para la mayoría de los Centros Públicos es alarmante, ya que desde 2013 han caído en una espiral de deterioro presupuestario que va del -2.39 al -34.35 %, afectando sus actividades de investigación y formación de recursos humanos especializados. De hecho, solamente cuatro centros (CIDESI, Centro GEO, CIATEJ y CIATEQ) han incrementado su presupuesto en términos reales con respecto a 2013, en un rango entre 0.23 y 11.23 %.
Gráfica 3. Presupuesto asignado en los últimos cuatro ejercicios presupuestales a los centros públicos de investigación dependientes de la SECIHTI. Elaboración propia con datos del PPEF 2026 y los PEFs de los años correspondientes.
La reducción del presupuesto tampoco se distribuye de manera homogénea entre el resto de las actividades sustantivas de la Secretaría de Ciencia, aunque se mantienen programas emblemáticos como Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad y el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), estos recibirán un incremento de apenas un el 4% con respecto al 2025 (Gráfica 4).
Gráfica 4. Distribución presupuestaria para los programas sustantivos de la SECIHTI. Elaboración propia con datos del PPEF 2026 y los PEFs de los años correspondientes.
Cabe recordar que el SNII opera con pérdidas desde hace casi diez años. El presupuesto asignado para 2026 no compensa ese déficit, que superará 30 % del costo del programa. Durante muchos años el déficit del SNII se ha cubierto con los recursos que se reciben de parte del INE derivado de las multas electorales, pero desde hace tres años es insuficiente por lo que se han tenido que gestionar ampliaciones presupuestales.
Los recursos asignados a los Investigadores por México a través del programa Diseño y evaluación de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, sufren una reducción de 4 % con respecto al 2025, mientras que el dedicado al financiamiento de proyectos de investigación en los Centros Públicos de Investigación recibe un incremento de 6 %.
Con respecto al financiamiento de la investigación, después de un crecimiento constante a partir de 2002, el gasto para esta actividad sufrió una caída estrepitosa en 2018 cuando se dejó de operar el sistema de fondos para la investigación. Este sistema estaba constituido por 96 fideicomisos públicos, cuya función era precisamente el financiamiento a proyectos de investigación básica, aplicada y desarrollo de tecnología. La extinción de estos fideicomisos en 2021 provocó que más de 21 mil millones de pesos se regresaran a la Tesorería de la Federación, para fines no especificados. Cabe destacar que el argumento para su desaparición fue la presunción de corrupción, de lo cual y a la fecha, no existe ninguna evidencia ni denuncia.
Para el 2026, es precisamente el programa PRONACES —con el cual se sustituyó la función del sistema de fondos para investigación—el que tendrá la reducción presupuestal más drástica dentro de la Secretaría de Ciencia, 47 % menos comparado con 2025. En este año, se emitieron desde este programa cuatro convocatorias: Ciencia Básica y de Frontera, Ejes Estratégicos, Apoyos para Laboratorios Nacionales y Maduración Tecnológica, con un total de 1,467 proyectos apoyados en su conjunto con 2,456 millones de pesos.
Eso es un avance si lo comparamos con los resultados del CONACYT con H, que entre 2019-2024 apoyó solamente 2,480 proyectos por 2,824 millones de pesos. Sin embargo, si queremos recuperar un mínimo de sostenibilidad para el sistema, lo correcto debería ser tomar como referencia lo ejercido por todo el sistema de fondos para la investigación entre 2012 y 2018, cuando se apoyaron 10,177 proyectos por 45,341 millones de pesos, un promedio anual de 1,700 proyectos apoyados con 7,556 millones de pesos. La drástica reducción al presupuesto de los PRONACES no solamente afectará la emisión de nuevas convocatorias, sino que pone en riesgo la ministración de etapas subsecuentes de proyectos apoyados en convocatorias previas.
En conclusión, el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2024 —con su nuevo e impronunciable acrónimo PSCHTI— nos queda debiendo no solamente a la comunidad científica sino al país, puesto que por lo menos para 2026 carecerá del presupuesto y de los instrumentos mínimos necesarios para transformar a México en la potencia científica que todos necesitamos.
Brenda Valderrama
Investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM
David Romero Camarena
Investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM)
BRENDA HY DAVID: Considero que a Claudia, ya se le adelantó la diputada local de Veracruz, Victoria Rodríguez Perez, en eso de hacer de México, una potencia científica, pues en el puerto donde hacen su nido las olas del mar, según Lara, ya tienen un centro espacial y una nave que irá al espacio, concretamente a Marte; todo realizado por científicos jóvenes veracruzanos; además, en esa nave con bandera mexicana y el logo de la 4T, llevarán una buena dotación de café del «Bienestar» para, de esta manera, aromatizar el espacio interestelar que según algunos científicos, tiene algo de aroma extraño. Pero recortando el presupuesto a la educación, dudo mucho que la Doctora pueda convertir a su país en una potencia científica. Den fin. Vale.