La problemática de los jóvenes se convierte cada vez más en el asunto prioritario de políticas públicas específicas, recomendaciones internacionales e investigaciones. El futuro está en sus manos y no queda la menor duda de la importancia de su formación integral, una que lleve no solamente al dominio de competencias blandas, técnicas y sociolaborales, propicie su acceso a oportunidades de trabajo digno y sostenible y la capacidad de aprender a lo largo de la vida; ésta debe incluir una sólida formación ciudadana como individuo con múltiples responsabilidades, conocimiento y manejo de compromisos y derechos.
El asunto se ha concentrado en el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, y la preocupación principal ha sido superar los obstáculos y limitaciones que enfrentan para su acceso al trabajo, ya que a esa edad el empleo se considera el mecanismo de inserción e inclusión social por excelencia.
Desde octubre de 2018 inició la información pública sobre lo que sería uno de los “pilares” del nuevo gobierno: el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF). La magnitud del problema por atender se diagnosticó inicialmente en seis millones de jóvenes que no estudian ni trabajan: “El 22 % de los jóvenes mexicanos […] 87 % de los cuales están en situación de pobreza y vulnerabilidad”. En una primera publicación se propuso la meta de cubrir a dos millones 300 000 en cuatro años. Se propuso además dar prioridad a quienes “habitan primordialmente en municipios de alta y muy alta marginación, con altos índices de violencia o que pertenecen a grupos históricamente discriminados”.
Se trata de una política de alcance nacional —operada, coordinada y supervisada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social— que apuesta la solución al problema en una experiencia misma de trabajo de hasta doce meses de duración, en un centro laboral de cualquier tipo, acompañada de un programa de capacitación definido por el centro laboral mismo, bajo la responsabilidad de un tutor interno, con la expectativa inicial de propiciar el acceso de los jóvenes al trabajo o, como se corrigió después, de vincularlos con el mercado de trabajo y con énfasis en los jóvenes de las zonas de mayor pobreza y marginalidad.
A un problema cuantificado —sólo con dos criterios— en millones de jóvenes se propone una solución basada en la colaboración de cientos de miles de centros de trabajo de lo más diversos, atomizando en la decisión de cada centro la responsabilidad por los contenidos y las estrategias de la formación y la capacitación.
Las cifras del total de jóvenes inscritos han cambiado con regularidad, pandemia de por medio. De un total de 900 000 registrados en la primera convocatoria, se han reportado con mayor regularidad en los años siguientes entre 300 000 y 400 000 jóvenes; la distribución proporcional por sexo, edad y escolaridad se conserva relativamente semejante. El total de jóvenes inscritos reportados para el 2 de mayo de 2022 fue de 421 742; 59 % mujeres —la edad se distribuye con regularidad año por año entre los 18 y los 29 años— con una mayor frecuencia en los 19 años. 9.2 % cuentan con escolaridad primaria, 26.0 % con secundaria; 46.0 % con preparatoria, 3.3 % con escolaridad técnica; 15.4 % con licenciatura y .015 % con posgrado. El total de centros de trabajo registrados fue de 361 756.
El programa opera en todas las entidades y en todos los municipios del país. La distribución territorial sigue siendo muy desigual y en ocasiones inconsistente: en Baja California se registraron 1276 centros de trabajo y sólo se registraron 582 aprendices; en Sonora la relación fue de 2263 centros y 1958. En contraparte, en Chiapas se reportan 48 280 en 37 715 centros de trabajo; en Guerrero, 21 114 aprendices en 18 744 centros de trabajo y; en Oaxaca, 18 509 y 16 886 respectivamente, datos con los que se argumenta la atención a los jóvenes en mayor situación de pobreza y marginalidad.
La participación difiere claramente según el tamaño de los municipios,1 desde aquellos que reportan uno o dos centros de trabajo vinculados y un par de aprendices, por ejemplo: Amacueca, Jalisco, o San Juan Mixtepec, Oaxaca reportan solamente un aprendiz; Playas de Rosarito, BC, reporta cinco, y Abasolo, Coahuila, seis. Entre los municipios con mayor participación destacan: Ecatepec, con 2032 aprendices; Iztapalapa, con 3641; Acapulco, con 3830; Ocosingo, Chiapas, 2625; Xalapa, Veracruz, 4184. El mayor número de aprendices se reportó en Centro, Tabasco, con 5049 aprendices.
Desde su diseño mismo, el programa enfrenta cuatro grandes desafíos:
1. La desigualdad y heterogeneidad estructural de los centros de trabajo del país y de los contextos locales y municipales en los que se localizan.
2. Los límites del aprendizaje por experiencia laboral. Si bien los centros de trabajo se reconocen como espacios importantísimos de aprendizaje no solamente laboral, sino cívico, ético, de responsabilidad y compromiso social, difieren radicalmente como situación de aprendizaje de conformidad con la heterogeneidad mencionada. Sorprende la ausencia de una coordinación formal entre la Unidad del Programa y la Dirección de Centros e Institutos de Capacitación para el Trabajo.
3. Las desigualdades socioeconómicas y las diferentes trayectorias escolares y laborales de los jóvenes sin escuela ni trabajo en un momento dado, como antecedentes de su potencial de beneficiarse de la experiencia.
4. Los límites de la formación y la capacitación per se en las posibilidades de ingreso al trabajo por la enorme complejidad de inadecuación/adecuación o de articulaciones muy complejas en las relaciones entre educación y trabajo.
Sobre el papel determinante de los centros de trabajo
El PJCF podría caracterizarse más que nada por la atomización, diversificación y diferenciación de las experiencias (capacitadoras y formativas) de trabajo en las que participan los jóvenes. Dado que cada centro de trabajo es susceptible de presentar condiciones muy desiguales, la segmentación de las oportunidades de capacitación y formación laboral —y seguramente de los resultados— constituye parte integrante del diseño del programa.
Se trata de una segmentación que se configura no sólo por la actividad económica a la que se orientan los centros o por la gestión pública, privada, o social, sino por la naturaleza de su organización, la formalidad o informalidad de las relaciones laborales que establecen, el tamaño y organización jerárquica de su fuerza de trabajo, la división técnico-jerárquica de los procesos productivos y el manejo de tecnología de muy diversa índole, desde virtuales y digitales hasta tradicionales, “hechizas” o ausentes.
El centro de trabajo se localiza en un territorio concreto: entidad, municipio, localidad y esa localización delimita el contexto inmediato de oportunidades educativas y laborales externas para las y los jóvenes, previas, paralelas e incluso posteriores a su experiencia como aprendiz, quienes deberán radicar en un radio no mayor a 2 kilómetros del centro de trabajo. Define el número de aprendices a vincular, las actividades laborales en las que los coloca, el número y tipo de actores laborales con los que entrará en contacto el aprendiz, la relación con qué procesos de trabajo y con qué tecnología. Define quién será el tutor, o los posibles cotutores, y quiénes elaboran el programa de capacitación. Delimita la experiencia con la que los jóvenes egresados, ya beneficiados por el programa, sostendrán las decisiones de su futuro inmediato o mediato.
En ese sentido, no hay ninguna evaluación del PJCF que haya partido de esa atomización. Ninguna ha atendido el comportamiento integral de la experiencia en la enorme diversidad de sus unidades de operación: cómo se gestiona y con qué motivaciones se registran los centros y los aprendices en el programa; qué tipos de centros reciben a qué tipo de jóvenes: por sexo, edad, trayectoria escolar y laboral previa y condiciones socioeconómicas; cuánto tiempo dura la experiencia de los aprendices en esos centro de trabajo; qué tipo de plan de capacitación ofrecen los centros y cómo lo reciben los aprendices; cuáles son las actividades cotidianas y rutinarias de los jóvenes durante su experiencia en ese centro, a qué destinan la beca que reciben en el contexto en el que viven, cómo valoran su experiencia, qué significados le atribuyen; qué otras vivencias se relacionan con su experiencia, qué expectativas tienen, que logros le atribuyen más allá de la consecución de un empleo.
El análisis inicial de algunas experiencias enfocadas desde la integralidad propuesta permite anticipar una enorme diversidad de resultados, seguramente tipificables. Empresas que se comprometieron con el PJCF para contribuir a solucionar el problema detectado, o centros de trabajo que lo aprovechan para el reclutamiento de trabajadores y el financiamiento de los períodos de capacitación, o microcentros que pueden incrementar significativamente su fuerza laboral sin ningún costo adicional. Centros que aportan recursos adicionales a la experiencia que ofrecen a los jóvenes y gestionan importantes coordinaciones entre sí, y con otros programas de formación para ello. Diferencias importantes en el tiempo que dura la experiencia de capacitación, que uno supondría sería de un año de duración, pero que la preposición “hasta” autoriza a mínimos de uno o dos meses. Diversidad de formas y estrategias de capacitación, que varían entre cursos intencionales en los centros internos de capacitación de algunas empresas a cargo de personal pedagógicamente capacitado para ello, el simple acompañamiento de los aprendices por sus pares más experimentados o por supervisores que detallan eventualmente la manera como debe realizarse la tarea, o el joven más escolarizado que sus patrones, capaz de reorganizar el micronegocio para hacerlo más productivo. Programas que se reducen a la capacitación técnica o mecánica de algunas tareas en la línea de producción y otros que procuran impulsar en los jóvenes el desarrollo de proyectos de vida responsables y autónomos, prepararlos para un mejor empleo o una mayor escolaridad y facilitan una gran cantidad de aprendizajes colaterales. Centros que se coordinan con institutos de capacitación de la SEP para la capacitación puntual y la certificación de las competencias adquiridas o centros completamente alejados de otras oportunidades de formación. Centros de trabajo que seleccionan a los más escolarizados o, por el contrario, otros que por compromiso social atienden a jóvenes de muy escasa escolaridad en las zonas de mayor pobreza y marginación. Micronegocios que sobreviven por el apoyo de los jóvenes becarios y cuyo significado para el desarrollo local debe investigarse. Jóvenes que necesitan la beca para apoyar a sus familias —en algunos casos en cuestiones básicas de alimentación y salud— o que la reservan para financiar los estudios de nivel superior que esperan poder realizar al término de su experiencia. Jóvenes que consiguen un empleo formal —los menos— porque el centro de trabajo lo tenía previsto al registrarse en el programa; o jóvenes que egresan con el interés de un emprendimiento propio, o de seguir estudiando. Beneficios económicos o laborales que no se observan al día siguiente de concluir su compromiso con el programa, sino que se constituyen en una experiencia que trascenderá a lo largo de la vida.
El programa amerita evaluaciones más allá de todos los rasgos negativos que ha denunciado la prensa, sin que se dude de su veracidad, pero sí de su generalidad, o de los resultados positivos que ha difundido la propia Secretaría del Trabajo, tampoco generalizables. Investigaciones puntuales de corte cualitativo podrán identificar la enorme diversidad de posibilidades que ofrecen los centros, la riqueza o pobreza de las experiencias que viven las y los jóvenes aprendices y a la vez las dificultades o errores que enfrentan ambos. Corresponde a proyectos de mayor envergadura aprovechar los indicadores descubiertos para una evaluación completa del programa.
María de Ibarrola
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav
1 Cifras sistematizadas por Víctor Gerardo Cruz Morales con base en los datos de la página web, 23 de septiembre de 2021.