Desde el ámbito sindical, los retos en materia de ciencia y tecnología en México tienen al menos dos componentes constantes: las violaciones a los derechos humanos laborales y la simulación legal e institucional. Sirvan como ejemplo los efectos adversos de la sustitución de la jurisprudencia P.J. 1/1996 a cuatro centros públicos de investigación adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); las presiones presupuestales derivadas de procesos burocráticos y la falta de presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la necesidad de una discusión integral sobre el Anteproyecto de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, específicamente el apartado relacionado con el presupuesto, así como los intentos de inclusión de las Fuerzas Armadas a órganos colegiados del Conacyt (tanto en la ley vigente como en anteproyectos previos de la ley general); las gestiones para basificar (regularizar) plazas administrativas y académicas —caso Cátedras Conacyt y el personal eventual o de honorarios—; y por último, la incorporación del teletrabajo como herramienta de crecimiento institucional donde las personas trabajadoras no absorban los costos.
Para empezar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sustituyó la jurisprudencia P.J. 1/1996 que permitió a las personas trabajadoras que realizan investigación sindicalizarse, emplazar a huelga y ejercer en amplitud los derechos laborales. La jurisprudencia fue reemplazada por la P.J. 10/2021 que abre la puerta de la simulación laboral (apartado B) que ha precarizado a este país al permitir la pauperización salarial y la ausencia de acuerdos bilaterales, entre otros. Hasta el momento son cuatro los sindicatos de centros de investigación adscritos al Conacyt que se han visto impedidos a emplazar a su institución. Lo anterior representa una violación a los derechos de libertad de asociación, estabilidad psicoemocional-laboral, y al trabajo.
Por otro lado, existe una creciente presión presupuestal que ha precarizado aún más las quincenas de las compañareas y los compañeros; por ejemplo, hasta la fecha no se les ha pagado los retroactivos de prestaciones del año 2021 a cinco centros de investigación: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo (CIAD), El Colegio de Michoacan (Colmich), Centro Investigación Científica de Yucatán (CICY) y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). Además, existe la necesidad de regularizar al personal eventual o de honorarios, es el caso del CIESAS, con más de 30 personas con antigüedad variada —iniciando en 1994— que hacen actividades permanentes y esenciales para el desarrollo académico y administrativo del Centro; otro caso importante se da en el CIAD, toda vez que el Sindicato Auténtico de Trabajadores del CIAD (SIATCIAD) exige el reconocimiento de antigüedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Adicionalmente, la SHCP tiene bloqueado el cambio de categoría del personal académico. En resumidas cuentas, aunque una técnica asociada “c” tenga la evaluación positiva de la comisión dictaminadora, no podrá promoverse a la categoría de técnica titular “a”. Por tal razón, dos compañeros del CIESAS, que cuentan con dictámen favorable para promoverse de categoría, no lo han logrado.
Hay que reconocer que desde hace tiempo se han realizado diferentes foros para analizar el llamado Anteproyecto de iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación (HCTI); destacan las dos ediciones del “Diálogo y reflexiones entre la ciencia y la política”(SUPTACIBNOR-SUTCIESAS) donde se abordó la necesidad de la autonomía de los CPI, el rumbo de la política de ciencia y tecnología en México y los pendientes en materia presupuestal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Me enfocaré en dos áreas de oportunidad del citado Anteproyecto: el compromiso presupuestal del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la pertinencia de integrar todas las Secretarías de Estado al Consejo General.
El anteproyecto fija como derecho humano el ejercicio y beneficio de la ciencia, como lo señala la fracción V del Artículo Tercero; además instruye que los recursos presupuestales deberán ser suficientes para garantizar la operación de los centros públicos de investigación, pero no especifica un porcentaje fijo. Por lo anterior, es necesario incluir el compromiso a destinar el 6 % del PIB para las necesidades de todo el sector, de lo contrario, las presiones presupuestales de los CPI aumentarán y seguirán violentándose los derechos adquiridos. A nivel internacional, la Unesco recomienda que se destine del 4 al 6 % del PIB a la educación; de este total, al menos el 1 % debería dirigirse a cubrir las necesidades laborales de nuestro sector. La Ley de Ciencia y Tecnología no ha cumplido ni con ese porcentaje, ni con la progresividad de los recursos presupuestales; hoy más que nunca es necesario resaltar la obligación del Estado para el desarrollo científico y tecnológico que contribuya a fortalecer la soberanía y la independencia nacional.
Adicionalmente, se requiere una mayor discusión sobre la integración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) como parte de los órganos de gobierno del sistema de ciencia. Hace casi un año (27/04/2021) se aprobó con 426 votos en la Cámara de Diputados la participación tanto de la Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Consejo General de Investigación Científica. Sin duda las áreas de investigación de Semar y Sedena deben servir para la construcción de un país seguro, confiable y pacifico; no obstante, considero que la apuesta debe ser por la desmilitarización, no por su integración en la toma de decisiones cruciales como la educación, las humanidades, la tecnología y la innovación. México necesita consolidar la paz mediante las contribuciones académicas y laborales de las trabajadoras y los trabajadores de ciencia y tecnología. En este sentido, en un estudio sobre los riesgos de la militarización de la seguridad como respuesta a la violencia derivada del narcotráfico, Nateras y Valencia plantean que “existe evidencia empírica de que el enfoque securitista no está disminuyendo la criminalidad, y el actuar permanente de los militares atenta contra la consolidación del sistema democrático, al incrementarse el poder de los militares a la par que se disminuye la capacidad de control de las instituciones civiles”.
Por otro lado, se requiere apostar por un programa integral para la regularización del personal administrativo y académico que realiza actividades permanentes dentro de los CPI. Existe una simulación laboral y ausencia de prestaciones para el personal al que se margina laboralmente por su tipo de contratación (honorarios, cátedras, eventuales). A manera de ejemplo, la situación del personal contratado como honorarios y servicios profesionales en el CIESAS representa la más grave simulación de derechos laborales de los CPI, pues cuenta con al menos 30 personas que laboran contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a sueldo y salarios (capítulo 1000, partida 12101 honorarios); además, el Centro tiene, por lo menos, 50 personas que están contratadas como prestadoras de servicios profesionales (capítulo 3000). Cabe mencionar la dificultad para conseguir esta información, así como identificar aquellas personas que realizan actividades permanentes y diferenciarlas del personal freelance.
Adicionalmente, Cátedras Conacyt —ahora Programa de Investigadoras e Investigadores por México— nació con el objetivo de repatriar compañeras y compañeros académicos y promover el cambio generacional, y actualmente está conformado por aproximadamente 1200 trabajadores de investigación y docencia. El Sindicato de Cátedras ha denunciado evaluaciones unilaterales y subcontratación académica. Dicho de otra manera, no cuentan con estabilidad laboral ni certeza de un empleo digno a largo plazo, toda vez que sus contratos están sujetos a la permanencia en el SNI, y la inserción laboral dentro de los CPI que los recibieron es lenta derivado de la incertidumbre y reducción salarial que implica la jubilación.
También ha sido claro que durante la pandemia, los trabajadores de los CPI han realizado las actividades de docencia, investigación y atención de servicios administrativos de forma continua, actualizándose y encontrando oportunidades dentro de esta situación. Al respecto, Audrey Azoula, directora general de la Unesco comentó: “La pandemia ha venido a subrayar para todo el mundo la importancia crucial de la educación como bien público mundial”. Por lo anterior, debe regularse el teletrabajo y brindar los recursos necesarios para el pago de “bonos por gastos relacionados con el teletrabajo” con el objetivo de incrementar la productividad y promover un sano ambiente laboral con perspectiva de género. Al respecto, el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo establece que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada y remunerada en donde se realizan actividades laborales en lugares distintos al establecimiento y que no requiere la presencia física pues se utilizan las tecnologías de la información. Es necesario entender que el teletrabajo llegó para quedarse, pero urge regular en los CPI para no precarizar a las y los trabajadores del sector. Cabe resaltar que sólo el SUTCIESAS logró un bono por gastos del teletrabajo.
Por último, para garantizar una educación de excelencia se debe apostar por respetar los derechos laborales de los trabajadores adscritos al Conacyt; por lo tanto, debe garantizarse un retiro digno, así como la basificación del personal con actividades permanentes y la implementación de programas de profesionalización del personal administrativo. Debemos contar con mayor presupuesto etiquetado para regularizar al personal académico y administrativo y eliminar el candado para la promoción de personal académico. Por estas razones es necesario: defender el presupuesto mediante consultas y foros en la Cámara de Diputados para que verifiquen la precariedad del sector de ciencia y tecnología; limitar el impacto de la jurisprudencia 10/21; resguardar y garantizar la progresividad de nuestros derechos con la participación del Conacyt, y fortalecer la unidad dentro de los sindicatos del sector educación, ciencia y tecnología. Como sindicatos debemos trabajar por eliminar el régimen laboral que ha vuelto a cientos de compañeras y compañeros —tanto académicos como administrativos— indocumentados laborales, y por erradicar la toma de decisiones unilaterales y el outsourcing académico. Por indocumentados laborales me refiero a las compañeras y los compañeros que realizan actividades laborales permanentes, comprobables y correlacionadas con los objetivos de generar y difundir el conocimiento pero no cuentan con definitividad o plaza que asegure la continuidad de sus contribuciones. Existe una deuda histórica con ellos y su regularización legal es necesaria: derechos laborales amplios y progresivos para todas y todos.
Si la SCJN no garantizó la progresividad de nuestros derechos, los sindicatos debemos apreciar e informar a las bases sobre los derechos humanos laborales alcanzados con años de lucha y combatividad.
Julio Antonio García Palermo
Secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS).
Julio: Los sindicatos obreros, como los sindicatos empresariales, son necesarios para las buenas relaciones obrero patronales par,a, de esta manera, lograr beneficios para ambas partes, solo que los líderes sindicales pudrieron a las organizaciones laborales, al convertirse estos vividores eternos del esfuerzo de los trabajadores, en señores de horca y cuchillo, al quedarse como dueños de por vida de los sindicatos, desapareciendo la democracia sindical interna, desde Lázaro Cárdenas, a la fecha, donde brilla con luz propia Francisco Hernánez Juárez, el de los telefonistas. Ignoro si tu perteneces a esta pléyade de próceres sindicales. Vale.