La reforma educativa implementada durante la administración de Enrique Peña Nieto mantiene efectos importantes en la comunidad magisterial. Entre los más notables están las condiciones deplorables y precarias que los docentes viven en el sistema educativo nacional. Aunque parecía que en la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador las condiciones de trabajo de los docentes iban a ser benéficas en cierto sentido —quizás para muchos docentes, para el SNTE y la CNTE, la eliminación de la evaluación para la permanencia fue un logro— en otro sentido, no lo son. Incluso se puede observar, de manera incipiente, que las acciones que se han puesto en marcha en el sector educativo han alimentado ciertas condiciones precarias e inestables en el trabajo docente. A continuación, se refieren algunas acciones que siguen dibujando un terreno de precarización docente, por lo menos en el Estado de México, aunque es difícil imaginar que esto no está ocurriendo en otros estados del país.

Ilustración: Mariana González
En primer lugar, prevalece la incertidumbre laboral. La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto, refiere en la fracción II del artículo 23 que las autoridades educativas pueden asignar las plazas que durante el ciclo escolar queden vacantes sólo cuando se haya agotado la asignación de la lista de prelación, otorgando un nombramiento que será por tiempo fijo y únicamente a docentes que cumplan con el perfil. Regularmente estas propuestas son realizadas por el director ante las autoridades correspondientes. Se trata de propuestas que se derivaban, básicamente, de licencias por periodo sabático, retiros por jubilación, cambios de adscripción, renuncias e incluso vacantes reales, es decir, plazas sin “dueño”. Aquellos maestros que lograron cubrir una vacante bajo esta condición son contratados en situaciones de precarización laboral como:
a) Nombramientos determinados o interinos, con pocas o nulas esperanzas de poder transitar a nombramientos indeterminados o definitivos, derivado de los lineamientos que establece la ley.
b) Nombramientos con fechas interrumpidas. Regularmente, un nombramiento con vigencia de agosto a diciembre y otro de enero a agosto. En esos periodos de corte, o término del nombramiento, los maestros vuelven a entregar todos los formatos y documentos que se requieren administrativamente para su recontratación y hay una interrupción a su salario, pues su situación de recontratación está en proceso y el otorgamiento del nombramiento es incierto.
c) No se puede disfrutar del pago del periodo vacacional diciembre-enero. Además de no ser sujetos para recibir las gratificaciones económicas que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) ha convenido con el gobierno estatal, pues su condición de interino lo excluye de estos beneficios.
d) La incertidumbre de la contratación para el siguiente ciclo escolar. Aun cuando por varios ciclos escolares en la administración anterior “la recontratación automática” fue una constante, no deja de ser incierta. Incluso en el presente ciclo escolar, ya con otro gobierno, los nombramientos de muchos docentes de la entidad no se concretaron, y otros tantos permanecieron en suspenso, pues la emisión del nombramiento se dio después del 7 de febrero con posesión desde el 8 de enero (gran incongruencia).
e) El tipo de contrato eventual que tienen los docentes no permite generar antigüedad. La continuidad y la permanencia estable o indeterminada en el servicio educativo se percibe un tanto lejana e inalcanzable.
Además, ahora se está padeciendo una asignación en espera, lo que produce inestabilidad en los recintos escolares. En el Estado de México, la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (CESPDEM) es la encargada de la asignación de plazas en la entidad, de acuerdo con la lista de prelación existente. Para el ciclo escolar 2019-2020, el proceso de asignación de plazas comenzó el 4 de agosto y continúa hasta la fecha (28 de febrero). Para este momento, en el nivel de educación secundaria, tenemos el siguiente panorama:
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Situación de la asignación de plaza docente |
Número de docentes |
Porcentaje de docentes |
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Docentes asignados a una plaza |
1 003 |
35 % |
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Docentes que faltan por asignar a una plaza |
1443 |
50.3 % |
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Rechazó la plaza |
277 |
9.7 % |
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No acreditó la documentación |
49 |
1.7 % |
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No asistió |
91 |
3.2 % |
Elaboración propia con base a los datos del CESPEDM
A partir de la tabla anterior (a pesar de lo limitados que pueden ser los datos) se observa una buena noticia: se han asignado a los docentes plazas por las que concursaron; es un acierto y un cumplimiento a la LGSPD que la presente administración está intentando concretar, pues todavía falta un 50.3 % de docentes por asignar. Sin embargo, también refleja la poca sistematización o cuidado que pueden tener con los mecanismos que se usan para la contratación y recontratación de los docentes interinos que se proponen desde los centros escolares; parece que esta situación restringe la autonomía y la toma de decisión del director como figura relevante en la organización de los centros escolares, cuestión que la política educativa ha enfatizado en los últimos años.
Por otro lado, vale la pena preguntarse qué significa la situación de rechazo que los docentes muestran con respecto a la asignación de la plaza, o incluso las inasistencias al proceso. Podría considerarse que las condiciones laborales que se le ofrece al magisterio no son satisfactorias pues, de acuerdo con los lineamientos, el docente puede cubrir vacantes únicamente de acuerdo con su perfil de formación inicial, lo que se asocia con la asignación de un número determinado y limitado de horas a impartir y un salario precario que difícilmente puede ayudar a solventar las necesidades primarias de los maestros. Eso sin considerar que en ocasiones las distancias entre el hogar y el trabajo son muy largas. Estas condiciones que muchos docentes perciben como no adecuadas reflejan que, si bien en el discurso se pretende tener a los mejores docentes, no se modifican las condiciones laborales. Lo anterior quizá se traduce en limitar el servicio educativo que se ofrece y reducir las probabilidades de mostrar un buen desempeño y de impacto importante en el aula.
Asimismo, la poca sistematización en los mecanismos que se utilizan para la asignación de plazas a los docentes puede estar relacionada con la confusa e incierta información que se tiene de la comunidad magisterial (OCDE, 2009). Aunque el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) tuvo la encomienda de sistematizar y ordenar la información en torno a las condiciones y características laborales de la comunidad magisterial, no lo ha logrado. Actualmente será más caótico: en la presente convocatoria de admisión y promoción docente hay diversas entidades que reportan cero vacantes en alguna convocatoria —el caso de Michoacán y Estado de México—, que no tienen información con respecto a sus vacantes —Guerrero y Oaxaca—, o que reportan un número reducido de las mismas.
Lo anterior tiene implicaciones notables en los recintos escolares. Estamos prácticamente a mitad de ciclo escolar y todavía no se han asignado todos los docentes de la lista de prelación. Tampoco se pueden realizar las contrataciones o recontrataciones de los docentes bajo contrato fijo, pues de acuerdo con lo que dice la ley, y lo que se percibe en su aplicación, primero se contratan a los de la lista de prelación y luego al otro grupo de docentes.
Lamentablemente, aunque existen las vacantes para poder ocuparlas por uno u otro grupo de docentes, la realidad transita entre la mesura de la asignación, la angustia de la recontratación y la simulación de la convocatoria de admisión y promoción al servicio educativo. Lo anterior tendrá implicaciones importantes en la estabilidad y la dinámica de los centros escolares. La única certidumbre para estos docentes es que vivirán la precariedad laboral del magisterio; de ello, no hay duda.
En suma, la precarización docente es una tendencia que se percibe en la actual administración y cuya reversión parece difícil. La política educativa está ocupada en abrir espacios en el servicio educativo para que ingresen docentes con determinadas características, pero no plantea acciones pertinentes para mejorar las condiciones laborales de los docentes. La política de ingreso a la docencia no sólo no es atractiva —además es dramática. A primera vista no enamora. Pero no sólo es eso: el ingreso a la docencia y la recontratación son, también, caóticos. Los mecanismos para asignar o contratar a los docentes son poco sistemáticos y claros, lo que genera inestabilidad en los centros escolares pues en muchas ocasiones no hay maestros asignados. Los más afectados, como siempre: los niños sin clases.
Juan Rubén Compañ García
Profesor de educación secundaria en el Estado de México.