Preguntas ante la extinción de los fideicomisos

Es muy posible que ya solamente podamos hablar de este tema en tiempo pasado. Hacia finales de 1999 y principios del año 2000 hubo una fuerte actividad legislativa para dotar a los Centros Públicos de Investigación (CPIs) de certidumbre en varios aspectos, pues en forma paralela hubo una fuerte presión gubernamental para que el conocimiento científico y tecnológico que éstos desarrollaban pudiera ser puesto al servicio de la sociedad. Los CPIs habrían de vincular su conocimiento a la atención y solución de problemas planteados por todos los sectores de la sociedad, con el propósito de fortalecer la economía, incidiendo en la mejora de los procesos productivos y —en consecuencia— robustecer las fuentes de empleo para impactar así en el bienestar social.

Ilustración: Oldemar González

Al trabajar para la sociedad y ofrecer servicios de alto valor tecnológico, los CPIs ingresaron al mercado que el nuevo milenio demandaba al tiempo que se ponía de moda el término "sociedad del conocimiento". Se buscaba reflejar el compromiso de darle un enfoque aplicado a la ciencia y a la tecnología en el mundo; no solamente en el país. Y México respondió con un esquema adaptado a su realidad y empleando los recursos de los que disponía.

Es una realidad que la inversión gubernamental en el rubro de desarrollo científico ha estado muy por debajo de los niveles requeridos para detonar una tecnología innovadora de gran calado y estar a la altura de los más altos estándares y niveles de competencia internacional; no solamente en unas cuantas líneas de especialidad, como sí hay ejemplos en México, sino en un espectro muy amplio a modo de permitir un crecimiento integral significativo de la economía. Pero ante las limitantes de invertir fracciones más significativas del PIB en ciencia y tecnología al recibir el nuevo milenio, la legislación gestada al inicio del siglo XXI permitía a todos los CPIs ofrecer sus "servicios tecnológicos"; no solamente a los que habían sido creados con ese propósito, sino también a los CPIs dedicados a avanzar las fronteras del conocimiento; tanto en las llamadas ciencias naturales y exactas como en las ciencias sociales y humanidades. En su despertar a los años dos mil los CPIs podrían vender servicios, generar recursos propios y aliviarle al gobierno una presión presupuestal al tiempo que su flamante legislación les abría una "caja" donde sus clientes podrían "pagar" por los servicios contratados.

Fue con el fin de darle transparencia al uso de estos recursos autogenerados que se crearon los fideicomisos de los CPIs. El dinero cobrado no iría al cajón de nadie y ni siquiera a las cajas fuertes que pudieran tener las instituciones. El dinero iría a su fideicomiso creado para este fin y sería empleado para atender los graves problemas financieros que los CPIs siempre enfrentaban al cierre de cada ejercicio fiscal e inicio del siguiente. El dinero aprobado en el presupuesto de cada año tardaba mucho tiempo en llegar a los CPIs que, con el fin de mantener los niveles de competencia internacional que el gobierno mismo les demandaba, por lo que era necesario para financiar las actividades científicas, tecnológicas y académicas durante los primeros dos y hasta casi tres meses de cada año. La mayoría de las investigaciones no se pueden detener ni por tres semanas; mucho menos por tres meses. Los fondos autogenerados por los CPIs y llevados a sus fideicomisos servían precisamente para no perder la continuidad que la naturaleza propia de sus labores sustantivas requería.

Todo esto era una consecuencia —y lo sigue siendo— de la absurda manera de tratar en términos fiscales a las instituciones de ciencia o de cultura en México. Hay que cerrar cuentas antes de que finalice cada año para devolverle a la federación los recursos que, por los tiempos de los propios los proyectos a los que fueron destinados, no pudieron ser erogados. Y antes del año 2000, también había que entregarle a la federación los recursos autogenerados por los CPIs que tampoco habían alcanzado a ser ejercidos. Este año, por ejemplo, se requería que el ejercicio fiscal se cerrara desde mediados de noviembre, aunque hay CPIs que están cerrando cuentas desde ahora. No hay manera de hacer planes multianuales, ni siquiera a dos años; ya no digamos a cinco o a diez. A pesar de ello los órganos de gobierno y los comités de evaluación demandan que las instituciones produzcan planes estratégicos de desarrollo con prospectivas de hasta veinte años cuando ni siquiera se puede tener certidumbre sobre lo que pasará el año siguiente.

Este es precisamente el caso en estos momentos. No hay claridad sobre cómo habrán de continuarse los compromisos académicos de los CPIs ni muchas investigaciones científico-tecnológicas al desaparecer los fideicomisos. ¿Los CPIs deben seguir vendiendo sus servicios para tener recursos propios y aliviarle al gobierno la presión de invertir en ellos debidamente? En caso afirmativo, ¿cómo habrán de manejarse los recursos autogenerados por la venta de servicios, si ya no podrán ir a los fideicomisos? El argumento gubernamental es que los recursos irán ahora de manera directa a los beneficiarios. Pero entonces, ¿cómo se operará el manejo del dinero que es producto de la vinculación? ¿A qué cajón o cuenta tendrán que ir a parar los recursos obtenidos por el cobro de dichos servicios?

¿No estamos regresando a los tiempos que habrá que volver a estar congelados financieramente dos o tres meses del año? ¿No estamos ahorcando las labores sustantivas de los CPIs a los que de paso se les exigen niveles de competencia internacional en condiciones por demás precarias? ¿Es que no aprendimos nada de las lecciones del pasado? ¿Tendremos que esperar buenamente las semanas que sean necesarias para recibir los financiamientos (aún de manera directa como beneficiarios) después de interrumpir compromisos académicos y tareas sustantivas entre noviembre y febrero con el cambio de cada año? ¿Cómo enterar a la Tesorería de la Federación sobre los recursos autogenerados comprometidos para el desarrollo de un proyecto de investigación o de vinculación, pero que no pudieron ejercerse en el año X porque los tiempos de esos proyectos son transanuales y rebasan uno o varios ejercicios fiscales?

La narrativa gubernamental conduce a que la opinión pública se haga preguntas como las siguientes: "¿en qué se están usando esos recursos?" "¿Por qué no destinar ese dinero a la solución de los problemas tan importantes que tiene el país en estos momentos?" "¿Por qué no acabar con los fideicomisos si son fuentes de corrupción?" Sin embargo, para la gran mayoría de los fideicomisos en cuestión, estas preguntas no tienen fundamento. Por un lado,  los fideicomisos son (y están) muy seriamente auditados; en la mayoría de los casos es relativamente sencillo verificar la transparencia del ejercicio de sus recursos. Por otro lado, estos instrumentos han servido para dar solución  a importantes problemas científicos, sociales y económicos que tiene el país. Justamente durante la pandemia, muchos centros, sin contar con apoyos del Conacyt u otras organizaciones, usaron los recursos de sus fideicomisos para no interrumpir los trabajos en la búsqueda de soluciones a diferentes problemas asociados con el covid.

Sin duda alguna deben investigarse aquellos fideicomisos en los que se sospeche que hay actos de corrupción; después de todo, a eso se comprometió este gobierno. Sin embargo, lo que no podemos aceptar es el desmantelamiento de medidas que se tomaron con base en muchos años de experiencia y que estaban orientadas a garantizar la continuidad de actividades importantes para todos los mexicanos. ¿Qué va a pasar ahora cuando sea prácticamente un suicidio interrumpir investigaciones que no deben detenerse, como las derivadas del covid que son urgentes de atender (por citar solamente un ejemplo de actualidad)? ¿Cómo podrán financiarse estos esfuerzos y contribuciones de los CPIs sin tener que esperar meses para que lleguen los recursos "directamente a los beneficiarios"? ¿Por qué no nada más se establecen mecanismos más rigurosos de fiscalización para los recursos manejados a través de los fideicomisos en lugar de desaparecerlos? ¿Por qué no nada más tomar acciones judiciales contra quienes resulten responsables de los abusos cometidos contra los fideicomisos que hayan sufrido actos de corrupción? Vayan estas líneas con dedicatoria para nuestras y nuestros senadoras y senadores, esperando que se den una oportunidad de ver las cosas desde ángulos que posiblemente no habían contemplado.

Adolfo Sánchez Valenzuela
Centro de Investigación en Matemáticas.