Ahora que pasaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que sabemos quién es el ganador, conviene revisar las propuestas de Trump en materia de educación superior. Son, en buena medida, un ejemplo de lo que se espera para la agenda educativa en su conjunto. Hace una semana publiqué un artículo sobre cómo el futuro gobierno de Trump podría destruir la educación superior de Estados Unidos como la conocemos. Sostengo mis observaciones, pero también reconozco la necesidad de ser más específico. Así que leí todo lo que pude sobre los planes de Donald Trump para la educación superior. Identifico tres metas principales.
- Elevar el costo de los préstamos estudiantiles y hacerlos más lucrativos para quienes los otorgan.
- Reducir los criterios de calidad y rendición de cuentas, o de plano eliminarlos
- Campus menos tolerantes
Mi evaluación está basada, de manera principal pero no exclusiva, en las políticas para el Departamento de Educación del Proyecto 2025, elaborado por la Heritage Foundation, uno de los más influyentes think tanks de derecha. El documento se presentó como el proyecto político de la campaña y ha sido difundido como la arquitectura de la política pública del presidente electo.
Los asesores de Trump seguramente no compartirán mis consideraciones sobre su contenido. Mi caracterización está basada en las posibles consecuencias de las políticas que proponen; las describo a continuación.
Elevar el costo de los préstamos estudiantiles y hacerlos más lucrativos para quienes los otorgan
Los puntos específicos sobre estos temas son:
- Privatización federal de los préstamos estudiantiles
- Eliminación de todos los planes para perdonar los préstamos estudiantiles
- Exposición de los préstamos a tasas comerciales
- Renovación de los planes de pago a partir del ingreso
El punto central es que los préstamos para asistir a la universidad serán más caros. Un análisis del Centro para el Progreso Americano (CAP por sus siglas en inglés) encontró que, si el plan republicano se implementa, una persona promedio que pida un préstamo para estudiar una licenciatura pagará unos 4000 dólares adicionales.
Muchos votantes están molestos porque sienten que Joe Biden no hizo lo suficiente para cancelar los préstamos estudiantiles, cuando en realidad su plan de condonación de deudas fue detenido por la Suprema Corte y el gobierno propuso vías legales alternativas. Mientras tanto, Biden usó otras medidas para cancelar deudas equivalentes a miles de millones de dólares de deuda. El Proyecto 2025 busca evitar a toda costa que sea posible ofrecer este tipo de condonaciones.
La página 322 del Proyecto 2025 dice:
Se debe proteger la cartera de préstamos federales estudiantiles de prácticas depredadoras. La nueva administración debe terminar la práctica de ver la cartera de préstamos estudiantiles como un recurso para buscar apoyo y votos. El nuevo gobierno debe evitar los abusos de los programas de condonación de deudas. Los deudores deben pagar sus préstamos.
En otras palabras, los republicanos ven los programas de condonación de deuda como una propuesta electorera; consideran que la intervención pública es ilegítima y que es mejor que lo haga el sector privado. Existe un compromiso ideológico: “El gobierno federal no tiene los incentivos adecuados para tomar decisiones de liderazgo sobre este tema” (p. 340). El gobierno federal todavía garantizará los préstamos —básicamente quitándoles todo el riesgo a los prestadores privados—, pero la propuesta implica que los prestadores estarán a cargo de las decisiones importantes.
El Proyecto 2025 señala:
Los contribuyentes deben esperar que sus inversiones en educación superior generen productividad económica. Cuando el gobierno federal presta dinero a individuos para la educación superior, los contribuyentes esperan que esos préstamos se paguen (p. 322).
Esta certeza va de la mano con lo que parece ser un programa radical de privatización. Así, la medida no sólo incluirá tasas más altas para generar más dinero, también implicará mayor discrecionalidad para determinar a quién se le otorga un préstamo y para qué programas de estudio.
El análisis del CAP es sombrío porque señala con claridad el costo de planes concretos establecidos en el Proyecto 2025. Pero los costos más elevados en los préstamos y la cancelación de salidas para condonar deudas pueden ir acompañados de cambios aún más radicales que le den influencia extraordinaria al sector privado sobre quiénes van a ir a la universidad, el lugar y el tipo de estudios que pueden cursar.
Reducir los criterios de calidad y rendición de cuentas, o de plano eliminarlos
El plan republicano para la educación superior incluye el desmantelamiento de la acreditación: la principal garantía de la calidad de la educación superior estadunidense. La acreditación es una forma de evaluación por pares que certifica si una institución cumple con los estándares de calidad educativa, y es un requisito para que las instituciones de educación superior participen en programas federales de apoyo financiero. Recientemente, políticos republicanos como Ron DeSantis han ligado la acreditación con la agenda woke. El Proyecto 2025 va en el mismo sentido:
Más que continuar apuntalando a la educación superior institucionalizada capturada por los diversitócratas woke y al monopolio de facto reforzado por el cartel de la acreditación federal, la política federal de la educación superior debe preparar a los estudiantes para trabajos en la economía dinámica, promover la diversidad institucional y exponer a las escuelas a las enormes fuerzas del mercado” (p. 320).
Las reformas propuestas buscan limitar el poder de los evaluadores por impulsar prácticas inclusivas, pero no sólo se trata de eso. Los republicanos quieren quitarles “los dientes” a las agencias evaluadoras que prevenían que las instituciones de educación superior con fines de lucro y los proveedores cristianos accedieran a financiamiento federal.
Las páginas 350 a 352 del Proyecto 2025 incluyen un plan para los evaluadores —“que imponen estándares irrelevantes y motivados políticamente para acceder a programas de financiamiento federal (título IV)”—. La propuesta incluye:
- Prohibir que los evaluadores incluyan “diversidad” e “inclusión” como una parte de los criterios de evaluación de la calidad educativa.
- Permitir a los estados seleccionar sus propios evaluadores y prohibir que establezcan criterios sobre el currículo, la gobernanza y la libertad académica que sean contrarias a las políticas estatales. Con ello, se permite a los estados incidir en el currículo y en la libertad académica.
- Evitar que los evaluadores no incluyan creencias religiosas en los programas educativos (por ejemplo, se permitiría la enseñanza del creacionismo en lugar de la teoría de la evolución).
- Renovar el sistema para facilitar la formación de nuevos evaluadores y permitir que los estados realicen su propia acreditación.
Además, el Proyecto 2025 propone limitar la capacidad del gobierno federal para recabar información sobre los resultados académicos de los estudiantes y otros datos educativos. También busca eliminar la “Regla sobre remuneraciones del empleo”. Esta normativa es aplicada por el gobierno federal para comprobar que los egresados de las instituciones de educación superior con fines de lucro obtienen salarios más altos que los egresados de la educación media superior y pueden pagar sus deudas anuales. Si bien considero que se trata de una medida imperfecta, protege en cierta medida a los estudiantes de las instituciones de educación superior depredadoras. Estas dos propuestas podrían aniquilar el sistema de acreditación y redefinir a la educación superior; los criterios sobre calidad, gobernanza y libertad académica están en riesgo de irse a la basura.
Las reformas sobre acreditación tendrían dos resultados. En primer lugar, los proveedores de dudosa calidad y con fines de lucro —junto con las instituciones de educación superior de ideología cristiana fundamentalista— podrán acceder a financiamiento federal. La protección para los estudiantes será eliminada mientras que los préstamos podrían convertirse en una carga peor. Esto parece una receta para explotar a los estudiantes. En segundo lugar, el plan da más control a quienes busquen restringir la libertad académica; los republicanos podrían hacer cambios legislativos para controlar los currículos, qué puede enseñarse y qué se puede aprender. En los hechos representaría el fin del modelo nacional de libertad académica.
Campus menos tolerantes
Como puede imaginar quien lee estas líneas, muchas de las reformas propuestas en el Proyecto 2025 entremezclan chanchullo y mercantilismo, control ideológico de la educación superior y aniquilación de las protecciones a los derechos civiles. Mientras los republicanos buscan cambiar los préstamos estudiantiles y debilitar los estándares de rendición de cuentas, las comunidades más marginadas serán las más afectadas.
El plan no contempla reforzar los derechos civiles. El Departamento de Educación podría ser eliminado, pero si no fuera el caso, podría desaparecer la Oficina de Educación y Derechos Civiles. Si esto ocurriese, sería difícil monitorear y defender estos derechos. Obligar al cumplimiento quedaría en manos del Departamento de Justicia, lo que implicaría litigar (p. 330).
Aquí un recuento parcial de lo que incluye el Proyecto:
- Revocar el Título IX de la Ley Federal de Derechos Civiles aprobada en 1972 —que protege a quienes sobrevivieron acoso sexual y relaciones de violencia— y reemplazarlo con una nueva guía que inclina la balanza hacia las personas acusadas (pp. 332-333).
- Prohibir la recolección de datos sobre géneros no binarios; clasificar el sexo para cualquier reporte federal y sobre derechos civiles de manera exclusivamente biológica (p. 331).
- Eliminar el “Programa de preparación para la universidad” diseñado para apoyar a los estudiantes de primera generación, de ingresos bajos y marginados racialmente (p. 361).
- Poner un límite al costo indirecto de las becas federales para hacer investigación porque “este dinero es un subsidio a agendas de izquierda y a la investigación de organizaciones con miles de millones de dólares como Google o la Fundación Ford” (p. 355).
Otra propuesta problemática es la renegociación de la “Ley para la privacidad de los derechos de la familia” (FERPA, por sus siglas en inglés). Se busca modificar la edad de 18 años para que los padres puedan acceder a la información de los estudiantes. En la página 335 dice: “La Secretaría debe dejar claro que la FERPA permite a los padres de familia completo acceso a los registros educativos de sus hijos, por lo que la obstrucción del acceso será una violación a la ley federal”. Esta declaración está en una sección sobre el Título IX y sobre la identidad de género, así que también aplica en educación superior. Sabemos que los estudiantes LGTPQ+ no siempre están a salvo dentro de su ambiente familiar y este tipo de medidas los expondría a que dejen de recibir apoyo para sus estudios. Este cambio podría permitir que los padres de familia accedan a la información sobre la identidad sexual y de género, aun cuando estos estudiantes ya son adultos y es su decisión mantener este tipo de información de forma privada.
El Proyecto 2025 también propone eliminar “la negociación de las leyes y normativas”. La existencia de este tipo de negociaciones permite poner sobre la mesa los intereses de las personas y las instituciones sobre la distribución de los programas de préstamos. Eliminar los espacios que dan voz a las universidades y sus estudiantes permitirá que los republicanos alineen estos programas a sus intereses ideológicos. Este es otro ejemplo de la forma en que Trump buscaría reconfigurar la cultura de los campus universitarios y convertirlos en algo más cercano a la ideología republicana.
Comentario final
Recientemente, mientras charlaba con un reportero sobre mis preocupaciones respecto al futuro de la educación superior en Estados Unidos, me di cuenta de que estaba siendo algo catastrófico. Sin embargo, la información que tengo me lleva a pensar de esta forma. Aun si estoy siendo demasiado pesimista, hay buenas razones para preocuparse. Una de ellas es que la educación superior es una institución social con pocos defensores. Los demócratas, y especialmente los analistas de política de centro izquierda que los informan, han estado pidiendo mayor rendición de cuentas a las instituciones de educación superior; muchos de ellos sienten que las universidades se han aprovechado de los estudiantes.
Sin un apoyo enérgico, la educación superior será vulnerable.
Brendan Cantwell
Profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Estatal de Michigan
Ya Noam Chomski comentó que, en EEUU, a mediados del siglo XX era más fácil acceder a la educación superior que en la actualidad, sobre todo por el costo de la misma. Este hecho no ha afectado el predominio científico de EEUU porque recibe miles de estudiantes de posgrado de todo el mundo, quienes en su mayoría deciden quedarse al terminar sus estudios.