En una primaria pública de Jalisco, niñas y niños hacen fila mientras un adulto les toma la temperatura y pasan sobre un tapete con cloro. El problema es que el virus que circula no se detiene con ninguna de esas medidas. El debate sobre el brote de sarampión en México se ha estancado en la pregunta equivocada. Mientras funcionarios y legisladores discuten a qué sexenio corresponde la culpa mediante gráficas de seroprevalencia y acusaciones cruzadas, en las escuelas del país se están aplicando medidas de contención que no tienen relación alguna con la forma en que el sarampión se transmite —como la toma de temperatura como filtro de ingreso, así como el uso de tapetes con cloro y el uso de cubrebocas en guarderías— donde aún no saben ni sonarse la nariz. Y, como último recurso, se han cerrado escuelas, como ha ocurrido en Jalisco.
Estas medidas son un teatro sanitario heredado de la pandemia de covid-19, aplicadas a un virus que se comporta de manera radicalmente distinta. El costo de esta confusión lo paga la niñez dos veces o hasta tres veces: primero con la enfermedad, segundo con la pérdida de su educación y tercero, con la exposición a otros riesgos como violencia y accidentes, ya que tampoco los sistemas de cuidados actuales permiten sostener estas medidas.
Las causas del rebrote ya han sido ampliamente discutidas. Pero en este momento, el problema ya no es sólo explicar por qué volvió el sarampión, sino advertir que una parte de la respuesta pública y escolar sigue atrapada en una lógica diseñada para otra emergencia. No se trata de calibrar mejor las mismas medidas, sino de reconocer que se están aplicando las medidas equivocadas. Ahí está hoy el verdadero riesgo que enfrenta el Estado mexicano: responder con inercias institucionales a un virus que exige medidas distintas.
El sarampión es uno de los patógenos más contagiosos conocidos por la ciencia. Una sola persona puede infectar entre 12 y 18 personas adicionales si no están vacunadas. La diferencia con el SARS-CoV-2 no es sólo de magnitud, sino de naturaleza, una persona infectada podía contagiar entre 2 y 3 personas, aunque las sub-variantes más recientes de Ómicron puede llegar a 10; en cambio el sarampión se transmite por vía aérea y el virus permanece viable en aerosol hasta dos horas después de que la persona infectada abandonó un espacio cerrado y como se explicó en este mismo espacio, tiene consecuencias médicas de cuidado. No se transmite por contacto con superficies. No se previene con filtros de temperatura, porque el periodo de contagiosidad comienza aproximadamente cuatro días antes de la aparición de síntomas, como el exantema.
La implicación para las escuelas con la situación actual del sarampión es directa. Las medidas desinformadas que se están implementando no tienen sustento científico para un patógeno aerotransportado. Son protocolos diseñados para virus que se transmiten por fómites o por gotas, no por aerosoles persistentes. Aplicarlas al sarampión evidencia una confusión epidemiológica que puede convertirse en un error técnico, normalizado como medida de salud pública. Y el cierre de escuelas, no interrumpe la transmisión cuando ésta ya es comunitaria, simplemente traslada la exposición del aula al hogar, al transporte y al espacio laboral de madres, padres y personas cuidadoras, mientras elimina el principal punto de intervención posible: la vacunación organizada en el entorno escolar.
El debate público suele plantearse como una falsa dicotomía: cerrar escuelas o no hacer nada. La evidencia internacional muestra que la respuesta correcta es un protocolo graduado. Argentina, Canadá y varios estados en los Estados Unidos han publicado guías específicas para el manejo del sarampión en entornos escolares. En todos los casos, la estrategia se centra en tres ejes: aislamiento de los casos confirmados durante el periodo de transmisibilidad, exclusión temporal de los contactos sin evidencia de inmunidad hasta que se verifique su estatus de vacunación, y vacunación de rescate inmediata en la escuela afectada. Ninguno de estos protocolos contempla el cierre de grupos ni el de planteles. El cierre se reserva como medida extrema, focalizada y temporal, sólo cuando la cobertura de vacunación verificada en un plantel es críticamente baja y se confirma la transmisión activa. Incluso en casos de alta incidencia (como en algunos estados de la Unión Americana), la estrategia predominante ha sido el aislamiento de grupos específicos antes que la clausura de escuelas completas.
México ya tiene evidencia de lo que sucede cuando se cierran las escuelas. En México, la pandemia de covid-19 generó una caída en el desempeño en PISA 2022 (matemáticas y ciencia) respecto a los resultados de 2018 (lectura se mantuvo similar). La pandemia provocó pérdidas de aprendizaje equivalentes a dos años de escolaridad según diversas estimaciones, amplió las brechas entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos y dejó a millones de niñas y niños sin acceso a programas de alimentación escolar. Pero la diferencia fundamental entre 2020 y 2026 es que en marzo de 2020 no existía vacuna contra el SARS-CoV-2 y el cierre de escuelas era, con toda su brutalidad, una de las pocas herramientas disponibles. Hoy, contra el sarampión, existe una vacuna con más del 97% de eficacia tras dos dosis, ampliamente disponible y de bajo costo. Cerrar una escuela en vez de vacunar en ella es un fracaso en la capacidad operativa —e inventiva— institucional, cuyo costo recae desproporcionadamente en las familias más vulnerables, al no poder pagar cuidado alternativo, las que llevan a sus hijas e hijos al trabajo, las que dependen de la escuela como red de protección social. Además, como ya hemos advertido en este espacio, carecer de las herramientas tecnológicas indispensables para aprender a distancia vulnera el derecho a la educación de los grupos socioeconómicos desfavorecidos.
Lo que México necesita no es un debate sobre culpables ni un repertorio de medidas importadas de otra pandemia. Necesita un protocolo escolar específico, disponible y difundido para el sarampión, basado en la biología del virus y en la evidencia sobre la protección del derecho a la educación. Un “Protocolo Nacional Escolar para Prevenir y Atender Brotes de Sarampión” debería ser obligatorio para las autoridades sanitarias y educativas del país a través de un Acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General, de modo que deje de depender de improvisaciones locales y respuestas descoordinadas.
Este protocolo debería incluir, como mínimo, las cinco medidas propuestas de Sofía Bernal y Andreu Comas, publicadas aquí. Además de estas medidas, debe considerarse la eliminación inmediata de las medidas sin sustento científico que generan una falsa sensación de seguridad y desvían recursos de las intervenciones que sí funcionan. Este protocolo deberá definir con claridad quién activa las medidas, en qué plazos se verifica la inmunidad y cómo se coordina la respuesta entre autoridades sanitarias y educativas, así como las medidas en las que se justifica una intervención más restrictiva y la eliminación explícita de intervenciones sin sustento científico, ya que mantenerlas ofrece una sensación de falsa seguridad y desvía recursos de las acciones que sí son eficaces.
El rebrote de sarampión es una crisis de salud pública. Pero la respuesta inadecuada, construida sobre la inercia del covid, la improvisación y la ausencia de protocolos diferenciados, también lo está convirtiendo en una crisis educativa innecesaria.
El problema ya no es la falta de herramientas; la vacuna existe y la evidencia es clara. México no puede darse el lujo de repetir los errores de la pandemia pasada (con desconocimientos sobre el virus y sin vacuna en sus inicios), cuando esta vez ya cuenta con los medios para evitarlos.
Pero el problema de fondo es otro: la incapacidad para distinguir entre distintas emergencias y actuar en consecuencia. No estamos repitiendo el error de cerrar escuelas, estamos repitiendo el error de no entender al virus y la falta de comunicación entre sectores. Si bien es altamente probable que en el sector salud comprendan el mecanismo de transmisión del virus, la persistencia de medidas ineficaces revela una falla más profunda: una débil promoción y educación en salud tanto para la población como para quienes implementan las medidas en campo.
No se trata de negar la gravedad del sarampión, sino de responderle con medidas acordes a su biología y con una política pública que no castigue de nuevo, por omisión o improvisación, a la niñez y juventud del país.
David Contreras-Loya
Co-director del Centro de Investigación e Impacto, Evidencia y Acción para la Equidad y Salud (EVIS) y profesor-investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey
Marco Antonio Fernández
Director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y profesor-investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y coordinador del programa de educación y anticorrupción en México Evalúa
Luz Adriana Gutiérrez Velázquez
Investigadora en el Centro de Investigación e Impacto, Evidencia y Acción para la Equidad y Salud (EVIS) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey
Javier Patiño García
Investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad e investigador asociado en México Evalúa