Todas y todos transferimos conocimiento. Día a día enviamos cientos mensajes de WhatsApp y redactamos decenas de correos electrónicos. De hecho, un estudio calculó que en 2020 —cuando la pandemia nos condujo al confinamiento— se generaron cerca de 42 millones de mensajes de WhatsApp por minuto y alrededor de 350 000 historias vía Instagram. Ese año, poco más de 200 000 personas tomaron parte en reuniones en línea cada sesenta segundos.
Así, la sociedad global del presente tiene un reto central: distinguir entre aquello que es mera información y lo que realmente es conocimiento útil. Y es que iniciativas más complejas como el ejercicio de contratar servicios de consultoría, realizar análisis de laboratorio, o tomar parte en la adquisición de paquetes tecnológicos, requieren de la transferencia de conocimiento. Frecuentemente, dichos paquetes contienen una mezcla de elementos que comprenden tecnologías protegidas vía patente, diseños industriales, marcas y manuales de operación. A su vez, dichos elementos se presentan agrupados a manera de patentes o tecnologías de libre uso.
Si —como se dice frecuentemente— el conocimiento es poder, entonces hay que reconocer que la forma en la que ha sido gestionado marca el rumbo de la historia. Así, el conocimiento no sólo ha generado grandes avances sociales; también ha sido fuente de asimetrías de poder notables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2022, los países del Grupo de los Siete (G-7) concentraron poco más de un millón de solicitudes de patentes, con Estados Unidos a la cabeza al registrar 597 141 solicitudes ese año. En contraste, la suma de solicitudes realizadas en siete países destacados del “Sur Global” no supera a la del G-7, con un total de 132 429 solicitudes. Los países considerados son Brasil (27 000 solicitudes), México (18 360), Sudáfrica (8305), India (61 573), Indonesia (10 725), Filipinas (4169), y Colombia (2290). Por otro lado, sólo en 2022, China presentó poco más de 1 619 000 solicitudes. Al mismo tiempo, el número de patentes otorgadas en dicho país se incrementó en un 17 % ese año, llegando así a un total de 4.2 millones. Dicho de otro modo: China supera a todos los países del G-7.
En cualquier caso, el hecho es que nos encontramos en una época en la que, a decir de Byung-Chul Han, “la hiperinformación y la hipercomunicación no inyectan ninguna luz en la oscuridad”. Este hecho debe obligarnos a pensar en el mejor modo de usar el conocimiento para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más humana.
Transferencia de conocimiento en el marco de la Cuarta Revolución Industrial
Actualmente, el conocimiento también se concibe como una suerte de producto o mercancía que puede ser transferida para satisfacer necesidades específicas. Desde hace tiempo, apunta Erna Oliver, las sociedades más avanzadas del planeta han ingresado en los terrenos de la Cuarta Revolución Industrial. Bajo este escenario, el énfasis de sociedades, gobiernos y corporaciones se centra “en la industria inteligente, el big data e internet, al tiempo que se aspira a la automatización completa mediante sistemas ciber-físicos”. La difusión de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial —o de nuevas plataformas como el Metaverso— se inscribe en el marco de estas tendencias.
Nos enfrentamos a un panorama en el que la demanda de conocimiento se encuentra en crecimiento exponencial. En este marco, las universidades deben consolidarse como agentes para el desarrollo social; es decir, como referentes dispuestos a colaborar con otros actores públicos y privados al navegar estos cambios en busca del bien común.
Por eso, cuando se habla de transferencia de conocimiento desde el ámbito universitario, es importante considerarla como una de sus actividades intrínsecas. Es decir, como una actividad que genera valor público no sólo gracias al conocimiento compartido en las aulas, sino también al generado a través de diversas líneas y proyectos de investigación.
Después de todo, muchos de los problemas de las sociedades modernas deben ser abordados mediante enfoques inter y transdisciplinarios. Así sucede, por ejemplo, con la pérdida de la biodiversidad, la emergencia climática y la crisis energética; pero también con el acceso a la salud, la inseguridad alimentaria o las condiciones de desigualdad que alimentan la persistencia de la pobreza. De ahí que la exigencia para toda universidad con una vocación pública sea asumir un papel central en la generación, transferencia y aplicación del conocimiento.
El papel de la propiedad intelectual al momento de transferir conocimiento
Ahora bien, una característica del conocimiento generado en las universidades es que potencialmente considera todos los ámbitos del quehacer humano. Desde las iniciativas artísticas y culturales, pasando por el desarrollo de modelos de negocios sostenibles, o el diseño de prótesis robóticas; lo cierto es que el conocimiento puede tomar muchas formas. Por ende, los mecanismos que permiten su transferencia varían dependiendo de la aplicación y los usuarios finales.
De este modo, la propiedad intelectual es un componente para considerar en materia de transferencia de conocimiento, especialmente desde un punto de vista jurídico. México cuenta con dos grandes instrumentos en la materia: la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece las bases para la protección de los derechos morales y patrimoniales de autores y titulares de derechos de obras artísticas, científicas y tecnológicas; y la Ley de la Propiedad Industrial, concebida para proteger innovaciones y creaciones industriales, garantizando así la propiedad de las invenciones.
A estos instrumentos se suma la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación que, a partir de mayo de 2023, sustituyó al instrumento jurídico precedente. La nueva ley contempla, entre otras disposiciones, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal recurran al Sistema Nacional de Centros Públicos para el desarrollo de iniciativas en materia de generación y transferencia de tecnología. Como sucede al inicio de cada administración federal, en su momento el gobierno actual dio a conocer un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2024.
De este modo, aunque México no posee un instrumento específico en materia de transferencia de tecnología, ciertamente cuenta con un ecosistema institucional complejo en el que figuran instancias como el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Bajo este marco, la noción de propiedad intelectual ofrece facultades para:
- Excluir selectivamente a ciertas personas físicas y morales de usar un activo intelectual otorgando, al mismo tiempo, ventajas competitivas a ciertos grupos, y
- Reconocer el valor social o ambiental de tecnologías que desde un primer momento fueron concebidas para dar respuesta a fenómenos especialmente complejos.
Ello, con el objetivo de reducir brechas económicas, sociales y tecnológicas. De hecho, en muchas ocasiones el mejor modo de tener un impacto público efectivo con una tecnología es el de perseguir una ruta comercial para otorgarle protección. Al hacerlo se salvaguarda el valor social de dicha tecnología y se incentiva a las empresas a invertir en ella.
Así, la propiedad intelectual es fundamental para lograr propósitos sociales amplios, especialmente porque las diferentes figuras existentes dentro de la legislación permiten empaquetar el conocimiento en ámbitos tan diversos como el desarrollo de patentes, marcas registradas o diseños industriales. Con frecuencia, esos paquetes combinan diferentes figuras de protección que pueden ser incluidas en contratos y transferidas como sucede con otros activos.
A la luz de estas consideraciones, varias preguntas resultan pertinentes. Por ejemplo, ¿qué métodos de valuación y selección de proyectos debemos usar para maximizar el impacto social y ambiental de nuestra institución?, ¿qué incentivos deben abrazar las universidades para avanzar por ese camino? También, ¿qué cambios deben darse en el diseño de políticas públicas para incrementar el interés por este tipo de conocimiento? Y, finalmente, ¿qué papel deben jugar las universidades para reducir las asimetrías de poder que confiere el conocimiento?
Para que la transferencia de conocimiento sea exitosa, es importante considerar el papel que juega la cultura institucional de cada organización. Académicos e investigadores deben tener en mente que el objetivo de su trabajo no sólo consiste en generar conocimiento aplicado: muchas veces este proceso debe realizarse sincrónicamente, de la mano con los tiempos de la industria, el gobierno y el sector social.
Hay que añadir que los procesos administrativos dentro de las universidades también son fundamentales, especialmente porque se requieren ciclos ágiles para administrar y distribuir recursos de manera oportuna.
Hacia una cultura favorable a la transferencia de conocimiento: el reto para México
Hablando estrictamente de tecnología, existen sociedades como la estadunidense, la coreana o la británica en las que los ecosistemas comerciales son alimentados por la transferencia de conocimiento universitario. En ellas la cultura institucional mencionada existe desde hace tiempo: universidades como Oxford (Reino Unido), el MIT (EE.UU.), o el KAIST (Corea del Sur) tienen mucho tiempo de haber establecido áreas y procesos especializados para llevar el conocimiento a la práctica comercial.
No obstante, el panorama en México es diferente. Históricamente nuestro país no ha sido reconocido por el desarrollo de tecnología de vanguardia. Sin embargo, en las últimas décadas la tendencia ha comenzado a cambiar. De la mano de varias instituciones públicas y privadas, el país ha realizado esfuerzos para crear una base tecnológica propia.
Pensemos, por ejemplo, en la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología, una asociación civil que busca coordinar iniciativas en este ámbito; o en experiencias pasadas como el Fondo de Innovación Tecnológica, una iniciativa pública que fomentaba las capacidades tecnológicas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta era complementada con un Programa de Estímulos a la Innovación que respaldaba a empresas nacionales dispuestas a invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios con base tecnológica, especialmente cuando colaboran con instituciones de educación superior. A este tipo de iniciativas deberían sumarse diversos fondos de capital de riesgo y venture capital enfocados en el desarrollo de startups mexicanas.
Al mismo tiempo, la pluralidad de la sociedad mexicana crea un reto adicional: la necesidad de construir puentes de entendimiento para permitir el intercambio de conocimiento y el diálogo intercultural.
Lejos de constituir una desventaja, esa pluralidad también amplía el panorama de oportunidades en materia de transferencia de conocimiento. Si la sociedad mexicana aprende a generar sinergias sociales estratégicas, entonces muchos saberes y conocimientos tradicionales podrán enriquecer la discusión nacional con relación a este tema.
En ese sentido, sólo aquellas universidades capaces de generar conocimiento y obra creativa podrán vincularse con otros actores sociales para encabezar este proceso. Por eso en la Universidad Iberoamericana insistimos en la necesidad de fortalecer integralmente el trinomio formación-generación-vinculación. Al hacerlo, aspiramos a construir puentes entre saberes comunitarios y conocimiento científico de vanguardia. También queremos que el conocimiento generado se transfiera a proyectos redituables en términos sociales, económicos y ambientales.
De ahí que, por ejemplo, la Ibero haya establecido una Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento para alcanzar este propósito. Con esta iniciativa la Ibero busca ser un referente para que otros actores públicos abracen el objetivo de trabajar a favor de una sociedad más inclusiva, justa, equitativa y sustentable.
Como conclusión, es importante insistir que en esta era del conocimiento las universidades deben asumir un papel protagónico para asegurar que la generación, transferencia y aplicación de conocimiento se ponga al servicio de las mejores causas de la sociedad. También, para que contribuyan al cuidado de nuestra casa común y a la búsqueda de un bien mayor bajo una perspectiva de largo plazo en materia de equidad, justicia y sustentabilidad.
Alberto Irezabal
Director del Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Juan Pablo Alonso
Titular de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Buen artículo para comenzar a poner en el mapa este tipo de temas y catalizar la inversión en I+D, formación de ambientes que propicien la formación de puentes entre academia e industria, así como la generación de una cultura de innovación y formación de start-ups. El reto es ENORME.