Una advertencia que será ley

Cuando sentíamos que habíamos perdido todo, siempre había una voz optimista entre la multitud que decía: “Si podemos evitar que se pase la nueva ley de ciencia, entonces lograremos mucho”. Desde el inicio del sexenio, la comunidad científica ha visto con preocupación los cambios que, poco a poco, han ido amenazando sus espacios, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Instituto de Ecología (Inecol), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) o el Instituto Mora, entre otros. Se trata de centros públicos de investigación que, a lo largo de los años, han creado un espacio para que científicos de todos los ámbitos se reúnan a trabajar con la gran encomienda de pensar en un México mejor para todos y todas.

Quizás con cautela a ser paranoicos o por el miedo a ser señalados con el dedo presidencial “enemigo del pueblo” —título que hoy ha puesto a tantos periodistas y activistas en riesgo—, la comunidad científica ha sido reservada al señalar acciones que han mermado a la ciencia. Como estudiante del CIDE sentí personalmente el temor de ser señalada como enemiga pública. Ni siquiera por los riesgos que conlleva ser nombrada como tal, sino porque sabíamos que ser caracterizados así deslegitimaría nuestra lucha.

En algún momento fue doloroso hacer un esfuerzo por explicarle a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, la importancia de los centros públicos de investigación y luchar para que ella, como responsable de la institución encargada de dirigir la política científica del país, hiciera todo lo posible para defender al Conacyt, a los que lo integramos y su presupuesto, más allá de su afiliación y lealtad política. Eventualmente las palabras se quedaron cortas y la amenaza entró a nuestras puertas en la forma de José Antonio Romero Tellaeche, un “director” impuesto en el CIDE que en los últimos meses ha desmantelado lo que tomó 48 años construir.

Sin embargo, este artículo va mucho más allá de lo que pudimos o no hacer por el CIDE, pretende exponer la misma amenaza que hoy enfrenta mi querida institución, pero que pronto podría ser ley, en caso de que se apruebe sin cambios la propuesta del Ejecutivo de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Lo que mucho tiempo comunicamos como “advertencias”, ahora tenemos que expresarlo con absoluta claridad. De su lectura se desprende que esta ley esconde bajo la palabra “humanismo” un proyecto político. Alberga el abierto desagrado que el presidente ha demostrado en reiteradas ocasiones por la ciencia y la comunidad científica. Hoy, un presidente encaprichado amenaza sin consecuencia alguna lo que cientos han construido y que ha ayudado a miles.

Álvarez-Buylla dice que es “una propuesta de avanzada” que rompe con el paradigma de los últimos tres sexenios, a los cuales acusa de usar recursos públicos para proyectos privados que “simularon” investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, ¿qué se podría simular con un presupuesto tan pobre?, ¿qué pretenderán hacer si quieren eliminar el compromiso gubernamental de invertir en la ciencia el 1 % del PIB anual? Incluso a pesar de que México es el país que menos presupuesto destina en investigación y desarrollo de la OCDE.

Parece incomprensible que la directora de una institución renuncie a su presupuesto porque cree que lo que se hace dentro de ésta es simulación, o que hay mejores cosas en las que invertirlo. Además, esta propuesta atenta contra la libertad académica al imponer una agenda de investigación y violenta la libertad de cátedra. Somete todas las decisiones a un Consejo General y al nuevo “Conahcit”, los cuales dependerán de los deseos del Ejecutivo federal. Por si eso fuera poco, dejan a los centros y a los científicos sin órganos y comisiones que hoy funcionan para revisar y servir de contrapeso a las decisiones del Consejo.

Hasta hace cuatro años, cuando escuchaba la discusión de la importancia de la ciencia para la sociedad y las razones para invertir en ella, honestamente lo creía. Pero no había tenido la oportunidad de ver su importancia en acción. En mi caso, crucé pasillos con más de 500 jóvenes que decidieron, en sus años adolescentes, dedicarse por completo a un programa brutalmente exigente con tal de poder ser un destacado científico social. Hoy muchas de las personas con las que me crucé han publicado artículos, participado en foros, formulado amparos, propuesto políticas públicas, y realizado investigaciones —entre muchas cosas más— que abonan a generar conocimiento.

En ocasiones, subestimé lo importante que es generar conocimiento, pero ahora me queda claro que sólo lo que se conoce se puede mejorar. Pero esa únicamente fue mi acotada experiencia. Fue lo que pude ver en cuatro años, en uno de los 26 centros públicos de investigación. Me faltan muchos y muchas otras que, sin importar la universidad o institución de educación superior de la que egresaron, o su condición socioeconómica, eran apoyados con becas.

Durante esos cuatro años, inmersos en una inimaginable pandemia, quedó aún más claro lo importante que es invertir en ciencia y tener una sólida institución encargada de la investigación científica. Comprender la importancia de la ciencia es un aprendizaje que nos costó, hasta el día de hoy, no tener una vacuna propia. Se esperaba que la vacuna Patria estuviera lista para 2021, pero hoy seguimos sin tenerla. El nombre de la vacuna viene en honor a lo que se emitió en la conferencia matutina del presidente el 13 de abril de 2021: “Lo que nos liberará de depender de las vacunas contra la covid-19 producidas en el extranjero y contribuirá con el fortalecimiento de la soberanía científica e independencia tecnológica de México”. Sospecho que el presidente olvidó que él mismo es quien ha recortado los presupuestos a la investigación científica; desapareció cientos de fideicomisos —pero más importante, sus fondos— usados para proyectos de investigación; estigmatizó a los investigadores; difundió el discurso oscurantista que menosprecia la investigación científica y demostró ignorancia al tildarla de “neoliberal”. AMLO no se detuvo a mirar lo debilitada que estaba la ciencia en el país antes de prometer la vacuna y nuevamente le exigió a la comunidad científica lograr, sin nada de apoyo, algo sin precedentes. Espero que, ahora que el presidente escuche algo acerca de la vacuna Patria, recuerde que no seremos independientes si estamos subordinados a los avances científicos y tecnológicos de otros.

Hace unos días fui invitada a un foro para analizar, como recién egresada, la ley de ciencia propuesta por el presidente y otras propuestas existentes. Mi reflexión es que los estudiantes necesitan certeza para decidir estudiar, certeza para poder trabajar, y por tanto deben ser considerados en el proceso de redacción, debate y deliberación de estas leyes. Para empezar, estudiar o dedicarse a la ciencia debe dejar de ser un volado a la suerte. ¿Quién se animaría a estudiar si se les puede quitar el apoyo económico a la mitad de sus estudios? ¿Para qué estudiar una carrera que amerita persecución? Cuando se define una ley de ciencia, también se define quiénes acceden a ella.

Respecto a la representación estudiantil, la historia de la movilización cideíta, y mi historia en este camino, muestran la falta de consideración a los estudiantes para formar la agenda de tantas cosas. A pesar de que nos afectan, no nos contemplan. No sólo hemos demostrado claramente que queremos ocupar ese espacio, sino que a punta de luchas, paros, gritos, amparos, solicitudes de información, manifestaciones y mucho más nos lo hemos ganado. La mejor demostración que tengo de esto es que en las más de 300 páginas que suman las propuestas de ley, únicamente se menciona la palabra “beca” en catorce ocasiones y sólamente seis veces las palabras “estudiantes” o “alumnos”. Entiendo la importancia de proteger a las investigadoras y los investigadores, pero si no se nos ofrecen certezas y espacios a nosotros, mañana no habrá investigadores que proteger.

Alberto Aziz Nassif, investigador del CIESAS, publicó recientemente una columna en El Universal reflexionando acerca de la misma propuesta de ley. Nassif concluye diciendo que “Las consecuencias de esta nueva ley dependerán de la aplicación que hagan las autoridades”. Espero que la experiencia del CIDE con el director espurio, la directora Álvarez-Buylla, las senadoras y los senadores, las diputadas y los diputados, e incluso el mismo presidente, sea suficiente para desconfiar de la aplicación de las autoridades y optar porque las mexicanas y los mexicanos pongamos especial atención a esta ley.

Este artículo es un intento de explicar lo que yo tardé cuatro años en entender. Que podamos ganar el tiempo que los del CIDE perdimos evaluando la situación. Tiempo que a nuestra institución le costó muy caro. Pero si al CIDE le salió caro, a México le será inasequible.

Ximena Millán Cruz
Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE