¿Está usted de acuerdo con reducir significativamente la calidad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de las escuelas públicas de México, y con disminuir programas educativos que atienden a los grupos más vulnerables (escuelas indígenas, comunitarias, migrantes, adultos en rezago) para posibilitar que todos los estudiantes de bachilleratos públicos del país reciban 800 pesos al mes? Esta es una pregunta que debemos plantearnos ciudadanas, ciudadanos, legisladoras y legisladores ante el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021), que recientemente presentó el Ejecutivo al Congreso.
Los recortes más fuertes a acciones estratégicas del sector no se deben a la contingencia sanitaria: el dinero está ahí, pero se ha decidido privilegiar a las transferencias en efectivo en detrimento de acciones que impulsan la calidad y la equidad educativas. Un solo programa de transferencias en efectivo —las becas universales en educación media superior— absorbe recursos que deberían llegar a la población con mayores retos educativos. Con los recursos existentes, podrían financiarse tanto becas para grupos vulnerables como programas para la calidad y la equidad (incluso con un incremento a las becas respecto a lo que existía en administraciones pasadas), pero el PPEF 2021 opta por sacrificar esto último y apuesta todo a las becas universales, que han mostrado ser ineficaces para impulsar la permanencia escolar, que es su objetivo formal.
Ilustración: Víctor Solís
El PPEF 2021 minimiza o elimina la gran mayoría de las oportunidades para incrementar la equidad y la calidad que ofrece nuestro sistema educativo; sólo una redistribución de recursos evitaría un daño de largo alcance a la educación pública mexicana. Esta es una llamada respetuosa pero enfática al H. Congreso de la Unión. En los últimos años he analizado o participado cercanamente en diversas experiencias de gestión estatal que han logrado incrementar la equidad y la calidad educativas. He aprendido elementos indispensables con docentes, directivos e investigadores para lograr la mejora, todo lo cual se cita con frecuencia: capacitación de calidad para los docentes; acompañamiento al papel de directores y supervisores; mayores apoyos a las escuelas con más dificultades; selección y promoción docente con criterio académico; difusión de información oportuna para la toma de decisiones; articulación de esfuerzos entre todas las instancias involucradas; identificación y acompañamiento de estudiantes en riesgo de abandono, entre otras acciones. Aun cuando mi visión está normalmente permeada por el optimismo en un sistema que siempre muestra nobleza en los momentos más difíciles, en esta ocasión preocupa que la educación sacrifica mucho y gana poco: de aprobarse el PPEF 2021 en sus términos actuales, simplemente ya no contaremos con herramientas que han utilizado escuelas y estados en años recientes para mejorar. Docentes, directores escolares, familias, supervisores y funcionarios estatales deberán navegar virtualmente solos en medio de la tormenta.
La calidad podría bajar sensiblemente en el corto plazo y el principio constitucional de la excelencia educativa estaría más lejos de alcanzarse. La contingencia sanitaria tendrá efectos negativos en la educación de todo el mundo, pues abrirá aún más las brechas entre quienes tienen acceso a medios digitales y apoyo académico en casa y quienes carecen de ello. A lo anterior sumemos que los docentes, directores y supervisores escolares carecerán de posibilidades de capacitación que hoy son más necesarias que nunca; se enfrentan a una situación inédita sin herramientas de apoyo indispensables: los recursos para ello disminuirán 86 % en términos nominales (sin considerar inflación) con respecto a 2018, último año de la administración anterior, pues pasarán de 1 733.3 millones a apenas 240.5 millones. Si dividimos esta cantidad entre 1 615 000 docentes de la educación pública (sin considerar directores, supervisores y otras figuras), habrá una asignación para capacitación menor a 150 pesos por docente para todo el año. Los docentes se enfrentan a un reto enorme e inédito sin recursos para prepararse. Otras fuentes para procurar la mejora son los programas federales, que regularmente incluían recursos complementarios para apoyar la capacitación y la gestión escolar. El principal de ellos —Escuelas de Tiempo Completo— desaparecerá en 2021 luego de contar con 11 243 millones en 2018, al igual que el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, que tenía 430.6 millones en aquel año. El Programa Nacional de Inglés también se verá reducido en 21 % con respecto a 2018.
De igual manera, se prevé un crecimiento serio en las brechas educativas. Los siempre insuficientes recursos para apoyar a poblaciones altamente vulnerables aparecen más recortados que nunca en la propuesta de PEF 2021 y no parece haber consideraciones ante la dimensión del problema. La educación comunitaria que ofrece Conafe a los estudiantes de las comunidades más pobres y alejadas del país, con el apoyo de jóvenes estudiantes de bachillerato, tiene prevista una asignación de 3 830.3 millones de pesos, 1 028 millones menos que en 2018 sin considerar la inflación. ¡Le quitamos el 21 % de su presupuesto a los que ya recibían menos! También se eliminaron los 303.4 millones del Programa para la Inclusión y la Equidad, que incluía apoyos a la educación indígena y a la que reciben los hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Finalmente están quienes en su momento no recibieron nada o casi nada: la población adulta analfabeta y la que no concluyó la educación básica. El programa que los atiende, a cargo del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), recibirá un recorte de casi 908 millones de pesos, 38 % menos que en 2018 sin considerar la inflación, en un país en el que más de 30 millones de personas —prácticamente todas ellas ubicadas en niveles altos de marginación— se encuentran en rezago educativo.
La calidad a futuro también se verá afectada, pues depende en buena medida de las personas que logremos seleccionar y formar para ser docentes. La reducción a las normales públicas del país no puede ser más severa: las transferencias federales a todas ellas, de casi 577 millones en 2018, simplemente desaparecieron en la propuesta para 2021. No contarán con recursos para su fortalecimiento académico y deberán operar exclusivamente con la nómina del FONE y con lo que los estados, con finanzas muy afectadas, puedan aportar. A ello se agrega la ambigüedad de los criterios para la selección y promoción docente, así como la falta de recursos, por segundo año, para la promoción horizontal.
¿A dónde van a ir los recursos recortados en estos programas? En la visión del PPEF 2021 sobresale la Beca Universal para Estudiantes de Media Superior, que tendrá una asignación de 33 171.6 millones de pesos. Ello representa un incremento de 18 383 millones con respecto a lo presupuestado en 2018 para becas en este nivel educativo, lo cual permite ampliar el beneficio a personas con niveles socioeconómicos relativamente altos: el propio PPEF 2021 reconoce que, de los 33 171.1 millones del programa, solamente 6 634.3 millones irán a grupos vulnerables (SHCP, PPEF 2021, pp. 73). El incremento de 18 383 millones supera lo necesario para cubrir todos los programas afectados que hemos señalado, y permitiría además elevar el monto que existía en 2018.
Ante tanto sacrificio, ¿qué obtenemos a cambio? Más inequidad y menos eficiencia. Inequidad porque recortamos recursos a escuelas y programas de educación básica que llegan a los más pobres, para darlo a todos los jóvenes de media superior independientemente de que pertenezcan o no a grupos vulnerables. Ineficiencia porque las becas universales no han disminuido el abandono escolar en México. El programa Prepa Sí ofrece esos apoyos desde 2007 a todos los estudiantes de planteles públicos de la Ciudad de México. En el ciclo escolar 2006-07 la capital tenía un porcentaje de abandono de 15.2 %, lo que la ubicaba en la posición 12 entre las entidades del país. Diez años después de la aplicación ininterrumpida de Prepa Sí, el abandono escolar se elevó a 20.6 %, lo que desplazó a la Ciudad de México hasta el lugar 32 del país: la entidad federativa más próspera tuvo los peores resultados nacionales en este indicador a pesar de contar con becas universales.
De concretarse la propuesta de PEF 2021, el periodo 2018-2021 podría ser históricamente regresivo en términos de calidad y equidad, además de repercutir en el largo plazo, justo en el centenario de la creación de la SEP. La preferencia por las transferencias en efectivo, con el correspondiente sacrificio de los programas para la calidad y la equidad, puede lastimar severamente a instituciones que México ha construido en décadas. Las transferencias en efectivo del PPEF 2021 incluyen becas para educación básica, media superior y superior, así como recursos para los comités escolares de infraestructura del programa “La escuela es nuestra”, todo ello por un monto que supera los 87 565 millones de pesos. Disminuir la capacidad de acción del Estado mexicano y preferir que los individuos dispongan de una renta aun cuando no pertenezcan a grupos vulnerables, disminuirá la posibilidad de generar condiciones de bienestar para los sectores menos favorecidos. “Te doy dinero en efectivo”, parece proponer el gobierno a las familias mexicanas, “pero a cambio debo sacrificar la calidad del servicio educativo que ofrezco, principalmente a los más pobres”.
Por último, en el sector educativo mexicano contamos con cientos de miles de profesionales que históricamente han sido una fortaleza, pero hoy necesitan ayuda más que nunca: docentes y directores escolares que en el pasado han sabido compensar las insuficiencias e incompetencias de las autoridades y que han puesto el esfuerzo extra cuando es necesario; supervisores, jefes de sector, asesores técnico-pedagógicos y funcionarios estatales que hacen posible la operación diaria del sistema con su conocimiento de la compleja cotidianidad de la escuela mexicana; mandos medios e iniciales de la SEP que han dado soporte a la acción educativa de las últimas décadas. Además de las familias que han enfrentado la situación con muy pocos elementos de apoyo. Todos ellos afrontarán el mayor de los retos: hacer posible la enseñanza en circunstancias extraordinarias provocadas por la contingencia. El problema radica en que esta vez no podrán aspirar a mejorar el sistema educativo, sino que, de no hacerse modificaciones al PPEF 2021, deberán luchar por evitar un retroceso histórico.
Bernardo Naranjo
Proyecto Educativo SC.