El 11 de abril del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca la nueva Ley Estatal de Educación (LEE), en un contexto nacional y local caracterizado por un debate álgido en el que participan actores con agendas político-educativas contrapuestas, que ha desembocado en un conflicto entre posturas encontradas, difícilmente conciliables.

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Como se reportó en diversos medios de comunicación, después de un apresurado debate realizado antes de la medianoche del pasado sábado 9 de abril, los diputados del PRI, PAN, PVEM, MC y Unidad Popular aprobaron “en lo oscurito” una ley que pretende armonizar la legislación estatal con la reforma educativa impulsada por el Gobierno Federal. Lo anterior, a dos meses de que el escenario local fuera subiendo de temperatura por una serie de procesos generalmente conflictivos, entre los cuales destacan: el paro nacional convocado por la CNTE (15 de mayo); el paro magisterial indefinido de la Sección 22 (iniciado el 16 de mayo) y las amenazas de descuentos y despidos hechas por el Secretario de Educación; las elecciones de gobernador, Congreso local y autoridades municipales (5 de junio); y el décimo aniversario de la represión que dio origen a la APPO (14 de junio).

Desde entonces Oaxaca cuenta con una nueva Ley de Educación reelaborada desde arriba, sin la necesaria participación de los docentes pues descartó la interlocución con la Sección 22 del SNTE y de la CNTE, actores relevantes en este escenario. El movimiento magisterial oaxaqueño fue sorprendido por el albazo de los diputados estatales, mismo que, con la aprobación de esta Ley, llegó a interrumpir un proceso de concertación social que se venía realizando previamente en el estado. Hace dos años el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, había entregado al Congreso local una iniciativa de Ley Estatal de Educación que, en un hecho sin precedentes, fue redactada en conjunto por la Sección 22 y el Gobierno del Estado. Esta propuesta conjunta se elaboró luego de varios años de que el magisterio desarrollara una propuesta diferente a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE): así es como nace el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), el cual empezó a ser puesto en práctica por el IEEPO desde el ciclo 2013-2014.

El PTEO es un proyecto oaxaqueño que, además de atender problemas relacionados con infraestructura escolar, formación docente y evaluación educativa, modificaba al sistema educativo en su estructura incluyendo el trabajo en colectivos en escuelas, regiones y oficinas centrales. A nivel curricular se centraba en la educación comunitaria y la investigación como método pedagógico y actividad docente, la incorporación del conocimiento local al aula en diálogo de saberes, el análisis crítico de la realidad y la formación responsable hacia la comunidad y la participación en la vida comunitaria.

La alianza Gobierno-Sección 22 lograda desde el año 2010 continuó con la redacción de la iniciativa de ley, en la cual se formalizaba en la estructura del sistema educativo oaxaqueño con la incorporación de las figuras en que se basaba el PTEO y se fundamentaba la orientación del currículum escolar hacia su contextualización basada en la educación comunitaria. Se realizaron 24 foros estatales para discutir la propuesta con docentes, autoridades, padres de familia e estudiantes. El 14 de agosto de 2014 el gobernador entregó al Congreso dicha iniciativa, que había recibido poco antes de manos de la comisión tripartita redactora (Sección 22-Ejecutivo-Legislativo), con algunas modificaciones no consensuadas pero que no alteraban drásticamente su espíritu. 

La iniciativa fue congelada por los diputados. Un año después, el gobierno federal (priista) impuso al estatal (de dudosa oposición) la creación del nuevo IEEPO en julio de 2015, con lo que se rompió la alianza construida. La medida federal impuesta desconocía acuerdos previos con la Sección 22 estableciendo una distancia definitiva entre docentes y administrativos. El PTEO desapareció del lenguaje y las intenciones burocráticas pero siguió y sigue siendo una bandera y orientación escolar para los maestros de la Sección 22.

De hecho, la Ley aprobada no es la iniciativa elaborada conjuntamente y presentada por el gobernador. Se trata de un texto distinto en el que se pueden destacar tres características: 1) incluye algunos artículos drásticos para “armonizar” (subordinar) la normatividad estatal a la federal; 2) se basa en la ley de 1995 pero le quita elementos importantes, como las referencias a la comunalidad; 3) incorpora muchos de los artículos propuestos en la iniciativa conjunta. En sí mismo este último aspecto la hace interesante. Por ejemplo, el Artículo 17 dice textualmente: “La educación comunitaria es un estadio de la educación bilingüe intercultural que reconoce los valores culturales de la Comunidad y la existencia de conocimientos propios como base para ofrecer educación pertinente a los pueblos originarios de la Entidad”. Y en su Artículo 16 señala que “el Poder Ejecutivo reconoce que el modelo pedagógico de educación comunitaria es significativo y pertinente para la atención educativa de los pueblos originarios”. Así que la ley aprobada abre la posibilidad de que la educación comunitaria e intercultural no quede encapsulada en la educación indígena y pueda ser el nuevo modelo educativo para todo el estado de Oaxaca.

De esta forma, la aprobación sin la indispensable participación magisterial y sindical ha generado un escenario de conflicto a pocos días de las elecciones de gobernador; si quien resulte electo este 5 de junio decide generar un espacio de diálogo con el magisterio –y la Sección 22 prioriza dicho diálogo– entonces la experiencia de acuerdos logrados durante años de trabajo en la construcción de un plan alterno a un acuerdo nacional, mostrará contundentemente que en la inteligencia y la razón pueden confluir los actores para avanzar hacia rumbos positivos. En estos momentos de golpeo institucional y resistencia sindical en pleno cierre del ciclo escolar, la elección del nuevo gobernador puede generar un clima propicio para la transformación de un escenario explosivo e incierto hacia uno de reconstrucción.

Benjamín Maldonado es investigador de la Unidad de Formación Continua del IEEPO y Stefano Sartorello es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) – Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.