Derivada de una negociación  entre  las cúpulas de los tres partidos mayoritarios del país, la Reforma Educativa nació divorciada de quienes serían en los hechos los garantes de su éxito: los maestros.  Quienes la concertaron y aprobaron pasaron por alto que para que cualquier ley de gran impacto social como ésta pueda concretarse, debe responder no sólo a las ideas de quienes la decretan sino también debe soportarse en las necesidades y aspiraciones profesionales de los actores encargados de hacerla realidad. La Reforma Educativa, por el contrario, bajo la retórica de arrebatar “privilegios y prácticas oscuras”  a los liderazgos del magisterio, violó derechos laborales y profesionales básicos de los trabajadores de la educación y violentó la envestidura docente utilizando el desprestigio y el escarnio público para restarle el respaldo social que históricamente han tenido los maestros y maestras de México.

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)  como organización defensora de trabajadores, desde un inicio abanderó la defensa de sus miembros y también de aquellos que no perteneciendo a ésta han tenido que ver cómo sus derechos laborales y profesionales se han ido desmoronando rápidamente: fin del nombramiento definitivo conseguido conforme a derecho; evaluación profesional cuyo propósito es el despido y no la capacitación profesional para la mejora; despojo de los niveles salariales adquiridos lícitamente a través del Programa de Carrera Magisterial que derivará en la reducción del monto de las pensiones hasta en un 60 por ciento; desprestigio y devaluación de la educación normalista formadora de casi el 100 por ciento de los actuales maestros en servicio; abandono financiero y material de las escuelas bajo la mascarada de los Consejos Escolares de Participación Social como gestores autónomos y responsables del funcionamiento de los centros escolares, entre otros efectos.

El Secretario de Educación se ufana de los avances de algunas acciones de la Reforma Educativa, sin embargo, debiera reconocer que estos “avances” están cimentados en el terror y el acoso laboral. Una multitud de brigadas organizadas por la Coordinación del Servicio Profesional Docente y las autoridades educativas locales invadieron las escuelas para entregar en mano a cada uno de los docentes la notificación de evaluación, autoridades menores (supervisores y directores) fueron instruidos para acosar a los docentes con el propósito de que cumplieran en tiempo y forma con los procesos de evaluación, se invirtieron enormes recursos para acosar vía correo electrónico y  cajeros automáticos bancarios para recordarles a los maestros que habían sido seleccionados para el proceso evaluatorio y llamadas telefónicas a celulares y domiciliarias que con concluían con la frase: “le recordamos que de no cumplir con el proceso de evaluación que le ha sido notificado, la Secretaría de Educación Pública dará por terminada la relación laboral que tiene con usted”.

Ante el silencio fantasmal del SNTE, la CNTE organizó foros de consulta y convocó a especialistas en educación e intelectuales reconocidos para dar sentido a una reforma educativa centrada en las prácticas pedagógicas y las necesidades de la diversidad de contextos educativos de nuestro país. Decenas de especialistas e intelectuales bien intencionados se sumaron con entusiasmo, sin embargo, las secretarias de Gobernación y de Educación Pública incumplieron su compromiso de revisar las conclusiones e integrarlas a las leyes que estaban por aprobarse. La respuesta fue la exclusión y pasaron de inmediato al rompimiento del diálogo con los representantes de la CNTE llevando el conflicto al terreno del autoritarismo, sometimiento, la injuria y el escarnio mediático.

Para debilitar las resistencias el gobierno movió sus piezas difiriendo el avance en la aplicación de la Reforma Educativa en las entidades donde la CNTE tiene fuertes contingentes en espera de aislar unos de otros. Las respuestas regionales han lograron aglutinar a cantidades considerables de maestros y maestras y en casos como el estado de  Chiapas a prácticamente la totalidad del magisterio. Pero sobre todo, la CNTE fue capaz de mantenerse como la aglutinadora de la mayoría de los movimientos de resistencia magisterial en contra de la Reforma Educativa exigiendo a los gobiernos locales y a Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, la instalación de una mesa de diálogo para poner a discusión las diferencias y construir acuerdos que permitan salvar el conflicto. La respuesta de la autoridad ha sido la negación absoluta de diálogo y la encarcelación de varios dirigentes magisteriales por delitos inauditos.

Como lo rezan los manuales más elementales para la  resolución de conflictos: cuando no hay diálogo el conflicto escala. Ante el incremento de las acciones de la CNTE el gobierno optó por el camino de la sordera política, el desprecio, la descalificación, la minimización y, finalmente por la violencia policial. Los sucesos ocurridos en el Istmo de Tehuantepec, pero sobre todo,  en Nochixtlán, Oaxaca,  son un claro ejemplo de la decisión inamovible  de aplicar la Reforma Educativa a fuego y sangre. Si como se ha dicho, una reforma educativa debiera ser un ejemplo de diálogo, inclusión, tolerancia, respeto y acuerdos, el caso de la reforma educativa mexicana es un contundente anti ejemplo.

Los enfrentamientos del día domingo 19 de junio en Oaxaca cobraron ocho muertes, más de 100 heridos, decenas de detenidos y un ambiente social de zozobra. La resistencia de los maestros no ha amainado, por el contrario, se ha extendido y ha recibido muestras de solidaridad de amplios sectores de la sociedad que hasta ahora habían permanecido indiferentes, obligando a la Segob a aceptar la intermediación y  entablar un diálogo con la comisión negociadora de la CNTE. Como en los tiempos del porfiriato, cuando el diablo pedía muertos para dejar construir los puentes del ferrocarril y cumplida la demanda permitía la continuación de la obra, el gobierno –muy a nuestro pesar– ya tiene sus muertos, ojalá que, como el buen diablo, cumpla con su palabra avanzando en un diálogo honesto y sincero que permita construir los puentes necesarios para la solución de un conflicto que pudo resolverse cívicamente si nuestros gobernantes no adolecieran de los  atributos  elementales de los funcionarios de un Estado moderno y democrático.

José María González Núñez es maestro de la sección IX y miembro de la CNTE.