Para 2017, el gobierno federal propone un presupuesto educativo de 711,517.9 millones de pesos (mdp), lo que corresponde a un 14.7% del proyecto de presupuesto total. Si se compara con el presupuesto educativo aprobado en 2016, esta propuesta representa una reducción de $ 12,132.0 mdp (un 4.8% menos en términos reales).1 Para hacernos una idea de la precariedad, el monto recortado equivale, prácticamente, al presupuesto asignado en este año para otorgar becas, a través del Programa Nacional de Becas.

presupuesto

La reducción del presupuesto educativo es parte de la estrategia repetitiva del gobierno, que consiste en preservar el gasto regresivo e improductivo (compromisos fiscales y costos de administración pública) por encima de los rubros que promueven el desarrollo social y económico (educación, salud, inversión pública). Como resultado de esta estrategia, la propuesta que hoy tenemos –como se explicará a continuación– es un presupuesto educativo que abandona la reforma educativa, que refuerza la inequidad en el acceso a la educación media superior y superior y que tuvo un criterio de austeridad incongruente con los objetivos de inclusión y calidad del sistema educativo nacional.

En primer lugar, resulta preocupante que se abandone a la reforma educativa de esta manera en la medida que un 30.2% del recorte proviene de los programas insignia de dicha reforma.2 Sin embargo, la austeridad en la reforma educativa fue selectiva, dado que se reducen los recursos en función de los programas que apoyan la inclusión educativa y la capacitación docente, sin modificar o reducir sustancialmente los programas que promueven la evaluación docente y los gastos operativos de la nómina educativa.  Mientras que, el Programa de la Reforma Educativa, el Sistema de Información y Gestión Educativa, el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente sufren reducciones reales de un 72.8%, un 61.3%, un 39.7% y un 39.5%, respectivamente. El programa para la coordinación nacional de la evaluación de la educación –a cargo del INEE–  goza de un incremento de 159.1 puntos porcentuales y el de gastos operativos de la nómina docente se mantiene constante. Además, no se debe pasar por alto que este incremento para la coordinación de la evaluación no se traduce en mayores recursos para el diseño, aplicación y difusión de los resultados del PLANEA. Por el contrario, el programa que está a cargo del PLANEA tiene una reducción en su presupuesto de un 32.1%, en términos reales.

Con esta propuesta de presupuesto educativo, se pone en evidencia que una reforma educativa sin reestructuración del gasto corre el riesgo de terminar en decreto. Una cosa es haber decretado de la noche a la mañana la mejora del sistema educativo nacional y otra es haber planeado la oferta de recursos monetarios, físicos y humanos para implementarla y hacerla sustentable. Hoy, la proyección de gasto educativo debilita a la reforma educativa, pues es fácil anunciar los qué de las políticas educativas, pero sin recursos es muy difícil explicar los cómo implementarlas.

En segundo lugar, el presupuesto actual promueve la inequidad en el acceso a la educación media superior y superior por dos principales razones. Una, la educación superior sufre la reducción más grande de los tres grupos educativos (un 6.4% en términos reales) debido a la desaparición de programas de infraestructura y de financiamiento de las universidades estatales. Como se ha discutido anteriormente en este espacio, el financiamiento de las universidades es un tema pendiente en la legislación desde la década de los setenta, y por esta razón, recortes al financiamiento de las universidades autónomas de más de un 1.0% de su presupuesto o distribuciones inequitativas entre las universidades estatales son opciones viables para las autoridades educativas. Por citar algunos ejemplos, para 2017 se proponen recortes de un 2.4% y un 6.8 % a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Pedagógica Nacional (UPN), respectivamente. Más adelante habrá que analizar cuáles fueron las universidades estatales perjudicadas y beneficiadas por esta austeridad selectiva. Segunda, las personas de menores ingresos son las que menos probabilidad tienen para acceder al bachillerato o a la universidad, por lo tanto, reducir los recursos para becas es una estrategia incoherente si lo que se quiere es mejorar la inequidad en los niveles superiores.3 La propuesta para 2017 de reducir los recursos para becas de educación media superior y superior podría traducirse en 62,000 y 119,000 menos becas otorgadas para cada nivel, pues los recortes al Programa Nacional de Becas ascienden a más de $ 800 millones de pesos.

En tercer lugar, el criterio de austeridad es incongruente con los objetivos de inclusión y calidad del sistema educativo nacional porque, por una parte, los recortes se profundizan en los recursos de políticas educativas pilares para la calidad y la inclusión como son educación inicial, materiales educativos, formación profesional docente y autonomía de gestión. Por otra parte, la austeridad no se ve en los rubros como gastos administrativos u educación militar y naval. Si bien estos son rubros son necesarios para la provisión de los servicios educativos, en una época de recortes, las políticas educativas más eficaces y universales son las que debieran estar protegidas. Lo cual no se refleja en esta propuesta (ver figura 1).

graf-educacion

Figura 1.

El Paquete Económico 2017 demuestra que la educación está compitiendo, en términos de recursos, con otros compromisos del Estado como, por ejemplo, pensiones. Mientras que el gobierno federal propone gastar por pensionado de PEMEX $ 574,498.9 pesos, en promedio. Por alumno se propone gastar $ 23,740.1 pesos, en promedio. Esta brecha abismal es el resultado de una estrategia de austeridad selectiva, con la que se perjudican pilares del desarrollo social como la educación. La solución no está en gastar menos sino en tener mayores ingresos con mejores gastos. Con personas más y mejor educadas, la movilidad social se incrementa, la economía entra en dinamismo y, por lo tanto, se tienen mayores recursos para cumplir con los compromisos. No lograremos entrar en este círculo virtuoso si continuamos gastando los recursos para la educación como hasta ahora lo hemos hecho. No debemos de olvidar que lo que hoy tenemos es una propuesta, es decir, este presupuesto educativo puede ser mejorado. Esperemos que nuestros legisladores tengan la voluntad política para debatir sobre la equidad, eficiencia y efectividad del gasto educativo.

Fiorentina García Miramón es Investigadora en educación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).

 


1 Para más detalle sobre las modificaciones e implicaciones de la propuesta de presupuesto educativo para 2017, consultar en http://bit.ly/2cmaaoH.

2 Los programas insignia de la reforma educativa son todos los programas a cargo del Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE), los cuatro programas que integran el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y los programas: Escuelas de Tiempo Completo, Sistema de Información y Gestión Educativa, Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Previsión para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Programa de la Reforma Educativa, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa y Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Estos programas se consideran insignia de la Reforma Educativa porque fueron creados con base en las modificaciones legales hechas por la misma.

3 De acuerdo con el capítulo “La equidad En 2014, un 79.2% de los jóvenes más pobres no tuvo acceso a la educación superior, de acuerdo con el capítulo “La equidad en el Sistema Educativo Nacional” del reporte Gasto público para une Educación de Calidad.