En la actualidad, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA en inglés) –que gestiona la OCDE– ha sido aplicado en 73 países, incluidos los 35 miembros de dicha organización, entre ellos México. Al respecto, lo que a continuación se presenta forma parte de los resultados de una investigación, cuyo propósito fue ubicar el proceso por el cual el PISA se introdujo como un elemento determinante para el diseño de las políticas educativas del país, confiriéndole una mayor capacidad de influencia a la OCDE para redefinir los propios objetivos de la educación nacional, pese a que esto se considere un deber reservado al ejercicio del Estado.


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La OCDE, establecida como una organización intergubernamental enfocada a temas de economía y desarrollo, ha visto en la educación un elemento clave para que los países apuntalen la generación de mano de obra, mejor cualificada, que permita suplir las exigencias del mercado internacional bajo un contexto de globalización. Consecuentemente, sus actividades se han orientado hacia la estandarización de los distintos sistemas educativos, abarcando aspectos como el de la inversión en infraestructura, la planificación de los recursos humanos para la enseñanza y el control del rendimiento de los estudiantes.

Catalogada también como un “tanque de pensamiento”, la OCDE posee la capacidad para que, basada en sus investigaciones, remita a cada país participante una serie de recomendaciones, formuladas en términos de políticas, que en el caso de la evaluación PISA privilegian la adopción de las prácticas de aquellos países mejor posicionados en su ranking internacional de educación.

La evaluación PISA constituye, pues, un poderoso mecanismo por el que la OCDE logra difundir su modelo educativo. Modelo cuyo acento se encuentra en las “competencias básicas” que, independientemente de su medio, se supone que cualquier individuo debe desarrollar para alcanzar una vida plena dentro de las sociedades modernas, aunque fuera de su dimensión como fuerza de trabajo, no contempla ni el disfrute ni las particularidades culturales del individuo.

Y aun cuando los instrumentos de la evaluación PISA, hablando de las pruebas de rendimiento en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, pueden ser verificados bajo distintos procedimientos técnicos, es importante distinguir que, en última instancia, tanto el Secretariado de la OCDE como los gobernantes son quienes deciden sobre el manejo de su información y recomendaciones, extrapolando esto al ámbito de las negociaciones políticas.

Justificado en la realización de la evaluación PISA, nunca antes en el país se había experimentado un acercamiento tan estrecho con la OCDE, en materia educativa, como sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón. Un aspecto clave, de hecho, fue la participación de José Ángel Gurría (desde el 2006 Secretario General de la OCDE), quien en todo momento destacó las virtudes del programa y llamó a dar seguimiento a sus recomendaciones en el país.

Contextualmente, cabe mencionar que el gobierno mexicano, surgido de unas elecciones presidenciales que vulneraron la creencia en las instituciones electorales, y por tanto en el propio triunfo del Ejecutivo, en búsqueda de una mayor aceptación pública, pareció encontrar en la OCDE tanto al instrumento como al mediador que le permitirían justificar una parte substancial de sus políticas educativas, así como presionar el apoyo de otros actores políticos.

Muestra de lo anterior, desde el Programa Sectorial de Educación (2007-2012) –presentado en noviembre del 2007– se asentó un objetivo llamado “de desempeño PISA”, afín éste con las recomendaciones que la OCDE remitió para México a la luz de los resultados de la evaluación PISA 2006. Recomendaciones que también abonaron, entre otros, a la firma de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), celebrada en el 2008 entre el gobierno y la dirigencia del SNTE.

De manera paralela se fue experimentando cada vez más una asociación entre la idea de la calidad educativa con la mera realización de los ejercicios de evaluación, así como la de “rendición de cuentas” con la publicación de sus resultados, lo que devino en el establecimiento de una práctica adaptativa hacia las evaluaciones por parte del gobierno, que, como una de sus expresiones, implicó el gasto de cerca de 43 millones de pesos entre la aplicación PISA 2009 y 2012,1 mientras que los resultados del país siguieron sin rebasar el nivel 2 de competencias, es decir, que los estudiantes solo podían responder a preguntas elementales en las áreas evaluadas.

Otra expresión fue la falta de compatibilidad entre estas evaluaciones, por ejemplo, entre PISA y ENLACE, divergentes en su relación con el currículo escolar (del que la primera ha prescindido). En cuestión, el gobierno pareció tratar de mover los resultados del ranking internacional de la evaluación PISA, a través básicamente de una serie de programas y estrategias de entrenamiento para estudiantes y maestros, como el de “formación continua orientado al PISA” y la “Estrategia Nacional de Capacitación PISA 2009”, ambos implementados en el 2008, subestimando la importancia de otros problemas que, aunque indirectamente, actuaban como frenos para la mejora educativa, entre ellos: la crisis económica mundial del 2008; la violencia desatada por la guerra del gobierno contra el narcotráfico; así como la estrecha relación del primero con la dirigencia del SNTE, ratificada con la ACE.

Se aprecia entonces, que el gobierno no logró integrar un programa educativo consolidado, sino que, como muestra de su inestabilidad el paso de Vázquez Mota, Lujambio Irazábal y Córdova Villalobos por la Secretaría de Educación, terminó por ceder a la OCDE un amplio margen de intervención en materia de políticas educativas; como ejemplo: el Acuerdo de cooperación “para mejorar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas”, suscrito en el 2008, por el que la OCDE reafirmó su llamado a establecer un marco para la evaluación e incentivos docentes, antecedente también de la Reforma Educativa del 2013.

Así, esta participación cada vez más abierta de la OCDE en el diseño de las políticas educativas del país, no debiese ser subestimada; recordemos que, producto de los movimientos independentista y revolucionario, la educación, además de plasmarse en las leyes como un asunto reservado al Estado, se planteó para garantizar el desarrollo integral de las capacidades del hombre y del ciudadano, base para alcanzar una sociedad más justa y democrática.

En contraste, la OCDE pone el acento en la generación de mano de obra que supla las exigencias internacionales, siguiendo un modelo empresarial que se funda en conceptos como el de competitividad, el rendimiento y la calidad. Este último, elevado al rango constitucional, ha tenido un claro impacto en la estabilidad laboral de un sector importante de los trabajadores del Estado, sin embargo, ¿es esto garantía de solución a los problemas educativos? Habrá que esperar a ver qué dicen los resultados del PISA 2015, a publicarse este diciembre, y lo que al respecto se desprenda de las autoridades educativas en México, de los funcionarios de la OCDE, de los maestros en general, de sus sindicatos, y de otros muchos actores. En tanto, cabe preguntarse sobre qué otros problemas atravesamos como país y distinguir en ello las perspectivas reales de mejora educativa.

Maresa Anai Olea Gómez es egresada de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.


1 Esta información se obtuvo a través de la plataforma electrónica INFOMEX, con una solicitud dirigida al INEE el 10 de junio del 2015, cuya respuesta se recibió con fecha del 08 de julio del mismo año. El número de referencia corresponde al 113200012915.