Hasta hace unos días, el ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald J. Trump, enfrentaba acusaciones de fraude que resultaron de su breve incursión en la educación superior. Con el litigio de la llamada “Universidad Trump” resuelto a través de un pago millonario –y a menos de dos meses de su ascenso a la presidencia– vale la pena explorar algunos posibles cambios que su administración traerán al campo educativo y cuyas consecuencias tendrán seguramente implicaciones internacionales.

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De inicio, las palabras de su oponente que calificaron al presidente electo como “peligrosamente incoherente” describen acertadamente las propuestas educativas de la inminente administración Trump. Por una parte, se pueden encontrar propuestas, como el uso de vales educativos, que promueven el acceso de alumnos a escuelas privadas, pero recibiendo financiamiento público, política que tradicionalmente ha recibido el apoyo del Partido Republicano. Por otra parte, las propuestas de campaña en materia de educación superior de Trump presentan algunos tintes progresistas como la continuación del esquema de pago de préstamos educativos que la administración de Barack Obama ha practicado. Aunque es posible que esta última propuesta haya sido simplemente demagogia de campaña; la promiscuidad ideológica de Donald Trump también se hace presente en materia educativa. Más aún, Trump, quien pagó 25 millones de dólares para acallar acusaciones de fraude por su universidad con fines de lucro, justamente ha criticado al actual gobierno por aplicar regulaciones innecesarias a las universidades privadas con fines de lucro. Además, Trump ha criticado a las universidades “tradicionales” por no reducir sus costos.

En materia de educación básica y media, es muy probable que Trump trate de complacer a sus electores republicanos promoviendo la posibilidad de que las familias utilicen recursos públicos para enviar a sus hijos a escuela privadas (a través de los llamados vouchers). Esta es una medida muy controversial porque canaliza fondos públicos al sector privado y porque puede resultar en el desmantelamiento de las escuelas públicas. Esta propuesta tiene el apoyo del Partido Republicano ya que, entre otras cosas, debilita a los sindicatos de maestros. La opción escolar, por lo tanto, ataca a los sindicatos e impone una agenda de mercado abierto en el ámbito educativo. Como resultado, no sorprende que apoyar esta agenda haya sido el punto principal de la escueta plataforma educativa de Donald Trump. Sin embrago, esta propuesta ignora el hecho de que las escuelas públicas en Estados Unidos tienen un control local y que el gobierno federal tiene poder limitado en este campo. Aunado a este punto, destaca también la promoción de las llamadas escuelas “charter” las cuales consisten en establecimientos de enseñanza públicos que pasan a la administración de privados, este modelo permite la diversificación de la oferta educativa pero también promueve su privatización.

Otro ejemplo que ilustra lo que parece ser –primero que nada– la desinformación del presidente electo sobre las facultades de la oficina que está por asumir es la propuesta de forzar a las universidades a reducir sus gastos de operación, disminuir su planta administrativa y gastar sus reservas financieras. A pesar del nombre, la “Universidad Trump” no fue propiamente una institución de educación superior, por lo que Trump demuestra no tener experiencia en este rubro: los presupuestos de las universidades tienen esquemas bastante complejos y las universidades públicas y privadas gozan de autonomía. Como resultado, no le corresponde al presidente del país dictar decisiones con respecto a los gastos o a la operación de dichas instituciones. Por muchos años, el esquema de ayuda financiera para la educación superior en los Estados Unidos ha operado a través de un sistema en el que los estudiantes que califican para estos apoyos pueden aplicar los fondos proporcionados por el gobierno federal para cubrir los costos de colegiatura en cualquier institución de educación superior que opere dentro de la normativa regional. La paradoja está en que Trump, quien fuera candidato por el Partido Republicano, proponga regulación e intervencionismo por parte del gobierno federal cuando este partido se ha expresado en contra de la regulación y promueve un papel limitado del gobierno federal.

En línea con su partido, Trump propone disminuir el papel que el gobierno federal juega en administrar los préstamos educativos que los estudiantes reciben como parte del marco de ayuda financiera para la educación superior. Trump propone que los bancos se encarguen de financiar estos préstamos y que por lo tanto lucren con ellos, imponiendo sus propias reglas. Estas propuestas equivalen a un doble proceso de desregulación. Por una parte, los bancos estarían a cargo de los préstamos y Trump ha declarado la desregulación bancaria como una de sus prioridades. Por otra parte, Donald busca desregular a las universidades privadas con fines de lucro, como la que él inició bajo su apellido.  Durante la administración Obama, proteger a los estudiantes de las prácticas fraudulentas de ciertas instituciones de educación superior ha sido una prioridad. Con Trump, es muy probable que estos avances se pierdan y que nuevas empresas busquen lucrar en el campo de la educación superior. Estas prácticas son precisamente las que causaron el litigio en contra del presidente electo.

Las propuestas en materia educativa discutidas hasta ahora son motivo de preocupación. Sin embargo, el poder del presidente es limitado en cuestiones relacionadas con las políticas educativas. Quizá el aspecto más preocupante de la presidencia entrante es el tono anti-intelectual que caracterizó la campaña de Donald Trump. En una opinión publicada en The New York Times, Max Boot sugirió que el Partido Republicano ha idealizado la ignorancia y el rechazo del conocimiento con el objetivo de ganar el apoyo de ciertos sectores de la población. Muchos electores culparon a las élites intelectuales por la devastación económica de ciertas regiones de los Estados Unidos. Además, la retórica etnocéntrica de Trump en contra de la inmigración, de los mexicanos, de los refugiados políticos y del islam han instigado a sus seguidores a expresar ideas racistas y xenófobas. Habrá que estar al pendiente sobre la atención educativa a estos grupos en la administración que iniciará en enero del 2017.

La ideología que ha hecho inminente la presidencia de Donald Trump puede resultar en un ataque contra los educadores e intelectuales bajo el pretexto de una reforma educativa que busca incrementar la eficiencia y abrir posibilidades de emprendimiento. Esta ideología ha estado en circulación por bastante tiempo, pero amenaza llegar a nuevos extremos en la nueva presidencia. Además, se trata de una postura que amenaza con afectar gravemente la apertura educativa y de cooperación de los Estados Unidos. Otros países como Australia, el Reino Unido y Canadá ya se preparan para atraer a los estudiantes internacionales desplazados por la hostilidad de la política migratoria bajo la presidencia de Trump. Lo que queda por ver es si los activistas e intelectuales en Estados Unidos aprenderán de sus contrapartes en otros países que han resistido reformas educativas o que, como en Sudáfrica, buscan reformar el sistema educativo desde la base. Al igual que en muchos otros países, las universidades en los Estados Unidos promueven el pensamiento crítico y han sido cuna de movimientos civiles y de resistencia. Por esta razón es posible predecir que las universidades, los sindicatos de maestros, las comunidades científicas y la presidencia de Trump tendrán una relación complicada en los próximos años.

Gerardo Blanco Ramírez es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Massachusetts, Boston.