Como quedó en evidencia hace algunas semanas durante su bochornosa comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, Betsy DeVos, la flamante Secretaria de Educación de ese país, será como muchos en el gabinete del presidente Trump: una funcionaria inexperta –acaso la más inexperta de todos—que no brilla por su trayectoria o su inteligencia sino por su valor en oro. La comparecencia fue un ritual inconsecuente que el partido republicano le puso a modo. De la boca de los senadores republicanos no salían más que lisonjas por su labor filantrópica o, como sería más correcto decir, filantrocapitalista (a saber, dedicarse a las buenas obras sin renunciar a producir con ellas sustanciosos dividendos). Los demócratas, en cambio, le plantaron cara. Cada vez que tomaba la palabra un senador demócrata, la tonada, muy justa, era la misma: es usted una advenediza en temas de educación y además sus inversiones en empresas educativas con fines de lucro están en conflicto con el cargo que pretende asumir. Se trataron otros temas: su apoyo a organizaciones que defienden abiertamente la terapia de conversión como “remedio” al “problema” de la homosexualidad; sus aproximadamente 200 millones de dólares en donaciones a las arcas republicanas; sus propuestas (inexistentes) para mantener a raya a las universidades fraudulentas que se benefician de los subsidios federales como la Trump University; su opinión con respecto al problema de las armas en las escuelas, opinión, por cierto, que dejó perplejo a todo el Senado y permitió entrever la larga sombra de la National Rifle Association, entre otros.

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Pero—y aquí está el problema—el mensaje central de su pobre visión sobre la educación se paseó por el recinto parlamentario sin la debida resistencia. Sólo un par de senadores lo pusieron en tela de juicio. Una senadora le soltó a bocajarro: ¿afirma usted aquí el compromiso de no privatizar las escuelas públicas? La respuesta fue un galimatías cuyas cortinas de humo escondían el no claro y rotundo. Y es que para DeVos, la privatización educativa es una propuesta enteramente deseable. Tiene esa propuesta ideológica dos componentes principales. Primero, la sabiduría y autoridad parental: no hay nadie mejor que los padres para determinar cuál es la mejor opción educativa para sus hijos y, por tal motivo, un sistema que sólo incluya, o que incluya de manera preponderante, a escuelas públicas, es inapropiado; tal arreglo difícilmente daría opciones genuinas a los padres. Segundo, la privatización educativa permite que las escuelas compitan entre sí, y eso, como en cualquier mercado (de calcetines, chocolates, coches, computadoras), no puede sino mejorar la calidad del “producto”. Y ocurre justamente lo contrario con la escuela pública convencional: como cualquier otro monopolio, tiene a un público cautivo y por ende ningún incentivo para mejorar.

De estas medias verdades, los argumentos parental de mercado, deriva gente como DeVos dos propuestas institucionales concretas: las escuelas chárter y los vouchers. En el primer caso, las escuelas chárter reciben dinero público (y privado si hay donantes generosos) y se desentienden de las regulaciones que controlan a las escuelas tradicionales públicas, como las limitaciones sindicales (los derechos laborales: ¡esas lastras!). En el segundo caso, la familia, y no la escuela (pública), recibe un subsidio directo del Estado –lo que aparentemente corresponde al dinero que cuesta la educación de cada niño o niña– el cual puede utilizar posteriormente para elegir la escuela (privada) que mejor satisfaga sus expectativas.

Suena simple y hasta convincente, pero la propuesta es insostenible desde sus fundamentos hasta sus consecuencias. La lógica de mercado, muy útil y hasta indispensable para distribuir eficientemente distintos productos de consumo (calcetines, chocolates, coches, computadoras), es nociva en el ámbito educativo. Si una escuela resulta ser deficiente y por lo tanto debe salir del mercado educativo, quienes pagan los platos rotos no son sólo sus dueños y gerentes, como quiere la rudimentaria teoría económica que comulgan los defensores de la privatización, sino también los estudiantes, para quienes las consecuencias de abandonar una escuela son más significativas que renunciar a una marca de chocolates determinada. Mientras que el consumidor de chocolates puede cambiar de marca sin mayores problemas, no es claro que la rotación constante de escuelas sea positiva, pedagógicamente hablando, y ocurra sin pasar una alta factura en el aprendizaje del estudiante.

Las chárter tienen muchas otras característica indeseables. La experiencia docente importa, tanto en términos pedagógicos como económicos (la experiencia es, después de todo, una de las dimensiones del “capital humano”), y las chárter, que generalmente tienen altas tasas de rotación de maestros, no ofrecen ningún aliciente para su formación. Además, fomentan la resegregación racial, pues su población estudiantil es preponderantemente afroamericana.

Por su parte, los vouchers promueven otras formas de segregación, sobre todo la religiosa, y sirven para burlar el principio de separación entre Iglesia y Estado, pues permiten a las familias llevar dinero público a escuelas religiosas, en las cuales el creacionismo (la idea de que el universo y la vida son resultados de la creación divina) es opción curricular y la homosexualidad, abominación reprobable. Finalmente, ambas opciones, vouchers y chárters, implican, necesariamente, desinvertir en la escuela pública tradicional, que al final del día persigue propósitos no sólo académicos sino también cívicos, particularmente el de formar ciudadanos de alta intensidad: propositivos, críticos, insumisos. Y todo esto sin mencionar los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos numerosas escuelas chárter debido a la baja densidad regulatoria bajo la que operan.

La realidad es que ni las escuelas chárter ni los vouchers representan una propuesta atractiva para atender las carencias del sistema de educación pública. Pueden tener éxito en casos muy puntuales, pero no como parte de una estrategia sistémica, no como sustitutos de la escuela pública. Se me dirá que es un juicio injusto, porque algunas de ellas han tenido (extremadamente modestos) logros académicos. Puede ser. Tan injusto como pensar que la escuela pública es, de suyo, ineficiente y contraria a la pluralidad, acusaciones que suelen hacérsele para dejar mejor paradas a las alternativas. Se me dirá que si bien es cierto que las escuelas chárter no han rendido las debidas cuentas a las autoridades públicas y por lo tanto se han visto envueltas en escándalos de corrupción, ese no es un desarreglo que un buen entramado regulatorio no pueda solucionar. Otra vez: puede ser (aunque la premisa del éxito de las chárter, según sus defensores, es precisamente que no deben ceñirse a las regulaciones tradicionales). Pero lo mismo podría decirse de las escuelas públicas: es cierto que han quedado a deber a sus estudiantes y a la sociedad en términos de calidad, equidad e incluso pluralidad, pero eso no es nada que algunas reformas no puedan solucionar.

Desafortunadamente, las chárter son medianamente populares y tienen apoyo bipartidista. Hasta Barack Obama y ¡Bernie Sanders! les han dado su respaldo. Los vouchers no tienen tanta popularidad, pero esa no es una situación que las gestiones y los tuits de Trump no puedan alterar. Después de todo, el magnate ya tiene en DeVos a su Secretaria de Educación. Por cierto, su ratificación fue por los pelos, pues en un hecho sin precedentes en la historia de las confirmaciones senatoriales del gabinete presidencial, hizo falta que el vicepresidente –Mike Pence– emitiera su voto de calidad para deshacer el empate. Y con eso, la suerte está echada.

Juan Espíndola Mata es investigador de Cátedras CONACYT comisionado en el Programa Interdisciplinario de Políticas y Prácticas Educativas del CIDE.