El sistema de educación superior en Chile ha estado bajo constante escrutinio desde la explosión de críticas surgidas en el año 2011 que llevaron a la organización espontánea de un movimiento estudiantil universitario que, por momentos, paralizó varias universidades del país. Durante ese año salieron a la luz pública una serie de problemáticas como el lucro, altos aranceles, y fraude en el sistema de acreditación de calidad de los programas de pregrado. Los estudiantes enarbolaron pancartas con el lema “educación gratuita de calidad para todos” y fueron capaces de organizar exhibiciones culturales, danzas y creativas protestas por la causa. También utilizaron las redes sociales con el resultado de amplias convocatorias que fueron respaldadas por muchos sectores de la sociedad civil. Más tarde, durante el período de pre-elección presidencial en el año 2013, la candidata de izquierda Michelle Bachelet acordó con los estudiantes que, de ganar las elecciones, haría una transformación estructural de la educación superior que incluiría educación gratuita y de calidad para todos, entre otras cosas. Ese mismo año, los estudiantes lograron posicionar a tres de sus más carismáticos líderes como diputados en el Congreso Nacional.

Los alcances e implicaciones que el movimiento estudiantil ha tenido en las transformaciones que está experimentado la educación superior en Chile son difíciles de prever en el largo plazo debido a los vaivenes políticos y las alternancias de gobierno con diferentes intereses políticos y financieros. Sin embargo, la medida de gratuidad parece que “llegó para quedarse” como ha admitido el gobierno entrante del nuevo presidente Sebastián Piñera, quien representa un ala moderada de la derecha.

Una breve radiografía del sistema de educación superior chileno

De una población total de alrededor de 17 millones de personas, en la actualidad existen cerca de 1.2 millones de estudiantes en el nivel terciario en Chile. Aproximadamente, 720,000 están matriculados en universidades, y aproximadamente 520,000 están matriculados en institutos profesionales y centros de formación técnica. Estos números indican un aumento más que notable en un sistema que tenía sólo 150,000 estudiantes en 1981. En 1980, Chile apenas contaba con dos universidades estatales y 6 universidades privadas que recibían financiamiento público que cubría casi el 90% de sus gastos.

Durante la dictadura del general Augusto Pinochet —que se extendió entre septiembre de 1973 y marzo de 1990— la educación superior sufrió una serie de importantes transformaciones como la creación de un gran número de instituciones privadas y la disminución de dineros públicos para su financiamiento. Hoy en día, existen alrededor de 60 universidades de las cuales 18 son estatales, 9 son universidades denominadas privadas tradicionales (por ser creadas antes de las reformas implementadas en los años ochenta) y el resto son universidades privadas que se fundaron a partir de la década de los años ochenta; la mayoría de estas últimas universidades imparten formación profesional. La mayor parte de estudiantes chilenos están matriculados en instituciones terciarias privadas.

Las universidades chilenas cobran uno de los aranceles más altos del mundo en relación a los salarios en el país. El Estado solo financia en un pequeño porcentaje los gastos de las universidades estatales (un promedio del 15%), así como también financia y entrega estímulos a instituciones estatales y privadas según años de acreditación, investigación y capacidad para atraer a los estudiantes con mejores puntajes en la prueba de ingreso universitario (“prueba de selectividad universitaria”). Debido a este escaso financiamiento público, son los estudiantes y sus familias quienes han debido asumir el pago de matrículas y aranceles. Para ello, desde el año 2005 se implementó un sistema de créditos otorgados por la banca privada denominado “crédito con aval del Estado” (CAE)’ pues el Estado actúa como aval del estudiante beneficiario del crédito. La tasa de interés del CAE era inicialmente de alrededor un 6% pero disminuyó a un 2% luego de las protestas estudiantiles en el año 2011. Complementariamente, los estudiantes de familias más desaventajadas podían optar a becas del Estado o de las instituciones de educación superior para cubrir parte de los aranceles, gastos de transporte, de alimentación, etc.

Por último, un aspecto importante de mencionar es la prohibición en Chile de existencia de universidades con fines de lucro, a diferencia de centros de formación técnica e institutos profesionales que sí pueden hacerlo. Durante la explosión de protestas estudiantiles en el año 2011, muchas críticas apuntaron a los artilugios utilizados por ciertas universidades privadas para obtener beneficios financieros para sus propios controladores.

Las principales debilidades del sistema de educación terciario en Chile hasta el inicio de las reformas durante el gobierno de Bachelet —además de su privatización y alto costo para las familias— apuntan a un Estado que ha mermado los fondos públicos de financiamiento y que se ha mantenido en un rol más bien pasivo en lo que respecta a la regulación de la calidad y el lucro. Las instituciones de educación superior han debido generar estrategias para aumentar su presupuesto a través de la captación de más estudiantes y la venta de servicios. Adicionalmente, el sistema de educación superior chileno se encuentra estratificado de manera tal que los estudiantes de las familias más ricas acceden a las universidades de investigación (públicas y privadas) y las que tienen, por tanto, mayor prestigio.

El movimiento estudiantil del año 2011 realizó críticas al Estado exigiendo un cambio de modelo de educación que permitiera concebirla como un derecho social más que un bien que se compra o transa en el mercado. Además, exigió que las instituciones ofrecieran una calidad educativa a todos los estudiantes.

La medida de gratuidad en educación superior en Chile

Cuando Bachelet comenzó su periodo presidencial en marzo de 2014 puso en marcha un ambicioso plan para dar respuesta a las demandas estudiantiles, siendo la medida de gratuidad la que más atención y debate produjo. Fue hacia fines de 2015 cuando, por primera vez, se anunció que tal medida comenzaría a implementarse a partir del año 2016. Sin embargo, también se informó que la gratuidad no cubriría a todos los estudiantes de educación superior sino a los más pobres (aquellos que provenían de las familias de los primeros cinco deciles de ingreso del país). La presidenta explicó que el país no estaba en condiciones financieras para cubrir el gasto de aranceles de todo el sistema, pero se comprometió con que la medida se implementaría de manera progresiva hasta llegar a la cobertura universal.

Así, en un primer momento, la medida sólo beneficiaría a estudiantes universitarios. Además, las universidades adscritas a la medida de gratuidad (y que recibirían dineros públicos para cubrir los gastos de aranceles) debían cumplir con ciertos requisitos tales como estar acreditadas por un número mínimo de años —4 en el caso de universidades privadas y 3 en el caso de estatales— y no tener fines de lucro. Ya durante el año 2018, la medida se ha ampliado de manera de cubrir las cuotas de aquellos estudiantes que pertenecen al 60% de familias de menores ingresos y que estén matriculados en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan requisitos de acreditación y no lucro. En la actualidad, son 46 las instituciones que se han visto beneficiadas (33 universidades, 6 institutos profesionales y 7 centros de formación técnica).

Desde su anuncio, la medida de gratuidad ha generado acalorados debates por diversas razones. Los estudiantes han rechazado la gratuidad por considerarla como una beca más que un financiamiento estructural del sistema de educación superior por parte del Estado. También alzaron la voz los estudiantes de universidades privadas que no recibieron el beneficio pues sus universidades no cumplían con los requisitos mínimos. A su vez, algunos rectores de universidades adscritas a la gratuidad han criticado la medida pues, en términos financieros, no cubre el arancel real de la carrera sino el arancel de referencia (definido según indicadores como calidad docente, tasas de titulación y retención de un determinado programa de estudios). Lo anterior, en consecuencia, crea un déficit financiero. También ha sobrevolado la sospecha de que ciertas universidades privadas beneficiadas con la gratuidad lucran encubiertamente.

La medida de gratuidad: ¿qué depara el futuro?

En un país donde el sistema de educación terciaria está altamente privatizado y segmentado en términos sociales y en donde el Estado ha ejercido un rol secundario y el mercado un rol protagónico, puede parecer paradójico que se implemente la gratuidad de la educación superior. El caso chileno ha llamado la atención en un escenario internacional caracterizado por sistemas educativos terciarios cada vez más masificados y en los que el Estado lo tiene difícil para financiar los costos educativos de una población que accede cada vez más al sistema. Las discusiones a nivel internacional sobre los beneficios de la educación superior dan cuenta de visiones opuestas: una que destaca los beneficios públicos para el desarrollo de la nación —y por tanto— promueve la gratuidad universal y otra que pone acento en los beneficios económicos individuales y que justifica que sean los estudiantes quienes paguen por obtener dichos beneficios.

Al respecto, el nuevo gobierno del presidente Piñera (2018-2022) ha decidido mantener la gratuidad pues se ha vuelto una medida ampliamente aceptada por los chilenos. Sin embargo, surgen numerosas dudas acerca de su sostenibilidad financiera en el tiempo. También han surgido críticas acerca de si no sería más oportuno destinar fondos públicos a otros niveles educativos que han sido descuidados (especialmente la educación infantil en sus niveles iniciales). Por último, cabe la duda acerca de si la gratuidad y otras reformas implementadas en el último tiempo rompen con un modelo de educación de mercado que ha sido tan característico en Chile en las últimas tres décadas.

Por el momento, tal y como se ha anunciado, la gratuidad ha llegado para quedarse. Si logrará cubrir la totalidad de estudiantes del nivel terciario en un futuro cercano parece una quimera.  Sin embargo, su sola implementación abre debates y esperanzas acerca de la importancia de la educación superior como un bien público y como una ventana para promover un país más justo que brinda oportunidades de educación a todos.

 

Carolina Guzmán-Valenzuela
Investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.