México es, desde hace ya varios años, el exportador número uno de estudiantes y profesionistas de América Latina, particularmente hacia los Estados Unidos. De acuerdo con un estudio reciente de Delgado Wise, et al. (2015), hasta 2015 se contabilizaban más de 1.2 millones de mexicanos altamente calificados en el extranjero: 900,171 con títulos universitarios completados, y otros 303,401 con posgrado. Así, en promedio, la emigración de mexicanos altamente calificados ha crecido más de siete veces en los últimos 25 años.

En nuestro país, como en muchas partes del mundo, el debate sobre la “fuga de cerebros” ocupa espacios frecuentes en medios de comunicación, y es motivo, también, de preocupación por parte de distintas autoridades y tomadores de decisiones. Sin embargo, ha llegado la hora de trascender discursos, y en su lugar investigar las razones por las que nuestro país no ha logrado crear las condiciones para retener/atraer a sus “cerebros”—tanto a quienes siguen aquí como a quienes ya se han ido— a pesar de ser una de las economías más grandes del mundo.


Ilustración: Oldemar González

Este texto aborda algunas de las claves sobre el rol que tanto el gobierno como el sector privado han ejercido en el campo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en México. En los años venideros, ambos actores serán trascendentales para enfrentar en mejores condiciones los aspectos negativos de la migración altamente calificada.

En el mundo contemporáneo, los países más avanzados están basando crecientemente sus economías en la producción de conocimiento. Esto se debe a que el desarrollo científico y tecnológico, la innovación o la especialización laboral se han convertido en motores importantes para lograr ventajas competitivas, potenciar el desarrollo económico y social, y acumular poder político (desde siempre, “el conocimiento es poder”). Para lograr activar estos motores, los países invierten cuantiosas sumas en CTI, y también generan políticas estratégicas —educativas, de ciencia y tecnología, laborales o migratorias, entre otras— para atraer y retener personal con altos grados de formación.

No obstante, en nuestro país la concepción de la ciencia es bastante distinta. Casi como una tradición, al comienzo de cada administración presidencial el gobierno se compromete con la comunidad científica a incrementar la inversión en CTI; como lo dice Campos (2018), es casi una obsesión llegar al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, el actual gobierno (2012-2018) había tenido un buen progreso, al incrementar el Gasto en Inversión Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) como porcentaje del PIB, de 0.43% en 2012 a 0.56% en 2014, pero debido a la turbulencia económica (principalmente ocasionada por la caída en los precios del petróleo), la relación GIDE/PIB perdió el ritmo y para 2017 se ubicó en 0.50%, una de las más bajas de los países de la OCDE.

Como han apuntado diversos estudios, la insuficiente inversión en CTI en México nos relega a jugar un papel modesto en la generación de conocimiento o de productos de alto valor agregado, y en la mayoría de los casos, estamos todavía muy lejos de la élite mundial en la investigación científica y tecnológica.

En todo el mundo también hay turbulencias económicas, pero en países avanzados se han diseñado medidas para proteger el presupuesto para CTI. En el Reino Unido, por ejemplo, se tomó desde 2010 la determinación de otorgar una protección especial (ring-fence) a una parte de los recursos para el sector, como una estrategia para dar confianza y estabilidad a su sistema científico y tecnológico en el largo plazo, lo que ha generado un entorno favorable para que las empresas y organizaciones de todo el mundo elijan ese país para invertir en investigación y desarrollo, además de que es un fuerte motor para la atracción y retención de capital humano. Este tipo de decisiones a nivel gubernamental, son todavía una tarea pendiente en nuestro país.

Podemos hablar sobre la injusta comparación entre dos países con niveles tan diferentes, como el Reino Unido y México, en términos de infraestructura y capacidades científico-tecnológicas, pero lo cierto es que las prácticas presupuestales en ese país son evidencia de la concepción de la ciencia como un motor fundamental para el crecimiento económico: en una economía basada en el conocimiento, la inversión en CTI es un asunto de primera necesidad. Por el contrario, en México no sólo continuamos sin lograr los acuerdos suficientes para incrementar el gasto, sino que la ciencia es esencialmente concebida como un lujo, a la que se asignan o disminuyen recursos de acuerdo con el mometum financiero del país. Naturalmente, esto tiene efectos sobre las decisiones de las personas altamente calificadas: frente a la falta de oportunidades laborales, proyectos o la incertidumbre presupuestal, una de las apuestas más comunes es buscar opciones en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.  

El gobierno, sin embargo, no es el único actor preponderante para lograr la consolidación de un sistema robusto de ciencia y tecnología, ni para el desarrollo de un mercado laboral con un alto grado de especialización. En las economías basadas en el conocimiento, el sector privado constituye una pieza clave para el crecimiento económico.

En México, la deuda del sector privado en el GIDE es enorme. De acuerdo con cifras oficiales, en 2016 el sector público aportó el 67% del GIDE, mientras que el sector privado únicamente aportó el 20%. Esta relación del gasto público/privado en CTI es muy pobre incluso en el contexto latinoamericano, pues en países como Brasil, Chile o Colombia el sector privado aporta arriba del 30% (10 puntos porcentuales por arriba de México), y nos mantiene a varios abismos de las economías más avanzadas: en el Reino Unido el sector privado aporta el 48% del GIDE; en Estados Unidos el 64%, y en Japón un exorbitante 77%. Con estos ejemplos, queda claro que en cuanto al presupuesto para CTI se refiere, el gobierno no puede ni debe hacer la tarea solo.

Otro punto tiene qué ver con la insuficiente oferta laboral (y de salarios atractivos) y su relación con el tamaño y la productividad de las empresas en México. Recientemente, Levy (2018) argumentó que el crecimiento económico de México no ha sido restringido por la escasez de capital humano con altos grados de formación —como muchas veces se asume en las discusiones sobre la “fuga de cerebros” sino por la insuficiente demanda de este tipo de personal. Uno de los problemas que apunta Levy tiene qué ver con el tamaño, capacidades para innovar y escasa productividad de las empresas y negocios presentes en el mercado mexicano. De acuerdo con Levy, esto afecta el crecimiento de las industrias, y con ello, su capacidad para contratar personal con altos grados de formación y de ofrecer salarios competitivos. De ahí que en los últimos años los retornos financieros hayan disminuido para quienes tienen más años de educación. Como lo señaló Portes (1976) desde hace décadas, lo que constituye un componente importante en la expulsión de “cerebros” en países como el nuestro, es la asimetría entre su capacidad de producir cantidades de personal altamente calificado y su capacidad para absorberlas.

Así, parece innegable que la transformación de los aspectos negativos de la migración altamente calificada requiere, necesariamente, de una mayor conjunción entre el sector público y el sector privado. Desde la sociología de la ciencia, Bruno Latour (1988) argumentó que, dentro del esfuerzo científico, el personal altamente calificado es sólo una parte de una amplia gama de actores. La CTI requiere de la interacción constante entre personas internas a la ciencia (como científicos, académicos, especialistas, ingenieros o técnicos de laboratorio) pero también de numerosos actores externos a la ciencia (como políticos apoyando presupuestos, tomadores de decisiones de políticas públicas resolviendo el destino de dichos recursos, y en gran medida, de industrias y empresarios dispuestos a invertir en el sector).

En este sentido, el gobierno y el sector privado tienen aún grandes pendientes en cuanto a la CTI y al desarrollo de un mercado laboral especializado. En principio, el gobierno debe comprometer no sólo fondos crecientes, sino también buscar mecanismos para su protección frente a turbulencias de distinta índole. Aquí, podemos por supuesto argumentar que siempre hay asuntos más prioritarios que el gasto en ciencia (como el combate a la pobreza o a la inseguridad), pero como lo señala Campos (2018), la inversión en CTI es una decisión de política pública. Está en las manos de nuestras autoridades explicar por qué sí pueden aumentar el gasto real del gobierno (como sucedió en este sexenio) y por qué no privilegian el gasto en CTI.

Mientras que en México la concepción de la ciencia como un lujo dispensable no cambie, el país tendrá pocos elementos para poder atraer/retener a sus “cerebros”. Por otra parte, mientras que el sector privado no muestre un mayor compromiso con el sector, será prácticamente impensable que nuestro país genere un ecosistema más armónico de innovación, en conjunto con el gobierno y la academia.

En el momento actual, especialmente en la víspera de las elecciones presidenciales, es necesario trascender la discusión sobre la dura realidad entre los niveles tan desiguales de desarrollo entre México y los países avanzados. Concentrémonos en lo que sí podemos hacer desde nuestra propia agenda, para que nuestro país juegue un papel más activo en la economía del conocimiento. Queda seguir empujando para que, una vez pasadas las elecciones, el nuevo gobierno tome nota cercana de este enorme reto para el desarrollo económico y social. Bajo las condiciones adecuadas, la migración altamente calificada puede constituir una oportunidad y no necesariamente una “fuga”.

 

Tonatiuh Anzures es doctor en Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) por la University College London, en el Reino Unido.