Son tiempos extraños en la política mexicana. Las identidades e instituciones políticas tradicionales parecen estar de cabeza. Propuestas que deberían alzarse desde las trincheras de la derecha se asoman por la izquierda. En política educativa, el proyecto de nación de Morena es fiel reflejo de este pragmatismo (léase revoltijo) programático. Ahí aparece —rodeada del halo de misterio que produce la parquedad— una propuesta que cabría esperar de un tecnócrata neoliberal, con un manual del Banco Mundial bajo el brazo: el bono educativo o váucher. Dice el proyecto que una comisión, presidida por Laura Esquivel, “formuló los capítulos correspondientes a: proyecto educativo en educación básica y superior;  inclusión de jóvenes al sistema educativo; cultura comunitaria; bono educativo.” Pero sobre esta última propuesta no volvemos a escuchar una sola idea más. Ni una sola. Parecería entonces una simple ocurrencia, pero puede será algo peor.


Ilustración: Ros

El sistema de váuchers es una de las propuestas emblemáticas del neoliberalismo en el terreno de la educación. El premio Nobel en economía Milton Friedman fue el primero en enarbolarla. Que quede claro que Friedman no debió su prestigio a esta propuesta específica. Acaso lo contrario: el prestigio de la persona antecedió a la propuesta y le dio un lustre inmerecido. El arreglo se explica rápidamente: el váucher es dinero público que el Estado entrega directamente a las familias (o a escuelas particulares o públicas en función del número de alumnos que logren atraer) para que estas familias elijan la escuela, privada o pública, de su preferencia. El propósito de los váuchers es dar mayor juego a los actores privados en la oferta educativa y retirarle al Estado el monopolio o incluso la preponderancia en la gestión (que no el financiamiento) de la educación, cuando lo tiene, o suplir la falta de oferta estatal. El modelo se ha ensayado con distintas variantes y grados de éxito en países como Colombia, Haití y desde luego Chile, primer laboratorio masivo de esta política; también se ha probado, con mucha modestia y poco éxito, en algunos distritos escolares en Estados Unidos, donde se le considera una propuesta radical.1

El uso de váuchers en un sistema educativo representa el reconocimiento de las carencias, o de plano el fracaso, de la escuela pública. Otros dirán que, al contrario, son indispensables frente a la “apropiación” ilegítima por parte del Estado de la esfera educativa. No nos demoremos en ese debate ideológico. Como ejercicio intelectual, otorguémosle el beneficio de la duda. Surgen entonces varias preguntas. La primera es obvia: ¿qué propósito se persigue al echar mano de ellos? ¿Mejorar la calidad educativa? Si es así, la propuesta es inapropiada, pues no hay pruebas contundentes, donde se han probado, de que consigan algo así. ¿Aumentar la cobertura educativa? En ese caso, su ámbito de aplicación debe ser la educación media, la media superior, y acaso también la superior, aunque los programas de váucher no suelen ir asociados al nivel universitario.

Bajo el supuesto de que se trata, en efecto, de ampliar la cobertura en ciertos niveles de instrucción, las interrogantes sobre la propuesta giran alrededor del modo de aplicación: ¿cómo se instrumentaría un sistema de váuchers en México? ¿Qué hacer para que su diseño e implantación promuevan, o al menos no erosionen, la justicia social? La pregunta es pertinente porque dependiendo de la arquitectura de los programas de bonos educativos, sus resultados pueden ser muy distintos. Sin precisiones fundamentales, la propuesta no es preocupante. A continuación planteo algunas preguntas que valdría la pena discutir.

En primer lugar, ¿quiénes serían sus beneficiarios? ¿Estudiantes de bajos recursos o cualquier estudiante sin importar su perfil socioeconómico? Un sistema de váuchers sin focalización representaría una medida regresiva, tan regresiva como lo es hoy la exención fiscal a las escuelas particulares (las colegiaturas de escuelas particulares no causan IVA, y pueden deducirse, hasta cierto punto, del impuesto sobre la renta).2  Esta medida, emparentada al váucher aunque mucho más limitada, beneficia de manera desproporcionada a las clases privilegiadas, como lo ha mostrado Gerardo Esquivel. ¿Por qué serían distintas las cosas con los bonos?

En segundo lugar, ¿cuál sería el edificio regulatorio para su operación y cuáles los organismos responsables de construirlo? El proyecto de nación de Morena deja entrever que los protagonistas de la propuesta serán las instituciones educativas privadas (tengan o no fines de lucro, se aclara enfáticamente en el documento, para que luego nadie se dé por engañado). El proyecto las pone en un pedestal por diversificar la oferta educativa, promover la equidad a través de becas y, en general, por “impulsar” a la nación por su contribución fiscales, supuestas virtudes todas ellas de sobrada exageración. Después de validarlas, el proyecto apremia a dotarlas de autonomía, al menos a aquellas que por “sus resultados y compromisos con la calidad, se han ganado la confianza de la sociedad y de las autoridades educativas.” (Sobra apuntar que las instituciones con ese voto de confianza pueden contarse con los dedos de las manos). Finalmente, el proyecto asegura que la autonomía “no significaría el que dichas instituciones dejen de sujetarse a la inspección y vigilancia de la autoridad educativa.” Ni una palabra sobre los términos de esa sujeción, que unas líneas más abajo ya no aparece planteada como una relación de subordinación sino como “un nuevo y eficiente esquema de colaboración entre las autoridades.”

Este silencio sobre las herramientas regulatorias que garantizarían el uso justo y eficiente de los váuchers es desconcertante. En México, la regulación escolar suele ser de baja intensidad. Las inspecciones gubernamentales (a través de la SEP, o de instituciones de educación superior en el caso del Reconocimiento de Validez Oficial) se limitan a corroborar el buen estado de la infraestructura, las credenciales del cuerpo docente, o el cumplimiento de ciertos planes y programas de estudio. De instrumentar un sistema de váuchers, la exigencia regulatoria sería mayor. El Estado tendría que instituir algún tipo de control de calidad a través de pruebas estandarizadas o algún otro tipo de evaluación, y configurar un patrón transparente para que los padres de familia o los propios estudiantes pudiesen consultar la calidad académica de las instituciones educativas involucradas en el programa. Es decir, la autoridad estatal tendría que desarrollar más y mejores capacidades institucionales de supervisión. Sin ese andamiaje regulatorio, el riesgo es la proliferación de escuelas fraudulentas, de dudosa valía. Y es en este punto donde surge cierto escepticismo en torno a la propuesta en cuestión: ¿se pretende alcanzar la inclusión educativa multiplicando escuelas y universidades patito? Y esas becas para jóvenes de las que tanto escuchamos, ¿más que becas son bonos educativos?

En tercer lugar, ¿cómo se evitará la segregación social que los váuchers tienden a alentar? Permitir que las escuelas o universidades que eventualmente participen en el programa realicen un cobro adicional (lo que en Chile se conoció como el co-pago) sería un error fundamental. Sobrecargos de esa naturaleza exacerban la desigualdad, lo mismo que permitir que las instituciones educativas elijan a sus estudiantes en función de los buenos resultados que les pueden “ofrecer” a la hora de las evaluaciones académicas, de las cuales dependería su capacidad de atraer estudiantes. Este es precisamente uno de los incentivos perversos de los váuchers.

Por último, y en caso de que la propuesta de váuchers quiera mirar también hacia la educación obligatoria, ¿qué clase de escuelas podrían participar en el programa? ¿Colegios abiertamente confesionales? De participar en el programa estas escuelas, y recibir financiamiento del Estado, el principio de laicidad de la educación pública podría quedar en entredicho (aunque las escuelas sean privadas, el financiamiento sería público). Este punto cobra relevancia a la luz de la alianza (no) santa de Morena con el evangélico Partido Encuentro Social.

Sin claridad a propósito de estos y otros puntos, la inclusión del bono educativo en la propuesta educativa de Morena es motivo de preocupación. Los bonos educativos llegan bajo el auspicio de Esteban Moctezuma, que se incorporará como Secretario de Educación Pública al gabinete de AMLO tras dejar la Fundación Azteca, grupo filantrópico del Grupo Salinas. Es precisamente en la filantropía —el filantrocapitalismo— donde la vaucherización de la educación tiene a sus corifeos. Una parte del empresariado estará frotándose las manos con la política educativa de Morena. Es una ironía que la novelista Laura Esquivel haya sido la encargada de esbozar una propuesta que es como agua para el chocolate de los empresarios. Ironía aparte, urgen los detalles de la propuesta educativa en cuestión, pues de lo contrario, lejos de convertirse en abono para fertilizar la educación mexicana en los años por venir, los bonos educativos crearán un estercolero.

 

Juan Espíndola Mata es investigador de Cátedras CONACYT comisionado en el Programa Interdisciplinario de Políticas y Prácticas Educativas del CIDE.


1 Una de las primeras articulaciones académicas de la propuestas se encuentra en John E. Chubb y Terry M. Moe, Politics, Markets, and America’s Schools. Washington, DC: Brookings Institution, 1990. Para un examen crítico véase Martin Carnoy y Patrick J. McEwan, “Privatization through Vouchers in Developing Countries: The Cases of Chile and Colombia,” en Privatizing Education: Can the Marketplace Deliver Choice, Efficiency, Equity, and Social Cohesion?, Henry M. Levin, ed. Cambridge, MA: Westview, 2001: 151-177; más recientemente Antoni Verger, Adrián Zancajo y Clara Fontdevila, “La economía política de la privatización educativa: políticas, tendencias y trayectorias,”  Revista Colombiana de Educación 70, Primer semestre de 2016.

2 Sobre el tema de las exenciones fiscales puede consultarse: Juan Espíndola, “Educación privada e impuestos: ¿Es justo el régimen fiscal de las escuelas particulares en México?” Archivos Analíticos de Políticas Educativas 24 (118).