La reforma educativa de 2013 ponderó diversas acciones con miras hacia la calidad educativa. En septiembre de ese mismo año se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). Dicha ley regula —como se sabe— cuatro aspectos en el ámbito laboral de los docentes de educación básica: el ingreso, la movilidad, la permanencia y el reconocimiento. En las siguientes líneas se hablará de la política de ingreso. Primero, se puede referir, que tal política era necesaria, posiblemente con características diferentes a las que tuvo. Aunque estas acciones poco a poco se van diluyendo o no se dibujan como las autoridades las representaban.

Ilustración: Belén García Monroy

Antes de la reforma educativa, la política de ingreso era distinta, tal vez poco sistemática y poco transparente, aunque esto no mejoró del todo después de la reforma. El ingreso a la docencia se definía con base en tres vías, según Montaño (2005):

a) La asignación de plaza inicial. La misma que se otorgaba a los egresados de las escuelas normales desde 1951. En algunos casos, el otorgamiento de horas a los docentes no obedecía a un lineamiento específico, sino era indiscriminado. Esto, precisamente, llevó a una heterogeneidad de perfiles, que provocó una sobredemanda de plazas que el sistema no pudo soportar. También se generó una falta de correspondencia entre la formación inicial y la asignatura a impartir, además de una organización docente que funcionaba —y funciona— de manera caótica y poco alineada. No hubo un control de la distribución que se hizo de los egresados de las escuelas normales, ni de los docentes universitarios que ingresaban a la docencia.

b) La selección libre de las personas. Se refiere a cuando se ingresaba como docente por propuesta del director o recomendación de un familiar o conocido, que fue el caso de varios universitarios. En este caso, varios docentes llegaron a los recintos escolares sin una formación pedagógica, lo que generó incertidumbre en la práctica docente de muchos, pues trabajar con adolescentes o niños requiere ciertas herramientas pedagógicas que el universitario en muchas ocasiones carece, aunado a las limitaciones en la formación continua que el sistema educativo ha ofertado a los docentes. Además, una organización docente poco sistemática. En la escuela secundaria hay odontólogos o abogados que imparten español, por ejemplo. Ello repercute en los aprendizajes de los alumnos. No es el único factor, pero es parte.

c) Propuestas del sindicato. En el caso del estado de México, el SMSEM (Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México) tiene mayor representación y poder en la entidad que el SNTE. El SMSEM ha sido el encargado de ingresar al servicio educativo a gran cantidad y variedad de docentes; negocia acuerdos importantes haciéndose valer de distintos mecanismos. Por ejemplo, se habla de una "imbricación" entre el sindicato y los que administran la secretaría de educación. Hay autoridades que son encargadas de administrar las decisiones que se toman en educación y a la vez forman parte activa de puestos sindicales, lo que posibilita que de manera legítima y fluida se tomen decisiones. En este sentido, “los sistemas estatales educativos se rigen más por las reglas del juego político que por las normas legales”. El ingreso a la docencia es un asunto de negociación política.

Como se observa, la política de ingreso al servicio educativo fue poco sistemática y clara, lo que dio lugar más a usos y costumbres que a cuestiones reguladas. Sin embargo, la política de ingreso a la docencia con la reforma educativa de 2013 dibujó, en apariencia, un ingreso al servicio educativo más sistemático y transparente. La evaluación se convirtió en el mecanismo perfecto para intentar captar a los mejores docentes que desean ingresar al sistema educativo nacional. La política de la meritocracia se consolidó como la única vía para ingresar a la docencia, así al menos lo referían las autoridades educativas. Se pretendía acabar con la venta, la herencia de plazas y con las decisiones de la cúpula sindical en materia de ingreso a la docencia. No obstante, parece ser que no todo es como se pretendía. A continuación se mencionan algunos aspectos.

En primer lugar, el ingreso al servicio docente sigue operándose a través de usos y costumbres diferentes al mérito. Es posible mencionar que el sindicato, aun con acotamiento de poder y maniobra, sigue en estas prácticas. El pasado presidente del INEE, Eduardo Backhoff, señaló que “cambiar los usos y costumbres de conceder plazas por amistad o interés de quienes tenían o todavía tienen dicha atribución es una tarea difícil que hay que ganar todos los días”. El hecho de que el gobierno federal haya centralizado ciertas decisiones no implica que la actuación del sindicato se haya aniquilado; posiblemente, tomó otro lugar y se valió de diferentes mecanismos para hacerse presente.

En segundo lugar, persistieron los problemas en el sistema de información. La falta de información acerca de los docentes del país y las condiciones en las que trabajan todavía es incierta. En cierto momento, se trató de rendir cuentas de ello, a partir de la creación del Sistema de información y Gestión Educativa (SIGED), cuyos principales componentes son la definición de la estructura ocupacional y la información de la plantilla del personal de cada una de las escuelas públicas. Sin embargo, el sistema de información del sistema educativo es deficiente, y aunque actualmente hay un sistema de información que se encargó en meses pasados de recabar estos datos, todavía hay incertidumbre y un sistema de información que no se acaba de completar, que tiene problemas, o que por lo menos, ello parece manifestar. Al no existir datos transparentes en torno a los docentes, era muy probable y factible que el número de plazas u horas que ofrecían las diversas entidades para los aspirantes tuvieran ciertas variaciones. Es decir, las autoridades pueden ofertar cierto número de plazas u horas que no corresponde con las vacantes que existen en los recintos escolares; habría que revirar a las convocatorias que emite el estado de México, a través de la página del Servicio Profesional Docente. Hay infinidad de centros escolares que no cuentan con la plantilla docente completa a pesar de que hay una lista de docentes que, de acuerdo al mérito, están en derecho de estarlo. Al no haber información sistemática, precisa y transparente, se posibilita el flujo de los mecanismos discrecionales.

En tercer lugar, existe una política de ingreso que incumple sus requisitos: la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) no prevé las condiciones laborales en las que se encuentra inmerso un docente, los cuales son aspectos fundamentales para su trabajo. No se prevé la diversidad de perfiles docentes que se encuentran en el nivel de secundaria.  Por ejemplo, el nuevo mapa curricular que entra en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, señala modificaciones al número de horas lectivas de algunas asignaturas y un número de materias que se consideran ahora y antes no: la autonomía curricular, la historia en primer grado y la disminución de las horas de ciencias. Ante esta realidad, ¿qué va a pasar? ¿Las autoridades emitirán un nuevo nombramiento a cada uno de los docentes para organizar la planta docente de acuerdo a las nuevas necesidades o dejarán que los directivos —como lo han hecho por tradición y costumbre— organicen la planta docente de acuerdo a sus recursos y criterios? ¿Será que este tipo de “detalles” no los previeron? Esto es importante porque los docentes que ingresan al servicio educativo se les emite un nombramiento con un número de horas determinado y con la asignación de la materia a impartir que, además, debe mantener una correspondencia con la formación inicial. Por poner un caso: si hay una maestra que tenía 12 horas de ciencias, ahora, con el nuevo mapa curricular, sólo podrá impartir 10, ¿qué pasa con las otras dos horas? ¿Tendrá que impartir otra asignatura distinta? Lo que quiero ilustrar es que la política de ingreso rompe con sus propios lineamientos y con el de los perfiles. La idea del requisito del perfil cumplía dos cuestiones: una técnica y otra pedagógica. Se trataba de captar a un docente especializado en esa asignatura en particular y con un saber especializado en la misma. Ahora se rompe ese criterio y al docente que ingresó al servicio educativo bajo estos lineamientos se le evalúa en la carrera que estudió y en la asignatura que imparte. Ante esta nueva organización docente ¿en qué asignatura se le va evaluar al docente? Este es otro aspecto que diluye la política de ingreso a la docencia. 

En suma, las nuevas regulaciones en el ingreso a la docencia parecen vislumbrar un camino incierto, paradójico y poco sistemático. El discurso de la próxima administración va a revoluciones muy aceleradas, parece más preocupado por tomar y posicionarse en el poder que por ocuparse de trazar con seriedad y sistematicidad acciones de política educativa. Precisamente, los mecanismos discrecionales que impiden la transparencia de ingreso a la docencia son clave y es necesario que se les atienda, lo cual se mira complicado. Por un lado, el SNTE, puede resurgir con fuerza política con la figura de Elba Esther Gordillo. En la administración actual lograron acotarlo, mas no aniquilarlo. Por otro, la figura de Gilberto Guevara Niebla ha mostrado a un apoyo fehaciente a la reforma educativa y a la censura de la voz de los docentes. De acuerdo con Sarason (2003), cuando la política educativa opera con las mismas estructuras organizacionales del pasado, se le mira pocas probabilidades de éxito y más dificultades. Y así, la moneda está en el aire.

 

Juan Rubén Compañ García 
Profesor de educación secundaria en el Estado de México.