En los últimos meses, el acceso a la educación superior ha recobrado centralidad en el debate político y educativo de México. Lo anterior, debido a la propuesta de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de eliminar los exámenes de admisión que las diversas instituciones de educación superior utilizan como requisito de ingreso a los programas académicos que ofrecen. En este mismo espacio, se había advertido de la dificultad que implicaría para la saliente administración alcanzar su compromiso de lograr el 40% de cobertura en el nivel superior. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, se estima que, en el ciclo escolar 2017-2018, se alcanzó una cobertura bruta del 38.4% en este nivel educativo. Salvo que ocurra, en el ciclo que actualmente inicia, un incremento considerable que no se ha experimentado en este sexenio, dicho compromiso se habrá sumado a la larga lista de metas no cumplidas por el actual gobierno.

Ilustración: Víctor Solís

Son numerosos los estudios que han analizado a la educación superior, y aunque varios de ellos destacan la diversidad de factores que confluyen en el ingreso al nivel superior, coinciden en que el factor socioeconómico tiene una preponderante importancia en el acceso, permanencia y egreso de los jóvenes. Por medio de un conjunto de características económicas, sociales y culturales de aquellos que lograron ingresar a la educación superior se infiere quiénes han quedado fuera, pocos estudios se han enfocado en analizar las trayectorias y experiencias de estos últimos. Si bien el problema de los llamados aspirantes rechazados se presenta en diversas regiones y entidades del país, las características demográficas de la Ciudad de México y zona conurbada, así como la ubicación de los campus centrales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), hacen más evidente esta situación.

Por ejemplo, en 2017, únicamente el 9.3% de los aspirantes pudo obtener un lugar en la UNAM por medio del examen de admisión; en la UAM lo hizo un 14%. En el caso particular de la UNAM, la proporción de estudiantes que ingresan por medio del examen de selección es del 45%, el resto lo ocupan estudiantes provenientes de los dos sistemas de bachillerato a su cargo. Dicha institución también es la que mayor número de solicitudes de ingreso recibe anualmente para todos sus campus, tan sólo en la última convocatoria —de la cual se publicaron los resultados en julio pasado— se recibieron, para el sistema escolarizado, 77 484 solicitudes. En esa misma convocatoria, Médico Cirujano (Facultad de Medicina) se situó como la carrera con mayor demanda y junto con Física (Facultad de Ciencias) fueron las carreras con el mayor puntaje mínimo requerido: 113 aciertos de 120 reactivos. Esto las colocó junto con una veintena de programas para los cuales eran necesarios más de 100 aciertos para obtener un lugar. En el otro extremo, Administración Agropecuaria (ENES León) y Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento (Tlaxcala) requirieron apenas 40 aciertos como mínimo para ser admitidos como estudiantes de estas carreras.

Pero no sólo el puntaje varía entre programas, lo hace también entre sedes de la misma institución. Por ejemplo: si para Médico Cirujano en la Facultad de Medicina eran necesarios 113 aciertos; para la misma carrera, en la FES Iztacala, eran necesarios 109. Al no haber una segunda opción en el examen, aquellos aspirantes que obtuvieron 112 aciertos y que postularon para la Facultad de Medicina simplemente quedaron fuera de la UNAM. Esto nos lleva a reconsiderar la vinculación típica entre el número de aciertos en dicho examen, cuyo mínimo requerido varía en cada convocatoria, y un determinado nivel de conocimientos:

Todavía lo recuerdo, hasta lo tengo en mi mente. Me faltaron cinco aciertos para aquí [Facultad de Derecho] porque saqué 91 y los aciertos mínimos que me pedían eran 96. Entonces dije […] ‘mejor hubiera metido FES Acatlán y, tal vez, me hubiera quedado’.

Este testimonio, extraído de una investigación más extensa sobre el tema, corresponde al caso de una joven que en 2015 realizó su examen de ingreso para la carrera de Derecho en la UNAM, pero que, por haber postulado a la Facultad de Derecho y no a la FES Acatlán (83 aciertos) o FES Aragón (80 aciertos), no logró obtener un lugar y tuvo que esperar varios meses para intentarlo nuevamente. Como éste, existen muchos casos más cada año que —ante eventos como el de no ingresar a la educación superior— obligan a cientos de jóvenes a reconfigurar sus trayectorias y en algunos casos, junto con sus familias, a diseñar diversas estrategias que les permitan acceder a una universidad. En principio, para varios de estos jóvenes implica el ingreso al mercado laboral:

[Después de no ingresar a la universidad] para apoyar a la familia, me tuve que dedicar a trabajar en una panadería, de ahí tuve que tomar ciertas responsabilidades […], más de las que ya tenía en la casa.

Una de las estrategias más comunes entre estos jóvenes y sus familias es la inscripción a cursos de preparación para los exámenes de admisión; sin embargo, también el acceso a estos se encuentra segmentado en función del costo, que puede oscilar entre los 4 mil y 15 mil pesos. Es conocido el caso de un curso que se ofrece al sur de Ciudad de México que ha cobrado notoriedad por incrementar las posibilidades de obtener un puntaje mayor en los exámenes de admisión a un costo considerable, para ello, un número importante de  padres de familia pernocta para alcanzar una ficha que les permita inscribir a sus hijas e hijos.

Derivado del problema del acceso a la educación superior, desde 2006, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) y el Movimiento de Estudiantes No Aceptados (MENA) han agrupado a decenas de jóvenes que no obtuvieron un lugar en el nivel superior. Anualmente, estos grupos —en los que también participan padres de familia— realizan una serie de movilizaciones con el propósito de establecer mesas de diálogo con diversas autoridades educativas para negociar el ingreso a alguno de sus programas. Se sabe, por ejemplo, que los acuerdos con la UNAM involucran el ingreso por medio de un mecanismo conocido como ingreso en años posteriores al primero, el cual consiste en que estos jóvenes permanecerán un año en una institución particular incorporada a la UNAM y, posteriormente, podrán hacer un trámite de revalidación que les permitirá integrarse a una sede de la Universidad. Un mecanismo similar ha formado parte de las negociaciones entre ambas organizaciones y el IPN. Tan sólo el MAES logra que —aproximadamente— un centenar de jóvenes, con una serie de intentos acumulados de ingreso, obtengan un lugar en alguna institución de educación superior anualmente.

Por otro lado, para atender el problema de los jóvenes que no logran ingresar a la educación superior, desde 2016, se puso en marcha el programa Un Lugar para Ti en el que actualmente participan 136 instituciones públicas y privadas de los estados de Morelos, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. El éxito del programa ha sido muy limitado, desde su creación hasta mayo del presente año, se registraron 5,177 solicitudes que se tradujeron únicamente en 1,089 beneficiarios, es decir, apenas una quinta parte. El 94% de estos beneficiarios se concentraron en institutos tecnológicos y universidades politécnicas de la Ciudad de México y el Estado de México.

No obstante, en el mismo tema, las propuestas del gobierno entrante tampoco parecen claras. Como se ha mencionado, el examen de selección como criterio único de ingreso a la educación superior resulta no ser el mejor mecanismo pues en él confluyen una serie de características socioeconómicas de los estudiantes y de diseño propio de los procesos de selección. Dos enfoques analíticos planteados desde la sociología podrían ayudarnos a entender lo que sucedería con dos de las principales propuestas de López Obrador relacionadas con el tema del acceso a la educación superior: la desigualdad mantenida al máximo y la inequidad efectivamente mantenida.

La primera propuesta está relacionada con la educación superior a todas las personas que así lo soliciten. Un intento de acceso irrestricto, aunque mediado por un sorteo, se ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad de México en donde el ingreso por medio de sorteo le otorga las mismas probabilidades a todos los que desean ocupar un lugar en esta institución. Sin embargo, los problemas inherentes a las trayectorias académicas previas de los estudiantes suelen manifestarse en etapas posteriores al ingreso, lo que interviene en el aprovechamiento y continuidad escolar de estos jóvenes. Si bien este fenómeno también se presenta cuando el ingreso se realiza por examen, lo que aquí se plantea es que el ingreso irrestricto atiende parcialmente el problema si no se acompaña de otras iniciativas. Al final, el ingreso a todos aquellos que lo soliciten podría terminar beneficiando a los que estén en condiciones de hacerlo y que, generalmente, son los estratos sociales más altos, lo cual es planteamiento central de la hipótesis de la desigualdad mantenida al máximo.

La segunda propuesta busca atender el problema del acceso ampliando la oferta a través de la creación de 100 nuevas universidades durante el próximo sexenio. En principio, esta propuesta parece financieramente inviable. No obstante, concediendo la factibilidad del hecho, si bien se incrementaría considerablemente el acceso al nivel superior, de acuerdo con la hipótesis de la inequidad efectivamente mantenida, se podría acentuar más la diferenciación en términos de calidad que existe entre instituciones educativas y trasladar esta segmentación de oportunidades a otras áreas como el campo laboral. La creación de las nuevas universidades se daría en un escenario en el que existen temas importantes que no han sido resueltos como el pago de pensiones o las condiciones laborales de los docentes quienes —en buena parte de las instituciones– suelen estar contratados por hora-clase. Por cierto, poco o nada se ha hablado sobre el esquema bajo el que se contratarían a los profesores de estas nuevas universidades.

De esta manera, las medidas para atender temas tan complejos como el acceso a la educación superior requieren de políticas mejor diseñadas y complementarias. Asimismo, se requiere de una revisión a los planteamientos que diversos expertos en el tema han elaborado y de evaluar los elementos que han funcionado o fracasado en otros escenarios. Algunos ejemplos de estrategias que pretenden una mayor equidad en el acceso están relacionados con cuotas por estratos socioeconómicos o étnicos. Después de todo, si algo se puede rescatar de estas propuestas de López Obrador, en cuanto al acceso a la educación superior, es que se haya sacado al tema de los repositorios académicos y esté en la mesa del debate público. Resta tomar decisiones razonables y viables en colaboración real con los actores e instancias involucradas.

 

Humberto González
Maestro en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas del DIE-CINVESTAV.