Y Andrés Manuel López Obrador nos sigue generando más preguntas. En pleno día de la virgen de Guadalupe, el presidente de la República presentó su propuesta educativa a la Cámara de Diputados, la cual expone la iniciativa de reforma al artículo tercero y —principalmente— contempla la desaparición del INEE y la obligatoriedad de la educación superior en el país. Con el único fundamento de “ha llegado la Cuarta Transformación”, la iniciativa hace obligatorio el nivel superior con el fin de alcanzar su universalización. Es evidente que AMLO cree que con la obligatoriedad de la educación superior se alcanzarán las metas de cobertura educativa que no se han alcanzado en sexenios anteriores y que todo aquel que aspire a cursar una carrera tendrá un lugar asegurado en alguna institución de educación superior. Pero una vez más no tenemos claridad al respecto: el proyecto de reforma sólo establece que el Estado promoverá la inclusión de los jóvenes a este nivel educativo, y que la gradualidad de la implementación será contemplada por las leyes secundarias, por lo cual es inevitable preguntarse ¿cómo traducirá esa propuesta de reforma en políticas públicas concretas?

Para los que estudiamos la educación superior como fenómeno social, el problema del acceso educativo es uno de los más trabados. Su complejidad articula elementos de gran importancia como la inequidad y desigualdad sociales, la fragmentación de los sistemas educativos (estratificación) y hasta asuntos presupuestales, políticos y de distribución territorial. Aunado a ello, se ve agravado por las complejidades de la permanencia, deserción y rezago educativo. En fin, lo que quiero decir es que no es cosa fácil la aproximación, comprensión y resolución del fenómeno del acceso a la educación superior. Sin embargo, en todas las oportunidades que ha tenido AMLO nos ha expresado lo contrario, diciendo que el acceso se va a resolver combatiendo la corrupción, creando más universidades o, esta vez, con la obligatoriedad de la educación superior.

Ilustración: Estelí Meza

En mi opinión, uno de los principales obstáculos para llevar a buen puerto el problema del acceso educativo es que López Obrador nunca ha hablado seriamente sobre hacer equipo con las universidades públicas —que son actores importantísimos—  ni tampoco las ha hecho partícipes del diseño de estrategias orientadas no sólo a la atención del problema de la cobertura, sino del desarrollo de la educación superior en general. Recordemos que fue el único candidato que no se presentó a la reunión con la ANUIES y apenas más recientemente aceptó dialogar con la Asociación. Pensar en atender el problema del acceso educativo sin considerar a las universidades públicas no resulta muy atinado y por ello surge la pregunta ¿cómo le va a hacer su gobierno entonces?

En primera instancia, parece ser que el proyecto que movilizará la reforma y promoverá el aumento de la cobertura educativa será el de la creación de 100 nuevas universidades públicas, el llamado sistema de universidades Benito Juárez. Sin que el proyecto sea claro, el presidente electo recurrentemente se ha posicionado a favor de la educación superior para todos, y no es la primera vez que ha intentado hacer algo por reducir el número de rechazados que ciclo tras ciclo hay en las universidades públicas. Se podría decir que su primer intento por resolver el tema del acceso a la educación superior se dio cuando gobernaba la CDMX cuando creó la UACM en 2001. Un segundo intento fue más reciente cuando el partido, del que fue fundador y presidente, Morena echó a andar la estrategia de escuelas universitarias orientada justamente a otorgar un lugar a los jóvenes que no habían logrado ingresar a una institución de educación superior. En el caso de la UACM, se trata de una institución que ha tenido un avance a tropezones, la absorción no es la que se esperaba y padece de graves problemas de deserción, además de que últimamente ha tenido denuncias de corrupción y esta semana se tomaron las oficinas de la rectoría porque hay inconformidades en la forma como su actual rector ocupó dicho puesto. En lo que respecta a las escuelas universitarias de Morena, aunque el objetivo estaba más o menos claro, los resultados concretos no los conocemos porque no han difundido información sobre ellos. Entonces, si la estrategia de las 100 nuevas universidades parte de una concepción similar, estamos de nuevo ante un panorama incierto y peligroso.

Este proyecto en sí mismo nos genera muchas preguntas, pero me gustaría partir de la siguiente: ¿por qué 100 universidades y no 80, 50 o 20? Establecer una cifra concreta debería de responder a un diagnóstico claro y conciso, y no sólo en términos de la envergadura del problema a atender sino también en términos de sustentabilidad económica, lo que a primera instancia parece poco factible. Pero empecemos por el principio: las universidades (como instituciones de educación superior) no se originan de esa manera. Aunque cada vez existan más retos a los que las universidades deben de responder —siendo uno de ellos la cobertura educativa— históricamente —y sociológicamente— las universidades tienen otro origen; se forman en respuesta a necesidades sociales, a partir de la articulación de un conjunto de disciplinas que orientan su desempeño y cuyos objetivos son la enseñanza, la investigación, la formación de ciudadanos y la difusión de la cultura. Es decir, las universidades no son únicamente “esponjas” que se encarguen de absorber matrícula para alcanzar objetivos de cobertura, por lo que pensar en crear 100 universidades “de un plomazo” no sólo parece poco factible, sino también poco serio.

Y es que el problema del acceso educativo en el nivel superior lejos está de resolverse con la mera construcción de instituciones y universidades, lo que significa que no porque haya más universidades la cobertura educativa aumentará automáticamente. En la historia mexicana ya hay experiencia sobre esto; entrando la década del 2000, el gobierno federal creó un conjunto de institutos tecnológicos con el objetivo tanto de promover el desarrollo nacional a partir de lo local/regional como de aumentar la cobertura educativa en ciertas regiones del país. Los resultados hasta ahora no son buenos, pues, entre otras cosas de orden organizacional, ha costado mucho trabajo posicionar esa oferta educativa en el imaginario de la sociedad; los institutos tienen poca demanda y no han resultado ser tan atractivos para el grueso de los aspirantes a un lugar en la educación superior. Los jóvenes quieren estar en las universidades públicas prestigiosas estudiando carreras tradicionales. Es decir, para los jóvenes no sólo es un asunto de acceder a la educación superior, también representa muchas veces un sueño que se concreta en estudiar en un lugar específico una carrera específica, en ese sentido ¿estas 100 universidades estarán a la altura de las expectativas de la sociedad en términos de enseñanza y calidad educativa, más allá de representar un lugar en la educación superior?

Con este panorama, habrá que estar pendientes sobre la discusión legislativa del proyecto, pues aunque parece cosa menor en relación a la desaparición del INEE y los nuevos lineamientos sobre la evaluación educativa en el nivel básico, la obligatoriedad de la educación superior es un asunto de gran envergadura que, de aprobarse, tendrá implicaciones sistémicas, institucionales e individuales de gran calado. El compromiso que asumiría el Estado para con todos los aspirantes a la educación superior representaría —de entrada—  una gran responsabilidad legal, porque si el Estado no cumple con otorgar lugares a todos ya me imagino la avalancha de demandas que tendrá que enfrentar. Ahora bien ¿qué pasará si hay lugares para todos los aspirantes, pero en universidades y carreras que no les interesan? En fin, López Obrador se está metiendo en un terreno complicado.  

 

Eduardo Navarro Meza
Maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-México.