El miércoles 12 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador —en el marco de su conferencia de prensa— firmó de manera pública una iniciativa en la que anuncia la cancelación de la Reforma educativa, y con esta la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En su lugar, sugiere la creación del Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua en la Educación. La propuesta llegó después de semanas de avisos, iniciativas, y para algunos, de incredulidad: ¿De verdad AMLO se atrevería a desaparecer a una institución que lleva 16 años operando, y generando información valiosa para conocer los alcances y retos del sistema educativo? El anuncio de esta contra-reforma educativa estuvo precedido de varios pronunciamientos, algunos incluso con un tono de linchamiento político. Sin duda, en los últimos meses, el INEE ha estado en la mira y hoy parece ser el chivo expiatorio de la reforma educativa de Peña Nieto.

El debate protagonizado por congresistas de Morena, la comunidad de investigadores educativos y el propio magisterio, ha estado marcado por posturas más en blanco y negro que no ayudan a revisar seriamente lo que una institución autónoma como el INEE le aporta a la educación de este país. La continuidad del Instituto ha desatado pasiones entre la propia comunidad de investigadores. Hay quienes sostienen que el INEE se merece un escarmiento, por no haber marcado distancia con la autoridad educativa y no haber “ejercido” su autonomía.

Ilustración: Estelí Meza

Al respecto, hay que señalar que si bien es cierto que hace seis años el Instituto recién estrenaba su autonomía, ello no lo exentaba de trabajar en algunas tareas con la autoridad educativa. En particular, en lo que toca a la evaluación del desempeño, el Instituto debe verificar la solvencia técnica de la evaluación docente que realiza la autoridad educativa, tal y como lo marca la Ley General del Servicio Profesional Docente. Al INEE le corresponde revisar y validar los instrumentos de evaluación diseñados por la autoridad y sí calificar la evaluación, pero la implementación corre a cargo de la autoridad educativa.

Cabe decir que fue la primera evaluación del desempeño, realizada en noviembre de 2015, la que marcó el inicio de la crítica por parte de los maestros al INEE. Los detractores del INEE no mencionan, sin embargo, que, en 2016, y como consecuencia de este primer ejercicio —ciertamente muy atropellado, particularmente por la forma en la que se implementó— el Instituto llamó a una suspensión temporal de la evaluación, mientras esta se reformulaba; de hecho, la evaluación fue voluntaria hasta que se anunció un nuevo modelo (en 2017).

Ahora bien, como lo he señalado en otros espacios, más allá de la evaluación docente, que no era claramente responsabilidad directa del Instituto, este organismo se ha encargado de generar información valiosa sobre todos los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional. En estos años, además, el INEE buscó construir puentes entre la evaluación y la mejora —una relación poco lineal— a partir de la emisión de directrices. Dichas directrices son resultado de un trabajo serio y sistemático de lo que se conoce como evaluación de políticas. De hecho, las primeras recomendaciones que emitió el Instituto en 2015, las directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, buscaron colocar en el debate y sugerir a la autoridad, algunas tareas urgentes para sacar del abandono a las escuelas normales y darles elementos para desarrollar mejor su labor.

Así, los cinco paquetes de directrices que ha emitido el Instituto tocan varios de los grandes temas pendientes en materia de equidad y han aportado información muy valiosa sobre las grandes líneas e intervenciones de política y sobre los enormes retos que enfrenta el sistema en su conjunto: desde hablar de los pocos apoyos que reciben los docentes para realizar su labor, hasta las reducciones de presupuesto para la atención educativa de las poblaciones más pobre del país. En su momento, por ejemplo, el INEE denunció la reducción del presupuesto de varios programas, agrupados en el relativamente nuevo Programa de Inclusión y Equidad Educativa, hoy, por cierto reducido otra vez en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

En relación con el tema de directrices, también se debe señalar que en un inicio el Instituto encontró serias resistencias por parte la SEP para aceptarlas y, sobre todo, para atenderlas. Se le podría preguntar al hoy Subsecretario, Gilberto Guevara Niebla, entonces consejero de la junta de gobierno del Instituto lo que se vivió en términos de desaires y resistencias de la SEP cuando esta instancia no quería aceptar las primeras directrices del INEE.

Para varios investigadores que conocemos de cerca el trabajo del INEE y apreciamos su historia, sus contribuciones y la importancia del trabajo que realiza —y que también pensamos que necesita mejorar algunos de sus procesos y tareas de evaluación— el anuncio de su desaparición no puede más que preocuparnos. El INEE representa un contrapeso a la autoridad educativa. Esta posibilidad se la dan tanto el conocimiento profundo que tiene sobre el sistema educativo, a partir de la atribución que tiene para evaluar procesos, componentes, resultados y políticas y programas, como las reglas que dictan la conformación de su junta de gobierno, producto de su autonomía constitucional.

Al respecto, hay que subrayar que hay distintos tipos de autonomía, donde la máxima es la constitucional, y en el otro lado del espectro está la autonomía técnica que es la que se propuso en el decreto de reforma presentado la semana pasada. La autonomía constitucional de la que hoy goza el INEE le da la posibilidad de que sus consejeros, quienes son propuestos en una terna por el Ejecutivo y nombrados por el Senado, no tomen decisiones en función de su lealtad al presidente o por el miedo a ser removidos. Y ello contrasta con la propuesta de decreto, en donde se señala que el Centro que se espera sustituya al INEE sea “dirigido por un Consejo Directivo de siete miembros designados por la autoridad educativa federal”, lo cual abre la puerta a la discrecionalida y —dicho de paso— al pasado, en donde la autoridad era juez y parte.

El INEE es una institución que merece otra oportunidad, para fortalecerse, para hacer mejor su trabajo. Pero más que al INEE, la oportunidad la merece la educación de este país, las niñas, niños y jóvenes, y, sin lugar a duda, también los maestros. Como todos sabemos, los docentes no son el único factor que interviene en los aprendizajes de los niños.

La investigación educativa y los distintos ejercicios de la evaluación de aprendizajes, tanto en América Latina, con las pruebas que ha realizado el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de Calidad de la Educación —PERCE, SERCE y TERCE— como en otras latitudes con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), además de las evaluaciones de aprendizaje que hoy conduce el INEE (PLANEA), señalan que el aprendizaje de los estudiantes depende de muchos factores: familiares, del contexto de los alumnos, y de las propias escuelas-, los cuales es necesario conocer, y en consecuencia, atender. Por ello, se necesitan evaluar dichos factores, para valorar si se está garantizando lo que plantea el actual Artículo 3° constitucional:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Así que, en lugar de anunciar la cancelación del Instituto y proponer que se convierta en una institución de capacitación y revalorización docente, el gobierno actual debe pensar en cómo fortalecerlo, para que informe y ayude a la autoridad educativa a tomar mejores decisiones y para que se avance con ello en el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos.

La cancelación del INEE, como se consigna en la iniciativa que presentó el presidente López Obrador, parece responder, sin más, a una promesa de campaña, pactada con los miembros más radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación… o ¿quizás con el SNTE mismo? La desaparición de un órgano autónomo, sin argumentos claros, más allá del político, deja a la educación en un estado de indefensión y abre la puerta a la desaparición de otros órganos.

Los órganos autónomos son necesarios para la democracia de este país: abonan a la construcción de contrapesos. ¿Podemos imaginar un organismo electoral, por ejemplo, con autonomía técnica pero no constitucional? Borrar de un plumazo a un órgano autónomo nos lleva de vuelta al México de hace tres décadas, en donde el Estado omnipotente era juez y parte. Hagamos pues un llamado a los legisladores para que revisen con independencia, seriedad y responsabilidad la propuesta del Ejecutivo y los graves riesgos que conlleva desaparecer las funciones y la autonomía del INEE.

 

Arcelia Martínez Bordón
Académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.