El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se encuentra ante una encrucijada muy compleja, quizá la más compleja de su historia, por las dificultades para procesar el futuro al que lo obligan las nuevas circunstancias del país. La complejidad actual de este escenario se deriva de la crisis a la que se enfrentó el SNTE ante la Reforma Educativa instrumentada durante el sexenio 2012-2018.

Ilustración: Víctor Solís

El ala del SNTE conocida desde 1989 como institucional se partió en dos. Una parte se mantuvo en la obediencia de la que encabezó el líder del SNTE: Juan Díaz de la Torre —validado políticamente por el gobierno en marzo y abril de 2013— mientras la otra, desarticulada —alineada con la lideresa Elba Esther Gordillo Morales— resolvía mantenerse en segundo plano en la espera de mejores tiempos.

Los dos grupos se distinguieron entre sí principalmente en el tema de vincular o no a la permanencia en el empleo la evaluación docente derivada de la Reforma Educativa. La maestra Gordillo se negó a ese punto, Díaz de la Torre lo aceptó. Esta es la disyuntiva que partió al SNTE en dos piezas hoy irreconciliables. Durante el sexenio 2012-2018, el grupo de Juan Díaz, al frente del SNTE, mantuvo con timidez algunos reclamos al gobierno consistentes en meras consideraciones secundarias, no de fondo, respecto a la aplicación de la evaluación docente pero nunca se atrevió a ir al fondo en el tema de exigir la desvinculación de la evaluación docente y la permanencia en el empleo. Nunca lo hicieron ni el SNTE, dirigido por Díaz, ni los diputados del partido Nueva Alianza (Panal) durante las dos legislaturas federales que tuvo el presidente Peña Nieto.

Durante el mismo sexenio, el grupo de Elba Esther Gordillo —ya en la oposición interna del SNTE, pero sin formalizar una beligerancia activa como la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)— estuvo en condiciones de criticar la reforma y exigir la desvinculación entre evaluación y empleo. Nunca tuvo este grupo una organización debidamente articulada que luchara —intelectualmente en los medios, o físicamente en las plazas públicas— contra el principal problema planteado por la reforma: la  vinculación que amenazaba permanentemente la plaza de base del trabajador docente. Ninguno de los dos grupos institucionales lo hizo. El grupo de Díaz, por complicidad con el gobierno federal; el grupo de Gordillo, por un entorno absolutamente adverso.

Así, la CNTE se encontró de pronto como dueña del espacio para protestar en solitario, ya que el ala institucional, nacida en 1989 sobre el cadáver político de Carlos Jonguitud Barrios, había sido sometida mediante dos procedimientos: el del incentivo monetario con dinero presupuestal público al liderazgo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE para una supuesta promoción de la reforma, y el de la denuncia penal contra la cabeza del grupo de Gordillo –doble golpe, doble rendición de la plaza. El PRI y Nueva Alianza se daban un balazo en el pie con consecuencias que se valorarían a plenitud hasta julio de 2018.

Desde la prisión preventiva que tuvo la maestra Gordillo en febrero de 2013 —a lo largo de todo ese año— y, especialmente durante el último cuatrimestre, el monopolio de la protesta pública la tuvo la CNTE; el ala institucional, fracturada, abandonó la plaza partida en dos. Esto ocasionó un crecimiento atípico de la CNTE en estados donde no tenían presencia y ocasionó también la aparición de grupos que públicamente comenzaron a combatir la reforma en las plazas. El caso de Veracruz es significativo. El gobernador actual por Morena, Cuitláhuac García Jiménez, y su secretario de educación, son dos docentes que participaron en el grupo denominado Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) nacido contra la reforma. Es un gobierno estatal nacido de esa pelea, acaso el único en el país con esa característica: la de formarse principalmente por profesores que llegaron al poder luchando contra la Reforma Educativa. Es posible suponer que se trata de algo que no previó el PRI 2012-2018 en su obstinación por hacer prevalecer la reforma a cualquier precio.

¿Por qué sucedió así? El problema de fondo con la Reforma Educativa fue el tema de la permanencia en el empleo. Desde que el Estado mexicano se estabilizó después del periodo revolucionario tuvo la preocupación de proteger a los trabajadores a cambio del voto corporativo en favor del oficialismo. De la Constitución de 1917 surgió la protección social y laboral derivada de los dos apartados, el A y el B, de su artículo 123. Por ese artículo se les dio a los trabajadores Infonavit e IMSS para los primeros; y FOVISSSTE e ISSSTE para los segundos, entre otras cosas. Pero hubo algo más importante que se le dio a los trabajadores con relación laboral reglamentada en el apartado B: la estabilidad en el empleo. Esta estabilidad laboral (la inamovilidad) fue la que puso en entredicho al PRI de 2012 a 2018 con la aplicación de la Reforma Educativa. A este aspecto de la reforma se opuso la exlideresa del SNTE, Gordillo Morales, y al parecer fue la razón principal por la que fue a prisión. El dirigente nacional del SNTE, Díaz, perdió una diputación plurinominal aliado al PRI y hundió al Panal al grado de que este perdió el registro nacional.

A finales de noviembre de 2017 el PRI y el Panal designaron a su candidato presidencial de manera coaligada, incluyendo al Partido Verde. Al mes siguiente, en diciembre, la maestra Gordillo logró ser trasladada a prisión domiciliaria y comenzó, desde su grupo, la operación política en favor de las candidaturas de Morena mediante las Redes sociales progresistas (RSP), operadas por allegados de ella. El triunfo de Morena pudo haber indicado una rápida inclinación del nuevo gobierno hacia el grupo de Gordillo, pero no fue así; hubo una operación política que propició el acuerdo de ir a elecciones internas y la maestra lo aceptó en público el 21 de noviembre: “aunque mis derechos están siendo conculcados”, dijo entonces.

Juan Díaz, vetado por el entonces gobierno electo, pidió licencia al cargo de Presidente del SNTE el 22 de noviembre ante el Consejo Nacional. El Consejo aceptó la licencia pero no sustituyó a Díaz, tal como lo prevé la fracción XVII del artículo 72 del estatuto, donde se faculta al Consejo a sustituir pero no a deliberar si sustituye o no. Al quedar al cargo Cepeda Salas —Secretario General— el compromiso con el nuevo gobierno, encabezado por López Obrador, es elegir mediante voto universal directo al nuevo dirigente nacional. Para esto, el campo electoral está dividido en tres grupos fundamentales: el grupo que responde a los intereses del actual CEN del SNTE; el grupo gordillista que se agrupa en torno a la asociación civil Maestros por México (MxM), y en tercer lugar, la CNTE, que suponemos se encuentra involucrada en el proceso dado su acercamiento al presidente electo a finales de octubre de 2018.

Para el proceso de voto universal falta resolver el tema del padrón electoral que el SNTE no tiene actualizado. No ha habido una prueba piloto en alguna sección pequeña que permitiera a las partes revisar fortalezas y áreas de oportunidad del proceso. El grupo alineado con el CEN del SNTE estaría apoyado en la estructura del organigrama oficial (delegaciones, secciones) y los recursos económicos de las cuotas sindicales. El grupo de MxM entraría al proceso apoyado en los capítulos que organiza a lo largo y ancho del país, en teoría sin recursos económicos. La CNTE, si participara, abandonaría una postura que data de cuarenta años, desde 1979 en que se fundó. El que algunos voceros de la CNTE anuncien que no participarán en la construcción del pliego de demandas 2019 al lado del CEN del SNTE podría ser un anticipo de que no participarán tampoco en las elecciones universales directas prometidas. De 61 secciones nacionales, el CEN de Cepeda Salas tendría en su favor las dirigencias formales de unas 55 secciones; la CNTE de unas 6, y MxM formalmente ninguna. No obstante, estos números nada significan en la práctica: las bases le dieron la espalda a Juan Díaz y Cepeda Salas en las elecciones de julio.    

 En teoría el actual dirigente nacional, Cepeda Salas, no podría participar, pues sería juez y parte. Algunos posibles candidatos suyos, integrantes del CEN del SNTE, podrían ser José García Mora (Jalisco, del área financiera); Soralla Bañuelos de la Torre (Zacatecas, del área jurídica), y quizá Carlos Moreira Valdés (de Coahuila, tierra de Cepeda Salas y de Humberto y Rubén Moreira Valdés, hermanos suyos). Por el lado de MxM hay al menos tres nombres mencionados de manera pública: Rafael Ochoa Guzmán (EdoMex); Enrique Meléndez Pérez (Tamaulipas), y Moisés Jiménez Sánchez (Hidalgo), vinculado en 2018 a la operación electoral de Morena.

Como sea que se resuelva el proceso electoral, será una simulación si el SNTE arma las elecciones universales directas con planilla única. El SNTE comienza un recorrido que jamás ha hecho, ni siquiera a título de prueba. Un itinerario complicado, de enfrentamiento, quizás doliente, sin esperanzas, como el camino que anuncia Dante en la famosa puerta del tercer canto del Infierno.

 

Wenceslao Vargas Márquez
Ha ocupado diversos cargos en el SNTE y es analista en medios.