La igualdad de género (IG) ha estado prácticamente ausente en la agenda educativa; por ello, al inicio de la administración gubernamental —en tanto se rediseña la política educativa— es momento de ponerla al centro de la discusión. Cuando hablamos de sexo nos referimos a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, mientras que género es el conjunto de ideas y creencias construidas en torno al sexo que determinan las funciones, oportunidades y valoración de lo masculino y lo femenino. Es innegable que las desigualdades de género tienen efectos en las trayectorias educativas de las mujeres, en sus oportunidades de desarrollo y de movilidad social. En este texto se realiza un acercamiento al presupuesto público federal para la IG en el Ramo 11 (Educación Pública), durante el sexenio anterior y el primer presupuesto aprobado para la nueva administración federal. Aunque existe escasa evidencia sobre el impacto que han tenido estas asignaciones en la reducción de las brechas de desigualdad, analizarlas es importante porque son una expresión cuantificable de la voluntad de la autoridad educativa para resolver un problema público. Es decir, nos ayudan a entender qué tan prioritaria es la atención a estas desigualdades para el sector educativo.

Históricamente, las mujeres han enfrentado severas desventajas en el ejercicio de sus derechos y el derecho a la educación no es la excepción. Si bien se han logrado revertir algunas brechas, muchas continúan vigentes y se interrelacionan con otras condiciones, como la pobreza y la pertenencia étnica. Actualmente, más de 2 millones 310 mil niñas y adolescentes, de entre 3 y 17 años, no asisten a la escuela. Por otra parte, 77% de las personas jóvenes que no estudian ni realizan actividades remuneradas son mujeres. Aunado a lo anterior, las niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos de ser víctimas de violencia, dentro y fuera de la escuela, lo que tiene efectos negativos en sus trayectorias educativas.

Ilustración: Estelí Meza

Para combatir estas desigualdades, uno de los instrumentos más relevantes del gobierno federal es el presupuesto etiquetado. Desde 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) incorpora la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de los programas federales e incluye un anexo que determina los recursos públicos etiquetados para la IG, en todos los sectores gubernamentales. Este presupuesto refiere a la asignación de recursos financieros para realizar acciones específicas —en el marco de ciertos programas— que permitan el adelanto de las mujeres hacia la igualdad sustantiva; es decir, en el pleno ejercicio de los derechos. Estos recursos se determinan cada año con la publicación del PEF y no contemplan el total del gasto público que beneficia a las estudiantes en el sector, sino recursos estratégicos que deberían impactar en las brechas de género. Además, no se trata de presupuesto adicional sino una fracción del que los programas ya reciben.

Las acciones que se implementan con este presupuesto en el sector educativo son:

Tipo educativo

Acciones

Educación básica

• Capacitación a docentes en materia de género y derechos humanos
• Becas a estudiantes madres o embarazadas
• Acciones con perspectiva género en relación a la convivencia escolar y para la inclusión de las estudiantes indígenas, migrantes y con discapacidad

Educación media superior

• Becas para fomentar la permanencia y conclusión de las estudiantes
• Becas dirigidas a estudiantes madres o embarazadas

Educación superior

• Capacitación a personal docente y administrativo
• Becas para mujeres estudiantes de carreras científicas y tecnológicas
• Actividades para fomentar la cultura de la IG en la UNAM y el IPN

Transversal

• Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género en la política educativa

 

De 2013 a 2019, el presupuesto para la IG en educación se ha caracterizado por 1) ser insuficiente, aunque aumentó gradualmente; 2) presentar subejercicio, y 3) estar sujeto a la voluntad política de diversos actores. Además, se encuentra escasamente vinculado a una política transversal para la igualdad de género en la educación.

Respecto al primer punto, de 2013 a 2018, el sector educativo federal ejerció 17 mil 907 millones de pesos (constantes 2019) para la IG; sin embargo, esta cantidad sólo representa 0.88% del gasto total ejercido (2 billones 039 mil millones de pesos constantes 2019). Como puede observarse, en 2013 el presupuesto etiquetado sólo representó 0.20% del gasto total del sector; un año después se triplicó y ha aumentado progresivamente hasta 2017, año en el que significó 1.23% (gráfica 1). Es importante destacar que la tendencia de crecimiento porcentual de este presupuesto, respecto al total del gasto educativo, se interrumpe por primera vez en 2019. En todo caso, los recursos destinados para este fin han sido insuficientes, lo que permite afirmar que en términos presupuestales la IG no fue un tema prioritario en la política educativa y esto no ha cambiado en el inicio del actual gobierno.

Gráfica 1. Porcentaje de presupuesto aprobado y ejercido para la IG
 respecto al total del Ramo Educación Pública por ejercicio fiscal

Elaboración propia a partir de las Cuentas Públicas de 2013 a 2017, Tercer informe trimestral 2018 y PEF 2019
*La información del presupuesto ejercido de 2018 es preliminar y corresponde al tercer informe trimestral

En relación al segundo punto, destaca el subejercicio de estas asignaciones, lo que es grave ante la escasez de recursos y la urgencia de asegurar trayectorias educativas exitosas para las estudiantes. Durante el periodo analizado, cada año (a excepción de 2017) el presupuesto ejercido ha sido menor respecto al aprobado. Esto sucede fundamentalmente debido a dos causas; por un lado, la falta de compromiso o capacidades de las áreas responsables de los programas para ejecutar las acciones de IG que establece el PEF y, por el otro, los frecuentes recortes que sufren los programas a lo largo del año, en muchas ocasiones para atender compromisos financieros del sector que no cuentan con recursos asignados. Este subejercicio ascendió a 8.4% de 2013 a 2017 (gráfica 2). Destaca el caso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente que, de 2015 a 2017, no gastó ni un peso de los 30 millones que le fueron etiquetados para capacitar a docentes de educación básica en temas de género y derechos humanos.

Gráfica 2. Presupuesto educativo etiquetado para la IG aprobado y ejercido por ejercicio fiscal 2013 – 2017
 (millones de pesos constantes 2019)

Elaboración propia a partir de las Cuentas Públicas de 2013 a 2017, Tercer informe trimestral 2018 y PEF 2019
*La información del presupuesto ejercido de 2018 es preliminar y corresponde al tercer informe trimestral

Sobre el tercer punto, ante la ausencia de normatividad para identificar y etiquetar el presupuesto durante los procesos anuales de planeación y programación, los incrementos presupuestarios han dependido de los siguientes factores:

• La voluntad política de distintos actores al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para atender las desigualdades de género, tales como la Oficialía Mayor y las áreas responsables de los programas.

• La incidencia de las legisladoras que integran la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, durante el proceso anual de aprobación del PEF.

• Las acciones realizadas por la Unidad de Igualdad de Género (UIG) de la SEP para promover la atención a las brechas de género por parte de las distintas áreas de la secretaría. De 2013 a 2016 se destacan los trabajos emprendidos por la entonces Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, hoy desaparecida.

• La eliminación o fusión de los programas educativos que comenzó en 2014. Como se observa en la gráfica 2 (debajo de cada año se indica el número de programas con presupuesto de género y el total de programas educativos), el sector contaba con 113 programas en 2013, mismos que se han reducido hasta llegar a 42 en 2019.

 

Además de lo anterior, las áreas responsables de operar los programas enfrentan diversos obstáculos en la implementación de estas acciones. Por una parte, es común que se asignen recursos a programas que no han sido diseñados con perspectiva de género —por ejemplo, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (paradójicamente), el de Desarrollo Profesional Docente y el de Fortalecimiento de la Calidad Educativa—, lo que hace complejo el rediseño de sus acciones educativas. Asimismo, la cultura institucional en el sector educativo en materia de género y derechos humanos aún es incipiente. Por último, el personal encargado de ejecutar las acciones enfrenta sobrecarga administrativa e inestabilidad laboral (con frecuencia tiene contratos laborales trimestrales), lo que no favorece su profesionalización.

El presupuesto educativo para la IG es relevante porque las brechas entre mujeres y hombres siguen determinando las trayectorias educativas y los resultados de aprendizaje en México; en esta dinámica, las niñas y jóvenes normalmente sacan lo peor parte (basta señalar que la escolaridad media de las mujeres de 15 años o más es menor respecto a la de los varones). Reducir estas desventajas es fundamental para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todas las niñas, niños y jóvenes del país. Como ya vimos, este tema no ha sido prioritario en la política educativa, los recursos destinados a su atención son insuficientes y no están ligados a una política integral de abatimiento de las desigualdades. Además, es necesario preguntarse ¿estas acciones han mejorado las condiciones de acceso y de aprendizaje de las estudiantes en sus escuelas?

En suma, se hace imprescindible una robusta política para la IG en la educación, de la cual el presupuesto etiquetado debe ser un elemento primordial, que esté orientada a eliminar las desventajas de las estudiantes y transformar las realidades escolares. No hay tiempo que perder, las niñas de México enfrentan graves desventajas y eso —en muchos casos— las mantiene atrapadas en el círculo de la pobreza.

 

Lenin Bruno Priego Vázquez
Maestro en sociología política.


1 Para ello, se analiza información presupuestaria de 2013 a 2019, considerando que para 2018 se trata de información preliminar correspondiente al tercer trimestre, ya que es la última que se encuentra disponible.