El sistema de educación superior tecnológica fue parcialmente reorganizado en 2014, cuando los Institutos Tecnológicos (IT) devinieron parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM) mientras las universidades tecnológicas (UT) y politécnicas (UP) seguían adscritas a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP). Según datos correspondientes a 2017-2018, el TecNM y la CGUTyP agrupaban el 33.7% de la matrícula inscrita en la licenciatura en el sector público, escuelas normales incluidas. Pese a esa reforma, su condición actual y su estatuto no están exentos de dificultades.

Primero, porque el ritmo de crecimiento del  subsistema disminuyó, durante el último quinquenio en comparación con los anteriores. Segundo, porque —independientemente de la antigüedad de los IT y de los efectos de moda que beneficiaron las UT y las UP— las políticas sectoriales del TecNM, de la CGUTyP y de las universidades públicas están desfasadas. En efecto, los discursos que versan sobre la educación superior tecnológica y la universitaria mencionan posiciones relativamente convergentes sobre el financiamiento, el aseguramiento de calidad o la responsabilidad social. Pero, en el subsistema tecnológico, el estado de desarrollo de procesos adjetivos (por ejemplo, la producción de datos y la difusión) es insatisfactorio. Políticas nodales para su transformación —entre otras, la internacionalización— son insuficientes, aunque algunos establecimientos ostentan resultados ejemplares. Para robustecerlas y acortar tiempos de aprendizaje será importante identificar y duplicar avances, logrados tanto por el propio sistema tecnológico como por el universitario.

Ilustración: Gonzalo Tassier

Recíprocamente, en sus nichos principales de actuación, la educación superior tecnológica ha desarrollado buenas prácticas de interés para las universidades. Por ejemplo, gracias al servicio social, las residencias profesionales, los años duales y las estancias profesionales, aumentó la atractividad laboral de sus egresados. Para ello, la CGUTyP y el TecNM firmaron numerosos convenios con empresas, instancias del gobierno local y federal y organismos no gubernamentales. Aunque el registro de acuerdos debería ser depurado, en términos de vigencia y de resultados, conforman un catálogo importante de interacciones con el sector social y con el productivo. Igualmente, los IT, las UT y las UP operaron iniciativas para generar capital social en grupos vulnerables. Transfirieron capacidades técnicas a colectivos sociales marginados pero susceptibles de funcionar como transmisores hacia sus comunidades de pertenencia.

Desgraciadamente, esas prácticas no suelen circular de manera abierta. La insuficiente calidad, actualización y extensión de las estadísticas, principalmente en la CGUTyP, la limitada difusión de las prácticas de éxito, y cierto grado de “encapsulamiento”  de la educación superior tecnológica nutren separaciones entre los establecimientos de la CGUTyP y los del TecNMM, y entre ambos sectores y el universitario. Esos sesgos no sólo limitan la circulación de experiencias virtuosas. Inhiben la posibilidad de celebrar alianzas tácticas. Representan obstáculos para integrar el sistema público de educación superior en forma cohesiva. Después de un periodo en el que las políticas gubernamentales fueron orientadas a diversificar los subsistemas de educación superior —hoy son 13— quizás sea, de hecho, tiempo de rearticularlos con base en sus complementariedades y prioridades compartidas.

Adicionalmente, varios países de América Latina han expresado recientemente su interés en revitalizar la educación superior tecnológica. En México, los examinadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  se interesaron en su rol en la empleabilidad de recursos humanos. En mayo de 2019, el subsecretario de educación superior, Luciano Concheiro, asentó que un eje de las políticas de educación superior era el incremento de la cobertura y anunció la creación de más universidades politécnicas y tecnológicas. Considerando lo anterior y, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está preparando el plan sectorial de educación mientras las comisiones parlamentarias alistan los proyectos de Ley General de Educación, de Ley General de Educación Superior y de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, conviene emitir propuestas sobre la educación superior tecnológica y sus perspectivas.

Para sacar provecho de sus fortalezas comprobadas, debería limitarse el impacto de sus disfuncionamientos y superar sus atrasos en la implementación de programas prioritarios. Habría, por ejemplo, que procurar que los añejos compromisos de las UT, las UP y los IT con la equidad sirvan de fundamento a medidas para la inclusión. Históricamente, muchos de esos establecimientos fueron cabezas de puente en el redespliegue espacial de una oferta pública de educación superior en municipios que carecían de dichos servicios. Promovieron entonces una equidad geográfica de acceso y limitaron las repercusiones negativas de la desigualdad residencial, conforme con un principio de acercamiento entre los proveedores y los aspirantes a la educación superior. No obstante, el subsistema aprovechó insuficientemente sus ventajas de localización para atender a grupos vulnerables, según criterios étnicos, de género, de discapacidad o de condición migratoria.

Para dinamizar la vinculación social sería indispensable, además, debatir cómo compatibilizar los esquemas centralizados de conducción del subsistema con una ampliación de los márgenes de independencia institucional para que los IT, las UP y las UT trabajen con su entorno de inserción y, a la vez, participen en redes especializadas de conocimiento o de intervención. Esa doble inscripción les permitiría mejorar sus posicionamientos disciplinares. Les ayudaría a adecuar sus iniciativas de formación continua y de capacitación a los requerimientos de los usuarios inmediatos y a cumplir a satisfacción las misiones convencionalmente atribuidas a los establecimientos de proximidad. Dispondrían, por esa vía, de un ámbito propio para proyectar una imagen institucional y consolidar sus matrículas, sobre todo en los micro establecimientos que albergan un alumnado menor a los mil estudiantes.

En una coyuntura en la que los funcionarios encargados de diseñar las políticas de educación superior tasan la pertinencia de las instituciones de educación superior por sus contribuciones a la solución de problemas nacionales, las autoridades deberían, finalmente, buscar de manera concertada con los IT, las UT y las UP, rutas de salida a sus problemas estructurales: sin pretensión a un diagnóstico exhaustivo, señalemos que unos conciernen las contrataciones del profesorado para evitar que ejerza sus funciones en condiciones precarias (es decir por honorarios, sin seguro médico ni derecho a jubilación). Otras medidas tendrían que versar sobre el incremento de los niveles de formación, escolar y continua, de la plantilla y sobre el reforzamiento del posgrado y de la investigación: si bien algunos establecimientos cuentan con programas de alta calidad en ese nivel y han acumulado recursos indispensables para la generación de conocimientos, otros carecen de medios para hacerlo.

En resumidas cuentas, urge dejar atrás la percepción de que el subsistema de educación superior tecnológica se “cuece aparte”. Es indispensable establecer sus perfiles específicos de desempeño e identificar sus aportaciones, sustantivas y particulares, a un proyecto nacional de educación superior. En función de ello, también lo es abogar para que tengan acceso a programas focalizados de apoyo (becas de movilidad para los estudiantes de los IT y de profesionalización/actualización docente, por ejemplo) para operar sus prioridades endógenas de consolidación. Eso, conforme con una visión que enfatice su pertenencia al sistema público de educación superior y propicie aportaciones originales a la educación superior de cada uno de los subsistemas que lo integran.

 

Sylvie Didou Aupetit
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de  Estudios Avanzados (Cinvestav).