La polémica en las páginas de la revista Science protagonizada por el profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de El Colegio Nacional, Antonio Lazcano Araujo, y la investigadora con licencia de la misma casa de estudios y directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, revela la profunda división que existe en nuestro país sobre el rumbo que deben seguir  la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). Me gustaría mucho compartir aquí mi lectura de esta controversia y algunos de sus efectos.

Science es una de las publicaciones científicas más influyentes del mundo, y con este debate quedan al desnudo, a nivel global, las dificultades que actualmente vive la ciencia mexicana. Inevitablemente la primera conclusión para los miles de lectores de la revista editada por la American Association for de Advancement of Science es, precisamente, que en México hay problemas muy serios en este sector.

Ilustración: Estelí Meza

Lazcano publicó el 26 de julio un editorial con críticas a la política emprendida por el gobierno de México para la ciencia. Casi dos meses después —el 20 de septiembre— en una carta publicada en las mismas páginas, Álvarez-Buylla ofreció una respuesta en su carácter de responsable de dicha política. Hay que tener claro que no se trata en este caso de un desacuerdo entre dos investigadores sobre los resultados o la metodología de un estudio —lo cual es común en este medio— sino de los señalamientos críticos que hace un investigador y la respuesta de un gobierno ante ellos.

En su texto, Lazcano señala que muchos investigadores votaron por Andrés Manuel López Obrador atraídos por las promesas de impulsar la ciencia y la educación en su campaña hacia la presidencia de México. Desafortunadamente, afirma, esto no ocurrió. El editorial aborda la reducción de los recursos económicos para la ciencia, en especial el presupuesto del Conacyt que sufrió un recorte de 12 por ciento, y el memorándum presidencial del 3 de mayo que reduce el financiamiento a los Centros Públicos de Investigación (CPIs) y otros institutos científicos. Se refiere además al intento de Elena Álvarez-Buylla de modificar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, suprimiendo comités de revisión por pares y órganos asesores, con la pretensión de concentrar en su persona el control del sistema de investigación, atentado al mismo tiempo contra la libertad de investigación.

Además de los efectos adversos de las medidas de austeridad del gobierno de López Obrador sobre la ciencia, Antonio Lazcano pone al descubierto la postura de Álvarez-Buylla contra los cultivos transgénicos, así como su oposición a la “ciencia occidental racional hegemónica”.

En su carta, la directora del Conacyt responde sólo algunos de los señalamientos anteriores, incurre en falsedades y guarda silencio en algunos tópicos. En el tema de los recursos para la ciencia, comete imprecisiones graves al decir que el presupuesto para CTI en 2019 (77,300 millones de pesos) ha sido el más alto en siete años, cuando en realidad ha sido el más bajo al menos desde 2013. Falsear estos datos es algo muy grave tratándose de una funcionaria del gobierno y lo es mucho más en el caso de una investigadora en una revista de este calibre. Admite que hubo un recorte en el presupuesto del Conacyt (2,400 millones de pesos), pero afirma que gracias a la eficiencia en la administración (que ella encabeza) y la coordinación con sectores federales que reciben recursos del presupuesto para CTI (sobre lo que no hay evidencia) se han redirigido fondos para apoyar la investigación. Como ejemplo cita la asignación de 1,600 millones para investigación básica, que al momento de escribir estas líneas aún no se han entregado a los investigadores.

Más que informar sobre realidades, en la carta hace anuncios sobre nuevos programas y convocatorias futuras, algunas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, temas que supone pueden ganarle simpatías a nivel global (algunos de ellos conmovedores como atender el cáncer infantil). Aunque hay otros que prefiere no tratar por ahora, como su aversión a la participación del sector privado en proyectos públicos, o su rechazo a la investigación en transgénicos, temas que seguramente no serían bien vistos por amplios sectores de la comunidad científica internacional. En su misiva Álvarez-Buylla destaca los avances en el otorgamiento de becas de posgrado y el aumento en el número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), algo que no refleja diferencia pues son continuidad de la tendencia marcada por administraciones anteriores.

Un dato curioso es su afirmación de que todos los científicos mexicanos están protegidos por los servicios públicos de salud, como si los investigadores, ella misma o el presidente acudieran a consultas médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Agrega que los seguros médicos privados se mantienen en las universidades públicas, lo cual es cierto —hasta ahora— gracias a que gozan de autonomía y el gobierno no puede quitárselos, como ya lo hizo en los CPIs y en instituciones científicas que gozan de gran prestigio a nivel internacional como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV).

La directora del Conacyt niega que sea su intención excluir la revisión por pares o las decisiones colegiadas en la nueva ley de ciencia y tecnología; por el contrario, afirma que propondrán mecanismos de evaluación y regulaciones más rigurosas. Aquí no queda claro si estas regulaciones se refieren sólo al trabajo de los investigadores o a los proyectos de investigación que pueden estar controlados o incluso ser prohibidos, como en el caso de la biotecnología, del mismo modo que ocurrió en el intento previo para modificar esta ley.

Finalmente, Álvarez-Buylla aclaró su postura frente a la “ciencia occidental racional hegemónica”, tal y como la ha llamado ella. Le reconoce un papel fundamental para enfrentar los desafíos globales, pero, al mismo tiempo, ve en ella limitaciones que pueden subsanarse con nuevos enfoques y los conocimientos de otras culturas arraigadas en nuestro país. En realidad se trata de una confrontación artificial alimentada por la directora del Conacyt, pues dentro de la ciencia occidental tienen cabida los conocimientos tradicionales, como lo muestra el desarrollo acelerado de los estudios sobre innovación social, que incluyen no sólo a los pueblos originarios, sino la valoración y aprovechamiento de las aportaciones de todos los sectores no científicos.

Coincidentemente, el mismo día en que apareció la carta de Elena Álvarez-Buylla en Science, Antonio Lazcano fue cesado como integrante de una de las Comisiones Dictaminadoras (CD) del SNI, en lo que ha sido interpretado por muchos, incluyendo a quien esto escribe, como una represalia por sus posiciones críticas al Conacyt, expresadas en distintos medios, entre ellos Science.

Resulta importante detenerse en este punto. Antonio Lazcano recibió el 20 de septiembre un correo electrónico de la dirección del SNI, sin nombre y firma del responsable, en el que le informan que “por dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias” decidieron remover su nombramiento como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II de ese Sistema. En su respuesta dirigida a Mario de Leo Winkler, director del SNI, Lazcano muestra la falsedad de las causas por las que se le separa de ese cargo honorario y sugiere que puede haber otros motivos:  “Desconozco las razones que lo han impulsado a pretender mi remoción de la CD. Espero, sin embargo, que no encierren la pretensión de afectar en términos políticos la independencia de los cuerpos colegiados que, como usted debería saber, son un elemento esencial de una vida académica sana y equilibrada”. Lazcano fue electo de manera democrática por sus pares para formar parte de la citada Comisión mediante un procedimiento coordinado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el que obtuvo la votación más alta.

El investigador recibió de inmediato la solidaridad de la comunidad científica mexicana. Sus colegas de la  Comisión Dictaminadora del Área II, por ejemplo, dirigieron una carta a Álvarez-Buylla y De Leo Winkler en la que expresan su preocupación e inconformidad por la remoción de Lazcano pidiendo su reincorporación. El tema es muy grave, pues como lo ha dicho el especialista en los estudios sobre el origen de la vida, los hechos muestran una interferencia del poder político sobre las evaluaciones académicas realizadas por pares.  

La represalia contra el científico se convirtió en escándalo y recorrió los medios de comunicación del país convirtiéndose en una especie de búmeran para la actual administración del Conacyt, la cual ha conseguido, como nunca antes en la historia de este organismo, el repudio de investigadores y otros sectores intelectuales y académicos de México. No sólo eso, ha logrado también dañar aún más la imagen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que impulsa la llamada “Cuarta Transformación”.

 

Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico.