En la conferencia matutina del pasado 7 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo —a propósito de una comparación con el sector salud— que “en el Conacyt todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado”, “que no se destinaba presupuesto para la investigación a universidades públicas, que todo eran subsidios”. Por supuesto, las palabras del presidente fueron inexactas, o exageradas. En la realidad, el ínfimo 0.41% del PIB que, en promedio se ha destinado en los últimos 10 años al Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT), se ha distribuido —en mayor y menor proporción— entre el sector público (universidades y centros de investigación), la formación de recursos humanos y la industria privada, como se puede ver, a grandes rasgos, en la gráfica.

Ilustración: Patricio Betteo

Es cierto, sin embargo, que por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, se distribuyen cada vez más fondos del Conacyt (Ramo 38 del GFCyT) a la industria privada. Por ejemplo, sólo por medio del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) entre 2009 y 2017, que inauguró una partida directa para las empresas privadas, se entregó la suma de 24.5 mil millones de pesos a empresas privadas, este monto representó un 16.76% de este presupuesto, mientras que en este mismo periodo, se destinó el 17.29% al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); es decir, apenas un 0.5% más del presupuesto que el Conacyt otorgó al sistema que, con sus conocidas limitaciones y en un precarizado contexto de la profesión, tiene un papel fundamental como estímulo económico y simbólico de la producción científica de las investigadoras y los investigadores en México.

Gráfica. Distribución porcentual del presupuesto asignado al Ramo 38, Conacyt1

Como también se puede ver en la gráfica, el porcentaje asignado al PEI sufrió una importante reducción en los últimos dos años del sexenio pasado, pues pasó de  17.55% en 2016 a 8.04% en 2018; en este mismo periodo, tanto el presupuesto destinado a becas de posgrado (que pasó del 33.31% al 47.78%), como el del SNI (que pasó de 14.92% a 23.65%), incrementaron notablemente. Surge una duda inevitable ¿el financiamiento a la industria ha mermado el financiamiento otorgado a la formación y consolidación de recursos humanos?

La tendencia de beneficiar a la industria privada desde el Conacyt en los últimos años ha sido severamente cuestionada por la directora del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla, quien durante su participación en la conferencia matutina en el Palacio Nacional, en junio de este año, hizo énfasis en que la distribución de recursos hacia el sector privado generó una desatención al sector público. Por otro lado, señaló que, de acuerdo con la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), no existe un equilibrio entre el indicador de gasto en innovación (que aumentó) y el de eficiencia (que disminuyó), en el último sexenio. Este punto es relevante toda vez que una de las principales justificaciones para la implementación de programas dirigidos a las empresas, como el PEI, es justamente promover procesos de innovación competitivos a nivel internacional.

Sin duda estas afirmaciones, sumadas a la previa exposición de motivos de la propuesta para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera a principios de año, en la que se hizo una fuerte crítica a los esquemas que, de acuerdo con el texto, financian “emprendimientos sin riesgos ni costos y sin responsabilidad alguna” de las empresas, despertaron una discusión pública viva y —en mi opinión— muy sana en torno al destino de los recursos públicos destinados a la ciencia y la tecnología en México. Se ha cuestionado, por ejemplo, la pertinencia del financiamiento a empresas de capital extranjero con filiales en el país, como Intel Tecnología de México, S.A.; Mead Johnson Nutricionales de México, S.A. de C.V.; Honeywell Aerospace Engine Simulations Company; todas de origen estadounidense o de Continental Automotive Guadalajara México, S.A. de C.V. y Volkswagen de México, de origen alemán. En total, estas cinco empresas recibieron, entre 2009 y 2015, 11 financiamientos por 36 millones de pesos cada uno, el tope máximo otorgado para proyectos apoyados por medio del PEI. Y, de manera más importante, se han puesto en la mesa del debate otros temas fundamentales, de los que recojo tres: 1) ¿Qué orientación de la política de CyT se busca para México? ¿Privilegiar lo privado sobre lo público? ¿Para qué?; 2) ¿Qué garantías existen, desde el Conacyt, en cuanto a la transparencia y a la rendición de cuentas con las que se maneja la información de estos fondos y sobre las prácticas no deseadas que se han generado en el marco de estos programas?; y 3) ¿Qué tipo de innovaciones han resultado de los proyectos financiados por el PEI?

Si bien el PEI es el programa que encarna, de manera más directa y visible la tendencia a financiar proyectos de empresas privadas, y sobre el que aquí me concentro, vale la pena aclarar que en el Conacyt existen otros mecanismos por los que las empresas pueden acceder a financiamientos públicos, por ejemplo, los Fondos Mixtos (FOMIX), el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), los Fondos Sectoriales y los estímulos fiscales (EFIDT).

Después de la aclaración, regresemos al PEI implementado en 2009 y que ha operado ininterrumpidamente desde entonces aunque, como puede verse en la gráfica, en 2019 su presupuesto apenas representó un 1.04% del presupuesto proyectado para Conacyt, esto es, alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos menos que en 2018. Entre 2009 y 2017 el PEI apoyó casi 6 mil proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación con financiamientos complementarios y a fondo perdido. Esto quiere decir que los montos recibidos del Conacyt no buscan sustituir la inversión de la empresa, sino más bien, incentivarla y que el financiamiento no tiene obligaciones de retorno directo al Conacyt.  Las características que lo hacen un caso paradigmático son, por un lado, que sus convocatorias están dirigidas exclusivamente a empresas privadas y, por otro lado, que busca estimular la vinculación de la industria con instituciones de educación superior (IES), públicas y privadas, y con centros públicos de investigación (CPI), con base en financiamientos más altos, en caso de que el proyecto se presente en vinculación. Los apoyos del PEI se ofrecen a empresas privadas, sin distingos de tamaño u origen de capital y tiene tres modalidades: INNOVATEC, INNOVAPYME y PROINNOVA, esta última es la única modalidad que exige de manera obligatoria la vinculación con por lo menos dos instituciones de educación superior y/o con CPI.

Por otra parte, desde mi experiencia, la administración de estos fondos deja espacio para la suspicacia, y es que sobre el tema de la transparencia y de las prácticas no deseadas debo decir que en mi búsqueda de varios años (como parte de mi tesis doctoral) por información sobre el PEI, me he encontrado no sólo con las bases de datos incompletas, sino con información que no coincide entre una base y otra, por ejemplo: en el número de proyectos apoyados, en la modalidad por la que se apoyó un proyecto, en el monto de apoyo o en la información sobre las instituciones vinculadas, incluso con empresas de las que no hay ningún tipo de información disponible en ninguna de las fuentes consultadas. El caso más claro —y preocupante— es el de la base de datos “Padrón de Beneficiarios 2009-2017” publicada en noviembre de 2018 en el sitio de Conacyt, a unos días del cambio de administración, en la que información correspondiente a vinculaciones que incumplían con la reglamentación del programa (vinculaciones con otras empresas, con personas físicas e incluso con la misma empresa proponente), a la que había tenido acceso por medio de bases de datos obtenidas de solicitudes en la plataforma de INFOMEX, desapareció por completo, dejando dudas no sólo sobre el pobre manejo de la información, sino sobre la posible manipulación de la misma.

Finalmente, sobre el PEI me gustaría destacar la vasta heterogeneidad de proyectos apoyados, y es que parece que la innovación en este contexto involucra procesos de tan distinta magnitud y alcance que incluye desde proyectos para desarrollar nanosatélites, para generar materiales alternativos de construcción o dispositivos para la detección temprana del VIH, hasta el diseño y elaboración de un abatelenguas con saborizante; una tapa automática para el excusado, una mesa plegable y una máquina dispensadora de esquites. Esta diversidad plantea cuestionamientos sobre los que hay que reflexionar en torno a la generación de innovaciones en un contexto con condiciones materiales heterogéneas que dista mucho de los modelos ideales, planteados desde los países altamente industrializados.

Desde luego que la decisión sobre la pertinencia y continuidad de un programa como el PEI requerirá de un análisis profundo y serio que necesariamente implica la consideración de vetas económicas, políticas y académicas, que esperemos se dé en los próximos meses. Mientras, nos quedamos con los debates abiertos que se han generado no sólo sobre este tema, sino sobre el quehacer y el porvenir de la ciencia y la tecnología en México y sobre la política que siempre está implicada en la ciencia, aunque a veces nos cueste un poco reconocerlo.

 

Mónica López Rivas
Estudiante del doctorado en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, su tema de tesis es sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología.


1 Esta gráfica se construyó con datos de los Proyectos de Presupuestos de Egresos de la Federación publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los años 2010 a 2019, porque pese a las diferencias que pudieran existir en los presupuestos ejercidos, esta información da cuenta, de una manera, más o menos homogénea, de la distribución de estos recursos.