Austeridad que destruye: el SNI y las universidades privadas

El pasado siete de octubre comenzó a circular la noticia de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) había decidido dejar de pagar el apoyo económico que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a los más de 120 profesores-investigadores de la Universidad Iberoamericana que forman parte de ese sistema. La directora del Conacyt —Elena Álvarez-Buylla— se había comunicado con el rector de la Ibero —Saúl Cuautle Quechol— para informarle que el convenio entre el Consejo y esa universidad ya no sería renovado en los mismos términos en que se encontraba actualmente. Entre las condiciones del nuevo convenio estaría que el Conacyt ya no financiaría el estímulo de las y los profesores.

Ilustración: Víctor Solís

A este anuncio siguieron otros idénticos para otras instituciones privadas de educación superior, como el ITAM y la Universidad Panamericana. Se trata, pues, como ya se ha anunciado en la prensa, de un cambio estructural en la operación del SNI que afectará a todas las universidades privadas. En esas instituciones laboran actualmente aproximadamente mil quinientos miembros del SNI, quienes perderán de manera súbita una parte sustancial de sus ingresos.

Las y los profesores que serán afectados por esta medida están en todo el país y laboran en instituciones de distintos tamaños y perfiles. Desde el Tec de Monterrey y el sistema de universidades jesuitas (Ibero o ITESO) que son las universidades privadas con el mayor número de miembros del SNI (584 y 202 respectivamente, según la lista de beneficiarios de 2019); hasta pequeños colegios centrados en artes y humanidades, como el Claustro de Sor Juana (4 investigadoras/es nacionales); pasando por instituciones medianas dedicadas a las ciencias sociales, como el ITAM (98 investigadoras/es del SNI).

Entre la comunidad académica nacional hay posiciones encontradas sobre la pertinencia de esta medida del Conacyt. Unos opinan que muchas de esas universidades privadas tienen presupuestos abundantes y cobran colegiaturas muy altas como para que se les otorgue dinero público. A otros les parece un contrasentido que se destine parte de los escasos recursos del gobierno a universidades donde se educan a las hijas e hijos de las élites económicas y políticas (quienes son, en algunos casos, jóvenes engreídos/as y clasistas). Y dado que en algunas de esas universidades hay estudiantes que provienen de los estratos económicos más altos del país, muchas personas imaginan que sus profesores pertenecen a la misma clase social —cuando menos— y reciben sueldos mucho más altos que las y los catedráticos de universidades públicas.

La mayoría de este tipo de posturas parte de malos entendidos. En primer lugar, los ingresos de los profesores de tiempo completo de las universidades privadas son equiparables a los de profesores de universidades públicas (con variaciones dependiendo de qué instituciones se comparen). Si se contrasta, por ejemplo, el salario base de una profesora de la Ibero con una de la UNAM, es más alto el primero; pero en la Ibero reciben menos estímulos (sobresueldos) de su propia institución, por lo que al final se perciben emolumentos semejantes.

En segundo lugar, y más importante, los recursos del SNI no son recibidos ni administrados por las universidades, sean públicas o privadas. El SNI es un apoyo para las y los investigadores, no para las instituciones (o las y los alumnos de esas instituciones, para tal caso). No hay intermediarios entre el Conacyt y los miembros del SNI, a quienes el apoyo les es depositado directamente en sus cuentas de banco personales; en este sentido, se trata de un mecanismo que antecede a lo que ahora se hace con varios programas inaugurados por el nuevo gobierno —como el  programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Jóvenes Construyendo Futuro— donde el dinero pasa directamente de las dependencias federales a las manos de los beneficiarios. Y eso pasa por igual con cualquier investigadora o investigador, labore éste o ésta en una universidad pública o privada; así, no se trata de una transferencia de dinero público a instituciones privadas, como algunos aducen.

Igualmente, debe recordarse que las y los investigadores de todas las instituciones de educación superior que aspiran a ingresar o permanecer en el SNI son evaluados bajo los mismos criterios. La exigencia es la misma para todos los aplicantes y, por tanto, se esperaría que la recompensa fuera también la misma para todos; pero no es así.

Numerosos miembros del SNI no reciben un solo peso del SNI. Tal es la situación de académicos que se jubilaron y su nombramiento del SNI continúa siendo válido por varios años más, pero ya no reciben el estímulo. También es el caso de académicas o académicos que fueron aceptados al SNI, pero que no reciben el estímulo porque sólo tiene un contrato por horas —típicamente denominados como profesoras y profesores de asignatura— en las universidades donde laboran. No sólo tienen una producción científica meritoria, sino que la realizan en condiciones particularmente adversas. La recompensa que reciben por ese esfuerzo es la distinción honorífica de ser “investigador/a nacional”, pero no son acreedores de ningún apoyo monetario. Ahora, con la presente decisión el Conacyt en contra de los trabajadores académicos de las universidades privadas, aumentará considerablemente el número de miembros del SNI que estará en esa condición de estima simbólica y precariedad económica.

Por otra parte, aunque el dinero del SNI no lo reciben las instituciones de educación superior, éstas, para firmar los convenios con el Conacyt, tienen que comprometerse a cumplir una serie de condiciones. La principal de ellas es que la universidad garantizaría una inversión en tareas de investigación de un monto equivalente a lo que daba el Conacyt a los investigadores. En el caso de la Ibero ese dinero se empleaba para trabajo de campo, pago a asistentes de investigación (usualmente alumnos de la propia institución), movilidad, becas para estudiantes de posgrado. Con el nuevo convenio estas tareas serán unas de las que se verán mayormente perjudicadas —con el subsecuente impacto negativo para los alumnos que tenían acceso a esos recursos. Además, muchas universidades reducen la carga de tareas docentes a aquellos de sus profesores que ingresan al SNI y tienen que pagar a otros profesores para que llenen esos huecos en la plantilla de clases, absorbiendo así otro costo para tener investigadores del SNI en su cuerpo académico.

Otra serie de cuestionamientos en contra de que el Conacyt otorgue estímulos económicos a los miembros del SNI de universidades privadas es que se duda de sus posibles aportes científicos. Si se observan los propios datos del Conacyt puede verse que esa duda es infundada. En los últimos años el número de miembros del SNI que trabajan en instituciones privadas ha aumentado de manera sostenida; tan sólo de 2018 a 2020, el número de esos investigadores aumentó aproximadamente un 20 por ciento. Las universidades privadas también han aumentado en el número de especialidades, maestrías y doctorados que forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt (destacan el Tec de Monterrey con 46 programas en el PNPC, y la Ibero con 24). También se ha visto que las y los alumnos egresados de los posgrados de las universidades privadas están incorporándose cada vez como nuevos miembros del mismo SNI; es decir, utilizando los propios criterios de evaluación del Conacyt se puede concluir que las universidades privadas están formando exitosamente a futuros investigadores nacionales.

Además, las y los académicos de las universidades privadas participan activamente (y casi siempre de manera gratuita) en actividades esenciales de las universidades públicas y otras entidades del sistema público de ciencia y educación: dictaminan artículos de revistas que pertenecen al Índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica del Conacyt; dedican tiempo a participar en las múltiples comisiones evaluadoras del Conacyt; forman parte de comités tutoriales de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de universidades públicas; fungen como sinodales en exámenes de grado; gestionan recursos para financiar coediciones de libros de editoriales universitarias y estatales (como el Fondo de Cultura Económica), entre otros.

Finalmente, quienes se muestran inconformes con el pago del SNI a los académicos de las instituciones de educación superior cuestionan la pertinencia social del trabajo que hacen esas instituciones. Aquí es particularmente irónico que la Ibero haya sido la primera institución sobre la que cayó la espada de Damocles, pues justo ahí se enfatiza la relevancia del impacto social del trabajo de la universidad. Los académicos de la Ibero realizan investigaciones de temas prioritarios como la desaparición de personas; la violencia estatal; la violación de derechos o, más recientemente, el impacto del covid-19. Y ahora que estamos en medio de una pandemia, puede resaltarse el trabajo que hacen algunas universidades privadas para formar a personal médico (tan solo el Tec tiene 17 especialidades médicas que forman parte del PNPC).

De no revertirse, las ramificaciones negativas de esta decisión del Conacyt serán amplias. No sólo se trata de los efectos negativos que esto tendrá en los parvos bolsillos de los profesores. Muchos de ellos, si no reciben apoyo de sus instituciones, perderán hasta un tercio o más de sus ingresos mensuales. En otros casos es probable que las universidades decidan pagarle ellas mismas a sus profesores lo que antes recibían del SNI, pero entonces el recorte se sentirá en las condiciones y personal de apoyo para investigación que antes se habían comprometido a costear.

Lo más grave de este nuevo porrazo contra las y los científicos mexicanos es que el Conacyt se sale del camino para coger la vereda. Con tal de ahorrarse el 5 por ciento del presupuesto global del SNI daña a un sector entero del sistema científico. Si esta propuesta del Conacyt se concreta se tratará de una nueva victoria pírrica de las autoridades científicas del gobierno federal. Es decir, sería una victoria que en última instancia significará daños mayores para el vencedor que para el vencido, pues el gobierno se ahorraría una cantidad ínfima de recursos (respecto al tamaño del presupuesto del gobierno federal), pero el daño para las capacidades de investigación académica del país será mayúsculo.

Cabe preguntarse, ¿a qué se debe esta decisión del Conacyt? En una reunión que tuvo lugar el 12 de octubre entre el rector de la Ibero y los miembros del SNI de esa universidad, éste les comunicó que Álvarez-Buylla le había dicho que el recorte se debía a que el presidente de la  República necesita el dinero para sus proyectos. Esto hace visible la dolorosa realidad de que el proyecto económico del actual gobierno federal está chocando de bruces con condiciones estructurales que no puede resolver ni evadir.

El gobierno de Morena ha iniciado nuevos y costosos programas de apoyos monetarios directos y de infraestructura, pero no crea nuevas fuentes de ingreso. Presumían que con el fin de la corrupción abundarían los recursos públicos, pero ante los resultados se llega a la conclusión de que el combate a la corrupción ha sido menos efectivo de lo que se prometió o en realidad se perdía ahí menos dinero de lo originalmente estimado. El futuro no es alentador porque no hay intenciones de introducir una progresividad más adecuada en el esquema fiscal donde paguen un porcentaje mayor impuestos las personas más ricas del país. Además, el presidente ha frenado iniciativas de su propio partido para introducir o revivir otros gravámenes progresivos, como la tenencia o el impuesto a la herencia, que ayudarían mucho al gobierno para financiar sus proyectos sociales sin tener que reducir el presupuesto de áreas cruciales como ciencia y educación. La austeridad —no importa si se la bautiza como “neoliberal” o “republicana”— menoscaba, o simplemente destruye, instituciones públicas que tomó décadas construir. Las políticas de austeridad, ya lo decía el viejo historiador marxista Josep Fontana, se justifican presentándolas como un retroceso temporal mientras se logran superar dificultades pasajeras; pero esa retórica esconde una alteración permanente de nuestros derechos sociales.

Por último, es previsible que estos nuevos recortes en ciencia (entre los que se incluye la eliminación de los fideicomisos del sector) reabran el debate sobre si es necesaria la existencia misma del SNI. Éste ha sido una solución al problema del deterioro y precarización del trabajo asalariado de los profesores universitarios; pero ha sido una solución imperfecta. Como he dicho en otra parte, el SNI no debería existir, tendría que reemplazarse por un esquema que garantice salarios dignos para todos los académicos sin importar en qué tipo de institución laboren. El principal obstáculo para conseguirlo es la insuficiencia de recursos producto de las políticas de austeridad. El principal peligro en la presente situación es que esa solución imperfecta que ha sido el SNI desaparezca sin que antes se ponga en pie una solución más adecuada al problema salarial de las y los académicos. Corremos el riesgo de perder la pequeña solución y quedarnos con todo el problema.

Héctor Vera
Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM.