La inclusión digital para la ciudadanía que no fue

Don Sergio —un pseudónimo— tiene cerca de 65 años. Es de origen mazateco con estudios de primaria y un día acudió al Centro de Inclusión Digital (CID) del estado de Oaxaca para iniciarse en el uso de la computadora y comunicarse con sus familiares en Estados Unidos. A inicios de marzo de 2020, junto a un grupo de ocho integrantes de su misma edad —la mayoría mujeres dedicadas al hogar— aprendió a explorar el escritorio y sus botones básicos para crear, guardar y eliminar un archivo. Además, aprendió a usar el procesador de textos, fue capaz de descargar su clave única de registro de población (CURP) y navegó por primera vez en la red en busca de información sobre los pueblos indígenas.

Como él, más de 200 000 usuarios participaron durante 2019 y 2020 en alguno de los cursos que integraron la oferta educativa presencial y en línea. Esta oferta, diseñada e impartida en un esfuerzo coordinado con el personal docente, directivo y administrativo de los 32 CID, respondía a las necesidades de formación digital de la población con escaso o nulo acceso a los medios digitales y con mayores desventajas sociales y económicas que viven en las ciudades y zonas rurales de México.

A partir de 2019, y con variaciones en cuanto ubicación, proveedores y la cantidad de personal en cada uno, los CID continuaron su operación con base en la estructura institucional de la Red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital "Centros México conectado", creada en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se ofrecieron cursos de alfabetización digital básica, programación, robótica y emprendimiento dirigido a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para que desarrollaran habilidades como las descritas en el caso de don Sergio. También adquirían competencias más complejas como desarrollar una aplicación móvil, crear una tienda en línea, aprovechar las redes digitales para promover un negocio o producto, y programar órdenes para ser ejecutadas por robots armados —en ocasiones diseñados— por los propios usuarios.

El resto de 2020, y tras el confinamiento obligatorio en el país ocasionado por la pandemia, los CID mudaron sus servicios presenciales hacia una modalidad a distancia y sincrónica, con apoyo de videollamadas y programas de mensajería y una serie de materiales y recursos, tanto propios como compartidos. Al transitar hacia la educación en línea, los facilitadores frente a grupo hicieron esfuerzos para mantener la relación pedagógica construida con los usuarios de cursos anteriores, además de capacitar a nuevos usuarios en esta nueva modalidad, entre ellos docentes de los niveles que componen la educación obligatoria.

Parte de la actual política implementada por el Poder Ejecutivo —y coordinada con la acción legislativa del partido mayoritario y sus aliados en el Congreso de la Unión— se orienta al recorte presupuestal y tiende a disminuir la capacidad de respuesta del Estado ante los desafíos de la sociedad mexicana. En consecuencia, estos espacios públicos se asfixiaron y se aniquilaron las experiencias en construcción como la del caso que aquí se presenta.

Ilustración: Jonathan Rosas

Del desdén a su extinción

A inicios de diciembre de 2020, 96 facilitadores frente a grupo, 32 responsables de centros, 32 coordinadores administrativos y cinco coordinadores pedagógicos o facilitadores multihabilidades recibimos la noticia de que la operación de los CID no continuaría después del 1 de enero de 2021. El cierre de operación fue consecuencia de la extinción de decenas de fideicomisos aprobada en la mañana del 21 de octubre por el Senado de la República. Entre ellos, se encontraba el fideicomiso 2058, conocido como Sistema e-México.

Poco antes, el presidente de la República anunció la eliminación de diez subsecretarías de Estado a partir del 1 de septiembre, lo que provocó que este eje quedara sin el soporte institucional necesario para su operación. El 10 de agosto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico —su última titular fue Salma Jalife Villalón—. La Subsecretaría había sido la entidad responsable de la conducción de la política de telecomunicaciones y conectividad digital del país, así como del cumplimiento de los propósitos de los CID. Su desaparición fue desconcertante para quienes laborábamos en ellos.

Estos centros no fueron una prioridad para el actual gobierno federal. Sólo se mencionan una vez en el Programa Sectorial de Telecomunicaciones 2020-2024, en uno de los cuatro objetivos prioritarios, el 3.3: “Promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios postales, de telecomunicaciones y radiodifusión, en condiciones que resulten alcanzables para la población, con énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

La pregunta central es: si los CID intentaron reducir una de las tantas brechas de desigualdad en el país, como es el acceso e integración de la población al mundo digital para su aprovechamiento económico y social, ¿por qué no formaron parte de las estrategias, acciones puntuales y metas del Programa? ¿Por qué no se estableció un objetivo estratégico al respecto?

Poco se conoce sobre la implementación de la política para impulsar la transformación digital del país y sus resultados. Incluso no resulta claro hacia dónde se dirige.

En la Conferencia sobre los Programas del Bienestar del 28 de agosto de 2020 se muestra —a partir del minuto 9:28— un esquema con cinco ejes estratégicos con un lenguaje y contenidos que no aparecen en el documento del Programa Sectorial. Por ejemplo, la cantidad de “ejes”, el concepto de “Aldeas digitales”, el “Observatorio de tecnologías para el desarrollo de políticas públicas” o la “Red nacional de Educación e Investigación”. ¿Se impulsaron estas iniciativas? ¿Por qué no se integraron al Programa Sectorial el tercer eje estratégico —“Desarrollo de capacidades y habilidades digitales”—, y sus tres componentes: CID, Marco de habilidades digitales y Módulos de inclusión digital?

Sin dirección y sin recursos, la incertidumbre aterrizó entre quienes laboramos en los CID. A pesar de lo anterior, los centros continuaron en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en que finalizó una serie de contratos que la SCT mantuvo durante el año anterior con cuatro de los proveedores de estos insumos. Uno de estos contratos fue con la empresa MZT Corporativo misma que, durante el último año y bajo el esquema de subcontratación, administró la relación laboral con los 165 empleados de estos centros. 165 empleados que iniciamos 2021 enfrentando el desempleo y la inestabilidad de nuestros ingresos económicos, en un contexto de escasas oportunidades laborales y el cierre temporal —o permanente— de empresas debido a la pandemia.

Esta situación de opacidad, esta falta de continuidad en la implementación de la política y de inseguridad laboral para quienes realizamos día a día los propósitos del programa y operamos sus servicios, ha provocado que se trunque la incorporación al mundo de las nuevas tecnologías de miles de usuarios como don Sergio, y de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos que asistieron a los CID en busca de oportunidades de aprendizaje digital.

¿Cuál será el mensaje para ellos y quién lo comunicará? ¿Qué sucederá con el Marco de habilidades digitales y los Módulos de inclusión digital? ¿Qué ocurrirá con los cursos en línea alojados en la plataforma www.cid.gob.mx? ¿Cómo se dará seguimiento al aprendizaje de sus usuarios?, ¿contarán con algún certificado o constancia de validez al finalizar los cursos?

Hasta la fecha en que se publica este texto, ni la SCT ni ninguna entidad del Poder Ejecutivo se ha pronunciado al respecto. De hacerlo, tendría que ofrecer respuestas a éstas y más preguntas: ¿qué espacio público otorgará el gobierno federal para que los usuarios continúen su capacitación? ¿Quién los orientará para que puedan usar programas específicos para crear una marca e imagen para su negocio y divulgarlo por las redes; imprimir un documento y guardar un archivo en la nube; realizar un trámite de gobierno a través de internet y generar un pago a una cuenta bancaria sin salir de casa? La oferta educativa para enseñar robótica y programación a personas de todas las edades fue una de las pocas iniciativas públicas de alcance nacional —si no es que la única— en la educación científica y tecnológica. ¿Qué pasará con ella?

¿Más conectados, mejor integrados?

Ante los variados desafíos pendientes en materia de conectividad e inserción tecnológica que impactan la economía y la educación, con los esfuerzos y recursos agotados, los procesos de aprendizaje inconclusos y los resultados parciales colocados en saco roto, los CID se sumarán al cementerio de iniciativas que el Estado mexicano ha puesto en marcha para perseguir el ideal de acercar la tecnología a la población y potenciar el desarrollo económico en un mundo global, sin que se conozca su impacto en nuestra sociedad.

Con la cancelación de los CID, y sin opciones para su realización, la inclusión digital en México perecerá antes de que finalice el sexenio.

Si se toma en cuenta el tiempo que le queda a la actual administración —e incluso si concentra la totalidad de sus esfuerzos en cubrir la demanda de conectividad a través de la infraestructura de red— la meta de “hacer posible la integración de la población a la tecnología de internet y telefonía móvil en todo el territorio nacional, extendiendo la inclusión financiera y asegurando la posibilidad de llevar todos los programas de bienestar social directamente a las y los beneficiarios” será irrealizable. Sólo quienes vivan en hogares con mayores ingresos, con una escolaridad muy superior al promedio nacional —que es secundaria culminada— y con equipos tecnológicos propios contarán con las posibilidades de integrar a su vida los medios digitales para su beneficio personal, laboral y económico.

El resto de la población —de zonas urbanas y rurales, con menores ingresos y escolaridad; con escaso acceso a equipos tecnológicos, y sin procesos de formación pertinentes ni orientaciones sobre el mundo digital como un medio para alcanzar propósitos individuales, familiares y comunitarios— tendrá mayores obstáculos para incorporar a su vida estos servicios de información y comunicación. O será destinada a la exclusión, particularmente los más pobres.

Organismos internacionales recomiendan a los gobiernos de América Latina y el Caribe invertir en el uso generalizado de las tecnologías para reconstruir la economía durante y después de la pandemia, incrementar la productividad, y reducir importantes brechas sociales en beneficio de la población más vulnerable. Por tanto, es urgente la formulación de una política pública de inclusión digital que coloque entre sus ejes la formación de habilidades como las ya mencionadas. Debe garantizarse, en su diseño normativo e institucional, financiamiento permanente, equipamiento tecnológico actualizado y recursos humanos especializados que trabajen en condiciones laborales legalmente reconocidas y humanamente dignas. Cualquier proceso orientado a que la población domine y se apropie de la tecnología requiere de un conjunto de acciones simultáneas, con atención y esfuerzo sostenidos en el tiempo, metas claras y espacios y materiales adecuados. Sin la suma de voluntades políticas y recursos institucionales que lo sostengan orgánicamente, se precipita y decae como sucedió con los Centros.

Si un programa como el de los CID no tuvo cabida en el actual gobierno, ¿quién y cómo impulsará la transformación digital del país con inclusión y equidad? No hace falta otra pandemia para desnudar esta desigualdad. Debemos pensar y hacer de lo digital un medio que aporte a la vida de las comunidades: una vía para garantizar derechos económicos, sociales y culturales.

Luis Manuel Cruz Flores
Colaborador de los Centros de Inclusión Digital durante 2020.