En el presente texto damos cuenta del impacto del sismo en algunas de las escuelas de educación básica a partir de los testimonios de dos supervisores, un director y una maestra de grupo de distintas escuelas de la Ciudad de México (CDMX), en la delegación Iztapalapa. El trabajo de campo se realizó en noviembre del 2017.

Dos horas antes del sismo, los maestros habían hecho el simulacro y, según su testimonio, “lo hicieron de la mejor manera”, dijo el director aunque, más bien, transcurrió de forma mecánica y burocratizada. Una maestra relató lo sucedido al momento del temblor: “me di cuenta que mi salón no tiene lugares donde replegarse de forma segura […], como la opción era salir, el grupo se acomodó en el pasillo pegado a la pared del salón […]. Lo que tengo muy claro es la cara de mis niños, viéndome con una expresión de ¿qué va a pasar? […], ahí fue un momento en el que no sé si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal ¡o qué diablos!”. Inmediatamente después del sismo hubo silencio de la SEP, los directivos dieron las primeras indicaciones y surgieron algunas contradicciones. El 22 de septiembre de 2017, la SEP emitió un comunicado, en donde se señaló, entre otros aspectos, que el regreso a clases sería de manera escalonada a partir del lunes 25 de septiembre y que para ello las escuelas serían “revisadas por un Director Responsable de Obra (DRO) […] con el fin de establecer si están en condiciones para reanudar clases […], únicamente los planteles que cuenten con este dictamen podrán reanudar labores”.

El 6 de octubre, la Autoridad Educativa (antes Administración Federal de Servicios Educativos  de la CDMX abrió una página para padres y niños de las escuelas que no habían retornado a clases y tardarían tiempo en hacerlo con ejercicios de repaso, videos y materiales didácticos. Antes de esa fecha, algunas escuelas ya habían iniciado el trabajo con alumnos mediante guías de estudio elaboradas por ellos mismos que les enviaban por diferentes medios. Los entrevistados narraron respuestas diversas y heterogéneas de las escuelas, unas escuelas trabajaron con guías, pero otras se negaron. De hecho, las escuelas que comenzaron a trabajar más rápidamente fueron las particulares, por el 25 de septiembre éstas pudieron contratar a su propio DRO, ya que estaban obligados a hacerlo después de un sismo de 7.1 grados.  En cambio, en la mayoría de las escuelas públicas tardaron más de tres semanas para poder contar con un DRO. En la delegación de Iztapalapa no se daban abasto con todas sus escuelas públicas, así que tuvieron que echar mano de los DRO de toda la CDMX. El 11 de octubre la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa (DGSEI) circuló internamente listados que mostraban el estado de 200 planteles revisados de las 837 escuelas públicas que existen en la demarcación. Los planteles estaban clasificados en tres categorías: 96 escuelas con daño bajo (color verde), 102 escuelas con daños severos o graves que requerían una rehabilitación mayor (color ámbar), y dos escuelas con color rojo para demolición y reconstrucción.

A tres semanas del sismo, las autoridades de las cuatro Regiones (Juárez, San Lorenzo Tezonco, San Miguel Teotongo y Centro) habían citado a reuniones a los supervisores.La primera propuesta de muchos de los reunidos fue –según un supervisor– instalar aulas prefabricadas, pero días después las autoridades comunicaron que no había recursos para ello y que debían buscar otras soluciones. “Para las escuelas dañadas nos pidieron a supervisores y luego a los directores elaborar estrategias, a pesar de que aún no habían llegado los DRO. Las instancias operativas decían ‘¿cómo lo pueden resolver en su zona?’,  no nos daban una línea en concreto, sino nos devolvían la pelotita”. Es decir, las autoridades aprovecharon la, así llamada, autonomía de gestión y el conocimiento “local” de directores y supervisores para la tarea de reubicar a los alumnos de las escuelas con daños severos en otras escuelas de la zona con mejores condiciones en su infraestructura. La única indicación centralizada de la Dirección Regional fue que trataran de que cuando menos hubiese la “mitad de clases” en las escuelas de tiempo completo que eran de 8 horas y, en las escuelas de jornada regular que son de 4 horas, que hubiera al menos dos horas de actividades.

Las autoridades superiores presionaban para que rápidamente se presentaran soluciones, pero llegar a estrategias viables y aceptables para escuelas y maestros requería tiempo como señala un supervisor:  “Yo les dije ‘aguánteme’ estoy trabajando en esto y en esto […]. No me presionen si no, ¡las cosas no van a salir bien! Ya que en una de las escuelas damnificadas de tiempo completo, el colectivo estaba recién conjuntado y la directora era nueva”. Había maestros que en un principio se negaban a realizar labores fuera de su centro de trabajo y horario asignados de manera oficialDecían “démelo por escrito”. Los maestros tenían sus razones para pedirlo así. El maestro debería tener una comisión, por si acaso tenía un accidente de trabajo o en el trayecto para que los cubra el ISSSTE. Los directores y supervisores resolvieron según sus estilos, algunos haciendo uso de su autoridad: “Había una maestra en la tarde que ella dijo yo no me voy a presentar […] hasta que esté en verde el colegio”.  Su supervisor le dijo en el colectivo de docentes de la escuela: “dicen los lineamientos que los representantes de la SEP somos las autoridades educativas, yo soy su autoridad, si yo doy una indicación se acata. Otros usando estrategias de persuasión les dijeron a los maestros para convencerlos de volver a clases: “Ponte en el lugar del papá […], ¡ya era mucho tiempo sin escuela!”. Dado que no habría oficios de las autoridades superiores, uno de los supervisores relató: “Yo hice un correo, lo mandé a los directores de las escuelas con una copia para mis jefes y los directores a sus maestros de que están salvados sus derechos laborales […] se lo había enseñado a mi jefe inmediato y él dijo ‘sí, trabájalo’ no creo que cuando pase algo, no nos respalden […], todo esto lo hemos hecho con base en acuerdos internos, nada por escrito de instancias superiores”. De esta manera, nosotros observamos que las autoridades educativas se aprovecharon de la “autonomía de gestión” para no comprometerse con lineamientos que podrían tener consecuencias jurídicas. Dejaron a los supervisores “la bolita” de hacer cumplir las indicaciones.

En el caso de una zona escolar, una de sus escuelas obtuvo un dictamen “ámbar”, por lo que para reanudar clases los 12 grupos del turno vespertino se albergaron en las instalaciones de una de las escuelas públicas de la misma zona que ya había obtenido dictamen “verde”, dado que el tamaño de sus instalaciones permitía el acceso al total de la población escolar de dicho turno.  Por su parte, los 19 grupos del turno matutino del mismo plantel, se reubicaron en dos escuelas pertenecientes a la zona escolar; sin embargo, aunque se echó mano de todos los espacios disponibles, sólo los tres grupos de sexto grado pudieron tener acceso diario —de lunes a viernes— a un salón de clases. El resto de los grupos —de 2º a 5º grados— asistían los días viernes a una escuela y el día lunes a las instalaciones de otra. Lo anterior dio como resultado que las dos escuelas que cedieron sus instalaciones por un día a la escuela damnificada, trabajaran cuatro días a la semana: la escuela 1 trabajaba  de martes a  viernes para ceder el lunes; la escuela 2, trabajaba de lunes a jueves para ceder el viernes, mientras que la escuela damnificada sólo trabajaba dos días completos: lunes y viernes. La escuela damnificada de este caso fue reparada antes de las vacaciones de fin de año, pero sabemos que muchas otras siguen sin funcionar.

En el caso de las escuelas más dañadas finalmente llegaron, unas semanas después de los DRO, algunos especialistas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el INIFED para realizar un dictamen respecto a la reparación necesaria. De ahí saldría la asignación de una constructora.  Uno  de los entrevistados refirió que los directores y supervisores les han preguntado a todos los que vinieron “¿Para cuándo tendremos nuestro edificio?”, pero nadie ha querido arriesgar una fecha. “Probablemente va para largo en algunas escuelas. Todo el ciclo escolar. Ahí también está la presión  de los papás”,como señaló un supervisor. También comentó que había dinero para los daños estrictamente causados por el terremoto. Lo que faltaba y falta ahora en todas las escuelas es mantenimiento. En una de las escuelas dañadas descubrieron, por ejemplo, que “ya no había impermeabilización  en el  techo, es de puro cemento. [Eso] ocasiona que se filtre el agua y se desgasta el techo”.

La cuestión central es cuándo comenzará y terminará la reparación y reconstrucción y si habrá fondos para el mantenimiento. El regreso a clases no garantizó un servicio educativo de calidad para los alumnos de las escuelas afectadas y receptoras. Consideramos que las medidas emergentes no deben convertirse en la normalidad durante todo el ciclo escolar. Finalmente queda un tema pendiente ¿cómo repercute todo esto en el desempeño de los alumnos, en el trabajo de los maestros y en última instancia en la obligación del Estado de ofrecer educación de calidad en las escuelas a su cargo?

Ma. Esther Tapia Álvarez es estudiante del doctorado del DIE-CINVESTAV.
Ma. Guadalupe Fuentes Cardona es estudiante del doctorado del DIE-CINVESTAV.
Lilia Antonio Pérez es estudiante del doctorado del DIE-CINVESTAV.
Eduardo Weiss es investigador del DIE-CINVESTAV.

Agradecemos la colaboración de Roberto Méndez en el trabajo de campo.