El Estado mexicano no puede renunciar a tener un organismo que impulsa la evaluación diagnóstica del sistema educativo nacional, que realiza estudios e investigaciones en la materia, genera indicadores, lineamientos y sugerencias y promueve la formación continua y el desarrollo profesional docente como estrategia central de mejora continua de la educación; estas tareas no tendrían que estar bajo la responsabilidad de las autoridades educativas.