El examen Comipems y su efecto en la igualdad de oportunidades educativas

El pasado 21 de enero se publicó la convocatoria para participar en el concurso de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) de 2024. Este concurso está dirigido a las personas que desean ingresar a alguna de las instituciones públicas de educación media superior en Ciudad de México y su área metropolitana. La asignación se sustenta en el puntaje obtenido en una prueba de 128 preguntas que abarcan habilidades y conocimientos disciplinarios contenidos en el plan y programas de estudios de la secundaria, el orden de las preferencias educativas seleccionadas y el número de lugares disponibles en cada una de ellas. Este concurso se institucionalizó en 1996, con el objetivo de regular y dar orden a la demanda de aspirantes a la educación media superior en las instituciones públicas de la zona y actualmente es el único mecanismo para ingresar a estas escuelas.

Antes de la creación de esta Comisión, cada una de las nueve instituciones que la integran hacía su concurso de ingreso ide manera independiente, lo que implicaba que los aspirantes debían seguir y cubrir los costos de distintos procedimientos, con fechas que podían coincidir y con la posibilidad de ser asignado a más de una escuela. Frente a esta problemática, el concurso Comipems implicó una sola convocatoria, un pago único y un mismo examen.

La idoneidad del concurso Comipems como un mecanismo de evaluación justo en términos de equidad ha sido puesta a debate, como lo muestran los trabajos de Cantala (2017), Cobos (2017), García (2016), Meléndez (2023), Rodríguez (2015), Solís y coautores (2013) y Sifuentes (2022). Dichas investigaciones apuntan de manera general que un proceso que trata en igualdad de condiciones a todos sus participantes pierde de perspectiva que los estudiantes no compiten desde contextos que puedan equipararse debido a las desigualdades estructurales de origen y las que se han sumado a través de sus trayectorias educativas. Debido a lo anterior, una distribución de los espacios basada en el puntaje en realidad funciona como un mecanismo que legitima socialmente que los estudiantes con mejores condiciones ocupen los espacios más demandados.

La asociación entre las posibilidades de éxito en el concurso con el origen social ha sido identificada en investigaciones como las de Blanco (2014), García (2016) y Solís y coautores (2013), pero es posible sugerir que el crecimiento en el número de egresados de secundaria a través de los años tiende a incrementar y fortalecer esta asociación. Al respecto, está documentado el aumento progresivo en el número de aciertos que se deben obtener para poder ser asignado a las escuelas de mayor demanda, particularmente las preparatorias y bachilleratos de la UNAM. La siguiente tabla muestra este aumento (con excepción de los años posteriores a la huelga de 1999) en los aciertos mínimos necesarios para ingresar a alguno de los planteles de esta institución.

Se puede observar que entre 1996 y 2018 el número de aspirantes registrados para participar en el concurso aumentó casi 19 %, y el porcentaje de la demanda total que solicitó como primera opción una escuela de la UNAM creció cerca de 9 puntos, lo que significa que prácticamente el 60 % de los concursantes desea ingresar a esta institución. Aunado a lo anterior, el número de aciertos mínimos que se registró para poder ingresar a alguna escuela de la UNAM pasó de 52 a 87. Pero estos datos han cambiado en los últimos años y se presentan de manera diferenciada por planteles. Por ejemplo, de acuerdo con los datos que Comipems publica respecto al último año, un concursante que aspira ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 6 debe obtener al menos 114 aciertos, cuando el promedio registrado en 2023 fue de 68 puntos.

Algunas investigaciones sobre los procesos de selección mediante exámenes estandarizados como es el caso del examen Comipems han demostrado que los lugares son acaparados por las y los estudiantes que cuentan con mejores condiciones materiales, con apoyo familiar, con un entorno cultural favorable y que generalmente acudieron a escuelas privadas durante la formación básica. Estas ventajas se ven fortalecidas cuando, al conocer el nivel de competencia, las familias de estos estudiantes les proporcionan apoyos como los cursos de preparación.

Junto con la publicación de la convocatoria Comipems, e incluso mucho antes, son numerosas las empresas e instituciones que promueven sus cursos de preparación para presentar el examen. Basta con colocar en el buscador la palabra Comipems para conocer la oferta disponible, la cual va desde los 2300 en total hasta los 14 000 pesos mensuales. Es de esperarse que la participación de estos agentes mercantiles tenga un efecto en el aumento de los puntajes obtenidos por quienes pueden costear estos cursos, lo que acrecienta sus ventajas sobre aquellos estudiantes que no pueden acceder a estos recursos.

En el marco de las próximas elecciones en CDMX, el debate en torno al concurso Comipems ha sido retomado debido a que Clara Brugada —candidata a la Jefatura de Gobierno— plantea eliminar este mecanismo de asignación y ampliar la oferta educativa a nivel medio superior. Al respecto, algunos investigadores señalan las ventajas que ofrece un mecanismo de asignación unificado como la reducción de los costos e incertidumbre (Solís, 2024) o de los exámenes de ingreso como instrumentos que permiten seleccionar a estudiantes con mejores habilidades y competencias y con mayores probabilidades de éxito en los estudios (Hernández-Fernández, 2021). Por otra parte, si bien un incremento en los espacios disponibles promueve que más estudiantes puedan continuar sus estudios, el problema de la inclusión no se resolverá mientras la calidad de los servicios educativos sea tan desigual entre las diferentes instituciones educativas.

Tomando en cuenta este contexto, es urgente seguir profundizando el debate en torno a las lógicas detrás de los procesos de selección al nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y su zona metropolitana, así como poner a discusión si estos procesos son adecuados para garantizar el derecho a la educación, la equidad y la inclusividad; sobre todo en un nivel con alta deserción escolar y donde se ponen en juego las probabilidades de ingreso a las principales instituciones de educación superior como la UNAM. También es necesario no sólo buscar modelos de admisión que ofrezcan oportunidades incluyentes y que compensen las desventajas de origen, sino también ejercer acciones que disminuyan la marcada estratificación institucional y diseñar y mejorar las estrategias para apoyar a disminuir los rezagos académicos de los estudiantes con mayores desventajas socioeconómicas y culturales.

 
Valentina Itandehui Sifuentes García
Investigadora posdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Este artículo fue redactado en el marco del Programa de Becas posdoctorales de la UNAM, asesorado por la Dra. Carlota Guzmán Gómez, durante el periodo 2023-I.