La discusión en torno a los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) de la Nueva escuela mexicana (NEM) se convirtió en un terreno de difícil acceso, sobre todo para quienes no están inmersos —como decimos— en el ajo educativo. Por ello, la intención de este artículo es ofrecer a cualquier lector una brújula para no perderse en la información que circula en las redes y los medios masivos de comunicación y evitar que se quede con una conclusión incompleta por falta de un mínimo contexto.
Lo primero que debe saberse es que nuestro sistema educativo nacional es como una cebolla; los LTG representan tan sólo una de las múltiples capas que tiene dicha estructura. Con esta analogía podemos identificar al menos tres niveles en la discusión sobre los LTG: la pedagógica-didáctica, profundamente abordada por los expertos y docentes con las filtraciones que han circulado en las redes; la política-ideológica, expresada en la propaganda difundida por los funcionarios y las funcionarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con un discurso maniqueo que descalifica totalmente por lo menos los últimos 35 años de la educación pública en México, y finalmente el legal o jurídico, que es quizás el menos glamoroso y por lo mismo el menos discutido. Es el nivel que aquí expongo: explico por qué la aplicación de la NEM en la aulas no dependerá —al menos legalmente— de la SEP, sino de los tribunales.
Los funcionarios del Estado mexicano, en este caso los que dirigen la política educativa, son los primeros encargados de velar y hacer cumplir las leyes en materia educativa. Cuando por ignorancia o por dolo dichos empleados federales ignoran o quebrantan el orden legal incurren en faltas que pueden ser castigadas con una sanción administrativa o incluso la cárcel, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado.
Sin temor a caer en exageraciones, podemos afirmar que la impresión y distribución de los nuevos LTG para el ciclo 2023-2024 representa un daño patrimonial a la nación por los recursos ya erogados. Sin embargo, mucho más grave será el impacto directo que tendrá en la educación de 25 millones de estudiantes y sus familias en todo el país; además, afectará el trabajo de más de un millón de docentes que históricamente y de manera ininterrumpida se han apoyado de los LTG para su enseñanza.
En más de sesenta años de la existencia de los LTG, alumnos, alumnas y docentes han recibido estos libros al inicio de cada ciclo escolar; puede que esto no ocurra por primera vez durante el ciclo 2023-2024. La causa no es culpa de los especialistas o de las organizaciones que han promovido amparos, como se repite desde el gobierno, sino del incumplimiento a la Ley General de Educación (LGE) por parte de quienes están hoy al frente de la SEP.
El artículo 23 de la LGE establece que los Planes y programas de estudio (Pype) se construyen tomando en cuenta las opiniones de los gobiernos de los estados y de diversos actores sociales involucrados en la educación. Dice “diversos actores sociales”, no refiere únicamente a las y los especialistas, ni sólo a las maestras y los maestros, o solamente a las funcionarias y los funcionarios públicos; lo abre a todos los actores de la sociedad civil involucrados en la educación por la importancia y trascendencia que tienen estos libros. Con esta disposición, la LGE reconoce implícitamente que el derecho de los niños a recibir una educación de excelencia sólo se puede construir a partir de una amplia discusión que logre un consenso razonable, entre los diversos actores de una sociedad diversa y plural en donde nadie gana todo ni pierde todo
En ese mismo sentido, se entiende que en una democracia constitucional —como la nuestra— las leyes y reglas sirven para protegerla de cualquier intento faccioso de grupo o camarilla que desde el poder busque erosionarla. En este caso, atajar la tentación de decidir unilateralmente el contenido y la manera de impartir la educación de todo el sistema educativo nacional (SEN).
La crisis de los LTG que hoy nos preocupa era evitable. Los funcionarios de la SEP pudieron haber cumplido con el deber y la obligación de establecer los mecanismos que garantizaran la participación de los diversos actores involucrados en la educación y considerar sus opiniones para la elaboración de los Pype. Pero no lo hicieron así. En su lugar montaron una serie de asambleas cuyas convocatorias fueron controladas para tener audiencias a modo, aislar a las pocas voces críticas y dejarlas en clara minoría. Prueba de esta simulación es que la SEP reservó por cinco años la información sobre dichas asambleas con el insostenible argumento de la seguridad nacional.
Con estos actos de simulación de fondo, la entonces secretaria de Educación, Delfina Gómez, publicó el acuerdo 14/08/22 con el Plan de estudio de la NEM en el Diario Oficial de la Federación sin los programas con los contenidos obligatorios. Esta medida provocó la reacción de organizaciones de la sociedad civil, que promovieron amparos en contra del Plan de estudio con la intención de pilotearlo en las escuelas.
Asimismo, el artículo 113 de la LGE instruye a la SEP establecer los procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación para elaborar los LTG. Al igual que los Pype, la ley deja claro que, por tratarse de un asunto que afecta directamente al interés superior de la niñez y adolescencia, la opinión de la sociedad civil involucrada en la educación tampoco puede excluirse de los LTG. El espíritu de la ley hace patente la importancia de hacer válido el carácter democrático de la educación pública en México al tomar en cuenta las diferentes voces de una sociedad tan compleja y diversa como la nuestra.
El segundo vicio de origen propiciado por la SEP fue que inició la elaboración y posteriormente la impresión de los LTG sin programas de estudio. La LGE establece muy claramente en su artículo 28 que es a partir de la publicación de los Pype en el DOF que se puede iniciar con dicho proceso y no antes. Lamentablemente, la actual secretaria de Educación —Leticia Ramírez Amaya— la subsecretaria de Educación Básica —Martha Velda Moreno Hernández— y el director general de Materiales Educativos (DGME) —Marx Arriaga Navarro— incumplierom la Ley General de Educación en la elaboración de los libros de texto gratuitos.
De esta forma, sin programas publicados en el DOF —que es el órgano para que las normas y actos administrativos tengan validez—, la SEP convocó por medio de la DGME a docentes para participar sin pago en la elaboración de los contenidos de los LTG. Decenas de docentes innovadores respondieron a la convocatoria y enviaron sus propuestas de proyectos con el anhelo de ser escogidos para integrar los LTG. Sin embargo, ni los contenidos ni su diseño didáctico fue resultado de un proceso de creación o deliberación colectiva, sino producto de la imposición ideológica de Marx Arriaga y del polémico exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez, Sady Arturo Loaiza.
El resultado de este proceso vertical y autoritario —no se le puede llamar de otra forma— provocó la reacción de los sectores sociales educativos, entre ellos la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), quienes promovieron amparos que hoy tienen en vilo a todas las escuelas públicas del nivel básico por primera vez desde la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
Por si no fuera esto suficientemente grave, las violaciones a los procesos para elaborar los Pype y los libros de texto gratuitos desembocaron en una incompatibilidad entre los propósitos educativos del Plan de estudio de la NEM, sus LTG y el marco legal vigente, aun cuando fue en este gobierno que se reformó el Artículo 3.º de la Constitución y la LGE.
Entre las violaciones a la letra del marco legal vigente, que es posible corroborar por cualquier lector sin ser especialista en derecho constitucional, expongo algunas de las más preocupantes.
Primero, la LGE señala que los Pype deberán contener “las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo” (artículo 29). Los LTG no tienen estas secuencias porque se elaboraron cuando todavía no se tenía si quiera los programas sintéticos en su última versión. Asimismo, al no abarcar los contenidos oficiales y obligatorios que la LGE estipula, sus contenidos se convierten en materiales accesorios y hasta prescindibles una vez que los nuevos Pype se publiquen en el DOF.
Segundo, las asignaturas desaparecieron por responder al paradigma de una supuesta ciencia “occidental”; en su lugar se crearon nuevos campos formativos que integran horizontalmente los saberes tradicionales. Sin embargo, en secundaria no cambiaron el sistema de contratación laboral de los docentes, que es por asignatura; ello convierte el trabajo por campos formativos en una buena intención y no en una realidad verificable y medible por parte de la autoridad educativa.
Tercero, la fracción II del Artículo 3.º de la Constitución es muy clara. Dice que la orientación de la educación que imparta el Estado se “basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Pero el Plan de estudio sostiene que los saberes comunitarios y la ciencia son igualmente válidos según el contexto en que se utilicen, como podemos leer en la página 130 del anexo al acuerdo 14/08/22:
Las ciencias son construcciones, entre muchas otras, para explicar la realidad física, que a su vez está condicionada por factores culturales e históricos. En tanto construcción cultural, no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimientos, ya que cada explicación puede ser adecuada en mayor o menor medida según el contexto en el que se aplique.
Cuarto, en dicho Plan se imponen las llamadas “epistemologías del sur”. Éstas afirman la existencia de una ciencia “occidental” que alterna con los saberes comunitarios, que son de igual valor. Así se puede leer en la página 102 de dicho anexo:
También en la construcción de interacciones cognitivas, simbólicas, y prácticas con personas con diversos conocimientos, para construir un diálogo de saberes que involucra a la ciencia occidental, los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, mismo que se fundamenta en relaciones de respeto y horizontalidad.
Quinto, bajo esta lógica de ir contra la ciencia “occidental”—como se describe en el Plan de estudio en la página 52— se eliminan las asignaturas, porque se basa en “el supuesto de que el desarrollo de la ciencia evoluciona a partir de la segmentación de un objeto de conocimiento, de su formalización, y del estudio de sus principios y leyes”. Por tal motivo se justifica la creación de los campos formativos, mismos que integran de forma horizontal a los saberes comunitarios con las diferentes disciplinas y los conocimientos científicos.
Sexto, la ideología de las epistemologías del sur se materializa en los contenidos de los nuevos LTG al dar más importancia a los saberes tradicionales que a los contenidos de la educación integral, como el pensamiento matemático, el aprendizaje de la lengua castellana, las ciencias y las habilidades tecnológicas y digitales del siglo XXI estipuladas en el artículo 30 de la LGE.
Cuadro comparativo de los fundamentos filosóficos de la educación
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Constitución y Ley General de Educación |
Plan 2022 NEM (Acuerdo 14/08/22) |
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Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. |
Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos y saberes comunitarios, de tal manera que les permitan consolidar su autonomía para plantear y resolver problemas complejos considerando el contexto. |
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V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; |
En este sentido, el Estado se erige como el responsable social, político y jurídico que garantiza la igualdad de derechos, favorece la creación de espacios para diversas epistemologías, así como el reconocimiento de que son las comunidades indígenas y afromexicanas la matriz epistémica de la diversidad nacional, y que es favorable su encuentro con otras epistemologías a partir de un diálogo de saberes para intercambiar experiencias, saberes y conocimientos desde las ciencias, las artes, la literatura, la historia y la vida cotidiana de diferentes culturas, en el ámbito local, regional, nacional e internacional. |
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Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo y que atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley; |
Las bases epistemológicas de esta forma de estructuración por asignatura se basan en el supuesto de que el desarrollo de la ciencia evoluciona a partir de la segmentación de un objeto de conocimiento, de su formalización, y del estudio de sus principios y leyes. Esta situación propicia que en los Planes y Programas de Estudio se repita constantemente la información; que las y los estudiantes no perciban marcos teóricos diversos, sino opiniones expresadas por sus maestras y maestros; que no haya elementos estructurales de integración que favorezcan el aprendizaje, sólo la memorización. |
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La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. |
También en la construcción de interacciones cognitivas, simbólicas, y prácticas con personas con diversos conocimientos, para construir un diálogo de saberes que involucra a la ciencia occidental, los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, mismo que se fundamenta en relaciones de respeto y horizontalidad. |
Estamos frente a un hecho inédito desde la creación de la Conaliteg hace más de seis décadas. Por primera vez el Estado mexicano elaboró, imprimió y distribuyó LTG sin programas de estudios oficiales. El gobierno ejecutó la elaboración del Plan de estudio y los LTG a puerta cerrada, bajo la dirección de un pequeño grupo de personas, sin tomar en cuenta las opiniones de los diferentes actores educativos, entre ellos las y los especialistas y sus respectivas academias, ni siquiera de la opinión de los docentes, más allá de quienes fueron elegidos para producir una obra bajo encargo y con criterios editoriales previamente establecidos.
Como respuesta, los actores de la sociedad involucrados en la educación han recurrido a los instrumentos legales a su disposición para impedir la consumación de las violaciones por parte de los funcionarios de la SEP.
Hasta aquí, es claro que la visión ideológica de la NEM no concuerda ni con los fundamentos filosóficos de nuestro marco legal vigente y aprobado en la reforma del gobierno del presidente López Obrador, ni con la tradición histórica de nuestro sistema educativo nacional basado en el progreso científico y tecnológico que se remonta a los principios surgidos de la modernidad.
Parafraseando a Gilberto Guevara Niebla, referente de la educación de México, coincido en señalar que el Plan de estudios y los LTG de la NEM representan una regresión educativa fincada en una hostilidad abierta contra el pensamiento de la ilustración y por tanto del interés superior de niñas, niños y jóvenes de recibir la educación que nuestro país requiere.
Guido Félix
Consultor
Estos libros no deben pasar bajo ningún motivo ni acción del presidente que nunca obedece la ley. El es un empleado de los mexicanos y debemos llevar a cabo las acciones que sean necesarias y llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario para evitarlo.
Necesitamos colocar en el centro de la discusión la ilegalidad con la que nacen estos libros de texto gratuitos. No sólo es la forma como se lanzaron estos libros, con asambleas y acuerdos en grupos a modo, también el fondo, con estas faltas reiteradas a nuestros derechos democráticos previstos en la Constitución y en la Ley Federal de Educación. Tenemos derecho a gozar de una educación para todos los mexicanos, con un enfoque integral, que permita que nuestros niños y niñas aprendan en libertad. Se requieren programas de estudio y libros de texto que les brinden las herramientas para vivir y crecer en un entorno cuyo principio es el cambio. Estamos frente a generaciones de niños y niñas en grave riesgo.
Debemos unirnos y promover amparos, esto a través de las Asociaciones de Padres de Familia constituidos en cada Escuela con el objetivo de fortalecer y proteger los derecho de los niños y niñas a fin de exigir una verdadera educación basada en nuevos principios de derechos humanos.