El programa Investigadoras e Investigadores por México

El programa Investigadoras e Investigadores por México (IIxM) —una iniciativa pionera antes conocida como Cátedras Conacyt— se encuentra con actitudes oficiales que van desde el desdén hasta la indiferencia. Mientras Elena Álvarez-Buylla afirmó que los investigadores eran “colgados de la nómina«, Rosaura Ruiz, en su calidad de secretaria de ciencia, se ha mostrado evasiva en su diálogo con la comunidad académica. Para que el sueño presidencial de convertir a México en “una potencia científica” se convierta en realidad, el gobierno federal no sólo debe aumentar su financiación a este sector, sino también fortalecer el programa IIxM.

Creadas en 2014, las Cátedras Conacyt tenían como objetivo fomentar la producción científica mediante la incorporación de nuevos académicos altamente calificados a instituciones de educación superior públicas. La decisión obedeció a la limitada creación de plazas y la jubilación postergada de investigadores establecidos. Las 1,511 cátedras autorizadas por la Secretaría de Hacienda son plazas permanentes que se abrieron tanto a ciudadanos mexicanos como a residentes permanentes, todos con doctorado o posdoctorado. Las y los catedráticos, seleccionados y evaluados de manera rigurosa, están comisionados a más de cien universidades y centros públicos de investigación en todo el país. El programa tiene el potencial de renovar a las instituciones receptoras, y la academia mexicana en general, con investigaciones innovadoras, métodos de enseñanza actualizados y estrategias creativas de divulgación del conocimiento. Sin embargo, ha experimentado modificaciones que más bien apuntan a una intención de debilitarlo.

Algunos cambios pudieran descartarse como triviales, como él que rebautizó el programa y le restó visibilidad simbólica al sindicato que aglutina a las y los trabajadores del sector, el Siintracatedras. Otros cambios a los lineamientos del programa y el Estatuto de Personal Académico son relevantes por conservar y acentuar la vulneración de los derechos laborales. Una Comisión Consultiva, establecida para escuchar las opiniones de la comunidad IIxM, jamás volvió a sesionar después de la juramentación de los representantes regionales. Los nuevos lineamientos, además, pretendieron obligar a los investigadores a “procurar su inserción laboral,” a pesar de que éstos se enfrentan a límites etarios en los concursos y se ven imposibilitados de resolver la falta estructural de plazas.

Por otro lado, se creó la Modalidad 2 que implicó la comisión de investigadores a dependencias de la Administración Pública Federal para impulsar proyectos prioritarios para el país, en áreas como energía y cambio climático, soberanía alimentaria, agua y salud. Si bien, las convocatorias buscaban perfiles especializados, las personas contratadas terminaron siendo asignadas a simples tareas administrativas, incluso en instituciones distintas a las previstas. En el entonces Conahcyt, donde muchos investigadores estaban comisionados, ocuparon vacantes en la adelgazada burocracia de carrera y sufrieron acoso laboral, incluso a manos de Álvarez-Buylla.

Los contratos individuales de las y los académicos IIxM se refieren a ellos como personal de confianza, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo relaciona esta categoría de trabajador con funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Mientras tanto, las funciones de investigación y docencia convierten a los académicos IIxM en personal de base. Los derechos laborales de éstos son el objeto de un contrato colectivo de trabajo que el Siintracatedras ha promovido, pero que el Conahcyt se negó a negociar. La organización —que es uno de los sindicatos de ciencia más grandes en México— cuenta con un registro sindical ante la Secretaría de Trabajo que reconoce a los agremiados como trabajadores de base (Apartado A, artículo 123 constitucional). El Siintracatedras tiene como misión visibilizar las problemáticas que enfrentan los investigadores y buscar una mejora de sus condiciones de trabajo. Su lucha por los derechos humanos laborales es oportuna y necesaria, ya que éstos se siguen vulnerando de distintas formas.

Algunas instituciones receptoras han procurado darles el mismo trato a los académicos IIxM que a los profesores de planta. Otras no les ofrecen los espacios y recursos necesarios para desarrollar sus investigaciones, como laboratorios, bibliotecas y bases de datos especializadas. En muchos lugares, el personal IIxM cuenta con limitadas posibilidades de dar clases o dirigir tesis. Lo anterior incide en las evaluaciones y la permanencia en el SNII, ambos requisitos para mantener las plazas IIxM. Además, en muchas instituciones receptoras se han dado casos de acoso laboral y de acoso y/o violencia sexual, sin que los problemas se hubieran atendido de manera oportuna y satisfactoria para las personas afectadas. El Conahcyt no realizó visitas de seguimiento con miras a mejorar las condiciones o remover del programa a instituciones receptoras que incumplen las normas.

Las comisiones de los académicos IIxM se basan en dos tipos de documentos que Conahcyt/Secihti debe firmar: los oficios de comisión para los investigadores y los convenios de colaboración con las instituciones receptoras. Éstas tienen la posibilidad de solicitar la terminación anticipada de los convenios, lo cual obliga a los investigadores a solicitar un cambio de institución receptora, viéndose en la necesidad de mudarse a otra ciudad o incluso a otro estado del país. La perspectiva de una o varias reubicaciones socava el desarrollo de proyectos de largo plazo, así como el arraigo de los investigadores y sus familias. En una de muchas irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación ha reportado, el Conahcyt dejó de firmar convenios. Este descuido, voluntario o no, dejó a los investigadores afectados en un limbo y precarizó aún más sus condiciones de trabajo en las instituciones receptoras.

Además, quedan dudas sobre el uso de los fondos que debieron haberse destinado al programa. Las plazas autoridades nunca llegaron a ocuparse todas: entre 2018 y 2024, el número llegaba a un promedio de 1,270 plazas por año. Las renuncias y despidos no explican del todo el altibajo de las contrataciones. A partir de 2019, se publicaron menos convocatorias y las plazas abiertas en las que sí se publicaron, disminuyeron. Al mismo tiempo, los investigadores han visto cómo sus salarios no se han ajustado a la inflación y al incremento del costo de vida, y como la prima de antigüedad, una prestación aprobada por la Secretaría de Hacienda, no se ha estado pagando de forma acumulativa.

Las evaluaciones de desempeño anuales y trienales, además de las evaluaciones para obtener el reconocimiento en el SNII, convierten a las y los Investigadores por México en los académicos que más, y más a menudo, se evalúan en el país. Quienes argumentan que las personas que llegan a ocupar una plaza IIxM saben qué les espera, ignoran las características y las implicaciones de estas evaluaciones. Los investigadores son evaluados bajo los mismos criterios, a pesar de la desigualdad de condiciones que prevalece en las instituciones receptoras. A esto se suma que las evaluaciones se basan en las opiniones discrecionales de las instituciones receptoras, y que los resultados negativos tienen como consecuencia la rescisión del contrato. Como se puede observar, las evaluaciones no sólo se convierten en experiencias estresantes para los investigadores, sino que son mecanismos punitivos que contradicen las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Desde su llegada al entonces Conahcyt, Elena Álvarez-Buylla no ocultó su desprecio por el programa IIxM. Para evitar una reacción negativa al desmantelamiento generalizado de la iniciativa, el Consejo dio inicio a una estrategia de despidos por goteo. Los despidos injustificados, que aumentaron a partir de 2019, se han dado por motivos como incumplimiento a la normatividad y, sobre todo, evaluaciones reprobadas e incumplimiento del SNII. Sin embargo, condicionar el empleo a la permanencia en el SNII, un sistema de estímulos excluyente y dependiente de la disponibilidad presupuestal, es violatorio de los derechos laborales. Se tiene registro de 113 despidos, incluyendo casos en que el Conahcyt pretendió disfrazar los despidos por renuncias y retuvo de manera ilegal los fondos de ahorro de los trabajadores. Se interpusieron 51 demandas laborales, 10 de ellas ya ganadas, que buscan la reinstalación o indemnización de los investigadores. La actual campaña en redes sociales #CienciaConDignidad, liderada por el Siintracatedras, revela cómo los despidos injustificados truncaron investigaciones, afectaron vidas y vulneraron derechos.

Los académicos IIxM que laboran para mantener sus plazas, se enfrentan a la creciente burocratización del programa. La excesiva fiscalización de sus asistencias a las instituciones receptoras y de sus salidas a congresos y trabajos de campo, apunta a la desconfianza hacia los investigadores. Además, limita la autonomía de éstos y evidencia una profunda incomprensión de la ciencia, ya que los conocimientos no se generan sólo desde el escritorio. Al impedir que las y los académicos se salgan de sus instituciones, se impide también que observen y documentan la realidad en México, una realidad marcada por la vulnerabilidad, la violencia, la corrupción, la indiferencia institucional.

Esta burocratización ocurre en un contexto de creciente autoritarismo en México. Desde el sexenio pasado, las narrativas oficiales afirman que son primero los pobres, que se pretende construir una democracia del pueblo. Se tildó como ciencia neoliberal la investigación que critica la política gubernamental. Se desestimó a las personas de la clase media, muchas de ellas académicas, como aspiracionistas motivados por mantener privilegios, cuando lo que buscaban era defender derechos. Se acusó por delincuencia organizada a 31 integrantes de la comunidad científica y se estableció el control político sobre los Centros Públicos de Investigación (CPI) mediante la imposición de directores y la modificación de estatutos. También se extinguieron los fideicomisos de la ciencia bajo el argumento de que propiciaban la corrupción. Las narrativas demostraron ser poderosas en un país marcado por la pobreza, la corrupción, la impunidad y el hartazgo de los partidos políticos establecidos. Sin embargo, detrás de ellas y la fachada de democracia que se ha venido construyendo, se ha vuelto a instalar un partido hegemónico. Éste busca controlar las instituciones, espera que los periodistas e intelectuales le aplaudan en lugar de fiscalizarlo y reparte becas que, más que conducir a las necesarias transformaciones estructurales, buscan apoyos electorales.

¿Qué significa hacer academia y resistencia en tiempos de autoritarismo? Los y las investigadoras no sólo deben enseñarles a los ciudadanos que la ciencia no es algo ajeno a sus vidas, sino que tiene el poder de transformarlas. La producción científica, a su vez, está ligada a la defensa de los derechos humanos, lo que requiere la articulación de alianzas y estrategias creativas. Las fortalezas del programa IIxM radican no sólo en la calidad de sus investigaciones, sino también en su extensión geográfica y la diversidad de sus académicos, que incluyen personas de familias obreras, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTQ y migrantes. El sindicato, por su parte, mantiene su compromiso con la lucha laboral. Ha desarrollado propuestas que buscan mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores, consolidar el programa IIxM y potenciar la ciencia y la tecnología en beneficio de la sociedad mexicana. La organización también brinda acompañamiento jurídico a colegas rescindidos de manera injustificada. Como remarcó Edgar Guerra, secretario general del Siintracatedras: la dignidad no caduca.

Sonja Wolf

Investigadora por México (2014-2024) e integrante del Siintracatedras. Actualmente es Profesora-Investigadora en la Universidad Panamericana.