Como si fueran invisibles, cerca de 30 millones de personas en rezago educativo —casi la tercera parte de la población mexicana mayor de 15 años— son ignoradas y desatendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No aparece mención de este problema estructural en el modelo educativo que el gobierno federal emprendió recientemente, llamado pomposamente Nueva escuela mexicana (NEM), y fue igualmente omitido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la reforma educativa de 2019. El cierre escolar ocasionado por la pandemia y la crisis económica 2020-2021 reforzaron el crecimiento de los índices del rezago; sin embargo, a contracorriente de su agudización, los recursos presupuestales destinados para atenderlo son cada vez menores. Todo sea en aras de la austeridad republicana y del desgobierno de los problemas nacionales.
El rezago educativo
Desde 1993, el rezago educativo se conceptualizó en México como la condición de las personas con más de 15 años de edad que no saben leer y escribir, o que no terminaron la primaria o la secundaria; es decir, las personas en condición de rezago educativo son quienes por su edad debieron haber concluido su educación básica. El analfabetismo es la forma más extrema de rezago educativo. La persona mayor de 15 años en esa condición carece de las competencias mínimas de lectura y escritura, lo que la coloca en la mayor de las desventajas para el ejercicio de sus derechos.
Al igual que las personas afectadas por el analfabetismo, quienes no tienen concluida la primaria o la secundaria enfrentan la marginación social y la falta de acceso a oportunidades de desarrollo en los terrenos educativo, cultural, laboral o empresarial. Están en desventaja al buscar empleos dignos o al emprender actividades o negocios que les permitan satisfacer sus necesidades. De acuerdo con el extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), las personas más afectadas por esta condición son las mujeres, la población indígena, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y quienes habitan zonas rurales.
En el año 2010, el promedio de escolaridad en México era de 8.6 años; según el último censo, en 2020 se elevó a 9.7 años. Ello indica que la población mayor de 15 años tiene, en promedio, concluida la educación secundaria. De acuerdo a cifras del Inegi, veinte estados están sobre el promedio nacional: Ciudad de México (11.5), Nuevo León (10.5) y Querétaro (10.4) son los que muestran mayor escolaridad. En contraste, en doce estados el promedio de escolaridad está por debajo de la marca nacional; destacan Veracruz (8.7), Michoacán (8.6), Guerrero (8.4), Oaxaca (8.1) y Chiapas (7.8). Para asimilar la dimensión del rezago educativo se debe considerar que, aun en las entidades de mayor promedio de escolaridad, hay grupos de población en rezago educativo. Así, hay municipios y regiones con escolaridad promedio de tres, cuatro o cinco años, lo que significa que sus habitantes se encuentran por debajo de la primaria terminada.
Los datos censales indican que entre 2000 y 2020 el número de personas analfabetas se redujo de 6.5 a 4.5 millones. En números relativos, las personas que no saben leer y escribir representaban un 19 % de la población mayor de 15 años en el año 2000, en tanto que su porcentaje se contrajo al 4.7 % en la medición del año 2020. El número de personas que no han concluido la educación básica entre el año 2000 y el 2021 muestra un decremento en términos absolutos; no obstante, debe señalarse que, pese a una disminución de 5.2 millones, la cifra total sigue rondando los 30 millones de personas, lo que representa casi la tercera parte de la población mayor de 15 años.
El rezago educativo en tiempos de la 4T
En el año 2010 había 31.9 millones de personas en rezago educativo, que representaban el 40 % de la población mayor de 15 años. En 2015 eran 30.3 millones (35 %), 28 millones en 2020 (29.6 %) y para 2021 su número siguió estacionado en los 28 millones de personas, que representan un 29.1 % del total.
Los resultados a lo largo de los años muestran algunos avances, particularmente en lo que se refiere a la sensible disminución del índice de analfabetismo, pero el porcentaje de personas en condición de rezago educativo se mantiene en la actualidad en aproximadamente un tercio de la población mayor de 15 años. Los datos muestran un estancamiento en la primera mitad del sexenio obradorista. Como se verá, este estancamiento tiene entre sus causas la omisión de diagnósticos y planteamiento en torno al rezago educativo, así como la pauperización de los presupuestos destinados para los programas respectivos.
Vale la pena señalar que las cifras referidas para 2020 y 2021 no contemplan los efectos de la pandemia en las incidencias de abandono escolar o en la imposibilidad que esta población enfrentó para concluir su educación básica. Cuando en los próximos meses se actualicen las estadísticas, deberán reflejar el impacto de las decenas o centenares de miles de deserciones de la educación básica ocasionadas por la pandemia (se estima que 2 673 000 estudiantes no se inscribieron al ciclo 2020-2021).
AMLO y el rezago educativo
La desigualdad social en México se expresa en las abismales diferencias del nivel de ingreso de las personas: unos pocos concentran la riqueza y la mayoría subsiste en la pobreza o en la pobreza extrema. En estas condiciones, las vidas de quienes integran esta mayoría están marcadas por la falta de acceso a los servicios públicos de calidad, la marginación y la ausencia de oportunidades de desarrollo.
Un sistema educativo incapaz o deficiente produce y reproduce la desigualdad social. La falta de acceso a las oportunidades educativas contribuye a prolongar la desigualdad por generaciones. La igualdad en el terreno educativo debería permitir las mismas oportunidades de estudio a todos, sin discriminación, con una oferta educativa amplia, diversificada y pertinente. “Nosotros siempre hemos sostenido que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando promulgó la reforma educativa de 2019. Pese a esta afirmación, y a otras de la misma índole, el presidente no hizo referencia alguna al problema del rezago educativo en la expresión formal de sus políticas públicas, pese a que se trata de un enorme problema nacional.
Tal omisión es notoria en la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa y en el Plan nacional de desarrollo 2019-2024 (PND-2019) —documentos oficiales que el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados—, al igual que en los documentos descriptivos de la llamada Nueva escuela mexicana.
La iniciativa que López Obrador presentó para reformar el Artículo 3.º constitucional —el 12 de diciembre de 2018— se centró en los temas administrativos y laborales, al grado de que dejó ausentes los problemas propiamente educativos. El dictamen legislativo omitió toda referencia al rezago educativo. Las comisiones unidas de educación y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados habían modificado el texto de la iniciativa para que dijera que el Estado tomaría medidas para lograr la equidad en la educación, para lo que daría preferencia “a grupos y regiones con mayor rezago educativo”. Pero dicha formulación (propuesta por el PRD y otros grupos de oposición) fue excluida del dictamen que se presentó al pleno de la Cámara de Diputados.
El PND-2019 incurrió en una negligencia similar. Es totalmente omiso respecto de las personas en condición de rezago. No las menciona en sus apartados dedicados al derecho a la educación, tampoco en su “Epílogo: Visión de 2024”, en el que el paraíso prometido por la cuarta transformación no incluye la erradicación del analfabetismo ni la educación básica para toda la población.
En la Nueva escuela mexicana el rezago educativo también brilla por su ausencia. Anunciada como el nuevo modelo educativo de la 4T, no aborda en sus principios y orientaciones pedagógicas el problema del rezago ni, mucho menos, desarrolla alguna estrategia para resolverlo. Lo anterior, a pesar de que refiere la estadística de que sólo 70 de cada 100 personas que inician la primaria ingresan al cabo de los años a la educación media superior (el concepto de NEM fue incorporado a la nueva Ley General de Educación que se promulgó el 30 de septiembre de 2019).
Austericidio de la educación para adultos
La subfunción educación para los adultos del presupuesto federal se integra por dos partidas presupuestales:
• El programa presupuestario E-064, “educación para adultos (INEA)”
• El subfondo de “educación adultos”, que es parte del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) en el Ramo general 33
El presupuesto destinado a esta subfunción llegó a su pico en el ejercicio 2016, cuando se le asignaron 5464 millones de pesos. A partir de ese ejercicio ha sido decreciente, incluidos los cuatro primeros años de la administración de López Obrador. De hecho, el presupuesto 2022 para esta tarea muestra una pérdida de 1000 millones de pesos respecto a aquel año, con todo y que el FAETA ha ido actualizándose con el índice inflacionario.
El austericidio en esta materia se calibra cuando se analiza en términos reales: a pesos constantes de 2010, el presupuesto que en el presente año se destinó a la educación para los adultos equivale a sólo el 74 % de la asignación de doce años antes. En términos reales, se redujo una cuarta parte del presupuesto, a pesar de que año con año más personas se incorporan al rezago educativo.
Las Reglas de operación 2022 del INEA —publicadas por la SEP— establecieron la meta de sacar del rezago a 529 000 personas durante este año. Pero la meta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) estableció para la misma materia en la Estrategia Programática del Ramo 33 disminuye el objetivo: pasó de buscar que 529 000 personas concluyeran la educación básica a sólo 300 000.
Dichas metas pintan de cuerpo entero la indolencia del gobierno actual frente al rezago educativo. Si este objetivo se llevara a cabo en los términos anunciados por la SEP, se requeriría de más de medio siglo (56 años) para terminar con el índice actual; o bien, si dicha tarea siguiera el ritmo planeado por la SHCP, la superación del rezago educativo actual llevaría 93 años, sin contar el rezago que se vaya sumando.
¿Qué hacer?
La conducta omisa del gobierno actual contradice sus consignas de “primero los pobres”, lo mismo que la supuesta vocación igualitaria que presume, pues el rezago educativo hace nugatorio el derecho de acceder a la educación a sectores marginados por sus bajos ingresos. No saber leer y escribir o tener inconclusa la educación básica es una condición que reproduce la desigualdad social y coloca en desventaja a las personas que la sufren en demérito de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Deben dejarse a un lado las ocurrencias y debe entenderse el carácter estructural de este problema a partir de un diagnóstico objetivo que sea base de una política alternativa. Una política pública de este tipo permitirá enfocar y coordinar los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para mitigar en lo inmediato esta problemática y erradicarla en el mediano plazo.
Rafael Hernández Estrada
Analista político y asesor parlamentario del PRD