Desde hace más de una década los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en las escuelas del país están presentes de manera constante en los medios de comunicación. Estos casos mediáticos representan sólo la punta del iceberg de un problema que, tanto el informe “Es un secreto” de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en 2021 (con sus actualizaciones en 2022 y 2023), así como el reportaje de investigación “Depredadores en las aulas” de El Universal y Connectas, en 2023, nos permiten dimensionar a fondo.
Las escuelas son espacios en los cuales las infancias y adolescencias, además de aprender español, matemáticas y geografía, aprenden a socializar y modelar su mundo. Según Unicef, las escuelas deberían representar espacios seguros, en los que todas las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral, sana y libre de maltratos y violencias; lo contrario supone afectaciones graves y a largo plazo en sus vidas. Lejos de esta consigna, en México los datos y testimonios muestran que en cientos de escuelas esta población está en riesgo de ser víctima de algún tipo de violencia sexual.
Cuando se conocen a fondo los casos se puede observar que hay distintas estrategias para violentar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, desde aquellos casos individuales en donde un profesor (generalmente hombre) abusa de muchas estudiantes con toqueteos, mensajes, frases en las clases; hasta quien abusa sexualmente de ellas y produce material de explotación sexual digital. Este tipo de casos sucede con mucha frecuencia con alumnas de los últimos años de primaria o en secundaria. En el otro extremo, están documentados casos de violencia organizada como las que ha denunciado la ODI, en los que un conjunto de personas dentro de la escuela se organiza para abusar o explotar sexualmente a muchas niñas y niños. Esto último sucede normalmente en edades tempranas dentro de los jardines de niños.
En esta caracterización de la violencia hay casos visibles en los que la violencia la lleva a cabo la o el docente al frente del grupo; también hay casos en que los responsables son personal directivo o administrativo de la escuela, personal de aseo y hasta sujetos externos a la escuela: albañiles que se encuentran haciendo un trabajo en las instalaciones o, incluso, personas que tienen acceso exclusivamente para abusar sexualmente de las niñas y los niños o adolescentes.
Se trata de un fenómeno diseminado en cientos de escuelas públicas y privadas, y es sólo el reflejo de una realidad que aqueja a las niñas, niños y adolescentes del país en distintos espacios. Según datos que presenta World Vision, en 2019 México ocupaba el primer lugar en violencia sexual infantil de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el segundo lugar como productor y distribuidor de explotación sexual digital infantil y el primero en América Latina.
Más del 60 % de estos actos de violencia los cometen familiares o personas cercanas a los niños y las niñas o adolescentes; es decir, personas adultas vinculadas de alguna manera con la víctima. En el caso de la escuela, se trata de las personas cuidadoras, a cargo de la formación y protección del niño, niña o adolescente, que representan tanto una figura de autoridad como de confianza para sus estudiantes y las familias que les dejan a sus hijos e hijas a su cargo. No se trata de algo fortuito, las personas agresoras aprovechan la dupla confianza-autoridad para cometer la violencia.
Las consecuencias en la vida de las víctimas también han sido bien documentadas y difundidas. Se trata de afectaciones a corto, mediano y largo plazo, en el ámbito individual (físico y emocional), pero también en el colectivo (la confianza en la autoridad y en quien dice protegerles, la percepción negativa de la escuela, etc.). Las personas y los espacios que deberían brindarles seguridad y confianza ultrajan sus cuerpos por medio de amenazas, mentiras u otros tipos de violencia, generando un trauma con efectos a largo plazo en el desarrollo de sus vidas, sobre todo cuando no tienen una atención de salud física y emocional adecuada.
Después de la difusión de estas noticias y los informes mencionados, ¿por qué esta información desgarradora únicamente influye en la sociedad una o dos semanas después de que se difunde la nota?, ¿por qué no están las familias; las niñas, niños y adolescentes; las defensoras y los defensores de derechos humanos; las maestras y los maestros no agresores; la sociedad en general en las calles exigiendo justicia y políticas de prevención en las escuelas? ¿En dónde está la sociedad apoyando a las familias que cierran escuelas por casos de violencia sexual? ¿Por qué los medios de comunicación no le dan seguimiento a estos casos?
Una de las probables respuestas es que se trata de información que nadie quisiera tener en sus cabezas. Conocer los testimonios y las mecánicas de abuso es muy fuerte. Es casi imposible leer las declaraciones o las investigaciones sin tener reacciones corporales (ganas de llorar, coraje, náuseas); nadie quiere pensar que sus hijos o hijas pueden estar en riesgo o que pudieron haber sido víctimas de estos casos. Pero esta probable respuesta no es justificación para voltear los ojos de un problema que afecta a México diariamente.
Hacer oídos sordos e invisibilizar el problema no termina con él, simplemente deja a más niñas, niños y adolescentes en manos de sus agresores que fingen ser cuidadores y protectores en sus espacios de socialización más importantes: las escuelas. Es cierto, es difícil conocer estos casos, pero no se compara con el terror que viven las víctimas en su niñez o adolescencia, quienes están la mitad de sus días en riesgo de sufrir violencia.
La SEP guarda un silencio sepulcral desde que se dio a conocer el informe “Es un secreto”. El 31 de mayo de 2021, el presidente solicitó a la secretaria de Seguridad dar informes de lo que se está haciendo al respecto y fue el último día que el Ejecutivo tocó el tema. Los protocolos de prevención y atención a casos de maltrato y abuso infantil en las escuelas no atienden a estándares de protección y, en todo caso, no se activan adecuadamente. Las fiscalías, además de estar rebasadas, siguen revictimizando, no tienen procedimientos adecuados y sus investigaciones se quedan cortas frente a posibles casos de explotación sexual digital en las escuelas. No hay políticas públicas o acciones coordinadas desde las autoridades de protección de la infancia.
En suma: el Estado ha dejado sola a la población en riesgo dentro de las escuelas. Las autoridades estatales han decidido ignorar el tema y, con ello, permitir que el problema se reproduzca impunemente. Por su parte, la sociedad asume que el problema es tan fuerte que no quiere verlo. El resultado son niñas, niños y adolescentes en completa desprotección dentro de sus “espacios seguros”.
¿De quién es la responsabilidad entonces? Es una responsabilidad compartida. El artículo 11 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes establece que:
Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.
Nos toca a todos y a todas participar en la exigencia de escuelas seguras y protectoras, así como en la exigencia de justicia en los casos que ya sucedieron, sin importar si tenemos hijas o hijos a nuestro alrededor, o si están inscritas en las escuelas reportadas. Esto sucede en todo el país, en escuelas públicas y privadas.
También nos toca producir mecanismos de prevención y autoprotección para las niñas y los niños y adolescentes desde el ámbito familiar y comunitario. La ODI ha creado materiales dirigidos a las familias para contar con herramientas de prevención y exigencia a las autoridades..
Además de ello, es necesario recordar la importancia de que las niñas, niños y adolescentes cuenten con educación sexual que les permita conocer su cuerpo y nombrarlo, reconocer límites, identificar cuando alguien quiere afectarles, entre otra información importante. Es necesario que estudiantes y sus familias conozcan sus derechos y los mecanismos que hay para iniciar un procedimiento en casos de posible violencia. Pero sobre todo, es importante preguntar, escuchar y activarnos para que todas las niñas, niños y adolescentes del país sepan que hay personas adultas dispuestas a cerrar calles y exigir justicia para protegerles.
A estas alturas como sociedad corremos el riesgo de normalizar la violencia sexual contra la infancia y adolescencia; condenar los casos, pero acostumbrarnos a una forma más de abuso contra ellas. En un país tan violento, pareciera que estas notas pasan a ser una más de las tragedias que nos aquejan a diario; la diferencia es que se trata de una población en completa desventaja de poder para defenderse en una sociedad adultocéntrica y violenta, por lo que necesitan de las personas adultas para facilitarles una vida segura y libre de violencia.
No dejemos de lado algo fundamental: el silencio y olvido de la sociedad es cómplice de estas atrocidades que nos negamos a ver.
Diana Mora López
Consultora en la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y Coordinadora de la Clínica de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.