El argumento de mayor peso que ha usado el discurso del gobierno para anunciar la eliminación del examen de ingreso a la educación media superior (Comipems) es que “ya no habrá rechazados”. En diferentes momentos lo afirmaron la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada. Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, tuvo un fraseo similar al sostener que con la eliminación de Comipems “no habrá más excluidos, todos y todas tendrán un espacio para continuar sus estudios”.
Tales afirmaciones sólo pueden entenderse bajo la lógica del discurso político: implantar una determinada idea entre la población con fines de generar una imagen de aceptación popular del gobierno. Es conocido que tanto en campaña como en el gobierno, los políticos son expertos en los giros falaces o la tergiversación de realidades para ganar o perpetuarse en el poder.
Lo cierto es que la esencia de Comipems pervive con el nuevo procedimiento de ingreso a la educación media superior. Esto es porque la mayoría de los aspirantes desean entrar a la UNAM y al IPN, y estas instituciones aplicarán examen de selección. Así que hay que decirlo con claridad: continuará existiendo un número mayoritario de estudiantes que serán, al igual que en años anteriores, rechazados.
Entonces, ¿qué propósito persiguen los gobernantes en turno para propagar entre la población la idea de que no habrá rechazados cuando seguirán existiendo, al menos en el bloque mayoritario de aspirantes?, ¿por qué aseguran bajo el lema de “Tu derecho tu lugar” que cada estudiante ahora sí ejercerá su derecho a tener un lugar cuando ésta era una de las virtudes de la prueba Comipems? Quizá el objetivo sea implantar la idea entre la población de que están construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Este texto argumenta lo contrario.
El examen pedagógico y otros
Llama la atención que la crítica a Comipems se finca en los efectos del examen de ingreso y pierde de vista las condiciones contextuales y las experiencias educativas de los estudiantes previas a la presentación de la prueba. Antes de ir a ello conviene exponer los diferentes funcionamientos del examen, su vigencia pedagógica y la crítica de la cual ha sido objeto.
Un examen escolar es un instrumento de verificación con respecto a un nivel de logro deseado. Su uso tiene por objetivo validar en los estudiantes el proceso de adquisición de ciertos conocimientos y habilidades. Es un error atar siempre el examen a la acreditación. Pedagogos ilustres como Comenio lo proponían como una vía para que el docente reafirmara, ajustara o de plano modificara su método. Asimismo, es recomendable en el aula la aplicación continua de breves exámenes para verificar el avance de cada estudiante, así como para que el docente se percate del avance general del grupo. Para algunos contenidos —por ejemplo, matemáticas o lectura de comprensión— es una de las estrategias óptimas para dar seguimiento a los procesos de adquisición de las habilidades por grado, principalmente en la educación básica.
Un beneficio adicional —también de utilidad pedagógica— reside en que el tiempo de reafirmación o repaso que conlleva su preparación tiene por resultado una mayor consolidación de los aprendizajes. Un último efecto positivo es que el instrumento arroja insumos de información necesarios para la toma de decisiones escolares. Por ejemplo, los reforzamientos (postexamen) necesarios, la retroalimentación personalizada al estudiante respecto a sus avances y, al finalizar cada ciclo escolar, la distribución de estudiantes de acuerdo con su rendimiento para integrar de manera equilibrada los grupos del siguiente periodo escolar. Considero un error que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) margine el valor de este instrumento.
Además del examen de aula existen otros cuatro diferentes tipos de exámenes no menos importantes. En primer lugar, el examen de grado: utilizado en un buen número de carreras universitarias. Es un procedimiento ritualizado que certifica públicamente la finalización del nivel superior y la obtención de un grado académico o título. En segundo término, el examen estandarizado como medición amplia a grandes grupos poblacionales. Su finalidad es conocer, en algunos aspectos, la eficiencia del sistema educativo. Este examen puede ser censal o muestral, pero en ninguno de los casos sus efectos se dirigen a los estudiantes en lo individual sino al análisis global del sistema, ejemplo de ello son PISA, TIMSS, ENLACE, EXCALE o PLANEA. Un tercer caso es el examen filtro, cuya función es la aceptación o el rechazo al aspirante que se somete a la prueba con el propósito de conseguir un lugar en la institución. Su aplicación permite garantizar que los estudiantes cuenten con las herramientas cognitivas para acceder al currículo que los espera, así como administrar los ingresos de los planteles en términos de lugares disponibles. Por último, el examen diagnóstico. Permite a los docentes conocer, sobre todo al inicio de un ciclo o grado escolar, el nivel de conocimientos o habilidades de los estudiantes y de este modo preparar los procesos de enseñanza-aprendizaje para cada estudiante y el grupo en general.
¿La política educativa sin exámenes?
La NEM ha impulsado, no de manera original, las formas de retroalimentación cualitativa del docente a sus estudiantes (evaluación formativa) por encima de los exámenes y las calificaciones numéricas (evaluación sumativa). La verdad de las cosas es que los sistemas educativos en México y el mundo no pueden desprenderse de las boletas de calificaciones, las cuales, ya sea con número o letra, dictaminan el nivel del estudiante en dos veredictos finales: acreditado y no acreditado. Cierto es que en educación básica reprobar a un estudiante causa más mal que bien por múltiples razones que la investigación educativa ha documentado y que no hay espacio para exponer aquí. Sin embargo, también es cierto que, a medida que avanzan los estudiantes, los conocimientos y habilidades se complejizan, por lo que es preciso verificar que los esquemas cognitivos y conceptuales se desarrollen óptimamente. Con ello se pretende evitar el rezago y asegurar la óptima adquisición de los conocimientos que les esperan en los grados subsecuentes. En suma, entre más pequeños son los niños —digamos preescolar y los primeros años de primaria—, no convienen ni los exámenes ni la repetición, pero conforme pasa el tiempo es preciso incluir, gradualmente, exámenes para llevar seguimiento preciso de sus avances (por ejemplo, en comprensión lectora o resolución de problemas matemáticos). A través de ellos nos daremos cuenta, a tiempo, de los estudiantes que requieren mayor atención en la enseñanza. Como afirma Eduardo Andere en uno de sus artículos: siempre será mejor reforzar que reprobar. El peor de los caminos es aprobar por decreto, que el estudiante egrese sin los conocimientos del grado cursado y con la falsa idea que va avanzando en la pirámide educativa.
La importancia de dar seguimiento a los avances y evitar rezagos se debe a que la escuela moderna, inventada en el s. XVIII (para México y otros países de América Latina en el XIX), está organizada por grados escolares de menor a mayor complejidad. Este carácter de gradualidad creciente se ordena bajo un diseño piramidal cuya base contempla un abarcamiento total lo que implica que en la educación básica no haya exclusión alguna. El ideal pansófico comeniano de “enseñar todo a todos” cobra en esta etapa de escolarización, de doce años, sentido y oportunidad. En la conquista triunfal de este nivel se lograría que los egresados tuvieran acceso al placer de leer y de pensar para decidir su vida con capacidad de agencia. Así lo entienden Amartya Sen y Martha Nussbaum.
El verdadero derecho de los estudiantes es la formación cognitiva individual. Esto es lo que tendría que garantizar cualquier gobierno preocupado por el desarrollo y bienestar de sus gobernados.
A medida que el estudiante asciende los grados escolares, los filtros empiezan a operar con mayor fuerza hasta tener el mayor angostamiento de la pirámide en el acceso al nivel superior. Esto ocurre en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, con porcentajes diferentes, por supuesto. Para el caso de México en el ciclo escolar 2023-2024, la SEP reportó que, de 100 estudiantes que ingresaron a primaria, 55 lograron terminar la media superior y la licenciatura, 28. Aún son pocos. Si revisamos quiénes son estos 28, se observará que en su mayoría pertenecen a familias con estudios profesionales (64 de cada 100), mientras que para estudiantes cuyos padres no cuentan con formación educativa formal la relación es de cinco por cada 100. La verdadera exclusión no la hace la escuela —menos el examen—, sino la desigualdad e inequidad social cuyas raíces se hunden más atrás y a menudo fuera de la escuela, en la pobreza de las familias y los deficientes servicios públicos para atenderlas.
Propuesta
Ante este panorama es razonable proponer que el actual gobierno construya una política educativa que planee qué tan ancha o angosta debe ser la pirámide del sistema educativo y qué estrategias de inclusión genuina (no aparente) se deben seguir para integrar en el ascenso de la pirámide a estudiantes de entornos desfavorecidos. Estrategias de fondo implican dotarlos de herramientas intelectuales y contextuales para continuar avanzando. Por el contrario, eliminar el examen en las preparatorias de menor demanda y, con ello, proclamar igualdad de derechos no sólo es una medida falaz sino perniciosa. Los estudiantes tendrán un lugar, pero no estaremos seguros de que, en las condiciones actuales de baja calidad en los servicios educativos, adquirirán una formación académica o profesional equivalente a la que recibirán quienes fueron aceptados en las opciones de mayor demanda. La segmentación continuará.
Asimismo, habría que aceptar que la forma piramidal del sistema educativo no cambiará: seguirá con una base amplia y una punta angosta donde en la cúspide se encuentran los estudiantes de posgrado. Aun así, es deseable para cualquier país elevar los porcentajes de término en cada nivel siempre y cuando el reto incluya incrementar, con ahínco, la calidad de los aprendizajes. Sin ello, estaremos condenados a una quiniela perdedora: cobertura amplia con calidad mediocre.
Celebro que la UNAM y el IPN continúen aplicando exámenes de ingreso y que no hayan cedido ante el interés político de enviar a la población el espejismo de que un ingreso sin examen abona a la justicia y a la equidad. Lo que realmente abona a la justicia y a la equidad es tener una educación básica que desde temprana edad les asegure a los estudiantes menos favorecidos experiencias de aprendizaje nutritivas, con maestros bien formados, con excelentes materiales educativos y con óptimos ambientes físicos y tecnológicos de aprendizaje. Una escuela que pueda compensar los insumos culturales que quizá no tengan en sus hogares. Lo que se observa es lo contrario: una educación básica debilitada por la reforma de la NEM, con planes de estudio deficitarios, con un enfoque pedagógico que he documentado como erróneo en otras entregas, sin ninguna estrategia para el desarrollo del pensamiento científico desde la infancia y sin libro de texto de matemáticas, ni material de lecturas. Todo ello es preocupante y sus efectos se empezarán a ver en el largo plazo. Pero, si además de ello, se elimina la evaluación educativa autónoma, ni siquiera tendremos oportunidad de saber dónde estamos. Perderemos todos, pero más las niñas y niños de México.
Sociólogos que estudian la reproducción de las desigualdades a través de la escuela tienen razón al señalar que someter a un mismo examen a estudiantes que han tenido experiencias de aprendizaje de diferentes niveles de calidad, tanto en el hogar como en la escuela, es injusto. Cerrar las brechas entre los estudiantes de clases sociales diferentes sería un buen indicador de equidad, pero éstas no se cierran eliminando el examen, sólo se enmascaran.
Como lo propone François Dubet, las escuelas no deben enfocarse únicamente en la igualdad de oportunidades sino en la igualdad de resultados en los aprendizajes. Si aspiramos a la equidad educativa necesitamos las mejores experiencias de aprendizaje en las escuelas para estudiantes con poco capital cultural del hogar. El examen es un instrumento que en sí mismo no es injusto, ni inequitativo.
Así como es un error pedagógico someter a examen a niños pequeños, digamos preescolar o primeros años de primaria, también lo es eliminarlo cuando son más grandes; sobre todo para el acceso al nivel medio superior o superior donde los conocimientos son más especializados y los procesos de pensamiento más complejos.
A manera de cierre
El discurso político que anuncia la eliminación del examen de ingreso a la educación media superior se enmarca en una reflexión más amplia sobre el uso político que tiene para el gobierno actual la evaluación educativa y sus instrumentos, entre ellos, el examen.
La vigencia del examen en la vida escolar tiene, grosso modo, dos posiciones analíticas. La primera, lo entiende como un instrumento útil y necesario en la práctica escolar tanto al interior del aula (en la relación docente-estudiante) como en la organización del sistema educativo de estructura piramidal. La segunda, lo advierte como un estigma en la construcción subjetiva de los estudiantes y un procedimiento pernicioso para una sociedad que aspira a ser incluyente y de oportunidades para todos. Para afirmar o negar alguna de ambas posiciones conviene explorar su uso y efectos en prácticamente todos los sistemas educativos del mundo.
Quizá, el anuncio ostentoso e impreciso de la eliminación del examen de ingreso a la media superior pueda tener sentido dentro de una lógica que opera en el sistema educativo mexicano. Este es un cambio conceptual y de procedimiento respecto a los sistemas de evaluación educativa a nivel federal.
La desaparición del INEE en 2019; la de Mejoredu en 2025; la centralidad de la evaluación formativa en la NEM en exclusión del examen de aula; la incierta participación de México en la prueba PISA 2025 a celebrarse el próximo mes de abril, y la eliminación (en el discurso) del examen Comipems son piezas de un mismo rompecabezas: la marginalidad o recelo que representa para la política educativa de los gobiernos de la 4T, la medición de los aprendizajes. Las implicaciones prácticas y éticas que de ello se derivan son cambios trascendentales que quizá no alcancemos a advertir del todo hoy.
No incorporar las formas de evaluación a través de exámenes (ya sea escolares, de filtro, o que evalúen al sistema) es condenarnos al oscurantismo; es eliminar cualquier posibilidad de conocer lo que saben y no saben nuestros estudiantes. Será una deuda social impagable a las nuevas generaciones, pero también será el incumplimiento de un derecho humano: el acceso al conocimiento y el desarrollo óptimo de las capacidades individuales para el beneficio propio y de la colectividad.
Irma Villalpando
Doctora en Pedagogía y profesora de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Preciso y reflexivo estudio. Gracias, doctora Villalpando. Me permitiría, comentar, solo por extensión a las ideas que nos ofrece, que la falacia democrática (lo mismo para todos), se agudiza en dos sentidos: educativo y socio-económico. En cuanto a la brecha educativa, la formación recibida y, por ende las capacidades adquiridas, por los alumnos de los bachilleratos más exigentes (UNAM-IPN), son sontablemente superiores a las opciones que ahora se como deniminan «sin examen» (el caso se replica en la educación básica, en la cual, me temo, es más grave aún). La consecuencia es que el estudiantado de estas últimas escuelas tiene muy pocas oportunudades de ingreso a una educación superior pública y de calidad. Esto incrementa la brecha que, según el argmento democrático, quedaría allanada con el nuevo sistema. La relación es directa con el efecto socioeconómico. Los estudiantes quienes, ya sea por no habitar en ambientes en que el estudio o la formación cultural son valorados, o quienes tienen pocos recursos y asisten a escuelas sobrepobladas, sometidas a las fallas del sistema público, reciben una formación escolar mínima (como revelan las evaluaciones en las capacidades lógica, matemática y de lectoescritura); estos estudiantes infortunados (habrá garbanzos de libra), están en desventaja con quienes tuvieron alguna influencia paterna o tutoral en que la cultura y la educación son bien apreciadas, y que, además, pudieron tener el privilegio de asistir a escuelas de mediana o superior calidad en la enseñanza; ergo, la brecha se incrementa. Estos alumnos difícilmente aprobarán un examen selectivo. La consecuencia es clara: Selección Natural Socioeconómica, es decir, los y las jóvenes más afortunados ocuparán los escazos lugares de la educación de mayor calidad en el país; los demás tendrán pocas oportunidades para ascender en la escala educativa y, supuestamente, socioeconómica que da la escuela. La falacia, pues, es doble, pero más allá del discurso, es doblemente injusta, pues en lugar de emparejar las desigualdades, las incrementará. Estas desventajas serán exponenciales con la NEM, pues sus planes y su formación laxa no preparará a los estudiantes para los criterios de ingreso selectivo de las universidades y escuelas de exigencia. En un lapso de 3 a 7 años (considerando los ingresos de quienes inician su educación secundaria o media suerior bajo el sistema NEM), esa brecha será practicamente insuperable. Saludos. Dr. Gerardo Valero (UNAM, FES Acatlán)