Recientemente, Raúl Zepeda Gil publicó el artículo: “Alejándose de la ciencia: el nuevo plan de estudios”, en el que retoma lo que escribí en este mismo espacio. Al inicio de su publicación, Zepeda Gil señala lo siguiente: “A diferencia de ella, creo que es más urgente atender el tema de los contenidos científicos, y no creo que el enfoque comunitario sea inconstitucional o indeseable”. En ningún momento dije eso. Mi postura era —y es— que existen al menos cuatro puntos del Plan de estudio 2022 que podrían —y subrayo, podrían— ser inconstitucionales porque no existen las condiciones para ejecutar varias líneas epistémicas que plantea. Por tal motivo podría incumplirse el artículo 3.º constitucional, que señala: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”; y “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. A continuación, describo las líneas propuestas y la realidad en la que se llevarán a cabo. Es importante señalar que, aunque los programas oficiales no han sido publicados, el análisis realizado se basa tanto en el Plan de estudio 2022 oficial como en los borradores de los programas presentados en enero de este año.
En primer lugar: la noción de que todo sujeto que se construye en comunidad se encarna en un sujeto colectivo se identifica en la narrativa del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre los Planes de estudio 2022. Tal acuerdo menciona, por ejemplo: “…la construcción de una idea de ser humano encarnada en el sujeto colectivo que forma un todo con la naturaleza”; una persona “ …que adquiere sentido en tanto es comunidad” (p. 110). Dicho de otra manera: si un individuo no es aceptado por la comunidad, ya no es persona. Lo anterior entra en conflicto con el ejercicio de las facultades de las mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y con una preferencia sexual o identidad de género distinta para actuar con independencia de lo que su comunidad crea que deben ser sus roles e identidades. Al hacerlo, atenta contra los derechos humanos que por definición son individuales, indivisibles, inalienables e imprescriptibles. Aun tomando en cuenta lo que dice Raúl Zepeda en el sentido de que estos también son progresivos e interdependientes —aspecto que sólo se logra en sociedad—, cuando se educa a los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes dentro de una comunidad en la que deben subsumir sus deseos y necesidades, se someten a ella y sus derechos pasan a segundo plano.
Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, a partir del supuesto “las mujeres y las niñas valen menos que los hombres”, se permiten los golpes, las violaciones, el incesto e incluso su venta. De hecho, la representación simbólica que asocia a la “mujer con lo natural” ha sido largamente cuestionada por las feministas porque, sobre el supuesto de que lo natural implica la maternidad, se les ha excluido del espacio público, social y aun político. Por otra parte, he visto cómo en algunas comunidades mestizas a las personas con discapacidad se les recluye, e incluso se les llega a dar “menos de comer”, porque no aportan ecomómicantente al hogar; también he escuchado a padres y madres decir, cuando sus hijos e hijas no cumplen en la escuela: “Dele unas buenas nalgadas si no quiere estudiar”. Más aún, varios docentes de estados como Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Chiapas han comentado que trabajar con la comunidad implica lidiar con el narcotráfico. De hecho, cuando algunos han tratado de impedir el narcomenudeo al interior de las escuelas —por ejemplo, cuando niños y niñas de primaria son los que lo realizan—, los propios padres y madres los han amenazado.
Cuando desde la escuela se cuestiona a las comunidades y a sus líderes, sean indígenas o mestizos, al señalar que estas prácticas no respetan la ley, la respuesta de los implicados es que “los derechos humanos son una imposición occidental”. Y si bien es cierto que el mismo Plan 2022 busca la igualdad de género la inclusión de las y los diferentes como ejes articuladores en estricto apego a los derechos humanos en teoría, la realidad vigente es que cuando una institución escolar se integra a una comunidad y reconoce a sus autoridades, saberes y experiencias pierde la autonomía requerida para actuar conforme a la constitución.
En segundo lugar: equiparar los saberes locales y comunitarios con los conocimientos científicos —noción que forma parte de lo que Boaventura de Sousa Santos llama “justicia cognitiva”— frente al epistemicidio generado por la colonización (leer las páginas 113 a 126). Esto se identifica a lo largo del Plan en oraciones como: “La Nueva Escuela Mexicana reconoce que la educación es asunto de interés público, por lo que el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria debe comprender los intereses nacionales en su conjunto expresados en un currículo nacional, que incorpore la diversidad de intereses, contextos, saberes y experiencias locales” (página 26, las itálicas son mías). El problema con esto es que, independientemente de la clase social o del pueblo indígena al que se pertenezca, dichos saberes incluyen prácticas que surgen tanto de la comprensión mundo natural como de la vida social. Algunos incluso ya prohibidos por ley en México, pero que continúan como creencia. Por ejemplo, los centros religiosos para “la conversión” de los gays y lesbianas. También hay prácticas que atentan contra la salud, como subir la mollera de los niños y niñas cuando están deshidratados por diarrea, o bien, las realizadas por curanderos en momentos críticos de la enfermedad que contribuyen a muertes prematuras como rezar y prender incienso en lugar de atender la emergencia y llevarlos a un hospital. Además de la brujería blanca o negra y los ritos esotéricos —como congelar cabellos del enemigo en el refrigerador con frases para alejar el mal—, entre otros. En la sociedad mexicana esto no se trata de un asunto de clase, sino que cruza a todas (como ejemplo están los “diplomados de angeología”, bastante caros por cierto, en los que no sólo se estudia a los ángeles sino que se les brinda culto). Dicho de otra manera, que los saberes como experiencia intuitiva no sólo existen en los pueblos indígenas sino en toda la sociedad mexicana. Muchas de estas prácticas cuentan con un origen muy antiguo, anterior a la colonia en algunos casos, y entran en contradicción con el principio del estado laico, porque al fin y al cabo, “una educación inclusiva desde la decolonialidad requiere que las niñas y niños aprendan a reconocer el valor de la cultura universal junto con el conocimiento y saberes ancestrales” (pág. 96). Entonces, si los saberes son equiparables a los conocimientos científicos y sin negar que obviamente existen varios muy positivos como los consejos para negociar y lidiar con los problemas, el arte que se observa en pinturas, textiles, canciones y poemas, y aun considerando el énfasis en la laicidad de la educación, cabe la pregunta: ¿a quién se le hace caso, al saber comunitario o a la norma constitucional? ¿Qué criterios existen para la elección de los saberes ancestrales para su estudio en la escuela y quién lo debe decidir?
En tercer lugar: la formación en la decolonización que se incluye como perspectiva en la inclusión. Como eje articulador, requiere:
cuestionar las visiones particulares y su relativismo sobre el mundo, así como el pensamiento único universal que parte de una visión eurocéntrica, patriarcal y heterosexual de la realidad, las cuales desconocen la diversidad que compone el mundo (p. 95).
Cualquiera puede estar de acuerdo con este aspecto, pero que no se subsume sólo a la problemática de las relaciones con la población indígena del país como Zepeda lo refiere en su texto, sino a toda la nación. Tiene que ver, además, con la comprensión y explicación del mundo tanto natural como social que debería incluir la profundización de lo que sucede en la globalización y la relación de México con el mundo, aspectos que no se reducen exclusivamente al acto de decolonizar. Por ejemplo, en los campos formativos, saberes y pensamiento científico así como en ética, naturaleza y sociedad, existe una ausencia significativa de estudios relacionados a Norteamérica, Europa y Asia tanto a nivel político como geográfico, puesto que la mirada es exclusivamente latinoamericana y decolonial, y si bien se les menciona en algunos momentos históricos por su relación estrictamente colonizadora con México y América Latina, no se profundiza más allá de ello, por ejemplo en los tratados comerciales. En suma, un proceso descolonizador como perspectiva e interpretación del mundo si bien puede ser necesaria es reduccionista.
En cuarto lugar: la disminución del contenido relacionado a las matemáticas como pensamiento formal. Se identifica en su eliminación como asignatura en preescolar y en primaria; aunque permanece en secundaria, cuenta con una lógica de construcción que la subsume en todos los casos a la organización del campo de formación de los saberes y pensamiento científico, lo que conlleva a enfoque más concreto, vinculado siempre a la vida que se puede observar, palpar y experimentar lo que no necesariamente se lleva a cabo cuando se desarrolla el pensamiento matemático cuya naturaleza es abstracta y se basa en la búsqueda de relaciones lógicas, la construcción de patrones y secuencias que no necesariamente existen o se identifican concretamente en la realidad. Por ejemplo, algunas figuras y cuerpos geométricos no tienen una relación exacta con los objetos naturales, sino que su construcción se deriva de los procesos de abstracción que el ser humano realiza a nivel cognitivo y que precisan del desarrollo de otras habilidades, como crear fórmulas que sólo existen en la mente de las personas.
El artículo de Raúl Zepeda parte de la tesis de que realmente la única posible inconstitucionalidad que se encuentra en el Plan de estudio 2022 es su alejamiento de las disciplinas del conocimiento de las ciencias y de las matemáticas, que por norma constitucional deberían ser mejor abordadas en sus contenidos. Pero esta es una mirada reduccionista y disyuntiva que incluso atenta en contra de la propia interdisciplinariedad propuesta en el documento.
Lo que escapa a su visión es que existe una vinculación entre la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza aprendizaje, el sujeto que se forma para ella, los programas de estudio propuestos aún en borrador y varios de los saberes vigentes de la colectividad (no todos) que incluyen creencias, estereotipos, tradiciones, prácticas y costumbres que generan y explican el mundo tanto natural como social, que no son solamente indígenas, y que es esta articulación la que puede entrar en contradicción profunda con los derechos humanos y con una educación científica, laica, que va en contra del oscurantismo y de la ignorancia en su integralidad.En suma, mi postura no es una crítica a la comunidad como tal sino al problema epistémico que se identifica y del que se deriva una propuesta pedagógica y didáctica restringida.
Laura Frade Rubio
Presidenta de Calidad Educativa Consultores S. C.